Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II · Causa 96123
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto.
II. Rechazar el recurso de casación interpuesto por los fundamentos expuestos al tratar la segunda cuestión planteada en la presente, con costas.
Arts. 1, 106, 210, 373, 448, 464 inc. 3°, 530 y ccdtes del C.P.P.; 40, 41, 166 inc. 2, 189 bis y ccdtes. del C.P.
C- 96123
En la ciudad de La Plata a los veintiocho días del mes de mayo de dos mil diecinueve, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires doctores María Florencia Budiño y Fernando Luís María Mancini, bajo la presidencia de la primera de los nombrados, para resolver en la causa nº 96.123 caratulada “OBREGON TOMAS GONZALO S/ RECURSO DE CASACIÓN” , y habiéndose efectuado el sorteo para establecer el orden en que los señores jueces emitirán sus votos, resultó el siguiente orden de votación: BUDIÑO - MANCINI.
El Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 4 del Departamento Judicial San Isidro, con integración unipersonal y en el marco de un juicio abreviado, resolvió en la causa Nro. 5391/01 condenar a Tomás Gonzalo Obregón a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, por ser hallado coautor penalmente responsable del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego –reiterado en tres hechos- en concurso real entre sí, los que a su vez concursan materialmente con el delito de portación ilegal de arma de uso civil.
Contra dicho resolutorio interpuso recurso de casación el Defensor de confianza del imputado Obregón, Dr. Gustavo Adolfo De Simone, el cual obra a fs. 14/16 del presente legajo.
Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Budiño dijo:
Se hallan reunidos los requisitos de tiempo y forma exigidos normativamente a los fines de otorgar legitimidad al acto de interposición del remedio casatorio, como así también los elementos que hacen a la impugnabilidad objetiva y subjetiva, en tanto se trata de una resolución pasible de ser recurrida en los términos del artículos 401, 450 y 451 del Código Procesal Penal.
Siendo legítimo el interés en la correcta aplicación del derecho y la expectativa de que la sentencia mejore la situación de los imputados respecto de la condena, más allá de la conformidad prestada para que proceda el trámite de juicio abreviado, entiendo que el recurso de casación interpuesto resulta admisible, conforme los normado en los artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.h del Pacto de San José de Costa Rica; 75, inciso 22 de la Constitución Nacional y 401, 421, 396, 397 y 399 del Código Procesal Penal.
La defensa se encuentra legitimada para hacer uso del recurso interpuesto a tenor de lo establecido en el artículo 454, primer párrafo del código de forma y, por lo tanto, debe declararse admisible y proceder el Tribunal a decidir sobre los fundamentos de los motivos que lo sustentan (artículos 454, primer párrafo, 464, inciso primero y 465 del Código Procesal Penal).
Voto, entonces, por la afirmativa (artículos 106, 210, 367, 371, 373, 396, 397, 399, 401, 421, 451, 454 inc. 1º, 464 inc. 2º, 465 inc. 2º, 530, 531 y cctes. del CPP).
A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto de la doctora Budiño, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Budiño dijo:
I. a) Como primer motivo de agravio alega el recurrente que no surge probanza alguna que permite concluir con certeza que su asistido fue autor de los injustos que se le reprochan.
Sostiene que, si bien el imputado fue encontrado a bordo de la motocicleta involucrada en los hechos, ello ocurrió media hora después y no hubo ningún reconocimiento por parte de las víctimas que lo vincule con aquellos.
Por ello sostiene que debe absolverse a su asistió en virtud de la aplicación del beneficio de la duda.
b) Como segundo motivo cuestiona la calificación legal alegando que no puede tenerse por acreditada la aptitud del arma de fuego que se dice utilizada en los hechos, pues el arma en cuestión fue secuestrada al menos media hora después, por lo que no hay certeza de que fue la utilizada en ellos y mucho menos de que estuviera efectivamente cargada en ese momento.
c) También se agravia por la responsabilidad que se le atribuyó a su asistido en el delito de portación ilegal de arma, pues sostiene que surgió claro del relato efectuado en la sentencia que quien se situaba en el cantero había dejado un arma de fuego junto al árbol y que ese sujeto no era su asistido, sino el otro detenido.
d) Por último cuestiona la pena impuesto. Dice que el mínimo de la escala aplicable es muy inferior, por lo que solicita que se fije la pena en ese monto.
