Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 98425
"Registrado bajo el Nro. 1267 Año 2019"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. R.C. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 19 de diciembre de 2019 se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 98425 caratulada “LOPEZ MARTIN ALBERTO S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL.
El 15 de abril de 2019, el juez Juan Manuel Rial integrante del Tribunal en lo Criminal N° 9 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, condenó a Martín Alberto López a la pena única de ocho (8) años y diez (10) meses de prisión, multa de cuarenta y cinco unidades fijas, accesorias legales y costas, comprensiva de la pena de cuatro (4) años y seis (6) meses de prisión, multa de cuarenta y cinco unidades fijas, accesorias legales y costas, impuesta por ese Tribunal con fecha 11 de octubre de 2018, y de la pena única de seis (6) años y tres (3) meses, accesorias legales y costas, impuesta por el Tribunal en lo Criminal Nº 4 del mismo departamento judicial, el 21 de noviembre de 2011 en la causa N° 4885/4, la que a su vez comprendía la pena de seis (6) años de prisión, accesorias legales y costas del proceso impuesta en la misma, y la de seis (6) meses de prisión de ejecución condicional de fecha 14 de marzo de 2011, dictada por el Tribunal en lo Criminal n°5 departamental, en el marco de la causa n°3777/5.
Contra dicho pronunciamiento el Defensor Oficial, Dr. Daniel Alejandro Wilk, interpuso el recurso de casación obrante a fojas 46/56.
Ingresado el legajo a la Sala I de este Tribunal con fecha 10/10/2019 y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez doctor MAIDANA dijo:
La resolución impugnada resulta, a mi juicio, equiparable a sentencia definitiva al determinar la extensión de la pena que el causante deberá cumplir y agotarse en sí misma, tornando imposible la continuación de los procesos donde recayeron las sanciones que fueron objeto de unificación.
La presentación, además, fue deducida por parte legitimada, abastece los recaudos formales exigidos por el ordenamiento procesal y fue canalizada por una vía que se ajusta a la competencia asignada a este cuerpo (arts. 450 1er párrafo, 451 y 454 inc. 1 del C.P.P.). Por ello, considero que el recurso resulta admisible.
VOTO POR LA AFIRMATIVA .
A la misma primera cuestión planteada el señor juez, doctor CARRAL , dijo:
Adhiero al voto de mi colega doctor Maidana, por compartir sus fundamentos, votando en idéntico sentido.
VOTO POR LA AFIRMATIVA .
A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA , dijo:
En primer lugar, la Defensa plantea la violación del proceso acusatorio, puesto que el A Quo dictó un fallo de unificación de condenas, sin la propuesta de pena por las partes, y apartándose de la oposición formulada por la Fiscalía (ver fs. 49/vta.). En segundo término, postula la improcedencia de la unificación de condenas, en razón de que una de ellas se encontraba cumplida y vencida, al momento del fallo, no resultando entonces susceptible de unificación (cfr. fs. 49vta./52vta.). A su vez, advierte que se revoca la libertad condicional del justiciable, sin explicar el sentenciante los motivos que lo llevan a tomar esa resolución, la cual resulta arbitraria, en franca violación con el art. 106 del CPP, cuando el imputado recuperó su libertad a través del instituto de la libertad asistida (ver fs. 52vta.). Por último, destaca que el monto de la pena impuesta fue producto de una errónea y arbitraria interpretación legal, al haberse desconocido lo establecido por el art. 58 del CP, para la unificación de penas, imponiéndose una pena de 8 años y 10 meses de prisión, sin fundamentos ni desarrollo jurídico de su imposición (cfr. fs. 53/vta.). Considera erróneamente aplicado lo previsto por el art. 104 de la ley de Ejecución Penal; art. 18 del CPP y arts. 13, 15 y 58 del CP; transgrediendo la garantía del juez natural e imparcial, del debido proceso legal y acusatorio y la defensa en juicio del imputado. Hace reserva del caso federal.
El Fiscal Adjunto de Casación, Dr. Fernando Galán, solicita el rechazo del recurso planteado, de conformidad con los argumentos que desarrolla a fs. 65/67.
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por al impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos (art. 434 y ccs. del CPP; v. TCPBA, Sala I, c. 77.456 “Silva, Sergio Daniel s/ Recurso de Casación,” sent. del 8 de noviembre de 2016, reg. 949/16, entre otras).
De acuerdo a los antecedentes traídos en la resolución puesta en crisis, el Tribunal en lo Criminal N° 9 del Departamento Judicial Lomas de Zamora en fecha 11 de octubre de 2018, condenó a Martín Alberto López a la pena de cuatro (4) años y seis (6) meses de prisión, multa de cuarenta y cinco unidades fijas, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización en concurso real con comercialización ilegítima de estupefacientes en concurso real con encubrimiento, por los hechos ocurridos desde el 18/09/2015 hasta el 17/12/2016 y 21/12/2016 en Lanús, y entre el 24/11/2016 y 17/12/2016; asimismo, se lo declaró reincidente.
