Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 96570
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por el Defensor Oficial del Departamento Judicial La Matanza, Dr. Daniel Ernesto Findeisz, en favor de Leonardo David Arias.
Arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N., 24 del C.P., 106, 210, 421, 448, 450, 451, 530 y 531 del C.P.P..-
II. Tener presente la reserva del caso federal.
Art. 14 de la ley 48.
En la ciudad de La Plata a los 24 días del mes octubre del año dos mil diecinueve, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Carlos Ángel Natiello y Mario Eduardo Kohan, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N º 96.570 de este Tribunal, caratulada: “ARIAS, Leonardo David s/ Recurso de Casación”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: KOHAN - NATIELLO procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. Se inician las presentes actuaciones en virtud del recurso de casación interpuesto por el Defensor Oficial, Dr. Daniel Ernesto Findeisz, en favor de Leonardo David Arias, contra la resolución de la Sala Segunda de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Matanza, que confirmó el auto del “a quo” que resolvió no hacer lugar a la compensación de los tiempos de detención sufridos por el encartado Leonardo David Arias.
Denuncia errónea aplicación de los arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N., 168 y 171 de la Constitución Provincial, 55 y 58 del C.P., 106, 477 y 500 del C.P.P..-
Alega que el resolutorio en crisis debe ser equiparado sentencia definitiva en los términos del artículo 450 del C.P.P..-
Da cuenta que solicitó que se proceda a compensar en autos los tiempos que su pupilo cumplió en prisión preventiva en la causa 3.252 del Tribunal Oral Criminal nro. 1 del Departamento Judicial Morón en la cual se dictó veredicto absolutorio respecto de Arias con la finalidad de que dicho lapso de detención fuera descontado del tiempo que le resta cumplir en la presente causa. Cita jurisprudencia que avala su postura.
Hace reserva del caso federal (art. 14 de la ley 48).
Peticiona que se case el decisorio atacado y se ordene que se proceda a compensar el plazo de detención cumplido en la causa que se dictó veredicto absolutorio, computándose este lapso temporal en la ejecución de la pena impuesta en la presente causa.
II. Concedido el recurso de casación por el órgano “a quo” fue radicado en esta sala por prevención (ver fs. 24/25vta. y 37 respectivamente del presente legajo) y notificadas las partes. En dicha oportunidad el Sr. Defensor Oficial ante esta Sede, Dr. Nicolás Agustín Blanco, mantiene el recurso incoado por la Defensa de origen.
III. Hallándose en estado de de dictar sentencia, los Señores Jueces decidieron plantear y votar las siguientes:
1ra.) ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
El remedio resulta inadmisible por los motivos que expondré.
Siendo que he adherido al cambio de postura propiciado por el Dr. Maidana en causa 71.408 de la Sala VI de este Tribunal, abordaré el tópico en esta Sala IV proponiendo a mi colega el acogimiento de esta nueva tesitura.
Se menciona la existencia de una postura llevada adelante por algunos Magistrados de caer en la permanente tentación de abandonar “ subrepticiamente ” ciertos precedentes en los que abonaban a una determinada postura, sin poner de manifiesto que lo están haciendo y sin ofrecer argumentos que justifiquen el nuevo criterio.
También se ha expresado – y coincido - que las contradicciones jurisprudenciales no favorecen a la buena reputación del Juez, lo que trae aparejado que cuando alguno va a mutar su criterio, es conveniente ponerlo de manifiesto en forma expresa, sin intentar enmascararlo, ya que existen en muchos Jueces, verdaderos revirements jurisprudenciales que no se asumen como tales.
Un juez puede cambiar de opinión, esto es perfectamente admisible, pero si va a llevar a cabo ese cambio, debe hacerlo de forma expresa: primero reconociendo que está abandonando un precedente y luego ofreciendo razones que justifiquen, que den fundamento a la nueva interpretación.
