Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 97470
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso interpuesto por el Defensor Oficial, Dr. David Perelmuter, en favor de Leandro Julián Pineda, sin costas;
II. Casar lo resuelto el 27 de diciembre de 2018 por la Sala II de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial Lomas de Zamora;
III. Mantener al mencionado joven en el Centro Cerrado Almafuerte;
IV. Tener presente la reserva del caso federal.
Rigen los arts. 37 y 40, CDN; 18 y 75 inc. 22, CN; 14 y 15, ley 48; 5, 7, 33, 36, 85 y ccs, ley 13.634; 106, 448, 450, 451, 454, 456, 461, 530 y 531, CPP.
"Registrado bajo el Nro. 1156 Año 2019"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. R.C. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 26 de noviembre de 2019 se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 97470 caratulada “PINEDA LEANDRO JULIAN S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL.
El 27 de diciembre de 2018, la Sala II de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial Lomas de Zamora, revocó la decisión de la Dra. Marta Pascual, Jueza a cargo del Tribunal Único de Responsabilidad Juvenil, en cuanto denegó el traslado de Leandro JuliánPineda a una Unidad del Servicio Penitenciario Provincial.
Contra dicha decisión, el Defensor Oficial, Dr. David Perelmuter, interpuso el recurso de casación que luce a fs. 20/26.
Habiendo ingresado el legajo a la Sala I de este Tribunal con fecha 25 de junio de 2019, encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA , dijo:
Afirma el impugnante que la resolución se trata de un auto que agrava notoriamente los derechos fundamentales del joven, contraría los principios de la Convención de los Derechos del Niño, las Reglas de “Beijing” y pone fin a la acción, por lo tanto susceptible de ser impugnado por la vía casatoria. Considera que se encuentra nuevamente ante un resolutorio que se desentiende de todos los lineamientos y derechos contemplados en el fuero especializado, en desmedro de su asistido, no sólo por no ajustarse a las normas que regulan la materia minoril, que tiene como eje fundamental la resocialización, sino que –además- trunca todo dicho proceso por el que está transitando el joven (ver fs. 21vta.). Destaca que el traslado de su defendido hacia la órbita del SPB, implicaría transitar la etapa de ejecución de la pena de manera desfavorable, sometiéndolo a un tratamiento no acorde con la normativa que corresponde al caso (cfr. fs. 22vta.). Refiere que argumentar el simple hecho de que su representado adquirió la mayoría de edad, para dar cumplimiento a la medida privativa de la libertad en una institución “cerrada” del SPB, es vulnerar los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional e internacional en la materia, violentado el interés superior del Niño. Cita consideraciones del fallo “Mendoza” de la Corte IDH y distinta jurisprudencia. Entiende que la realidad imperante denota que las Unidades penitenciarias que informan contar con programas especiales para personas entre los 18 y 21 años de edad, en la práctica son obsoletos. Solicita se haga lugar al recurso y se revoque la sentencia cuestionada. Hace reserva del caso federal.
La Dra. Susana Edith De Seta, comparte los argumentos de su colega de instancia (fs. 35/vta.).
Sin perjuicio que, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 433 CPP, corresponde a la Cámara de Apelación y Garantías interviniente evaluar si la resolución era recurrible, junto a los demás requisitos que la norma prevé, a esta altura, se impone examinar lo resuelto por el A Quo a fs. 27/vta.
Al respecto, no se advierte que la resolución de la Alzada Departamental, encuadre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 450 del Código Procesal Penal, al no dirigirse contra alguno de los autos expresamente enumerados, no encontrarse en juego la libertad del causante y no atacar una decisión que ponga fin a la acción, a la pena o a una medida de seguridad (v. TCPBA, Sala VI, c. N° 55.276, “BEGUÉ, Juan Andrés s/ Recurso de queja (art. 433 CPP)”, sent. del 5 de marzo de 2013, reg. 33/2013; y c. N° 59.614, “AMADO, Sandra Gabriela s/ Recurso de Queja (art. 433 CPP)”, sent. del 29 de noviembre de 2013, reg. 601/13).
