Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 96065
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible la impugnación deducida por el Defensor Oficial, Dr. Mariano Valentini.
II. Rechazar, por improcedente , el recurso de casación interpuesto a fs. 5/9vta. en favor de Lorena Elizabeth Pasini, con costas.
III. Tener presente la reserva del caso federal formulada en los términos del art. 14 de la Ley 48.
IV. Encomendar la sustanciación del planteo referido a la afectación del plazo razonable de duración del proceso al Tribunal en lo Criminal n° 4 de San Martín.
Rigen los arts. 62 inc. 2° " a contrario sensu" y 67 CP; 20, 106, 421, 433, 448, 450, 464, 465, 530 y 531, cits. y ccs., CPP.
"Registrado bajo el Nro. 1169 Año 2019"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. R.C. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 26 de noviembre de 2019 se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 96065 caratulada “PASINI LORENA ELIZABETH S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL.
El 4 de diciembre de 2019, la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín, confirmó la resolución del Tribunal en lo Criminal N°4, en cuanto dispuso no hacer lugar al sobreseimiento de Lorena Elizabeth Pasini por extinción de la acción penal.
Contra esa decisión, el Defensor Oficial, Dr. Mariano Valentini, interpuso el recurso de casación de fs. 5/9vta.
Ingresado el legajo a la Sala I de este Tribunal con fecha 6/09/2019 y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Resulta admisible el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez doctor Maidana dijo:
Sin perjuicio que, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 433 del C.P.P., corresponde a la Cámara de Apelación y Garantías interviniente evaluar si la resolución es recurrible, junto a los demás requisitos que la norma prevé, a esta altura, se impone examinar lo resuelto por el A Quo a fs. 11.
Así las cosas, en opinión del suscripto la controversia aquí ventilada se encuentra prevista en el art. 450, 2° párrafo in fine CPP, que prescribe que el remedio casatorio procede contra autos dictados por la Cámara de Apelación y Garantías en lo penal que denieguen el sobreseimiento en el caso de que se haya sostenido la extinción de la acción penal.
Por esta razón, considero que no es necesario que se trate de un auto revocatorio toda vez que dicha exigencia se limita únicamente a los supuestos enunciados en la primera parte del referido párrafo de la norma citada y no a los que, separados por el punto y coma, se enuncian a continuación. En función de lo expuesto, entonces, opino que es admisible el recurso de casación.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Carral , dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor juez doctor Maidana dijo:
Sostiene el impugnante la errónea aplicación del art. 67 del CP. Afirma que la prescripción de la acción penal en la presente causa operó el día 29 de noviembre de 2017, es decir cuando transcurrieron 12 años de la sentencia dictada por el Tribunal de grado. Considera que no resulta válido computar como acto interruptivo de la acción penal, la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia. Denuncia que también se encuentra seriamente comprometida la garantía del plazo razonable (ver fs. 7vta. y ss.). Advierte la afectación al art. 18 de la CN y los fines de la pena. Destaca que, luego de 16 años de la comisión de un delito y a más de 13 años del dictado de la sentencia, pretender, tal como lo solicita la Fiscalía, que su defendida cumpla en prisión la pena impuesta, va francamente en contra de los fines delineados por el constituyente. Hace reserva del caso federal. En definitiva, solicita se declare la extinción de la acción penal.
El Defensor Oficial de Casación, Dr. Mario Luis Coriolano, solicitó la incorporación de un informe psico-social de la imputada y, luego de enumerar las distintas instancias por las que transitó la causa, planteó la irrazonabilidad de la duración del proceso, afirmando que el período transcurrido, superó el plazo razonable a los efectos del art. 8.1 de la CADH (ver fs. 24/26vta.).
Así las cosas, debo adelantar que el planteo no debe prosperar.
El artículo 67 inc. "e" del Código Penal –texto según Ley 25.990 (BO 11-01-2005)- establece que el último acto con entidad para producir dicha consecuencia es "El dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme".
En este sentido, es doctrina del suscripto –siguiendo el criterio sostenido por la Suprema Corte ya en la causa P. 83.722. rta. 23/02/2005- que cumplen tal condición normativa las sentencias de los órganos de Alzada que confirman las sentencias condenatorias de primera instancia (TCP, Sala VI, c. Nº 56.663, “Córdoba, Osvaldo Luis o Córdoba, Darío Daniel s/Recurso de queja (art. 433 CPP)”, rta. 30/10/2013), es decir que "el fallo del tribunal revisor que fiscaliza la sentencia de condena y efectúa un pronunciamiento de mérito sobre el asunto, queda atrapado por esa previsión legal y por ello interrumpe el curso de la prescripción” (SCBA, P. 118.658, rta. 11/02/2016, citado en TCP, Sala I, c. 92560, “Bouhet”, rta. 2/05/2019).
De este modo, la sentencia condenatoria de fecha 14 de junio de 2017 dictada por la SCJBA, tiene virtualidad jurídica de renovar y mantener vigente el ejercicio de la jurisdicción penal del Estado, interrumpiendo el curso de la prescripción de la acción penal; por lo que no ha transcurrido el plazo de doce (12) años que reclama la parte (ver fs. 2vta).
A ello aduno que el impugnante no ha arrimado argumentos que me permitan apartarme de lo allí resuelto, o impongan un nuevo examen de la cuestión.
Resta señalar que el planteo en torno a la afectación del plazo razonable de duración del proceso, al igual que la situación actual de la acusada que da cuenta el informe agregado a fs. 27/31, no fueron incluidos en la interposición del recurso originario, por lo que resultan ser novedosos y no corresponde su abordaje en esta sede (conf. arts. 434 y doc. 451 último párrafo del CPP).
Asimismo, el tratamiento de la cuestión alegada, coartaría el eventual ejercicio del derecho constitucional al recurso de la interesada; por lo que -de considerarse pertinente-, la Defensa deberá instar el planteo ante el Tribunal en lo Criminal n° 4 de San Martin.
En consecuencia, considero que la impugnación deducida debe ser rechazada por improcedente, con costas, y que deberá tenerse presente la reserva del caso federal (arts. 62 inc. 2 a contrario sensu y 67 CP; 106, 421, 433, 448, 450, 464, 465, 530 y 531 CPP).
Encomendar la sustanciación del planteo referido a la afectación del plazo razonable de duración del proceso al Tribunal en lo Criminal n° 4 de San Martin.
ASÍ LO VOTO.
A la misma segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Carral , dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
ES MI VOTO.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
I. Declarar admisible la impugnación deducida por el Defensor Oficial, Dr. Mariano Valentini.
II. Rechazar, por improcedente , el recurso de casación interpuesto a fs. 5/9vta. en favor de Lorena Elizabeth Pasini, con costas.
III. Tener presente la reserva del caso federal formulada en los términos del art. 14 de la Ley 48.
IV. - Encomendar la sustanciación del planteo referido a la afectación del plazo razonable de duración del proceso al Tribunal en lo Criminal n° 4 de San Martín.
Rigen los arts. 62 inc. 2° " a contrario sensu" y 67 CP; 20, 106, 421, 433, 448, 450, 464, 465, 530 y 531, cits. y ccs., CPP.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase al Tribunal de origen.
FIRMADO: RICARDO MAIDANA – DANIEL CARRAL (JUECES). ANTE MÍ: JORGE ANDRES ALVAREZ (SECRETARIO)
Fin de la sentencia