Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 97194
En la ciudad de La Plata a los 28 días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Carlos Ángel Natiello y Mario Eduardo Kohan, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N ° 97.194 de este Tribunal, caratulada: "LLOP, Cristian Raúl y SALINAS, Pablo s/ Recurso de Casación" y ac. causa N° 97.188 “FRANCO, Hugo Omar s/ Recurso de Casación” . Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: KOHAN-NATIELLO , procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes
I. El Tribunal en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial San Nicolás en causa N° 6053-17 y su ac. causa N° 6154-17 de su registro interno, condenó a Cristian Raúl Llop como autor del delito de comercialización de estupefacientes (art. 5 inc. c ley 23.737), a la pena de 4 años y 3 meses de prisión y multa de mil pesos, con más la accesoria del artículo 12 del CP y costas; a Hugo Omar Franco como coautor del delito de comercialización de estupefacientes (art. 5 inc. c de la ley 23.737), a la pena de 4 años de prisión y multa de mil pesos, con más la accesoria del art. 12 del CP y costas; a Federico Omar Franco como coautor del delito de comercialización de estupefacientes y autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, ambos en concurso real (art. 5 inc. c ley 23.737), a la pena de 5 años y 6 meses de prisión y multa de mil pesos con más la accesoria del artículo 12 del CP y costas; y a Hernán Pablo Salinas como autor del delito de comercialización de estupefacientes y tenencia con fines de comercialización, ambos en concurso real (art. 5 inc. c de la ley 23.737) a la pena de 5 años de prisión y multa de mil pesos, con más la accesoria del artículo 12 del CP.
II. Contra dicho pronunciamiento interpusieron recursos de casación las defensas particulares de Cristian Raúl Llop, Hernán Pablo Salinas y Hugo Omar Franco.
El doctor Miguel Ángel Arzagot (T°III F° 167 del CASN), en representación de Llop y Salinas adujo que el a quo aplicó en forma incorrecta los artículos 1, 106 y 371 del CPP, toda vez que la autoría de sus defendidos no se encuentra acreditada, debiendo el a quo haber absuelto a sus asistidos en virtud del principio “ in dubio pro reo ”.
Respecto a la situación de Cristian Llop cuestiona la credibilidad que el Tribunal otorgó al testimonio de los funcionarios que intervinieron en las tareas de observación, destaca que de la transcripción de escuchas surge claramente que su defendido mantenía conversaciones con una mujer llamada Marlene Zapata, a quien le compraba sustancia estupefaciente para consumo personal, y en ocasiones ambos le compraban a un tercero.
En cuanto a Hernán Salinas destaca que se ha declarado consumidor de cocaína al momento de prestar declaración en los términos del art. 308 del CPP, explicando ello el secuestro de material estupefaciente en su domicilio, requiere se califique como tenencia de estupefaciente para consumo personal, requiriendo que en virtud del antecedente “Arriola” de la CSJN y el art. 19 de la CN su defendido sea absuelto.
El doctor Sebastián Di Lorenzo (T°VII F°173 CASN), letrado particular de Hugo Franco, señaló que el Juzgador quebrantó las leyes referidas a la debida motivación que deben poseer las sentencias, denuncia absurda valoración probatoria, alega que la autoría de Franco en el hecho endilgado no se encuentra demostrada.
Sostiene que la realidad carcelaria no le permite vivir con dignidad a su asistido y menos cumplir con un programa de reinserción social, hace referencia a distintos aspectos de la vida carcelaria y alega que todo ello “atenta con la seguridad de quienes son portadores de personalidades anormales como es éste el caso” (fs. 28 causa n° 97.188).
Hizo reserva del caso federal.
III. Las partes fueron notificadas, momento en el cual la señora Fiscal Adjunta ante ésta Sede, doctora María Laura E. D’Gregorio, presentó un memorial propiciando el rechazo de los planteos efectuados por las defensas.
IV. Cumplidos los trámites de rigor y hallándose en estado de dictar sentencia, la Sala IV del Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
1ra.) ¿Son admisibles los recursos de Casación?
2da.) ¿Resultan procedentes?
3ra.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Los recursos fueron interpuestos tempestivamente contra una sentencia definitiva, mediante escritos fundados en los cuales se ha dado cumplimiento a los requisitos formales establecidos en los arts. 450 y 451 del CPP.
Asimismo, y conforme lo dispuesto en el art. 454 inciso 1° de dicho cuerpo normativo, los impugnantes se encuentran subjetivamente legitimados para recurrir.
Por ello, corresponde declarar formalmente admisibles los recursos de casación interpuestos en la presente causa.