II. Arribadas las actuaciones ante este Tribual, tomó intervención el Sr. Fiscal Adjunto de Casación, Dr. Jorge Armando Roldán.
Se expidió propiciando el rechazo del recurso interpuesto en tanto la condena se halla debidamente motivada y encuentra respaldo suficiente en las diversas constancias probatorias de la causa, mientras que el recuso no logra articular ninguna crítica concreta a los argumentos allí expuestos.
III. El recurso debe ser rechazado.
En atención a la manda que emerge del art. 465 inc. 3° del C.P.P., sólo cabe afirmar que resulta incensurable la decisión del juzgador de tener por acreditada la materialidad ilícita y la autoría de los imputados del modo en que lo hizo, en tanto esa conclusión surge de un modo indubitable del material probatorio reunido en la causa y ponderado en el fallo.
Sintéticamente debe tenerse en cuenta que el a quo tuvo por cierto, en lo que aquí interesa, que el día 8 de julio de 2018, promediando las 17:30 horas, dos masculinos circulaba a bordo de una motocicleta marca Yamaha Modelo XTZ color azul domino A004MMG, por la calle Simón de Iriondo a la altura del 1100 de la localidad de Victoria partido de San Fernando, e interceptaron a los transeúntes Nicolás Andrés Lopo Vidal y Paula Cajal, los amedrentaron mediante el empleo de un arma de fuego y los desapoderaron de sus teléfonos celulares. Apenas 10 minutos después de ello, los mismos sujetos abordaron del mismo modo a Noelia Yamila Díaz y mediante la intimidación con el arma de fuego la desapoderaron de su cartera que contenía diferente efectos personales y dinero en efectivo. Finalmente, escaso tiempo después y a corta distancia, interceptaron a la Sra. Beatriz Azucena Macedo y valiéndose del arma de fuego le sustrajeron su mochila con efectos personas en su interior.
Luego de ello, los sujetos emprendieron la huida y a las 18 horas, en la confluencia de la Avenida Centenario y la calle Florencio Varela de la localidad de Beccar, partido de San Isidro, colisionaron con un automóvil marca Peugeot modelo 207, quedando los sujetos activos tendidos en la cinta asfáltica donde finalmente fueron aprehendidos por el personal policial en posesión de la “res furtiva” y del revólver calibre 32 con marca y numeración suprimida cuya portación no autorizada ejercían en forma conjunta.
La intervención de Obregón como uno de los coautores de esos tres hechos, fue tenida por cierta por el a quo a partir del contundente indicio que surge del hecho de haber sido encontrado en poder de la motocicleta utilizada por los autores, y en poder de la res furtiva y de un arma reconocida por las víctimas como la utilizada para cometerlos. Ello ocurrió a los pocos minutos de cometidos los hechos y a una distancia compatible con la que se recorre en esos pocos minutos.
Es decir que Obregón fue aprehendido prácticamente en situación de flagrancia, lo que torna irrelevante en este caso la no realización de un reconocimiento en rueda a su respecto que la defensa pretende invocar para fundar un estado de duda que de ningún modo se da en este caso.
El plexo probatorio reunido llevó al a quo a concluir lógicamente que la presencia del imputado en el lugar y momento en que fue aprehendido, junto a otro sujeto que fue reconocido por las víctimas como coautor de los hechos, trasladándose en el mismo vehículo y llevando en su poder los elementos sustraídos así como también el arma utilizada para intimidar a las víctimas, sumado a la identidad de género y número entre los sujetos aprehendidos y los autores del robo, es suficiente sustento para tenerlo como uno de los coautores del robo.
Lo mismo ocurre con la acreditación de la aptitud del arma y en consecuencia con la calificación legal aplicada.
El arma fue secuestrada en poder de los imputados y reconocida por las víctimas. No cabe duda entonces que se trató de la utilizada para cometer los robos.
En cuanto a su aptitud, además de haber sido constatada pericialmente, el revólver fue encontrado cargado con dos cartuchos intactos en el almacén cargador al momento de su secuestro, ocurrido alrededor de media hora después de los hechos. Si se tiene en cuenta que durante ese lapso los coautores sólo se dedicaron a fugar a bordo de la motocicleta con los objetos robados en su poder, es de toda lógica concluir que al momento de ser utilizada para intimidar a las víctimas estaba en las mismas condiciones de carga que al ser habida.
