Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 98454
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar , sin costas, al recurso de casación deducido.
II. Casar la sentencia impugnada y absolver a Juan Pablo Quiroga respecto del delito por el que fue condenado por el Tribunal en lo Criminal nº 1 del Departamento Judicial Necochea.
III. Ordenar la libertad del encausado en esta causa, la cual deberá ser INSTRUMENTADA por el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Necochea, previa certificación de la eventual existencia de otras medidas restrictivas de la libertad respecto del nombrado.
Rigen los artículos 18 de la Constitución Nacional; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 1, 209, 210, 233, 448, 451, 459, 460, 463, 530 y 531 del Código Procesal.
"Registrado bajo el Nro. 1300 Año 2019"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. R.C. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 26 de diciembre de 2019 se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 98454 caratulada “QUIROGA JUAN PABLO S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA.
Llegan estas actuaciones para conocimiento del Tribunal a raíz del recurso de casación interpuesto por el defensor de Juan Pablo Quiroga, contra la sentencia dictada, en el marco de un procedimiento de juicio abreviado, con fecha 21 de mayo de 2019 por el Tribunal en lo Criminal n° 1 de Necochea –con integración unipersonal-, a través de la cual se condenó al mencionado a la pena de 4 años de prisión y 45 unidades fijas de multa, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de tenencia de estupefacientes para comercialización (arts. 5 inc. “c” y 45, ley 23.737).
En el recurso impetrado a fs. 34/48 vta. del legajo casatorio, la defensa técnica del acusado plantea dos motivos de agravio.
En primer lugar, entiende que la conducta atribuida a su asistido resulta atípica, en la medida en que no se habría demostrado que la sustancia incautada sea estupefaciente -en los términos de los arts. 77 del Código Penal y 5, inc. “c”, de la ley 23.737-, puesto que sólo da cuenta de ello un test orientativo, que, como su nombre lo indica, sólo orienta, pero no arroja certeza.
Cita un precedente de éste Tribunal en sustento.
Concluye el agravio requiriendo que se case la sentencia en crisis y se absuelva al acusado.
En subsidio, y a partir de las circunstancias personales del imputado que señala, el defensor sostiene que el monto de multa impuesto resulta excesivo e irrazonable, en los términos del art. 1714 del Código Civil y Comercial, solicitando –por ende- que el mismo sea reducida a cuatro unidades fijas.
Como segundo planteo subsidiario, la defensa propugna la inconstitucionalidad del mínimo de la pena de multa contemplado en el art. 5, inc. “c”, de la ley 23.737, por arbitrario, irrazonable, discriminatorio y violatoria del principio de proporcionalidad, culpabilidad por el acto e igualdad.
En virtud de ello, solicita que se considere el valor actual del salario “mínimo, vital y móvil” y, en definitiva, se le imponga la pena de $14.400.
Hace reserva del caso federal.
Sorteadas que fueron las actuaciones, se notificó a las partes (foja 58 vta.).
A fs. 59/61, el señor fiscal adjunto ante este Tribunal propició el rechazo del recurso, por cuanto entiende que no se configuran las infracciones legales denunciadas.
Ingresado a esta Sala con fecha 9 de septiembre de 2019, el Tribunal se encuentra en condiciones de dictar sentencia, decidiendo plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
I. Previo a abordar los motivos de agravio traídos por el recurrente, y a efectos de otorgar una adecuada respuesta a los mismos, debe tenerse en consideración que, admitido el juicio abreviado presentado por las partes, la colega del tribunal anterior tuvo por acreditado que:
“… el día 10 de mayo de 2018, siendo aproximadamente las 21:50 horas, en ocasión que personal policial de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de Necochea, se constituyó en el domicilio de calle 52 nro. 3918 de la ciudad de Necochea, a los fines de diligenciar una orden de allanamiento y secuestro extendida en la presente investigación, por así haberlo dispuesto el Titular del Juzgado de Garantías Nro. 1 Departamental, tras haberse corroborado previamente que en el lugar se llevaban a cabo maniobras compatibles con la infracción a la ley 23.737, se constató que su morador, identificado como Juan Pablo Quiroga, almacenaba y tenía en su poder, bajo su exclusiva esfera de disposición y custodia, con evidentes e inequívocos fines de entregar a terceras personas a título oneroso, la cantidad de 2.961,1 gramos de sustancia estupefaciente que sometida a reactivos arroja resultado positivo para marihuana, dinero en efectivo en una suma de pesos 10.500 en moneda de curso legal, un teléfono celular y una balanza de precisión, presumiéndose por las circunstancias y cantidad que no es para consumo personal. Resulta damnificada la Salud Pública ” (fs. 17 vta./18).
