Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II · Causa 92603
c. 92.603/II
En la ciudad de La Plata, a los 30 días del mes de mayo de dos mil diecinueve, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores jueces de la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores María Florencia Budiño y Fernando Luis María Mancini, para resolver en la causa Nº 92.603 caratulada “ Moreyra, Leonardo Javier o Moreira Leonardo Javier s/recurso de casación ”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: BUDIÑO - MANCINI.
Llegan los presentes autos a este Tribunal como consecuencia del recurso de casación interpuesto por la Defensora Oficial Dra. Vanina Palermo contra el pronunciamiento de fecha ocho de junio del año dos mil dieciocho dictado en la causa nro. 60858-17 del registro del Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 8 Departamento Judicial Lomas de Zamora, en el caso con la integración unipersonal del doctor Gustavo César Ramilo, por el que se condenó, mediante el procedimiento de juicio abreviado, a Leonardo Javier Moreira a la pena de cuatro años y dos meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de robo agravado por su comisión en poblado y en banda y por la intervención de menores de 18 años (hecho I) y por ser autor penalmente responsable del delito de robo agravado por el empleo de ganzúa en grado de tentativa (hecho II).
Cumplidos los trámites de rigor, y hallándose la causa en estado de ser resuelta, este Tribunal ha decidido plantear y votar las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Es procedente?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la doctora Budiño , dijo:
El recurso satisface los requisitos regulados, en lo pertinente, por los artículos 451 y concordantes del C.P.P, a la vez que el impugnante se encuentra legitimado para recurrir, y enmarcándose la sentencia objeto del recurso dentro de las resoluciones que el Código de rito establece como susceptibles de ser impugnadas por esta vía, debe entonces admitirse el presente recurso de casación. (Arts. 421, 448 inc. 1º, 450, 451, 454 inc. 1º, 464 inc. 2º y concordantes del C.P.P.).
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, la doctora Budiño dijo:
I. La Defensora denunció la inobservancia de las normas que rigen la valoración de la prueba, a partir de la cual se tuvo por acreditada la materialidad ilícita y autoría penalmente responsable del imputado en el hecho a él atribuido.
Afirmó que ello lo condujo a aplicar erróneamente los arts. 41 quáter, 45 y 167 inc. 2 del C.P.
Con este norte, analizó en primer término el hecho I, criticando que el fallo recurrido se asentó en inferencias equívocas y un razonamiento absurdo y arbitrario.
Entre las críticas que efectuó a la valoración de la prueba, hizo hincapié en que no hubo reconocimiento de del encartado por parte de las víctimas, resultando insuficiente para sostener la condena, requiriendo en tal sentido, la absolución de Moreira.
II. Desde otroángulo, se agravió de la calificación legal asignada a los hechos.
Sobre el punto, se quejó de que se haya aplicado la agravante de “banda”, tachando de contradictorios los argumentos brindados por el tribunal al respecto, destacando que, si bien quedó acreditado que en el hecho participaron más de tres personas, no sucedió lo mismo con la intervención en sí misma de Moreira y, en su caso qué rol tuvo en el hecho.
En este contexto, destacó que tampoco quedó acreditado que exista asociación alguna para delinquir o permanencia en el grupo asociado, que justifique la aplicación de la agravante en cuestión.
Solicitó, en consecuencia, se modifique la calificación legal por la de robo simple, reduciéndose la pena impuesta.
III. Seguidamente, puso de resalto que fue erróneamente aplicada la agravante prevista en el art. 41 quáter del C.P.
En este sentido, afirmó que no resultó acreditado que Croni fuera menor de edad, que haya intervenido en el hecho, que Moreira tuviera conocimiento de tal circunstancia ni que hubiera influido en aquél o pretendido descargar su responsabilidad.
Solicitó que se desestime su aplicación y se reduzca en consecuencia la pena impuesta.
Finalmente formuló expresa reserva del caso federal.
IV. A fojas 65 la Sra. Defensora Oficial Adjunta ante esta instancia, Dra. Ana Julia Biasotti mantuvo la impugnación, remitiéndose a los fundamentos expuestos en la pieza recursiva.
V. Por su parte a fojas 66/70 la señora Fiscal Adjunta de Casación, doctora Daniela Bersi, desarrolló las razones por las cuales entendió que la impugnación debería ser rechazada.
VI. El recurso no habrá de prosperar.
Adelanto que el embate interpuesto se ciñe a cuestionar el hecho I por el que fuera condenado Moreira, llegando firme a esta instancia el constitutivo del delito de robo agravado por el empleo de ganzúa en grado de tentativa, identificado como hecho II.
