Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 99004
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar –con costas- el recurso de casación interpuesto por la defensa de Ezequiel Nolberto Sánchez, y confirmar el fallo dictado por el Tribunal en lo Criminal n° 5 de San Martín, en todo cuanto ha sido materia de agravio.
II. Tener presente la reserva del caso federal planteado.
Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22, de la Constitución Nacional; 8.2.h, de la Convención Americana de Derechos Humanos; 57, 161 inc. 1ro., 168 y 171, de la Constitución Provincial; 45, 55 y 189 bis inc. 2 párr. tercero, del Código Penal; 5 inc. “c”, de la ley 23.737; 106, 371, 373, 395, 399, 448, 450, 454, 459, 464, 530 y 531, del Código Procesal Penal; y 14, de la ley 48.
"Registrado bajo el Nro. 1215 Año 2019"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. R.C. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 10 de diciembre de 2019 se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 99004 caratulada “SANCHEZ EZEQUIEL NOLBERTO S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA.
I. En lo que interesa destacar, el Tribunal en lo Criminal n° 5 de San Martín –integración unipersonal- condenó, mediante el procedimiento abreviado, a Ezequiel Nolberto Sánchez a la pena de cuatro (4) años y dos (2) meses de prisión, accesorias legales, costas, y multa de cuarenta y cinco (45) unidades fijas previstas por la ley 27.302 –la que asciende a la suma de ciento treinta y cinco mil pesos-, por resultar autor de los delitos de tenencia de estupefacientes en la modalidad de comercio y su tenencia con fines de comercialización, en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de uso civil (arts. 45, 55 y 189 bis inc. 2 párr. tercero, Código Penal; 5 inc. “c”, de la ley 23.737) –fs. 7/13-.
II. Contra ese fallo interpuso recurso de casación la defensa de Ezequiel Nolberto Sánchez (fs. 16/21).
En primer término denuncia que el fallo transgrede el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en tanto carece de fundamentos respaldatorios del monto de la multa impuesta ($135.000).
En segundo término, alega que la imposición de una multa de esa entidad resulta excesiva y afecta el principio de proporcionalidad. Señala que no se tuvo en cuenta la situación económica del acusado, y que tampoco se compadece con la gravedad del delito atribuido.
Agrega que el monto de la multa establecido a la luz de la regla contemplada en la ley 27.302, “ conlleva a determinar la prisión por deudas, conforme las pautas establecidas en el art. 21 del C.P. ”.
Señala que la sanción pecuniaria es confiscatoria y atenta contra lo establecido en el art. 17 de la Constitución Nacional.
De igual manera, entiende que la regulación contenida en el art. 9 de la ley 27.302, en cuanto deja en manos del Poder Ejecutivo la fijación de la multa, “ atenta contra el principio de legalidad penal (art. 18 C.N.) y transgrede el mandato de certeza que debe existir, sobre todo, en materia penal ”.
En función de todo ello, solicita que se declare la inconstitucionalidad de la norma cuestionada, y se fije el monto de la pena de multa de conformidad con la ley anterior.
Hace reserva de caso federal.
III. Con la adjudicación por sorteo del recurso en la Sala, se notificó a las partes (fs. 27 y vta.).
El señor defensor oficial ante esta instancia mantuvo la impugnación deducida, y agregó argumentos en torno al agravio constitucional que trae el recurso de casación (fs. 28/39).
La señora fiscal ante esta instancia solicitó el rechazo del recurso deducido por la contraparte, por las razones que esbozó en su dictamen de fs. 40/42).
El tribunal se encuentra en condiciones de resolver, por lo que se plantean y votan las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión, el señor juez, doctor Carral dijo:
I. El magistrado que integra el Tribunal en lo Criminal nº 5 de San Martín tuvo por acreditadas las siguientes materialidades ilícitas:
II. El magistrado de la instancia anterior, luego de declarar admisible el trámite de juicio abreviado adoptado por las partes (fs. 7vta./8), y tras evaluar la prueba producida en el marco del proceso, dictó sentencia condenatoria respecto de Ezequiel Nolberto Sánchez a la pena de cuatro (4) años y dos (2) meses de prisión, accesorias legales, costas, y multa de cuarenta y cinco (45) unidades fijas previstas por la ley 27.302 –la que asciende a la suma de ciento treinta y cinco mil pesos-, por resultar autor de los delitos de tenencia de estupefacientes en la modalidad de comercio y su tenencia con fines de comercialización, en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de uso civil (arts. 45, 55 y 189 bis inc. 2 párr. tercero, Código Penal; 5 inc. “c”, de la ley 23.737) –fs. 7/13-.