Así las cosas, con el nuevo estudio de la cuestión celebrado en el acuerdo que precede este pronunciamiento, he sido persuadido por las razones esgrimidas por el Dr. Maidana, estando convencido que una consecuencia de la sentencia como lo es el cómputo de la pena impuesta no puede tener más instancias de control o revisoras que el propio pronunciamiento de condena, dado que de esta forma estaríamos consagrando una inconsecuencia legislativa que no es deseada por las regulaciones que rigen los medios de impugnación.
Sentada esta introducción, pongo de resalto que oportunamente he sostenido que la aprobación de un cómputo de pena en tanto fija sus alcances concretos y constituye una parte accesoria del fallo de condena, poniendo fin a la discusión sobre el modo de contabilizar el tiempo que insumirá la ejecución de la sanción impuesta, resulta complementaria de una sentencia condenatoria y conforme lo sostiene la SCBA es equiparable a sentencia definitiva (cfr. P.105.638 sent. De 7-X-2009, Ac. 60.798, sent., del 17-X-1995, P. 62.754, sent. del 28-III-2001, P.86.333, sent. del 19-XI-2003; y RP 116.563, sent. 07-III-2012, e/o.).
Ahora bien, tomando y haciendo mías las palabras del Dr. Maidana en el precedente de cita, considero que sin perjuicio de este criterio que mantengo, el nuevo análisis al que me he referido líneas arriba me persuade que la circunstancia apuntada no resulta suficiente para tornar admisible el recurso de casación y/o la queja cuando éste es denegado, si la impugnada es una resolución confirmatoria de la Cámara de Apelación y Garantías, ya que ésta no integra la nómina de las que son susceptibles de dicho recurso que establece el art. 450 del CPP, de modo tal que la apertura de la vía intentada solo operará en estos casos, de darse los supuestos de admisibilidad del recurso extraordinario federal y siempre que en el singular este Cuerpo resulte el tribunal intermedio llamado a habilitar la eventual posterior intervención de la Suprema Corte como Superior Tribunal de la causa en los términos del art. 14 de la ley 48 (conf. doctr. CSJN, Fallos 308:490, “Strada” y 311:2478 “Di Mascio”, entre otros).
Una interpretación contraria, que habilitara a revisar ante este Tribunal de Casación los cómputos de penas efectuados por los órganos jurisdiccionales de juicio o de ejecución, que ya fueron revisados y confirmados por la Cámara departamental con motivo del recurso de apelación (art. 500, CPP), resultaría, además, sistemáticamente inconsistente, pues implicaría que el veredicto y la sentencia en materia criminal, que es donde se resuelven las cuestiones esenciales relativas a la existencia del injusto y sobre la culpabilidad y, en su caso, se determina la pena aplicable (arts. 371, 375 y cc., CPP), estarían sujetos a una sola instancia ordinaria de control, mientras que la resolución que solo aprueba el cómputo de esa sanción contaría con otra adicional.”
Ahora, el control de los autos procesales relevantes que no constituyen sentencia fue confiado tradicionalmente al recurso de apelación, el que satisface con amplitud los requerimientos reclamados por aquéllos, extendiendo dicha función al recurso de casación para circunstancias donde, por razones vinculadas al estadio del procedimiento, aquél no lograba satisfacer la garantía en cuestión (cf. Fallos 320:2326, 319:585, 321:3630, 322:3225 y 324:4076).
En su actual composición, la Corte Federal retornó al tradicional principio del derecho constitucional argentino –cfr. Fallos 327:619, 327:3488, entre otros- según el cual ningún tribunal de justicia puede negarse a examinar aquellas cuestiones constitucionales que eventualmente podrían ser tratadas por el órgano a través del recurso extraordinario y, consecuentemente, no son válidas las restricciones procesales que impiden a las instancias anteriores cumplir esta obligación que surge del artículo 31 CN (Fallos 33:162, 308:490 y 311:2478, entre otros).