El Tribunal en lo Criminal N° 4 del mismo departamento judicial, condenó a Martín Alberto López, mediante pronunciamiento dictado el 21 de noviembre de 2011, a la pena de seis (6) años de prisión, accesorias legales y costas, por el delito de robo doblemente calificado por el empleo de arma y por haber causado lesiones graves en la víctima, y a la pena única de seis (6) años y tres (3) meses de prisión, compresiva de la anterior y de la de seis (6) meses de prisión de ejecución condicional impuesta con fecha 14 de marzo de 2011, por el Tribunal en lo Criminal n°5 Departamental.
Advierto que, sustanciado el punto, las partes se expidieron de acuerdo al art. 58 CP, y en semejantes términos se expresaron sobre la improcedencia de la unificación de sanciones (ver fs. 27 y 29).
Sin embargo, el 15 de abril de 2019, el magistrado resolvió unificar las penas y condenó a Martín Alberto López, a la pena única de ocho (8) años y diez (10) meses de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de aquellas descriptas en los párrafos precedentes.
La unificación de penas y/o condenas se fundamenta en la necesaria unidad de la reacción penal en aras de lograr una unidad de trato punitivo y evitar que un sujeto que cometió una pluralidad de infracciones quede sometido a distintos regímenes, a expensas de una multiplicidad de manifestaciones de la coerción penal, de modo desordenado y con posibilidad irracional de exceso punitivo. Por eso, la unidad de coerción material debe expresarse siempre bajo los parámetros de una “pena total”, se trate de una unificación de penas o del caso de una unificación de condenaciones (cfr. Zaffaroni – Slokar – Alagia, “Derecho Penal. Parte General”, Ediar, Buenos Aires, 2000, pág. 961 y sgts., non sic).
Sin perjuicio de ello, en el caso, el Fiscal consideró que no correspondía unificar penas pues una de las penas impuestas, a la fecha de la decisión, se encontraba cumplida y vencida, dictamen al que adhirió el defensor, por lo que, con independencia del acierto de los fundamentos que pudiera haber expuesto el representante del Ministerio Público, la cuestión radica en dilucidar si el Juez tiene competencia para apartarse de la pretensión acusadora y dictar entonces una pena única.
Mas allá de la clase de procedimiento de que se trate, al momento de fijar pena –ora la que se establece en un único proceso o bien la determinada de conformidad a las reglas del art. 58 CP- la jurisdicción tiene un doble límite, ya no sólo el derivado del principio de legalidad, sino a la vez el impuesto por quien esgrime la acusación. Para poder explicarlo, conviene hacer algunas consideraciones preliminares.
Una Constitución fija una determinada forma de organización política de una Nación, definiendo de alguna u otra forma la ordenación del poder y la relación del Estado con los ciudadanos, con lo cual, consagra ciertas garantías básicas en pos de evitar abusos autoritarios. Bajo este prisma, una Constitución constituye, de alguna manera, un catálogo de restricciones, es decir, límites protectorios del ciudadano frente al abuso estatal de poder.
La intervención estatal más significativa en el ámbito de libertad del individuo se da en el ejercicio del ius puniendi: la pena representa la medida más grave de todas las posibles intervenciones en un Estado de Derecho (cfr. ROXIN, DPP, 25° ed. alemana trad. por G. E. Córdoba y D. R. Pastor, p. 10).
Como el derecho de penar está hoy reservado al Estado (cfr. ROXIN, DPP cit., p. 2), hay normas que instituyen y organizan los órganos públicos que cumplen la función judicial penal del Estado y disciplinan los actos que integran el procedimiento necesario para ejercer dicho monopolio (v. sobre ello, MAIER, DPP, t. I, 2004, p. 75).
Queda claro entonces que el derecho procesal penal crea las condiciones necesarias para que el derecho penal pueda realizarse. Dicho en otras palabras, el ejercicio del ius puniendi estatal está supeditado al desarrollo de un proceso previo: nadie puede ser penado sin juicio previo, dice el art. 18 de la Constitución.
De este modo, puede afirmarse que el Derecho procesal penal es el único medio legítimo para la realización penal (nulla poena sine iuditio, reza el aforismo), puesto que todos los conflictos que atañen al Derecho penal encuentran una única vía de solución a través de las reglas del Derecho procesal penal (cfr. MAIER, DPP, t. I cit., p. 85).
Pero, a la vez, no puede soslayarse que la reglamentación de toda esta actividad estatal se encuentra enmarcada dentro del cuadro regulatorio establecido por las garantías constitucionales (arts. 5 y 28, CN). En un Estado de Derecho, el poder de la pena se materializa en un ámbito reglado cuyo diseño estructural se encuentra en la Ley Fundamental.
