Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 95724
En la ciudad de La Plata a los 31 días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Carlos Ángel Natiello y Mario Eduardo Kohan, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N° 95.724 de este Tribunal, caratulada “CAÑETE ORELLANA, Ricardo Fernando s/ recurso de casación”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: KOHAN - NATIELLO , procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. Llegan los autos a consideración del Tribunal como consecuencia del recurso de casación deducido por la Señora Defensora Oficial del Departamento Judicial Azul, Dra. María Soledad Kelly, contra la sentencia dictada con fecha 5 de diciembre de 2018, a través de la cual el Tribunal Oral en lo Criminal nro. 1 de esa Departamental condenó a Ricardo Fernando Orellana Cañete a la pena de nueve (9) años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, con más su declaración de reincidencia, por haber sido encontrado autor penalmente responsable del delito de homicidio simple, en función de lo normado por los arts. 45, 50 y 79 del Código Penal.
II. La recurrente denuncia la absurda y errónea valoración de la prueba formulada por el “a quo”. En tal sentido, considera que existe un cuadro de orfandad probatoria tal, que impide mantener la imputación efectuada en contra de su asistido, en los términos propuestos por el acuse, y como consecuencia directa de ello, solicitan se case la sentencia impugnada, toda vez que entienden que Orellana Cañete actuó amparado por legítima defensa -arts. 1, 209, 210 y 373 del C.P.P.; 34 inc. 6º del C.P.-.
En apoyo a su postura señala que el decisorio puesto en crisis pasó por alto el hecho que efectivamente existió una agresión ilegítima por parte de la víctima de marras para con su defendido, al tiempo que todos los testigos fueron contestes en señalar que Páez era quien tenía un motivo para pelear, dado que quería irse de traslado, no así el encartado.
Alza sus críticas contra lo actuado por el Ministerio Público Fiscal, que tardó casi dos años en realizar las pericias químicas pertinentes, motivo por el cual sostiene que, ante la duda imperante, debe entenderse que su ahijado procesal resultó herido, y que ello fue corroborado por la totalidad de los testigos que comparecieron al debate oral, quedando comprobado que el accionar desplegado resultó justificado, logrando a través del mismo, el cese de las agresiones de su contrincante.
En este norte, indica que el Oficial Vázquez al prestar testimonio en el juicio resultó mendaz, contradiciendo además las manifestaciones de los testigos Sandoval y Navarro Ojeda.
Por todo ello, al presentar su defendido una herida que acreditó su necesidad de defensa, no obrando provocación suficiente de su parte, y al repulsar el ataque ilegítimo utilizando un medio proporcional, entiende que se encuentran abastecidos los requisitos impuestos por el art. 34 inc. 6° del Código Penal, razón por la cual solicita la libre absolución del encartado.
Subsidiariamente, solicita la recalificación de los eventos enrostrados en los términos del artículo 97 del Código Penal, al considerar que se encuentran reunidos los requisitos típicos del delito de duelo, requiriendo se condene a Orellana Cañete a un año de prisión.
Finalmente, formula reserva de recurrir ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y del Caso Federal, respectivamente.
III. Concedido el recurso por el “a quo” -fs. 42-, el mismo fue radicado en esta sala, encontrándose las partes debidamente notificadas -fs. 51vta.-, momento en que el Señor Defensor Oficial Adjunto ante este Tribunal, Dr. Nicolás Agustín Blanco, mantuvo en un todo el recurso oportunamente deducido, dada la autosuficiencia de los fundamentos expuestos, peticionando en idéntico sentido -fs. 52/vta.-.
Por su parte el Sr. Fiscal Adjunto ante esta Casación, Dr. Jorge Armando Roldán, postuló el rechazo de la totalidad de las pretensiones deducidas, al entender que no se configuran las violaciones legales denunciadas -memorial de fs. 53/55-.
Cumplido, el presente recurso pasó a estudio sin más trámite.
IV. Encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, el Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
1ra.) ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto?
2da.) ¿Procede el remedio procesal impetrado?
3ra.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Entiendo que el recurso es admisible pues además de haberse deducido en tiempo y forma, se dirige a cuestionar una sentencia definitiva que, por su carácter condenatorio, genera agravio al imputado y su defensa técnica (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; 1.1, 8 inc. 2 ap. "h", 25 de la C.A.D.H.; 14 inc. 5 del P.I.D.C.P.; 421, 448, 450, 451, 454 inc. 1º y ccdtes. del C.P.P.).