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en forma concordante, afirmó que debe darse respuesta a las eventuales cuestiones federales que se susciten a fin de posibilitar el tránsito de la causa por las instancias superiores locales, extendiendo los supuestos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (Ac. 95.296, 4-XI-2006, 102.374, 28-IX-2011, Ac. 100.512, 31-X-2007; Ac. 101.795, 13-V-2009; 101.263, 17-VI-2009, entre muchos otros).
La pretensión de innecesariedad que exista cuestión federal o gravedad institucional para ingresar al tratamiento del recurso respecto de la resolución que aprueba el cómputo de pena introduce asimetrías difíciles de justificar al sistema recursivo e invertiría el orden de prelación establecido por la CIDH y la CSJN, al habilitar más oportunidades para impugnar ciertos autos procesales importantes que las previstas para cuestionar la sentencia.
Por lo tanto, en el caso traído corresponde a este Tribunal establecer si existe gravedad institucional, o cuestión federal en condiciones de ser examinada en la instancia extraordinaria, a tenor de los requisitos previstos en el art. 14 de la Ley 48, en cuyo caso deberá atender los motivos de agravio del recurso a fin de posibilitar su tránsito hacia el superior tribunal de la causa.
En virtud de lo dicho, atendiendo únicamente las omisiones que pueden obedecer a la instancia por la que se encuentra transitando el proceso, deben tenerse en consideración los diversos requisitos que, conforme ha sido desarrollado por la Corte, hacen a la admisibilidad formal de este remedio y que han sido sistematizados en la Acordada 4 del 2007, a la que me remito en honor a la brevedad.
Así, en primer lugar, el decisorio impugnado no aborda una cuestión de gravedad institucional, al no exceder el interés individual de las partes, afectar a la comunidad toda, comprometer la expedita prestación de un servicio público, o poner en juego la preservación de principios básicos de la Constitución Nacional (Fallos 255:41; 290:266; 292:229 y TCPBA, Sala VI, c. 56.538, rta. 28 de diciembre de 2012).
Por otra parte, si bien el recurrente ha invocado que la resolución recurrida resulta equiparable a sentencia definitiva no ha conseguido demostrar el compromiso de una cuestión federal suficiente y vinculada directa e inmediata a los hechos aquí debatidos (Fallos 310:1542 y 325:2129), al centrar sus embates en la inteligencia y alcance normas no federales, de derecho común de fondo y de derecho procesal provincial lo que denota que en la especie, la controversia no se halla conectada centralmente a una temática constitucional – cuestión que no se desarrolla ni mínimamente y, por ende, configura materia ajena a la jurisdicción extraordinaria (art. 15 Ley 48 y Fallos 164:110; 18:205: 324:1344, 311:647 y 311:667, e. o.)” (este Tribunal, Sala VI, c. 71.408 “Gimenez”, rta. 14/7/2016; en igual sentido, c. 77524 “Pérez, rta. 11/2016).
Advierto, por otro lado, que tampoco el pronunciamiento en estudio resulta susceptible de la tacha de arbitrariedad, toda vez que la Excma. Cámara ha brindado argumentos suficientes y atendibles para fundar el temperamento adoptado.
En efecto, lo alegado por la parte, en cuanto a que en el cómputo de pena efectuado por la instancia no se hizo mención al tiempo de detención de Arias en la I.P.P. n ° 3.252 del Departamento Judicial Morón, no resulta atendible, habida cuenta que el tiempo de detención que pretende hacer valer el recurrente, es independiente y ajeno a la privación de la libertad sufrida por el encartado en la causa nº 480/13 del Tribunal Oral Criminal n° 2 del Departamento Judicial La Matanza.
Nótese que el período de privación de la libertad que ha sobrellevado el encartado en autos 3.252, no ha sido coetáneo ni ha tenido vinculación con la detención tolerada por el incuso en la causa ut supra mencionada, circunstancia que no amerita que dicho tiempo pueda ser tenido en consideración tal y como lo reclama la defensa (art. 24 del C.P.).