III. El impugnante argumenta que el fallo carece de fundamentación, en punto a la entidad de la pena de multa impuesta, pero en mi opinión, la falencia que se le adjudica al pronunciamiento condenatorio no es tal.
Conforme se desprende de la presentación conjunta realizada por la fiscalía y la defensa solicitando el trámite de juicio abreviado (ver copias de fs. 1/4), las partes coincidieron en la calificación legal, en las pautas de mensura de la pena, y en la pena a imponer, que en lo que aquí interesa destacar, incluyó el “ pago de la multa mínima prevista ”.
La multa mínima prevista en la ley vigente al momento de comisión del ilícito vinculado con el tráfico de estupefacientes, era de cuarenta y cinco unidades fijas (conf. art. 5 inc. “c”, de la ley 23.737, texto según ley 27.302).
Esa fue la multa impuesta en el fallo en crisis, con lo cual no se advierte la ausencia de fundamentación a la que alude el impugnante.
Si su reclamo se dirige a cuestionar que el juez no consignó la operación matemática que hizo para establecer el valor de la multa en la moneda vigente –ciento treinta y cinco mil pesos argentinos-, entiendo que tampoco resulta atendible, pues está claro que se trata de una multiplicación cuyo resultado es uno y no puede ser otro (el valor de un formulario de inscripción de operadores en el Registro Nacional de Precursores Químicos, al momento de comisión del hecho, multiplicado por cuarenta y cinco).
En consecuencia, no se verifica en el caso la transgresión al art. 168 de la Constitución Provincial.
IV. Respecto del segundo planteo formulado por la defensa, que cuestiona la constitucionalidad del art. 9 de la ley 27.302, advierto en primer término que el reclamo no fue articulado, en el momento oportuno, ante el juez de la instancia inferior.
Nótese que la defensa acordó con la fiscalía de manera voluntaria el encuadre legal y la pena aplicable al caso concreto, y sin embargo, inmediatamente después en contraposición a esa postura voluntaria, reclama la inconstitucionalidad de la norma que establece la sanción pautada.
De esta forma, se pierde vista que la declaración de inconstitucional de una norma dictada por el Congreso de la Nación, como facultad atribuida al Poder Judicial, debe ser implementada, por la gravedad que tal decisión implica, como la última ratio del sistema legal vigente.
En dicho sentido, he sostenido en al menos una oportunidad anterior (causa n° 97634, “GROUS, Maximiliano Ariel s/rec. de casación”, rta. 15/10/2019), que más allá de los respetables argumentos que formula la defensa, ello no implica afirmar que la razonabilidad, los fundamentos y los criterios de efectividad y eficacia que tuvo en cuenta el legislador al momento de actualizar el monto de la multa (sanción con la que se reprime, conjuntamente con la pena de prisión, la conducta atribuida a Ezequiel Nolberto Sánchez) resulten incompatibles o contrarios a nuestra Ley Fundamental.
En ese contexto, no comparto que en la ley vigente se encuentre indeterminado el quantum de la especie de pena en cuestión; toda vez que la referencia para su individualización se encuentra claramente especificada.
De esa forma, el embate se desliza a la proporcionalidad que debe existir entre la sanción penal y la conducta disvaliosa; la cual no encuentro afectada a partir del valor dinerario en el que se traduce la unidad de referencia adoptada para la especie de multa.
De esta forma, estimo que los indicadores que adopta la parte agraviada para sostener su postura, no necesariamente conducen a sostener que el criterio adoptado por el legislador es irrazonable, desproporcionado, violatorio de los principios de legalidad y culpabilidad y atentatorios del fin de prevención especial positiva de la pena.
Ello, fundamentalmente, porque en ese esquema se omite todo tipo de referencia al aspecto lucrativo y a los perjuicios económicos que deriva de la actividad ilícita que el Estado intenta desalentar con la actualización de los montos de las multas previstas para este tipo de infracción.