Asimismo, la magistrada atribuyó el evento a Juan Pablo Quiroga en calidad de autor responsable del delito de tenencia de estupefacientes para comercialización (V. 25 vta.).
II. De acuerdo a los motivos de agravio traídos por el recurrente, corresponde abocarme a la valoración probatoria efectuada por el tribunal de grado para tener por acreditado un aspecto de la materialidad infraccionaria, relativo al material secuestrado en poder de Quiroga.
Previo a ello, es importante destacar que el fallo atacado emerge como consecuencia de un acuerdo de juicio abreviado presentado por las partes, a través del cual éstas desisten de la celebración del juicio oral y público (cfr. art. 395, CPP). Asimismo, la conformidad prestada por el imputado en tales términos, importa aceptar como adecuada una hipótesis fáctica, la calificación legal del hecho y la pena solicitada por el Ministerio Público Fiscal (cfr. art. 396, CPP).
Sin perjuicio de ello, la sentencia no puede ser una mera homologación, debiendo constituir un pronunciamiento jurisdiccional fundado en un examen racional de los elementos de prueba incorporados al proceso.
En ese sentido, el art. 399 del código adjetivo ordena que: “… Regirán en lo pertinente las reglas de la sentencia ” y, por imperio de éste, deviene aplicable –entre otras normas- el párrafo segundo del art. 371 del mismo cuerpo legal, en cuanto dispone que:
“… La resolución contendrá una exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentan dichas conclusiones, así como la enunciación de las razones por las cuales no fueran atendibles las pruebas decisivas contrarias a las mismas …”.
III. Sentado lo anterior, advierto que se le achaca al imputado la figura penal que castiga a las personas que: “… sin autorización o con destino ilegítimo (…) comercie con estupefacientes… ” (art. 5, inc. “c.”, ley 23.737).
En lo que hace al término “estupefaciente”, el art. 77 del Código Penal prescribe que:
“… comprende los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias susceptibles de producir dependencia física o psíquica, que se incluyan en las listas que se elaboren y actualicen periódicamente por decreto del Poder Ejecutivo nacional …”.
Pues bien, la defensa no discute la autoría responsable puesta en cabeza de Quiroga, ni tampoco el desarrollo de los hechos que le intimaron, sino que lo que cuestiona es la determinación, por parte del tribunal de la instancia, de la calidad de estupefaciente del material secuestrado.
Sobre el punto, la magistrada sentenciante valoró las siguientes evidencias: acta de allanamiento y secuestro, acta de apertura y pesaje del material secuestrado, y test de orientación (V. fs. 19 vta./21), de los cuales se desprende –en esencia- que el día 10 de mayo de 2018, personal policial registró la vivienda del acusado, sita en calle 52 nro. 3918 de Necochea, procediendo al secuestro de 2.961,1 gramos –en total- de una sustancia que, sometida a los test orientativos, arrojó resultado positivo para marihuana.
Es importante traer a colación que, con anterioridad al dictado de la sentencia, concretamente, en la requisitoria de elevación a juicio, el titular de la acción pública había puesto en aviso a la judicatura que no había recibido el informe pericial químico ordenado, a la vez que aclaró que sería adjuntado “oportunamente” (V. foja 13 vta., tercer párr.).
Sin embargo, al momento de dictar el pronunciamiento en crisis, la mentada pericia no se encuentra incorporada al plexo probatorio, como así tampoco se arribó a ninguna estipulación probatoria, dentro del acuerdo abreviado presentado, que hubiera permitido zanjar la cuestión relativa a la calidad del material.
En este escenario, más allá de que tengo dicho que la ley de estupefacientes tutela el bien jurídico salud pública, lo que implica que la orientación normativa de los comportamientos prohibidos no esté dirigida a la preservación de la salud de una persona en particular, como tampoco de la preservación de determinado nivel de tasas de salubridad de la población en general, sino de garantizar determinadas prestaciones básicas en el contexto de los servicios de salud; por lo que, tales acciones, deben ser aptas para lesionar no ya un objeto material sino aquello que, precisamente, el derecho en general se encuentra orientado a preservar, esto es, las condiciones de vida en sociedad.
Lo cierto es que en el juicio de adecuación típica del hecho a la figura penal en reproche, advierto una actividad probatoria deficitaria respecto al elemento normativo "estupefaciente", toda vez que resultan insuficientes los test de orientación realizados por el personal policial, puesto que siempre cabe la posibilidad de que, careciendo aquella sustancia, en determinadas condiciones de composición, de potencialidad dañosa, su tenencia se torne atípica, por no resultar susceptible de producir en el ser humano dependencia física y/o psíquica.
