Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 97344
"Registrado bajo el Nro. 1273 Año 2019"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. R.C. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 26 de diciembre de 2019, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 97344 caratulada “RUVITUSO OMAR LUIS S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA.
I. La Sala IV de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Plata (en el marco del legajo N°30180 de su registro interno IPP 43568-16) revocó el auto dictado por el Juzgado de Garantías N°3 local, en cuanto declaró la extinción de la acción penal por prescripción en la presente causa, seguida a Omar Luís Ruvituso en orden al delito de abuso sexual con acceso carnal (fs. 19/30 del presente legajo casatorio).
II. Contra lo decidido, el defensor oficial dedujo recurso de casación (fs. 33/37 cit.).
En su presentación el recurrente denuncia que el temperamento adoptado por los jueces de la instancia anterior agravia a esa parte, pues la resolución en crisis -que revocó un fallo que ponía fin a la vigencia de la acción-, permite la continuidad de la persecución penal contra su asistido por un hecho que se habría cometido entre 18 y 25 años atrás.
Refiere que el juez de garantías interviniente declaró la extinción de la acción penal por prescripción de la presente causa, teniendo en consideración la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto sostiene que la prescripción es un instituto de naturaleza penal, por lo que descarta la aplicación retroactiva de las leyes 26705 y 27206 que reformaron los artículos 63 y 67 del CP, respectivamente.
En ese orden, argumenta que no encontrándose las leyes mencionadas vigentes a la fecha en la que se habrían suscitado los hechos denunciados, corresponde descartar su aplicación porque colocaría al imputado en una situación más gravosa (art. 2 CP).
Por otro lado, sostiene que los argumentos utilizados por la Cámara departamental para fundar el temperamento atacado tuvieron origen en la valoración forzada que de los preceptos contenidos en la Convención de los derechos del Niño y en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, llevó a cabo el a quo .
En ese sentido concluye que no existen normas de jerarquía superior al Código Penal que expresamente asignen a este tipo de delitos (abuso sexual con acceso carnal) el carácter de imprescriptibles; y que los abusos sexuales no son equiparables a los crímenes de guerra, la tortura o los delitos de lesa humanidad.
En suma, considera que corresponde mantener la decisión adoptada por el juez garante interviniente.
Hizo reserva de caso federal.
III. Asignado por sorteo de Presidencia el recurso a la Sala I, se notificó a las partes técnicas (fs. 45/vta. y ss. cit.) y la incidencia ingresó a esta Sede el 14 de agosto de 2019.
Encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez doctor Carral dijo:
I. Preliminarmente corresponde destacar que el supuesto bajo examen es admisible en esta instancia, pues la defensa embate contra una resolución de Cámara que le ha sido adversa por haber revocado una anterior favorable al imputado.
Siendo así, la cobertura convencional que asegura la revisión de lo decidido por un órgano superior impone la obligación de su tratamiento.
II. Como antecedente del conflicto a resolver es importante destacar que los hechos objeto de persecución penal, tal como han sido delimitados temporalmente, son anteriores a la vigencia de las leyes 26705 y 27206 que reformaran el régimen de prescripción de la acción para la modalidad de ilícitos como los enrostrados, reformulando sus presupuestos de inicio cuando se trate de víctimas menores de edad. Este extremo no ha sido controvertido a lo largo del proceso, como al parecer tampoco se destaca circunstancia alguna que por fuera de la discusión señalada deba ser estimada en orden a la interrupción del plazo de extinción y los argumentos que fueron sopesados por los colegas de la instancia anterior para declarar procedentes los recursos de los acusadores transitan por otro andarivel, tal como puede verse de los antecedentes en los que se señalan los agravios que la defensa denunciara al momento de interponer la impugnación ante esta sede.