En definitiva, advierto que el juzgador ha arribado a su convicción desarrollando lógicamente las razones que la sustentan, cumpliendo entonces con los requerimientos del art. 210 del C.P.P.., en tanto ha explicado cuáles fueron los motivos que lo llevaron a adquirir certeza respecto de cada uno de los puntos analizados y ha estructurado su razonamiento convictivo a partir de una pluralidad de indicadores que ponderados conjuntamente otorgan sustento a su convicción sincera respecto del coprotagonismo del imputado en el suceso.
La violación del principio in dubio pro reo que la defensa denuncia debe rechazarse por cuanto a partir de la reseña antes desarrollada queda descartado que el sentenciante haya dictado el pronunciamiento sin certeza, ni surge de la ponderación objetiva de la prueba un estado de duda capaz de conmover el resolutorio impugnado.
b) También debe confirmarse el reproche que se dirigió a Obregón con relación al delito de portación ilegal de arma de uso civil.
Independientemente de que al momento de la aprehensión el arma haya estado más cerca del compañero de Obregón, quien habría intentado esconderla o descartarla, es fundada la decisión del a quo en cuanto consideró que durante el desarrollo de los ilícitos y también durante la fuga, ambos coautores la portaban en sentido típico en tanto tenían su libre disponibilidad y la posibilidad de usarla en forma inmediata.
No cabe descartar la posibilidad de atribuir a dos personas la portación compartida de un arma en sentido típico, pues es posible que dos personas la tengan a disposición de ambas, en las demás condiciones requeridas por el tipo penal, esto es en la vía pública y en condiciones de uso inmediato.
En el caso, conforme las características de los hechos que se tuvieron por acreditadas, puede razonablemente concluirse que ambos ocupantes de la motocicleta portaban, en sentido típico, el arma de fuego secuestrada. Conclusión que se refuerza no solo por el constante actuar mancomunado durante la ejecución de los hechos, sino que se infiere con certeza del hecho que el Obregón tenía en su poder municiones, mientras que el otro sujeto aprehendido intentó ocultarla detrás de un arma luego de la colisión, lo que da cuenta de que la posesión y disponibilidad concernía indistintamente a ambos.
c) Finalmente, no puede prosperar la infundada crítica que el recurrente trae con relación al monto de pena escogido, limitándose a solicitar su reducción al mínimo legal.
La individualización de la pena es el resultado de la ponderación de la gravedad del ilícito culpable a través de una medición particular del grado de las categorías que lo conforman, como el disvalor de la acción y el disvalor del resultado y de la medida de la culpabilidad por la reprochabilidad del hecho y la mayor o menor posibilidad del autor de motivarse en la norma.
La ubicación de la pena en el mínimo o el máximo de la escala penal correspondiente, depende de que el ilícito valorado encuadre en su totalidad en esos límites.
En el supuesto de autos, la imposición de una pena que se aparta del mínimo legal pero que, de todos modos, se encuentran considerablemente por debajo del máximo, y resulta incluso sensiblemente inferiores a la mitad matemática de la escala aplicable, además de ajustarse a la acordada por las partes, no aparece de ningún modo como una decisión arbitraria ni irracional del juzgador, sobre todo si se tiene en cuenta que se trata de un concurso real de varios delitos de considerable gravedad.
En virtud de todo lo expuesto, no habiéndose demostrado las violaciones a las normas denunciadas por el recurrente, propugno el rechazo, con costas, del recurso de casación en trato.
Así lo voto.
Arts. 1, 106, 210, 373, 448, 464 inc. 3°, 530 y ccdtes del C.P.P.; 40, 41, 166 inc. 2, 189 bis y ccdtes. del C.P.
A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, Dra. Budiño, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede la Sala II del Tribunal
I. DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto.
II. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por los fundamentos expuestos al tratar la segunda cuestión planteada en la presente, con costas.
Arts. 1, 106, 210, 373, 448, 464 inc. 3°, 530 y ccdtes del C.P.P.; 40, 41, 166 inc. 2, 189 bis y ccdtes. del C.P.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
FDO: MARIA FLORENCIA BUDIÑO- FERNANDO LUIS MARIA MANCINI. JUECES.
Fin de la sentencia