Lo que aquí planteo se encuentra en sintonía con las recomendaciones sentadas por la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.), en su manual “Métodos recomendados para la identificación y el análisis del cannabis y los productos del cannabis”, a través del cual la Oficina contra la Droga y el Delito (U.N.O.D.C.) estableció lo siguiente:
“… Ensayos presuntivos. Ensayos del color. Los ensayos de color del cannabis se encuentran entre los ensayos de color más detallados que existen (sólo algunas plantas como la alheña, la nuez moscada, la macis y la agrimonia dan resultados falso positivos). No obstante, un ensayo de color con resultado positivo sólo es indicio de la posible presencia de material con contenido de cannabis, pero no lo identifica de forma definitiva. Por lo tanto, el analista deberá confirmar obligatoriamente estos resultados mediante el uso de otras técnicas, por lo general más discriminatorias… ” ( Métodos recomendados para la identificación y el análisis del cannabis y los productos del cannabis , Revisado y actualizado; Manual para uso de los laboratorios nacionales de estupefacientes; Naciones Unidas, Nueva York, 2010; pág. 36).
De acuerdo con ello, se ha dicho que:
“ …La cannabis sativa está compuesta por un grupo de sustancias químicas llamadas cannabinoides, entre los cuales los más importantes son el Delta 9THC, el Delta 8THC, el ácido THC, que se transforma en psicoactivo al fumarse, siendo estos tres los principios más psicoactivos, mientras que el CBN y el CBD lo son en menor proporción, incluso se encuentran en relación inversa con aquellos sumamente activos, razón por la cual, al no haberse establecido la efectiva presencia de THC y su proporción en las muestras analizadas, no puede afirmarse que el material secuestrado fuera apto para producir los efectos tóxicos buscados… ” (C. Fed. San Martín, sala 1ª, 23/9/1993 – Carlo, Julio y otros; Lexis N° 1/25682; JA 1995-IV-síntesis; en igual sentido, 28/12/1992 – Barbosa, Jorge R.; Lexis N° 1/34848M JA 1994-II-síntesis).
Entonces, al no obrar constancias de la realización de la pericia química de rigor, la magistratura carece de autoridad científica como para poder establecer, con el grado de certeza que amerita un veredicto de condena, la naturaleza de la sustancia habida, lo que determina la atipicidad de la conducta reprochada.
En el sentido que propongo, cabe traer a colación lo resuelto por la Cámara Nacional de Casación Penal, en cuanto sostuvo que:
“… No se encuentra probado, con el grado de probabilidad que esta etapa procesal requiere, la materialidad del hecho que se le imputa, dado que las resoluciones de las instancias anteriores se han dictado, sin que se haya constatado –a través de la pericia de rigor- si el material incautado era ‘estupefaciente’, en los términos de los arts. 77 último párrafo, CPen. y 40 de la ley 23.737; presupuesto inicial para analizar la tipicidad de la conducta imputada, resultando insuficiente a tal fin el test de orientación realizado por la prevención. Es decir, que la falta de cuantificación de sus componentes psicoactivos impide verificar si los elementos incautados poseen aptitud para crear dependencia psíquica o física en las personas …” (C. Nac. Casación Penal, sala 3ª, 6/3/2006 – Sumaruga, Mariano Claudio; causa nro. 6473, reg. nro. 123/2206).
IV. En virtud de lo expuesto, entiendo que la conclusión probatoria arribada por mi colega de la instancia anterior no puede ser sostenida, conforme los estándares que rigen en nuestro ordenamiento.
En este sentido, he sostenido en anteriores pronunciamientos, por ejemplo en Causa nº 9.020 (registro de presidencia nº 32.774) caratulada “Durán, Héctor s/ Recurso de Casación”, que la presunción de inocencia, proclamada por el art. 18 de la Constitución Nacional, se caracteriza por dos cuestiones.
Por un lado, por comprender dos extremos fácticos que son la existencia real del ilícito penal y la culpabilidad del acusado, entendida ésta como sinónimo de intervención o participación en el hecho.
Por el otro, al exigir para su enervación que haya prueba que sea: 1) "real", es decir, con existencia objetiva y constancia procesal documentada en el juicio; 2) "válida" por ser conforme a las normas que la regulan, excluyéndose la practicada sin las garantías procesales esenciales; 3) "lícitas", por lo que deben rechazarse las pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales; y 4) "suficiente", en el sentido de que, no sólo se hayan utilizado medios de prueba, sino que además de su empleo se obtenga un "resultado" probatorio que sea bastante para fundar razonablemente la acusación y la condena, es decir: no basta con que exista un principio de actividad probatoria sino que se necesita un verdadero contenido inculpatorio en el que pueda apoyarse el órgano juzgador para formar su convicción condenatoria.