En lo que aquí resulta pertinente destacar, a los fines del tratamiento del recurso interpuesto, el a quo tuvo acreditado como hecho I que: “… durante el transcurso de la tarde del 15 de septiembre del año 2017, siendo aproximadamente las 16:30 horas, en la intersección arterial de Martín Coronado y Miles, de la localidad de Luis Guillón, Partido de Esteban Echeverría –zona ésta densamente poblada- cuatro sujetos del sexo masculino –al menos uno de ellos menor de edad y de 17 años y dos de los restantes actualmente prófugos- coactuando al efecto y con previa división de tareas, los cuales se trasladaban a bordo de un rodado marca Renault, modelo 12, color gris azulado, interceptan la marcha peatonal de Melani Gómez y Morena Gramajo, y tras forcejear con las mismas se apoderaron ilegítimamente de sus mochilas, con distintos elementos de propiedad de las nombradas en sus interiores para, acto seguido, darse a la fuga del lugar con el producto de la malfetría.”
La crítica del recurrente se basa en una mera discrepancia subjetiva al valor convictivo asignado por el a quo al plexo probatorio reunido, no surgiendo de las consideraciones defensistas los vicios lógicos o los errores en la ponderación de la prueba en que se habría incurrido.
Por el contrario, surge de la resolución recurrida que el sentenciante tuvo por acreditada la existencia de los hechos y la participación de Moreira en una multiplicidad de elementos probatorios que resultaban coherentes, contestes y compactos, mostrando el fallo en crisis una adecuada motivación.
Así, el a quo valoró los testimonios brindados por las víctimas M.A.G. y M.G.
En lo sustancial, la primera de ellas expresó que aquella tarde, cuando retornaba de la clase de educación física, fue interceptada por un vehículo color gris azulado del cual descendieron tres sujetos, ante lo cual, intentó huir, pero fue sujetada a pocos metros por uno de aquéllos, momento en el cual le arrebataron la mochila, la que contenía diversos elementos personales.
Resulta elocuente, por su parte, el reconocimiento que aquélla realizó en la comisaría de los elementos hallados en el interior del vehículo en el que se desplazaban los sujetos, estando entre los mismos, su D.N.I. y la libreta de comunicaciones, es decir, elementos y que contienen los datos personales de la damnificada.
Reafirman la decisión recurrida la valoración realizada por el sentenciante de los dichos de la otra de las damnificadas –Morena Gramajo-, quien expuso en forma concordante con la anterior y también reconoció en la comisaría como de su propiedad, los elementos que le fueran sustraídos, los que fueron hallados en el vehículo en el que se trasladaba el encartado.
A su vez, el magistrado robusteció el plexo probatorio en el que apoyó su pronunciamiento con los dichos del personal policial actuante. Así, las declaraciones de los sargentos Alberto Pucheta, Néstor Sebastián Coki, Ivan Alexander Yanni y de los oficiales Diana Aguirre, Julia Inés Centeno, Matías Atilio Calderón, Adrián de Jesús Ibarra, Sebastián Rearte, Matías Emanuel Carabajal, Manuel Edgardo Ojeda y Sergio Peralta Echart y los del testigo de actuación José Luis Varela.
Estimo relevante poner de relieve que los testimonios mencionados fueron apreciados por el magistrado como “hábiles y válidos […] sin advertir que haya mediado confabulación alguna” para exponer los hechos de un modo distinto al que acontecieron, ni tampoco que se hubieran expedido con interés alguno.
Asimismo, da cuenta la sentencia de que, juntamente con la prueba testimonial, fueron valorados el acta procedimental de aprehensión e incautación, croquis ilustrativos, placas fotográficas y fotostáticas, así como la documentación en copia de fs. 65 que acredita la edad del menor consorte de Moreira y el acta de inspección técnica que describe los elementos encontrados.
En lo que respecta a la autoría responsable tenida por acreditada en cabeza de Moreira, el sentenciante puso especial acento en los indicios aportados por las damnificadas quienes, precisaron que los autores del ilícito se movían en un vehículo “viejo o antiguo” de color gris –coincidente pues, con la gama del automóvil en que se trasladaba el encartado-, así como también el reconocimiento en sede policial de las pertenencias que les fueron sustraídas, entre las que se encontraba documentación identificativa de las víctimas.
Resultaron indicios correctamente valorados la actitud de fuga al advertir que lo perseguía personal policial, el hecho de desplazarse y ser aprehendidos en un rodado de características semejantes al indicado por las víctimas, a pocos minutos de ocurrido el hecho y en posesión de la “res furtiva”.
Del análisis realizado surgen certeros los fundamentos y el razonamiento del a quo para tener por acreditados los hechos y la participación de Moreira, como también para descartar la postura de la defensa, que en el caso se advierte carente de elementos de prueba que la sustenten y permitan conmover el sólido plexo de cargo valorado.