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto del doctor Kohan, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Por una cuestión metodológica, a continuación transcribo la materialidad ilícita tenida por acreditada: “entre los meses de septiembre de 2015 y hasta el 17 de septiembre de 2016, en San Nicolás, Federico Omar Franco, Hugo Omar Franco, Cristian Raúl Llop y Hernán Pablo Salinas comercializaron estupefacientes en sus domicilio de calle Nación 117 2P A, Benítez 143 – respectivamente los dos primeros- y Tucumán 1556 –Salinas- y comercios sitos en calle Pellegrini 197 –Llop- y la intersección de la avenida Savio y Calle Rademil –Federico Franco-. El 17 de septiembre de 2016 a las 5,30 personal policial de la Policía Federal Argentina y funcionarios judiciales al cumplir con la orden de allanamiento dada por el Juzgado de Garantías de intervención constató que Federico Omar Franco en su domicilio sito en calle Nación 117 2° piso “A” de San Nicolás tenía estupefacientes –cocaína- con fines de comercialización. El 17 de septiembre de 2016 a las 3,30 personal policial de la Policía Federal Argentina y funcionarios judiciales al cumplir con la orden de allanamiento dada por el Juzgado de Garantías de intervención constató que Hernán Pablo Salinas en su domicilio ubicado en calle Tucumán 1556 de San Nicolás tenía estupefacientes –cocaína- con fines de comercialización.” (v. fs. 3vta./4).
Los recurrentes esencialmente cuestionan la valoración probatoria practicada por el Tribunal, adelanto que a mi criterio no les asiste razón.
Antes que nada debo mencionar que en el marco del presente proceso ha adquirido relevancia el acuerdo de juicio abreviado al que arribaran las partes donde, como es sabido, la conformidad del imputado supone aceptar como adecuada a una hipótesis fáctica -el hecho materia de acusación- la calificación y la pena solicitada por el Fiscal, y que la sentencia dictada, que no es -ni puede ser- mera homologación, sólo puede fundarse en la evidencia legítimamente producida durante la I.P.P., a las que las partes elevan al rango de prueba en virtud del acuerdo mencionado, constituyendo un pronunciamiento jurisdiccional fundado en el análisis racional y lógico de dicha prueba legalmente incorporada al proceso.
Es decir, que nuestro procedimiento penal bonaerense exige el dictado de una sentencia que, en lo pertinente, debe observar las disposiciones de los artículos 371 y ssgtes. del ritual, y resolver sobre los extremos de hecho en la forma establecida en los artículos 106, 210 y 373 del C.P.P.-
De ese modo, en lo que respecta al procedimiento de juicio abreviado, advierto que el Tribunal se pronunció de conformidad con lo previsto en el art. 399 del CPP.
De la cuestión segunda del veredicto surge que las actuaciones tuvieron su génesis en una denuncia efectuada por una mujer que concurrió a la Policía Federal, delegación San Nicolás manifestando que un sujeto apodado “El Chino” comercializaba estupefacientes. Luego de averiguaciones se determinó que se trataba de Federico Franco, quien se desplazaba de un domicilio sito en la calle Segundo García y Cámpora, y un lavadero ubicado en la intersección de las calles Savio y Rademil, ambas direcciones de la ciudad de San Nicolás.
Conforme tareas previas de investigación, se determinó que donde funcionaba el lavadero llegaban personas que permanecían escasos minutos y luego de hacer un intercambio de objetos pequeños se retiraban inmediatamente. Luego, se intervinieron varias líneas telefónicas de celulares que Federico Franco utilizaba en forma alternada, las transcripciones de las comunicaciones aluden a transacciones relativas a la venta de estupefacientes, permanentes contactos y arreglos del nombrado con Hugo Omar Franco, su progenitor, a quien a su vez también le intervinieron la línea de su teléfono celular.
Me remito a las transcripciones efectuadas por el Juzgador a fs. 4vta./7, se tratan de tramos relevantes correspondientes a conversaciones mantenidas entre Federico y Hugo Franco, utilizando un lenguaje compatible con la comercialización de estupefacientes.
En su declaración, Hugo Franco sostuvo que las comunicaciones mantenidas con su hijo eran de contenido familiar, cuestión que se descartó, dado que utilizaban un lenguaje velado y compatible con la comercialización de estupefacientes (v. fs. 19/vta). Surge también de las escuchas que Omar Franco mantenía conversaciones con terceras personas donde concretamente aludía a la actividad ilegal (v. fs. 19vta./20).