Previo a la consolidación en nuestro país de la garantía del doble conforme (arts. 14.5 PIDCP y 8.2.h. CADH), la doctrina transnacional venía sosteniendo que “… el juicio sobre la motivación es una unidad con el juicio de legalidad (y) el control sobre la consistencia del razonamiento probatorio es una unidad con la garantía de legalidad…”. Por lo tanto, el examen de “…la motivación permite la fundamentación y el control de las decisiones tanto en derecho, por violación de la ley o defectos de interpretación o subsunción, como en hecho, por defecto o insuficiencia de pruebas o bien por inadecuada explicación del nexo entre convicción y prueba …” (Ferrajoli, Luigi; Derecho y Razón, traducción de Perfecto Andrés Ibáñez, Madrid, ed. Trotta, 1995, pág. 623).
Desde este prisma de análisis, encuentro que no se verifica un estado de certeza propio de una sentencia condenatoria, respecto a la concurrencia de los presupuestos objetivos del tipo penal reprochado a Juan Pablo Quiroga, en rigor, del elemento normativo "estupefaciente". En consecuencia, esta insuficiencia probatoria me lleva a un estado de duda insuperable que, atendiendo la manda del art. 1 del Código Procesal Penal, debe resolverse a favor del acusado (arts. 18, Const. nac.; 14.5, PIDCP; 8.2, CADH; y 209, 210 y 233, CPP).
Finalmente, estimo pertinente alertar a los miembros del Ministerio Público Fiscal que resulta imprescindible, conforme se expusiera en párrafos anteriores, contar con la pericia química que corrobore, con el rigor científico necesario, el hallazgo de "estupefaciente". No se trata de una imposibilidad de escoger el sistema de juicio abreviado en ésta modalidad ilícita, si no que, o bien se trabaja sobre una suerte de estipulación probatoria, donde la defensa acuerde no discutir sobre el carácter de estupefaciente de la sustancia que indiciariamente ha sido constatada como tal; o, en su caso, resultaría conveniente el aguardo del resultado de la pericia química que, como se ha visto en los últimos tiempos, cuenta con importantes demoras en su producción.
La vigencia del estado de derecho no puede desentenderse de los deberes mínimos de corroboración que exigen los extremos del veredicto so riesgo de incurrir en una práctica consensual que desvirtúe el ejercicio de la acción penal, en perjuicio de los derechos individuales.
Sentado ello, es que propongo al Acuerdo: 1) Hacer lugar, sin costas, al recurso de casación deducido; 2) Casar la sentencia impugnada; y 3) Absolver a Juan Pablo Quiroga respecto del delito por el que fue condenado por el Tribunal en lo Criminal nº 1 del Departamento Judicial Necochea (arts. 18, Const. nac.; 14.5, PIDCP; 8.2, CADH; 1, 209, 210, 233, 448, 451, 459, 460, 530 y 531, CPP). VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, a lo expresado por el doctor Carral y a esta cuestión VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Que de conformidad al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente, corresponde hacer lugar, sin costas, al recurso de casación deducido; casar la sentencia impugnada; absolver a Juan Pablo Quiroga respecto del delito por el que fue condenado por el Tribunal en lo Criminal nº 1 del Departamento Judicial Necochea; y ordenar la libertad del encausado en esta causa, la cual deberá ser instrumentada por el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Necochea, previa certificación de la eventual existencia de otras medidas restrictivas de la libertad respecto del nombrado (arts. 18, Const. nac.; 14.5, PIDCP; y 8.2, CADH; 1, 209, 210, 233, 448, 451, 459, 460, 463, 530 y 531, CPP). ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Voto en igual sentido que el doctor Carral, por sus fundamentos.
Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente:
I. HACER LUGAR , sin costas, al recurso de casación deducido.
II. CASAR la sentencia impugnada y ABSOLVER a Juan Pablo Quiroga respecto del delito por el que fue condenado por el Tribunal en lo Criminal nº 1 del Departamento Judicial Necochea.
III. ORDENAR la libertad del encausado en esta causa, la cual deberá ser INSTRUMENTADA por el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Necochea, previa certificación de la eventual existencia de otras medidas restrictivas de la libertad respecto del nombrado.
Rigen los artículos 18 de la Constitución Nacional; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 1, 209, 210, 233, 448, 451, 459, 460, 463, 530 y 531 del Código Procesal.
Regístrese, notifíquese y remítase a la Mesa Única General de Entradas para su devolución a origen.
FIRMADO: RICARDO R. MAIDANA (JUEZ), DANIEL CARRAL (JUEZ)
ANTE MI: JORGR ANDRES ALVAREZ (SECRETARIO)
Fin de la sentencia