Así la queja defensista aparece como una dispar interpretación de los mismos elementos de prueba que no modifica el razonamiento y las conclusiones de la sentencia puesta en crisis, no existiendo en el fallo evidencia de infracción legal alguna, arbitrariedad ni apartamiento de las reglas que rigen la valoración probatoria, en tanto los hechos y la autoría fueron acreditados a partir de la consideración de diversos elementos correctamente valorados por el sentenciante mediante una irreprochable aplicación de los arts. 106, 210 y 373 del C.P.P.
Debe aclararse además que los magistrados de juicio son libres en la valoración y selección de las pruebas que han de fundar su convencimiento desde que el valor de los medios de prueba no se encuentra fijado o determinado de antemano, sino que corresponde al tribunal de mérito evaluar y establecer el grado de convencimiento que tales elementos puedan producir.
Ese valor no es más que un producto concreto de la conciencia de quien aprecia y juzga; y es por ello que, si no se comprueban situaciones especiales que evidencien arbitrariedades en el raciocinio o posibilidad crítica, la elección de las pruebas que, a la luz del art. 209 del ritual, efectúan los magistrados de grado resulta incensurable en esta instancia revisora.
En suma, el magistrado indicó los elementos que estimó conducentes a la acreditación de los hechos ilícitos y a la autoría penalmente responsable, expresando la incidencia que los citados datos tuvieron en la fijación de los extremos de la imputación y, en cada caso, motivaron debidamente la formación del juicio acreditativo.
Ante ello, la particular visión de la defensa, encaminada a negar la suficiencia de la prueba invocada a los fines planteados en el veredicto, no alcanzó para evidenciar que en la construcción del razonamiento del a quo haya estado presente algún vicio con virtualidad descalificante de su decisión, por lo cual tampoco resultaba de aplicación el beneficio de la duda en favor del imputado en los términos del artículo 1 del CPP.
Frente al cúmulo de elementos de cargo examinados tal como quedó expuesto, resulta infructuosa la tarea del recurrente en miras a enervar la decisión del sentenciante por la falta de reconocimiento del imputado.
Por lo expuesto, este tramo del embate debe ser rechazado.
VII. Ahora bien. En cuanto a la crítica encaminada a la calificación del hecho como robo en “banda”, también estimo que corresponde confirmar la resolución del sentenciante.
La defensa no ha demostrado, ni lo observo por mi parte, que se haya producido la errónea aplicación del art. 167 inc. 2° del C.P. en lo que hace a la existencia de la “banda”.
Es que la calificación del hecho, tal como llega a esta instancia, no estuvo sustentada por la sola mención de la pluralidad activa en lo que hace a la autoría, lo cual resultaría insuficiente a fin de aplicar la agravante en cuestión.
Para la comisión de un robo en “banda” la ley penal exige una particular forma de ejecución, y ello depende del número de intervinientes y de su actuación conjunta direccionada a perfeccionar con mayor facilidad el apoderamiento ilegítimo.
En la sentencia en crisis el tribunal analizó la situación y, por mayoría, estableció que los hechos debían calificarse como constitutivos del delito de robo en poblado y en banda (art. 167 inc. 2°, C.P.).
El juez no se quedó en una mera cuestión numérica. Por el contrario, puso de resalto que en el actuar conjunto medió planificación, con distribución marcada de roles, con herramientas preseleccionadas para llevar a cabo el objetivo delictivo.
Asimismo, contrariamente a la postura defensista, señaló el tribunal que para la aplicación de la agravante bajo estudio no se requiere “expresa jefatura de un miembro, equipamiento con elementos tácticos y logísticos específicos, existencia de una variedad de armamentos o aparatología de intercomunicación […] sino que basta con que efectivamente esté demostrado que los actuantes han acordado la planificación de ese injusto en particular y con el obrar conjunto potenciar su accionar direccionado contra la víctima”, lo cual encontró acreditado en autos con el basto plexo probatorio reseñado en el punto anterior, abasteciendo de ese modo las exigencias del tipo penal, resultando infructuosa la argumentación del recurrente.
En efecto, como se vio, de los fundamentos del fallo acerca de los extremos comprobados en el pronunciamiento, se desprenden suficientes elementos a fin de enmarcar la conducta desplegada por Moreira en la figura calificada prevista en el art. 167 inc. 2º del C.P.
En suma, lo expuesto en el decisorio revela la voluntad común de los agentes de perpetrar el ilícito contra la propiedad descripto, demostrando asimismo cierto grado de organización y cooperación entre ellos.
Frente a esas circunstancias, no sobra expresar que no viene en el caso acreditada ninguna circunstancia que autorice a suponer que se ha tratado de un hecho improvisado o casual.