Sin perjuicio de ello, corresponde examinar si concurre en el caso alguna cuestión federal suficiente o un supuesto de gravedad institucional que imponga examinar los agravios planteados, con el fin de facilitar el tránsito de la causa hacia su tribunal superior (ver Sala I, C. 76871, res. 7 de julio de 2016, reg. 568/16; c. 79.913, res. 29 de diciembre de 2016, reg. 1143/16).
La materia involucra una cuestión federal cuyo planteo es útil para demostrar la infracción alegada, pues se encuentra en juego el alcance de disposiciones de jerarquía constitucional (CIDN; arts. 75 inc. 22 y 18 CN) y se advierte un apartamiento de la solución legal prevista para el caso, lo que constituye una causal definida de arbitrariedad (art. 14 ley 48).
Con ello, concurren cuestiones excepcionales que autorizan la intervención de esta instancia (TCPBA, Sala I, c. 80.819, rta. 14 de febrero 2017, reg. 144/17, entre otros).
VOTO POR LA AFIRMATIVA .
A la misma primera cuestión planteada el señor juez, doctor CARRAL , dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA .
A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA dijo:
Sentadas las bases de la impugnación, corresponde ingresar a su abordaje.
De los antecedentes de la causa surge que el 26 de octubre de 2017, la Sala I de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías Departamental, revocó la decisión de la Dra. Marta Pascual, Jueza a cargo del Tribunal Único de Responsabilidad Penal Juvenil, que había denegado el traslado del joven imputado a una Unidad del Servicio Penitenciario Provincial.
Posteriormente, con fecha 24 de agosto de 2018, esta misma Sala I, hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa oficial de Leandro Julián Pineda, casó el decisorio anteriormente mencionado y devolvió los autos para el dictado de un nuevo pronunciamiento.
En base a ello, el 27 de diciembre de 2018, la Sala II de la citada Cámara de Apelación y Garantías, revocó nuevamente el auto de la Jueza A Quo y ordenó el traslado del joven encausado a una dependencia del Servicio Penitenciario Provincial (fs. 3/5).
Esta última decisión es la que viene recurrida actualmente por el Defensor Oficial.
A los efectos de no reiterar aquello expresado en el decisorio anteriormente citado con respecto a los fines y objetivos del fuero especial juvenil regido por normativa nacional e internacional jerarquizada constitucionalmente, remito a lo previamente expuesto.
Sin perjuicio de ello, considero pertinente volver a repetir que el Comité de Derechos del Niño, órgano de interpretación de la normativa contenida en la Convención de Derechos del Niño, ha indicado que la persona "debería poder permanecer en el centro de menores si ello coincide con el interés superior del niño y no atenta con el interés superior de los niños menores de edad internados en el centro" cuando ésta hubiera cumplido los 18 años de edad (Conforme en tal sentido Comité sobre Derechos del Niño, OG 10, 2007 "Los derechos del niño en la justicia de menores," CRC/C/GC/10, pág. 24 párr. 86); (cfr. Sala I TCPBA, c. 82631 "Aguilar Díaz, Cristopher Ivan s/Recurso de Casación interpuesto por Agente Fiscal), res. 10/04/2018, reg. 248/2018).
Es decir, el traslado a un establecimiento para adultos no debe realizarse de manera automática una vez cumplida la mayoría de edad, sino que debe estar sujeto al análisis de las circunstancias particulares del caso, que refieren tanto al encausado como al contexto en el que éste se encuentra inserto y su impacto en el interés superior de los menores también alojados en el establecimiento.
De la lectura del decisorio cuestionado, no encuentro que dicho análisis haya sido efectuado, amén de que en las constancias de la causa figuran las actividades en las que ha estado inserto el joven Pinera, así como su conducta en el contexto de encierro.