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto del doctor Kohan, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Kohan, dijo:
No encontrándose discutidos los hechos en su exteorización material, ni la autoría penalmente responsable del acusado, los motivos de agravio esgrimidos por la Defensa Oficial se ciñen exclusivamente en invocar la concurrencia de una legítima defensa por parte de Cañete Orellana, o en su defecto, que los eventos imputados sean recalificados en los términos del art. 97 del Código Penal, con su consiguiente reducción de pena, los que, desde ya adelanto, considero que no pueden prosperar.
I. Como ya lo he sostenido en numerosos precedentes (causas nro. 54.780, 55.341, 55.510 entre muchos otros), corresponde a esta instancia casatoria el control de legalidad y logicidad de la prueba utilizada por el sentenciante, como resultado del equilibrio entre una revisión eficaz e integral de la sentencia de condena, entendido como el más amplio derecho al recurso del imputado, sin desnaturalizar el recurso de casación convirtiendo a éste último, llegado el caso, en un segundo y nuevo juicio (Conf. Arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN en función de lo normado por los arts. 1.1, 8 inc. 2 letra h), 25 de la C.A.D.H., y 14 inc. 5 del P.I.D.C.P.; Comisión I.D.H. informes 30/97, en caso 10.087: Argentina; informe 17/94, caso: 11.086, Argentina (caso “Maqueda”) e informe 55/97, caso: 11.137, Argentina (caso “Abella”); Corte Interamericana de Derechos Humanos “Herrera Ulloa vs. Costa Rica” del 2/7/2004; Comité de Derechos Humanos de la O.N.U., in re: “Cesario Gómez Vázquez c. España” (701/1996), dictamen del 20/07/2000 y “M. Sineiro Fernández c. España” (1007/2001), del 07/08/2003).
Pero, para que el tribunal revisor pueda abarcar dichas cuestiones, tal circunstancia dependerá de la actividad misma de la parte interesada. A tal efecto resulta necesario que el recurrente sea preciso al momento de denunciar este tipo de agravios, puesto que resulta imprescindible acotar el trabajo de revisión judicial exclusivamente a las partes esenciales de las sentencias impugnadas.
En este sentido es carga de la parte agraviada fijar con claridad cuál es la afirmación del tribunal que resulta de un error de apreciación y cómo habrá de refutarse dicha aseveración. Los agravios señalados por el recurrente deben recaer sobre algún elemento que aporte un sustento esencial al fallo, del mismo modo que la prueba ofrecida debe ser pertinente y suficiente para demostrar el error en el que han incurrido los jueces. Dicha situación no sucede cuando los impugnantes hacen uso de categorías genéricas o abstractas, no logrando demostrar que la valoración de la prueba practicada presente espacios carentes de explicación.
Formuladas las aclaraciones del caso, y frente a lo que sostiene la impugnante, el "a quo" expresó las razones que lo llevaron a decidir como lo hizo, dando respuesta a todas las cuestiones invocadas por la defensa técnica de Cañete Orellana, sin que se advierta que haya incurrido en afirmaciones absurdas o arbitrarias al tener por acreditada la reconstrucción histórica de los hechos en los términos propuestos, como quedara plasmado en la sentencia puesta en crisis.
A fin de determinar la ausencia de los extremos justificantes invocados por la Sra. Defensora Oficial, el Tribunal de mérito realizó un pormenorizado análisis de las distintas piezas probatorias reunidas en la audiencia, que lo llevó a no dudar de colocar el hecho luctuoso en cabeza del justiciable, no evidenciándose vicios lógicos que logren conmover la conclusión a la que llegó. Para ello tuvo en cuenta tanto las constancias que fueron incorporadas por lectura al debate, sin oposición de las partes, como así también los distintos testimonios que tuvieron lugar durante la audiencia del juicio oral.
A tales fines el “a quo” formó convicción en los testimonios vertidos por los funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense que observaron directamente el desarrollo de la contienda.
Así, Héctor Rubén Sandoval, encargado de pabellón, recordó que el día de los hechos, luego de haber sacado a los internos al patio, comenzó una pelea entre dos reclusos del pabellón 1, siendo los mismos Orellana y Páez. Refirió que los implicados utilizaron facas para agredirse y que a su vez se tapaban con ponchos, remarcando que sólo participaron ellos dos, y que el resto de los confinados nunca intervino. Que todo lo pudo observar desde la matera, y que al bajar al patio se percató que a Páez le brotaba mucha sangre, no así a Orellana a quien no vio lesionado.
Esta última apreciación efectuada por el testigo nombrado encontró correlato en el informe médico de fs. 7, documento que indicó que el incuso, el mismo día en que ocurrieran los hechos se hallaba curado y con 100% de su capacidad laboral.