Existe una dependencia entre el sistema de enjuiciamiento penal y la ideología que funda la organización política de un país (cfr. MAIER, DPP, t. I cit., p. 163 y véase el capítulo histórico que ilustra al respecto; v. tamb. ROXIN, DPP cit., p. 10), de ahí que metafóricamente se ha dicho que “el Derecho procesal penal es el sismógrafo de la Constitución del Estado” (ROXIN, DPP cit., p. 10), o con más precisión: Derecho constitucional reglamentado, en el sentido del art. 28 de nuestra Constitución Nacional (cfr. MAIER, DPP, t. I, p. 163).
Desde siempre, en el Derecho procesal penal, se han antepuesto dos modelos de enjuiciamiento divergentes: el acusatorio, por un lado, y el inquisitivo, por el otro. Cada uno de ellos, tiene un diseño propio que lo identifica y lo diferencia notoriamente del otro (v., a modo de resumen, MAIER, DPP, t. I cit., p. 443 y ss.), sin embargo, al decir de Cafferata Nores, ni en el pasado ni en la actualidad es posible encontrar a alguno de aquellos dos paradigmas procesales en estado “químicamente puro”, pues todos son algo “mixtos” (El proceso penal según el sistema constitucional, en CAFFERATA NORES, Cuestiones actuales sobre el proceso penal, 1998, p. 3; sobre las características del inquisitivo reformado o “sistema mixto”, v. MAIER, DPP, t. I cit., p. 449 y ss.).
Nuestra Constitución Nacional establece un programa liberal que reconoce la autonomía de las personas (art. 19, CN), consagrando un sistema de garantías protectorio de las injerencias estatales arbitrarias (arts. 14, 14 bis , 15, 16, 17, 18, 19 y 24, CN; sobre la noción del jurado como garantía del imputado, v. TCP, SALA VI, c. 71.912, “López, Mauro Gabriel s/ Recurso de queja (art. 433 CPP) interpuesto por Agente Fiscal”, reg. 37 del 04/02/2016). Esta idea es nuestro punto de partida.
El modelo acusatorio de enjuiciamiento es el que mejor se compagina con ese ideario constitucional ya que el acusado no representa, como sucede en el procedimiento de corte inquisitivo, un objeto de persecución, sino un sujeto de derechos colocado en una posición de igualdad con el acusador (cfr. MAIER, DPP, t. I cit., ps. 447 y 445). En efecto, la Constitución Nacional optó por un proceso penal abiertamente acusatorio (CSJN, in re “Casal”, considerando 15°) porque ella establece una tajante separación entre las funciones estatales de acusar y juzgar en los juicios de contenido político (cfr. entre sí los arts. 53 y 59, por un lado, y 114 inc. 5° y 115, por el otro), y porque prevé el juicio por jurados para causas criminales (24, 75, inc. 12, y 118), institución –dicho sea de paso- incompatible con un modelo inquisitorial ya que implica un juicio necesariamente oral y público (para su comprensión de acuerdo a la ideología histórico-política de la constitución, cfr. MAIER, DPP, t. I cit., p. 777). Pero, además, tal forma de entender el diseño constitucional del procedimiento penal, se ve fortalecida con la reforma operada en el año 1994, a partir de la cual se otorgó jerarquía constitucional a ciertos Instrumentos sobre Derechos Humanos (art. 75, inc. 22, CN), y con ello, la receptación constitucional de ciertos principios de neto corte acusatorio -por lo menos en la etapa de debate; en este sentido, CSJN, in re “Amodio”, considerando 11° del voto concurrente de los ministros Lorenzetti y Zaffaroni- como la oralidad, continuidad, publicidad y contradictorio (arts. 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
La Constitución supedita la realización del poder penal del Estado al desarrollo de un juicio previo en el cual las funciones de acusar y juzgar se hallan asignadas a distintos órganos estatales: ya dijimos que el diseño de los juicios de contenido político es una muestra cabal de ello, como también que resulta consustancial al juicio por jurados en el cual los ciudadanos, mediante su veredicto, deciden acoger o rechazar una acusación específica. De hecho, la propia Constitución ha instaurado un órgano extra-poder con el cometido de promover la actuación de la justicia (art. 120, CN), persiguiendo y requiriendo la aplicación de la ley penal, y en aras de lograr que el proceso albergue un genuino diálogo, en el que las partes tengan amplia posibilidad de justificar sus pretensiones, percibiéndose a la decisión final como la conclusión que refleja el balance de las razones ofrecidas, de suerte que el juez deba mantener una posición equidistante entre aquellos intereses controvertidos (cfr. NINO, Fundamentos de derecho constitucional, 2002, p. 450).