A su vez, considero oportuno señalar que la pena de multa establecida en abstracto por el legislador, presenta un abanico conformado por un mínimo de cuarenta y cinco (45) a novecientas (900) unidades fijas; resultando que al procesado se le impuso el mínimo de la sanción prevista para el delito adjudicado.
Finalmente, debo expresar que los argumentos relacionados con el posible incumplimiento de la pena, resultan por un lado discordante con lo que se pactó previamente y por el otro el pedido resulta prematuro en esta etapa procesal.
El ordenamiento jurídico vigente prevé las alternativas que se relacionan con la imposibilidad de cumplir con la multa como especie de pena; las mismas se encuentran establecidas en el artículo 21 del Código Penal, 35 inciso segundo “b” de la ley 24660 y 117 inciso “b” de la ley 12256.
En consecuencia, la eventual imposibilidad de cumplir con la pena fijada deberá ser evaluada en el momento oportuno y ante el órgano jurisdiccional competente para evaluar las diferentes opciones vigentes en nuestra legislación.
V. Por lo tanto, en orden a las consideraciones de hecho y derecho formuladas precedentemente, propongo al acuerdo RECHAZAR –con costas- el recurso de casación interpuesto por la defensa de Ezequiel Nolberto Sánchez, CONFIRMAR el fallo dictado por el Tribunal en lo Criminal n° 5 de San Martín, en todo cuanto ha sido materia de agravio, y TENER presente la reserva del caso federal (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 57, 161 inc. 1ro., 168 y 171, Const. pcia.; 45, 55 y 189 bis inc. 2 párr. tercero, Código Penal; 5 inc. “c”, de la ley 23.737; 106, 371, 373, 395, 399, 448, 450, 454, 459, 464, 530 y 531, CPP; 14, ley 48). VOTO POR LA NEGATIVA.
A la misma primera cuestión, el señor juez, doctor Maidana dijo:
Adhiero al voto del Dr. Carral en igual sentido y por los mismos fundamentos. VOTO POR LA NEGATIVA.
A la segunda cuestión, el señor juez, doctor Carral dijo:
En atención al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente, corresponde: RECHAZAR –con costas- el recurso de casación interpuesto por la defensa de Ezequiel Nolberto Sánchez, CONFIRMAR el fallo dictado por el Tribunal en lo Criminal n° 5 de San Martín, en todo cuanto ha sido materia de agravio, y TENER presente la reserva del caso federal (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 57, 161 inc. 1ro., 168 y 171, Const. pcia.; 45, 55 y 189 bis inc. 2 párr. tercero, Código Penal; 5 inc. “c”, de la ley 23.737; 106, 371, 373, 395, 399, 448, 450, 454, 459, 464, 530 y 531, CPP; 14, ley 48). ASI LO VOTO.
A la misma segunda cuestión , el señor juez, doctor Maidana dijo :
Adhiero al voto del Dr. Carral en igual sentido y por los mismos fundamentos.
ASI LO VOTO.
Por lo que no siendo para más se dio por terminado el Acuerdo dictando el Tribunal la siguiente
I. RECHAZAR –con costas- el recurso de casación interpuesto por la defensa de Ezequiel Nolberto Sánchez, y CONFIRMAR el fallo dictado por el Tribunal en lo Criminal n° 5 de San Martín, en todo cuanto ha sido materia de agravio.
II. TENER presente la reserva del caso federal planteado.
Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22, de la Constitución Nacional; 8.2.h, de la Convención Americana de Derechos Humanos; 57, 161 inc. 1ro., 168 y 171, de la Constitución Provincial; 45, 55 y 189 bis inc. 2 párr. tercero, del Código Penal; 5 inc. “c”, de la ley 23.737; 106, 371, 373, 395, 399, 448, 450, 454, 459, 464, 530 y 531, del Código Procesal Penal; y 14, de la ley 48.
Regístrese, notifíquese, líbrese oficio al Tribunal en lo Criminal n° 5 de San Martín para comunicar lo aquí resuelto y oportunamente remítase a la Mesa Única General de Entradas del Tribunal para su envío a la instancia.
FIRMADO: RICARDO MAIDANA - DANIEL CARRAL (JUECES). ANTE MÍ: JORGE ANDRES ALVAREZ (SECRETARIO).
Fin de la sentencia