Por otro lado, cabe señalar que el allanamiento practicado en la casa de Federico Franco, consorte de causa e hijo de Omar Franco, arrojó como resultado el secuestro de un total de 464,02 gramos de cocaína, distribuidos en cinco bolsas (v. fs. 7/vta.), todo lo cual me inclina a afirmar que padre e hijo participaban de la comercialización de estupefacientes en grado de coautores.
En las mismas actuaciones se investigaron a otras dos personas que estaban relacionadas con Federico Franco: Cristian Llop –con quien mantenía un grado de parentesco- y Hernán Salinas – respecto a quien se acreditó que por lo menos en una oportunidad concurrió a su casa-.
En el kiosco sito en la calle Pellegrini 197 de San Nicolás, el cual era explotado por Cristian Llop, las tareas de investigación previas practicadas por personal policial y judicial determinaron que allí arribaban personas y que luego de un intercambio de objetos pequeños entre éstas y Llop se retiraban del lugar, lo que resultaba compatible con la compra de estupefacientes al menudeo.
A Cristian Llop también se le intervino el teléfono celular, la transcripción de las conversaciones mantenidas dan cuenta del intercambio de mensajes con personas que requerían estupefacientes, la forma en la que se acordaban precios y contactos (v. fs. 8vta./11).
Tal como surge de las observaciones y las escuchas, a cuyo contenido me remito (v. fs.7vta./11) se tuvo por acreditado que Cristian Llop comercializaba estupefacientes.
A su vez, como señalé precedentemente, entre Llop y los Franco existía una relación familiar, y conforme surge de una conversación mantenida entre Cristian Llop y Hugo Franco el primero estaba preocupado porque unas personas lo estaban amenazando al entender que entre él y Federico Franco existía una sociedad en la actividad ilícita (v. fs. 12vta.).
En relación a Hernán Salinas, el mismo es sindicado por personas que realizaban tareas de investigación, como uno de los distribuidores de Federico Franco, apodado “Tony” o “El Mago”, al comenzar las observaciones en su domicilio se detecta que concurrían personas y a los minutos se retiraban con objetos pequeños, se trataban de movimientos compatibles con la venta de estupefacientes.
La diligencia de allanamiento en su vivienda arrojó resultado positivo, se secuestró en su cuarto dos balanzas digitales de precisión con vestigios de una sustancia blanca, recortes, una caja de madera y una caja de cigarrillos con una sustancia granulada y un vaso con sustancia que pesó 35,43 gramos de clorhidrato de cocaína. Todo lo cual permitió tener por acreditado que Hernán Salinas comercializó estupefacientes en su domicilio y tenía estupefacientes en su esfera de custodia.
Así las cosas, en el sub lite la resolución adoptada por el Tribunal encuentra apoyatura en el plexo probatorio.
En nuestro proceso se rige por la libertad probatoria, y en el caso la valoración que el sentenciante efectuó de las testimoniales incorporadas por lectura y demás constancias de la causa, se tratan de elementos que confluyen en forma pacífica a confirmar la autoría de los imputados en los eventos endilgados.
En cuanto al cambio de calificación pretendida por la defensa de Salinas, el mismo no resulta procedente.
El art. 14 segundo párrafo de la ley 23.737 reza: “cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal ”, conforme lo señalado en párrafos precedentes, ni la cantidad secuestrada en el domicilio de Salinas, ni los demás elementos secuestrados allí dan cuenta que la sustancia prohibida haya tenido como destino exclusivo el consumo personal del imputado.
La voz “comercio” en el art. 5 inc. “c” de la ley 23.737 representa un elemento normativo del tipo, debiendo ser valorado desde la órbita de lo jurídico, es decir, hay que remitirse al Código Civil y Comercial y desde allí extraer lo que para nuestro ordenamiento implica un acto de comercio.
Así la decisión adoptada por el órgano de mérito, en cuanto calificó la conducta atribuida a Salinas como comercio ilegal de estupefacientes resulta a mi criterio ajustada a derecho, conjugando los testimonios y las respectivas constancias, aparece indubitable que el nombrado realizaba tareas compatibles con la comercialización de estupefacientes destinadas directamente al consumidor.
Las diligencias previas de investigación, la cantidad de sustancia estupefaciente secuestrada, la forma en la que ésta estaba presentada y los demás objetos hallados en la vivienda permiten inferir que la droga estaba destinada al tráfico.
Consecuencia de ello, no cabe más que rechazar la pretensión de recalificar la conducta atribuida a sus asistidos en tenencia de estupefacientes para consumo personal, art. 14 segunda parte de la ley 23.737.
Como ya lo señalé, la participación de Salinas en la comercialización de estupefacientes se encuentra acreditada, no obstante, me encuentro compelido a pronunciarme respecto a la restante imputación atribuida al imputado, la tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización.