De manera conteste declaró Javier Rubén Vázquez, inspector de vigilancia de los pabellones del 1 al 6 de la Unidad Carcelaria nro. 17, quien rememoró que transcurridos unos cinco minutos desde que salieron los internos al patio, a fin de realizar recreación, observó que tanto la víctima como el encartado se dieron un apretón de manos y que luego desde las ventanas de las celdas respectivas cado uno sacó un poncho y una faca. Que el enfrentamiento fue rápido y que solo intervinieron los nombrados, dado que el resto de los reclusos se abrieron.
Robustecen el plexo cargoso en contra del encausado las declaraciones juramentadas vertidas por los internos Cristian Gómez Ruíz, César Navarro Ojeda, Gustavo Adrián Moreira Aquino y Daniel Ricardo Ozuna López, quienes lejos de contradecir los dichos expuestos por los funcionarios Sandoval y Vázquez, corroboraron el hecho que ambos protagonistas el día anterior habían tenido un altercado, desembocando en una pelea entre ambos, con elementos punzantes.
Es dable destacar que la secuencia enunciada fue percibida por los testigos en diferentes momentos y desde una perspectiva propia, con la confusión que genera este tipo de reyertas, de modo tal que es posible que existan algunas diferencias en los relatos, las cuales en este caso resultaron mínimas, pudiendo establecerse, con el grado de certeza necesario que esta instancia requiere, que debido a la discusión que habían mantenido el día anterior, ambos protagonistas pactaron una contienda, utilizando para ellos sendos elementos metálicos como armas blancas y mantas para defensa, y que previo al enfrentamiento se dieron la mano como sello evidente de lo convenido.
De esta manera, sobre la base de las declaraciones antes mencionadas, al igual que sobre la prueba documental arrimada al proceso, el “a quo” concluyó que el día de los hechos víctima y victimario protagonizaron una pelea, la cual culminó con la muerte del damnificado, como consecuencia de la acción directa desplegada por el justiciable, y que ya ha sido motivo de análisis en los párrafos que anteceden, a los que me remito por razones de brevedad.
De este modo, el Tribunal de Juicio descartó fundadamente que el accionar de Cañete Orellana hubiese estado enmarcado en una legítima defensa, motivo por el cual considero que los agravios invocados por la recurrente, en torno a denunciar la absurda y errónea valoración de la prueba, no logran conmover lo oportunamente resuelto por el “a quo”, razón por la cual corresponde rechazar el recurso interpuesto en lo que a este tópico se refiere.
Cabe agregar que, las apreciaciones expuestas por la defensa del acusado en el presente recurso, no son más que meras afirmaciones, carentes de sustento probatorio que avale tales hipótesis, y que los cuestionamientos señalados por la impugnante en torno a los testimonios rendidos en la audiencia de debate no permiten afirmar que exista duda razonable sobre la verosimilitud e imparcialidad de los testigos de cargo, no encontrando razones para entender que los nombrados se expresaran con animosidad o falsedad.
En cuanto a la valoración de la prueba testimonial, tiene dicho la Sala II de este Tribunal de Casación Penal en causa N° 2789 “Román”, entre otras, que el grado de convicción que cada testigo provoca en los jueces de mérito configura una cuestión subjetiva perteneciente a la esfera reservada por la ley para los Magistrados del juicio quienes, por su inmediación frente a los órganos de prueba, son los encargados de establecer el mayor o menor valor de las declaraciones testificales.
Así el órgano jurisdiccional posee amplia atribución para seleccionar los medios de prueba y para apreciarla, ya que tan sólo debe ajustar sus conclusiones a las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia común y sentido común cuya aplicación queda sometida a la rectitud, prudencia y sabiduría de los jueces (ver Carreras, Eduardo, “La sana crítica y el testimonio del coprocesado” , J.A., 15-1972, pág. 629; Cám. Fed. de Cap. Fed., Sala I, L.L., del 18/12/1995, f. 93.861 y conf. STJ DE FORMOSA, Causa: "Romberg, Hugo Ramón s/Instigación y participación sec. de homicidio doblemente calif.- Romberg, Carmen Alcira s/Participación necesaria de homicidio doblemente agravado- Benítez Ramírez, Cristóbal- López, Cándido Salvador s/ Homicidio" -Sentencia Nº 1618/02- de fecha 09/09/02) y es lo que se ha hecho en la presente.
Las reglas de la sana crítica que guían al juez en la valoración de las circunstancias fácticas, según Couture, son aquellas pautas del correcto entendimiento humano, contingentes y variables con relación a la experiencia del tiempo y lugar, pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia.