En función de lo dicho hasta aquí, entiendo que aparece suficientemente acreditada la presencia de los requisitos legales del tipo previsto en el art. 167 inc. 2° del C.P, todo lo cual me lleva a proponer al Acuerdo la confirmación también de este aspecto del fallo.
VIII. Que respecto de la queja del recurrente al subsumir el tribunal de juicio el suceso identificado como “I” en la figura del robo agravado por su comisión en poblado y banda y por la intervención de un menor de edad, tampoco puede ser acompañado. Desde el plano fáctico ha quedado debidamente establecida la activa intervención en el atraco de Agustín Croni –menor de edad-, dato incorporado desde los albores de la investigación a la modalidad comisiva imputada al acusado Moreira o Moreyra.
A partir de aquella materialidad, el juzgador se limitó a subsumir el hecho en el catálogo de conductas prohibidas, encontrando perfecta adecuación en la previsión legal de los artículos 167 inciso 2, y 41 quater del Código Penal, ejerciendo facultades que le son propias.
Que resulta insuficiente la queja del recurrente en punto a la reputada intervención de Croni en el hecho si su impugnación no se encarga de controvertir los múltiples indicios que ubican al menor configurando una acción delictiva ejecutada colectivamente junto al acusado y otros individuos de identidad desconocida.
En tal sentido, tal como ya lo he señalado, la joven M.A.G. dio un relato detallado de los hechos, siendo clara al referir que fueron interceptadas por un automóvil en el que se desplazaban cuatro sujetos, del cual bajaron tres de ellos, quienes se hicieron de sus pertenencias, como las de su compañera M.G., aun cuando la primera intentó alejarse a la carrera del lugar, pese a lo cual fue sujetada por detrás por uno de los autores, quien le arrebató la mochila que llevaba.
En forma sustancialmente convergente reconstruyó la faena delictiva la nombrada Gramajo, quien como la primera, también dio cuenta que el grupo de asaltantes se marchó coordinadamente del lugar –ya en poder de los bienes sustraídos- a bordo del mismo vehículo con el que fueron interceptadas por los atracadores en la vía pública.
Si tal como ya se rememoró, el mismo vehículo utilizado por los autores del robo es visto en las inmediaciones del lugar donde aquel se consumó, ello a pocos minutos de su ejecución; si el número de sus ocupantes tiene coincidencia matemática con el de los ladrones; si estos ocupantes, además, tienen en su poder las cosas propiedad de las víctimas que se llevaron los autores y, ante la presencia policial, comienza el descarte de la res furtiva, para, finalmente, abandonar los cuatro ocupantes el automóvil utilizado en el atraco para proseguir a la huída a pie –conforme surge de los múltiples elementos de prueba evaluados en el fallo, particularmente de las declaraciones de los funcionarios policiales que actuaron la detención de Moreira y del menor Croni en dichas circunstancias-, sobran elementos para afianzar la convicción del sentenciante respecto de la intervención del menor en la factura del delito junto al aquí enjuiciado, sin perjuicio que el juzgamiento de la conducta del menor incumba, en su caso, a la justicia minoril.
Que en punto al reclamo de la recurrente sobre el conocimiento de la minoría de edad del nombrado por parte del aquí enjuiciado como requisito ineludible para tornar operativa la agravante, aún en la tesitura de la defensa, en mi parecer, no da espacio para su objetada aplicación al caso.
Que de adverso a lo sostenido por la defensa, el conocimiento del autor respecto de los elementos objetivos de la agravante del artículo 41 quater del código de fondo no reclama tanto como pretende el impugnante, esto es, el conocimiento de la efectiva edad del menor.
En tal sentido alcanza con que el sujeto abarque subjetivamente la situación de minoridad del que interviene en el delito y sin que, por cierto, ello implique pensar en dicha calidad al momento de la actuación delictiva, pues resulta indiscutible que existen situaciones de evidencia en las que el sujeto “se da cuenta de ello”.
Que la extrema juventud implicada en el concepto de minoría de edad de la ley –para bien y para mal-, por fuera de otros modos de conocimiento, muchos de los cuales prolijamente enlista el juzgador, también surge –evidente- ante los ojos de quien está frente a un menor. En el orden natural de las cosas, la niñez fluye inocultable del niño, y encontrándose debidamente probado en autos que Croni era menor, y sin otras alternativas a la vista, nada hay en la causa que lleve a pensar que Croni no aparentaba lo que efectivamente es –menor de edad-, o que por alguna extraña circunstancia, el imputado tuviera el convencimiento –errado- que estaba frente a un mayor de edad.
Destaco, asimismo, que frente a la duda o la circunstancia probable de estar c
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.