Dicha interpretación se desprende de lo dicho por reconocidos autores que establecen que “ de la doctrina y la jurisprudencia puede extraerse la siguiente regla, mantenida de modo uniforme: la prisión preventiva se computa cuando ella atendió, de modo exclusivo o conjunto, al hecho o hechos que motivaron la condena, siempre que ésta sea única o unificada” (cfr. DE LA RÚA, Jorge “Código Penal Argentino ” Ed. Depalma, BS. As., 1.997, p. 357).
Al respecto, la jurisprudencia mayoritaria abona a la postura señalada al resolver que “ Solo puede incluirse en el cómputo para la libertad condicional el lapso en el que el condenado permaneció en detención o prisión preventiva en el proceso de que se trata… La prisión cautelar sufrida en otro proceso en trámite paralelamente sólo puede ingresar en la cuenta si en él hubiese recaído condena y ésta fuese unificable con la impuesta en la causa en que se formuló el pedido, eventualidad que podrá efectuarse en el futuro” (C.N.C.P., Sala I, (Bisordi- Rodríguez Basavilbaso- Catucci), C “PEÑA ARGUELLO, E s/ libertad condicional”, rta. 16/6/94, Fallo Publio. en JPBA-90, F- 385 origen del presente sumario; en igual sentido, Superior Tribunal de Justicia de Chubut, c. 000p 000025, rta. 22/08/96).
En consecuencia, hacer lugar a lo reclamado por la defensa de Arias importaría otorgar una suerte de “crédito” al imputado en razón de haber sido detenido con anterioridad, deviniendo ello incuestionablemente en una compensación no autorizada por la ley.
Amén de lo cual debe desatacarse que “ … no obstante que, de considerarlo pertinente y de hallarse temporalmente procedente, su asistido tendrá en todo caso habilitada la vía civil correspondiente para reclamar una compensación económica por el daño y perjuicio sufridos a consecuencia de aquella situación, y si bien, una eventual retribución dineraria que recaiga a esos efectos no importa de forma alguna resarcimiento suficiente respecto de aquella privación de la libertad sufrida, sin embargo, la compensación de ese perjuicio en el modo solicitado por el recurrente, como se ha venido señalando, no encuentra cauce legal alguno en el Código Penal para el cometido que se busca ante esta instancia” ( ver fs. 8 del presente legajo).
Por todo lo expuesto, encuentro ajustado a derecho por ser derivación razonada del mismo (arts. 106 y 210 del C.P.P.) la resolución de la Sala Segunda de la Excma. Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Matanza, en cuanto no hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte y confirmó el cómputo de pena oportunamente aprobado por el Tribunal Oral Criminal n ° 2 de la citada departamental.
Voto por la negativa.
A la misma primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Un nuevo análisis de la cuestión me lleva a adherir a las reflexiones de mi colega en torno a la inadmisibilidad del recurso deducido y adoptar su temperamento por compartir sus fundamentos y hacerlos míos.
Voto por la negativa.
A la segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Visto el modo en que ha sido resuelta la cuestión precedente, corresponde: 1) Declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por el Defensor Oficial del Departamento Judicial La Matanza, Dr. Daniel Ernesto Findeisz, en favor de Leonardo David Arias; sin costas (arts 18 y 75 inc. 22 de la C.N., 24 del C.P., 106, 210, 421, 448, 450, 451, 530 y 531 del C.P.P.) y 2) Tener presente la reserva del caso federal (art. 14 de la ley 48).
A la misma segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto del doctor Kohan, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que se dio por terminado el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve :
I. Declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por el Defensor Oficial del Departamento Judicial La Matanza, Dr. Daniel Ernesto Findeisz, en favor de Leonardo David Arias.
Arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N., 24 del C.P., 106, 210, 421, 448, 450, 451, 530 y 531 del C.P.P..-
II. Tener presente la reserva del caso federal.
Art. 14 de la ley 48.
Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvase.
FDO. MARIO EDUARDO KOHAN - CARLOS ÁNGEL NATIELLO (JUECES). ANTE MÍ: Olivia Otharán (SECRETARIA).
Fin de la sentencia