En referencia a ello, surge un informe elaborado por la Licenciada en Psicología Nerina Zarranz, en donde consta que, este año, el encausado se encuentra cursando el sexto año del colegio secundario y participa de talleres de comunicación social, computación, entrenamiento físico y deportes, y fotografía (fs. 10 y 13). La especialista refirió también a la relación del joven con sus pares, sobre la explicó que se caracteriza por modos más adultos debido a que comparte el pabellón y sus días con 7 jóvenes también mayores de edad (fs. 10). Y, por otro lado, también mencionó el trato respetuoso del encausado con los asistentes y la dirección del centro (fs. 10).
Asimismo, en dicho informe la Licenciada Zarranz plasmó que Pineda asiste con predisposición a un espacio terapéutico en el que ha desplegado diversas cuestiones personales que incluyen, entre otras, su reciente paternidad y la relación con sus progenitores (fs. 11).
Por otro lado, de las demás constancias de la causa, entre las que figura el informe educativo, encuentro que el joven imputado participó, durante el 2018 de varios talleres y de la construcción de una nueva edición de la revista "Seguir Soñando", a la que aportó textos de su propia autoría (fs. 13).
Ahora bien, observo que el A Quo soslayó el marco legal de referencia, limitándose a referirse al interés superior de los menores en el contexto de encierro y a la posibilidad de Pineda de insertarse en un programa para jóvenes adultos del servicio penitenciario provincial.
Agrego que en dicho decisorio tampoco se consideró la buena conducta del joven y su compromiso educativo, formacional y terapéutico, así como no se analizó si su comportamiento y presencia afectarían los derechos de sus compañeros menores de edad. Frente a ello reitero que, de los informes anteriormente mencionados, no surge conducta alguna del aquí encausado que pueda afectar la protección de los intereses de los menores de edad con quienes comparte ciertos espacios de convivencia.
Por el contrario, su inmediato traslado a un establecimiento para adultos implicaría coartar sus propios derechos y perjudicar el correcto desarrollo de sus intereses y de las posibilidades de inserción social futuras que se encuentra en proceso de adquirir.
En conclusión, se han soslayado las aspiraciones, principios y normas previstas por la normativa internacional con jerarquía constitucional encabezada por la Convención sobre los Derechos del Niño, que parte de la protección del interés superior del niño y se orienta esencialmente a una pronta reinserción social y familiar del joven en conflicto con la ley penal.
Estas circunstancias permiten afirmar que la decisión adoptada adolece de arbitrariedad al no contar con base legal suficiente que le brinde sustento (CSJN, Fallos: 297:462), lo que merece su descalificación como acto jurisdiccional válido.
Por lo que propongo al Acuerdo hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 20/26., casar el pronunciamiento impugnado y mantener a Leandro Julián Pinera en el Centro Cerrado Almafuerte; sin costas, atento el resultado favorable (arts. 37 y 40 CDN, OG 10, 2007 Comité Sobre los Derechos del Niño; 18 y 75 inc. 22 CN; 5,7, 33,36 85 y ccs. Ley 13.634, 106, 450, 451, 454, 456, 460, 530 y 531 CPP).
ASÍ LO VOTO .
A la misma segunda cuestión planteada el señor juez, doctor CARRAL , dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
ES MI VOTO .
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
I. Declarar admisible el recurso interpuesto por el Defensor Oficial, Dr. David Perelmuter, en favor de Leandro Julián Pineda, sin costas;
II. Casar lo resuelto el 27 de diciembre de 2018 por la Sala II de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial Lomas de Zamora;
III. Mantener al mencionado joven en el Centro Cerrado Almafuerte;
IV. Tener presente la reserva del caso federal.
Rigen los arts. 37 y 40, CDN; 18 y 75 inc. 22, CN; 14 y 15, ley 48; 5, 7, 33, 36, 85 y ccs, ley 13.634; 106, 448, 450, 451, 454, 456, 461, 530 y 531, CPP.
Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente devuélvase al Tribunal de origen.
FIRMADO: RICARDO MAIDANA – DANIEL CARRAL (JUECES). ANTE MÍ: JORGE ANDRES ALVAREZ (SECRETARIO).
Fin de la sentencia