La Corte Federal –intérprete final de la CN-, al precisar qué debe entenderse por procedimientos judiciales a los efectos del art. 18 de la Constitución Nacional, ha dicho que esa norma exige observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales (CSJN, Fallos: 125:10; 127:36; 189:34; 308:1557; entre otros), dotando así de contenido constitucional al principio de bilateralidad sobre cuya base, en consecuencia, el legislador está sujeto a reglamentar el proceso criminal (CSJN, Fallos: 234:270).
La ley procesal provincial, en consonancia con el mandato del constituyente (arts. 5 y 28, CN), recepta el núcleo duro de dicho paradigma procesal, aún cuando la acción penal sea esencialmente pública pues la persecución se encuentra en manos de un órgano del estado y pese a que cuenta con una etapa de investigación en mayor medida escrituraria aunque no absoluta pues la oralidad se encuentra actualmente en un proceso de expansión en las etapas previas al juicio (v. a modo de ejemplo los arts. 105, último párrafo, 168 bis, y 330 del CPP; vale mencionar a los mecanismos alternativos de solución pues también se desarrollan en mayor o menor medida oralmente: suspensión del juicio a prueba, art. 404, primer párrafo, CPP; hábeas corpus, art. 412, CPP; v. tamb. procedimiento de flagrancia, ley 13.811). Ello así, en la medida que el código de procedimientos recepta el principio de bilateralidad al separar tajantemente las funciones de acusar y juzgar en todas las etapas del proceso, instituye al Fiscal como encargado de la investigación penal preparatoria (art. 267, CPP), teniendo que formular sus requerimientos con el cometido de promover y ejercer la acción penal (vgr. arts. 56, 334 y 368 último párrafo, CPP; tamb. las medidas cautelares más gravosas se dictan a instancia de la solicitud fiscal, v. a modo de ejemplo los arts. 151, 152 y 158, CPP), al punto tal que la jurisdicción del Tribunal se encuentra habilitada a condición de que exista acusación, independientemente del carácter público o privado, y siempre dentro de sus límites (arts. 334, 334 bis, 359, 368 último párrafo, 371 antepenúltimo párrafo in fine, 374 párrafos 3° a 6°, CPP; cfr. CSJN, in re “Tarifeño”, “Mostaccio”, “Santillán”, “Quiroga”, e/o).
Sin perjuicio de ello, existen otros institutos previstos en el CPP provincial que derivan del paradigma acusatorio (informa al respecto, MAIER, DPP, t. I cit., p. 444 y ss.), a saber: el reconocimiento de un querellante autónomo (el ofendido como partícipe activo del procedimiento, arts. 79, 334 bis, 368 último párrafo y 374, CPP), el sistema de las libres convicciones como mecanismo de valoración probatoria (arts. 210 y 373), un procedimiento cuya etapa central es pública, oral, continua y contradictoria (arts. 342 y ccs., CPP), y, por si fuera poco, la instauración del juicio por jurados con la reforma operada por la ley 14.543 (v. arts. 22 bis y ccs., CPP).
Entonces, si se afirma un modelo acusatorio formal en el sentido que la función investigativa y persecutoria representa una función pública aunque no atribuida al juzgador (v. ARMENTA DEU, Principio Acusatorio y Derecho Penal, 1995, p. 22), que –por lo menos- la etapa de debate es oral y contradictoria, y si resulta una exigencia constitucional el reconocimiento del principio de bilateralidad, es elemental que “el juez no procede de oficio” (ne procedat iudex ex oficio) y que, por tanto, “allí donde no existe actor no existe juez” (nemo iudex sine actore). Es cierto que Tribunal y Fiscalía son escasamente distinguibles porque ambos representan al Estado en su función de control social, no obstante se diferencian formalmente: a uno se le encomienda la función de decidir, al otro en cambio la requirente (cfr. MAIER, DPP, t. II, 2003, p. 58), de tal forma se busca impedir que un mismo órgano absorba ambas funciones y ello implica que quien ejerce la acción mediante pretensiones concretas habilita la jurisdicción y al mismo tiempo la limita en cuanto no puede fallar ultra o extra petita, con lo cual queda claro que los jueces no pueden imponer una pena sin ser requerida por la acusación.
Con la pena única, la cuestión sigue siendo la misma: es la acusación quien pretende una determinada cantidad de realización del poder penal estatal, porque dentro de los límites legales concretiza la respuesta punitiva abarcadora de los diversos procesos (art. 58, CP); por lo demás, tampoco aquí tendría sentido alguno abrir un ámbito de discusión entre las partes (art. 18, último párrafo, CPP), si al fin de cuentas el órgano jurisdiccional sorprende y falla excediendo el horizonte de lo debatido.
Tal forma de proceder asegura, por un lado, la imparcialidad del Tribunal al estar limitado a decidir en los términos del contradictorio (CSJN, in re “Amodio”, considerando 12 del voto co
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