Por su parte, Vélez Mariconde define al método de la sana crítica como aquél "…que deja al juzgador en libertad para admitir toda prueba que estime útil al esclarecimiento de la verdad (en principio, todo se puede probar y por cualquier medio), y para apreciarla conforme a las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia común…" (Vélez Mariconde, Alfredo, “Derecho Procesal Penal” , Bs. Aires, 1969, Ed. Lerner, Tº 1).
Así coincido con el sentenciante en la exclusión de la justificante invocada, y esta conclusión aparece ajustada a los hechos que se tuvieron por probados. De las constancias obrantes en autos y tenidas por acreditadas, no encuentro cubiertos los requisitos objetivos y subjetivos para la aplicación de una defensa necesaria o legítima. Nada existe en la causa que así permita inferirlo, más allá de las argumentaciones vertidas por la esmerada Defensa Oficial.
Amén de ello, los Tribunales han sostenido desde antaño que no puede alegar legítima defensa quien aceptó voluntariamente el desafío a pelear realizado por la víctima (SCBA, 15/2/44, sent. 7, RLL VI-764; Cám. Apel. Crim. Tucumán, 30/6/58, LL, ejemplar del 27/9/59; Cám. Apel. Crim. Tucumán, 9/9/59, LL, 96-224; SCBA, 14/11/47, DJBA, 24-486; SCBA, 21/10/41, Fallos, 18-1-48; SCBA, 13/8/57, LL, 52-172; JA, 1948-II-356; SCBA, 9/5/44, DJBA, 9-622; Cám. Apel. Penal Rosario, Sala I, 15/11/78, “Secondino, Benito y otro”, LL, On Line, entre muchos otros).
II. Asimismo, en relación a la recalificación oportunamente peticionada, debo señalar que el reclamo efectuado en tal sentido merece ser rechazado.
Como primer punto, habré de destacar que, a contramano de lo expuesto por la quejosa, el Tribunal de mérito dio debido tratamiento a la cuestión, efectuando un minucioso análisis de los hechos enrostrados y de los tipos penales invocados, donde la negativa a las pretensiones articuladas por la defensa de Cañete Orellana, aparecen debidamente fundadas y justificadas, sin que la parte que se dice agraviada refute con eficacia los argumentos brindados por el sentenciante, limitándose a exponer un criterio divergente de cómo debieron ser resueltos sus reclamos, lo cual es suficiente para descartar el recurso interpuesto en orden al motivo de agravio oportunamente invocado.
Sin perjuicio de lo expuesto, debo agregar que el tipo penal contenido en el art. 97 del Código Penal, exige como requisitos típicos relevantes: la acción propia de batirse a duelo, esto es que la contienda tenga un motivo o causa basado en el honor, la intervención de dos o más padrinos, y las armas que, junto a las condiciones del desafío, deben haber sido previamente pactadas por éstos últimos, siendo conocidas y aceptadas por los duelistas, elementoséstos que no se encuentran presentes en el “sub lite” , de modo tal que al haber aceptado el encausado el desafío y haber herido de muerte a su contrincante cometió, sin dudas, un homicidio simple y así debe ser mantenido lo oportunamente resuelto por el “a quo” sobre este punto.
Además, nuestra doctrina tiene dicho al respecto que “…Debe diferenciarse la riña, la agresión y el duelo. Hay riña cuando dos o más personas se dirigen violencias o amenazas por un impulso súbito de ira recíproca, y hay agresión cuando de un lado se acomete para ofender y del otro no se reacciona igualmente ante la ofensa…, …La distinción entre la riña y el duelo es ideológica. El agresor obliga a su enemigo a reñir, mediante coacción física; en cambio, el desafiante obliga al desafiado a batirse con él mediante coacción moral; el desafiante pretende tener el derecho a exigirle a otro que se bata con él en duelo; el desafiado cree que tiene el deber de aceptar el reto y que incurre en deshonra si no lo acepta. El carácter típico del duelo consiste en estas dos opiniones, que provienen de perjuicios sociales…” (Conf. Prunotto Laborde, Adolfo B. J., comentario a los arts. 97/103, en “Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, dirección Baigún, David - Zaffaroni, Eugenio Raúl, Tomo 4, editorial Hammurabi, Buenos Aires, 2009, pp. 41).
Los planteos de la recurrente no logran demostrar el absurdo y las violaciones alegadas lucen manifiestamente improcedentes; siendo que, además, son planteos reeditados de los ya hechos en la instan
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