El acto de “comercio” estipulado en el art. 5 inc. “c” de la ley 23.737 comprende todas las fases de la producción del tráfico ilícito de la droga, e intenta evitar lagunas de punibilidad, por ello en muchos casos, como en la tenencia con fines de comercialización, se describen conductas bajo la forma de delitos de peligro que representan una anticipación de punibilidad.
La decisión adoptada por el órgano de mérito, en cuanto a que Salinas debe responder como coautor del delito de comercialización de estupefacientes desplaza a la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, por cuanto ésta última representa el presupuesto previo y necesario en el iter criminis para la consumación de la comercialización de estupefacientes.
En este punto cabe referirse a lo sostenido por FERRAJOLI cuando habla sobre las funciones de los Tribunales revisores “la doble instancia es a la vez garantía de legalidad y de responsabilidad contra la arbitrariedad. Así, siendo los jueces independientes, aunque sometidos a la ley, la principal garantía a favor de la libertad, el abuso o el error es la impugnación del juicio, su reexamen, censura y reparación en segunda instancia, con los alcances que los propios textos les brinda…” ( Conf. FERRAJOLI, Luigi “Los Valores de la Doble Instancia y de la Nomofilaquia”, NDP, T. 1996-B, Editores del Puerto, Bs. As., p. 447/448).
De este modo se observa que la tenencia respecto al comercio debe verse como una forma de distanciar la consumación del agotamiento. La tenencia con fines de comercialización requiere solo del elemento subjetivo del tipo, de intención trascendente – el fin de comercializar-, no obstante, al tratarse de un delito de resultado cortado –tener estupefacientes y luego comercializarlos-, no es necesario que la comercialización efectivamente se lleve a cabo.
En síntesis, entiendo que los hechos atribuidos a Hernán Pablo Salinas deben ser recalificados como comercialización de estupefacientes, manteniendo la pena impuesta al encausado, de conformidad con las previsiones contenidas en el art. 5 inc. “c” de la ley 23.737, toda vez que el monto punitivo oportunamente impuesto encuentra correlato en la culpabilidad del injusto reprochado.
En cuanto a los planteos alegados por la defensa de Omar Franco relativos a la situación de emergencia carcelaria y el estado psicológico de su asistido – extremo no acreditado-, se tratan de cuestiones totalmente ajenas al tratamiento de un recurso de casación que pretende revisar el contenido de una sentencia condenatoria, ante ello su tratamiento resulta inoficioso.
Así lo voto.
A la misma segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto del doctor Kohan, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la tercera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Visto el modo en que han sido resueltas las cuestiones precedentes, corresponde: 1) Declarar admisibles los recursos de Casación deducidos por los letrados particulares, doctor Miguel Ángel Arzagot (T°III F° 167 del CASN) a favor de Cristian Raúl Llop y Hernán pablo Salinas, y el doctor Sebastián Di Lorenzo (T°VII F°173 CASN) a favor de Hugo Omar Franco; 2) Rechazar los mismos por improcedentes, sin costas en esta instancia (arts. 18, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 40, 41 y 45 del Código Penal; 106, 210, 219 y ccdtes., 435, 448, 450, 451, 454, 460, 530 y 531 del Código Procesal Penal; art. 5 inc. “c” y 11 inc. “c” de la ley 23.737; 3) Recalificar los hechos materia de juicio atribuidos a Hernán Pablo Salinas como “comercialización de estupefacientes”, manteniendo la pena impuesta al encausado, de conformidad con lo previsto en el art. 5 inc. “c” de la ley 23.737; 4) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en un 25 por ciento de lo regulado en la instancia, con más los aportes de ley (arts. 171 de la Constitución provincial; 31 de la Ley N°14.967; 1 y 12 inciso a) de la Ley N° 8455 y artículo 534 del Código Procesal Penal -ley 11.922- debiendo procederse como lo determina el artículo 22 de la Ley N° 6716, modificado por el artículo 12 de la Ley N° 10.268; Res. SCBA I-73.016 (08/11/2017); y 5) Tener presente la reserva del caso federal (art. 14 de la ley 48).
Así lo voto.
A la misma tercera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto del doctor Kohan, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que se dio por terminado el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve :
I. Declarar admisibles los recursos de Casación deducidos por los letrados particulares, doctor Miguel Ángel Arzagot (T°III F° 167 del CASN) a favor de Cristian Raúl Llop y Hernán pablo Salinas, y el doctor Sebastián Di Lorenzo (T°VII F°173 CASN) a favor de Hugo Omar Franco.
II. Rechazar los mismos por improcedentes, sin costas en esta instancia.
Rigen los artículos 18, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de
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