En segundo lugar, debo precisar que la discusión ingresa de lleno en el ámbito de la cobertura del principio constitucional de legalidad, garantizado en orden a la vigencia de la ley penal, salvo las excepciones referentes a leyes temporales o excepcionales, desde nuestro Bloque Constitucional Federal, arts.9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 11.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El eje de discusión que incluye al principio aplicación de la ley más benigna y que encontrara cobertura de orden constitucional recién a partir de la reforma de nuestra Carta Fundamental en 1994, encuentra regulación en la norma de derecho común del art.2 del código penal.
El ámbito de validez temporal de la ley sustantiva, cuya irretroactividad rige como regla, excepciona el caso de la aplicación al supuesto de una ley posterior más favorable al imputado, e incluye dentro de estos aspectos vinculados al principio de legalidad, también aquello que hace al instituto de la prescripción de la acción penal.
Esto no parece ser un aspecto controvertido en la doctrina judicial, mucho más si se tiene en cuenta que nuestro máximo intérprete constitucional así lo ha considerado expresamente en la causa “Miras” (Fallos: 287:76), al señalar: “ Es jurisprudencia de la Corte que esa garantía comprende la exclusión de disposiciones penales posteriores al hecho infractor -leyes “ex post facto”- que impliquen empeorar las condiciones de los encausados, según ha quedado establecido como una invariable doctrina (Fallos: 17:22; 31:82; 117:22, 48 y 222; 133:216; 140:34; 156:48; 160:114; 169:309; 184:531; 197:569; 254:116, consid. 19º ).
Ya en punto al eje de discusión que aquí nos convoca se ha sostenido desde el cimero Tribunal en el fallo citado: “ el instituto de la prescripción cabe sin duda alguna en el concepto de “ley penal”, desde que ésta comprende no sólo el precepto, la sanción, la noción de delito y la culpabilidad, sino todo el complejo de las disposiciones ordenadas del régimen de extinción de la pretensión punitiva” (una profundización de esta noción puede verse en el fallo Arancibia Clavel, Fallos: 327:3312).
III. El instituto de la prescripción penal, ha sido visto en general como una autolimitación al ejercicio del poder punitivo del Estado, al mismo tiempo que un parámetro de adecuada orientación para asegurar la vigencia del derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
Bien se ha señalado desde la doctrina más calificada que el principio de sujeción a la ley como garantía de objetividad importa que: “El comportamiento punible y la medida de la pena no se deben determinar bajo la impresión de hechos ocurridos, pero aún por juzgar, ni como medio contra autores ya conocidos, sino por anticipado y con validez general, precisamente mediante una ley determinada, dictada con anterioridad al hecho(…) Especialmente, también la prescripción ha de estar legalmente determinada y no cabe prorrogarla retroactivamente, tanto si antes del acto de prórroga ha expirado el plazo como si no(…)lo determinante es que el Estado, al prorrogar el plazo de prescripción(…)amplía su competencia para punir…” (cfr.Jakobs, “Der. Penal – Parte General”, 2da. Edic., pág. 82-83, Ed. Marcial Pons, Madrid, 1997).
Sin embargo, hay voces –no obstante minoritarias en el universo de decisiones jurisdiccionales- que se han inclinado en el sentido que en este proceso se ha propiciado desde las acusaciones tanto estatales como particulares.
Para ello, la resolución de los colegas de la instancia anterior acude a la argumentación mediante la cual se pretende que la sanción de la ley 23849, por la cual se aprueba la “Convención sobre los Derechos del Niño” (B.O. 22-11-1990), luego incorporada con jerarquía constitucional tras la reforma de 1994, recoge el fin primordial por el que los estados suscribientes se obligan a privilegiar “el interés superior del niño” como principios “jurídicos fundamentales”, la decisión de la alzada departamental concluye que ya se encontraban vigentes tanto al momento de operar las reformas nacionales de las leyes 26705 y 27206, como al momento de acaecimiento de los hechos cuya pesquisa aquí se pretende. Para validar esta posición se apoyan en un pronunciamiento de nuestros colegas de la Casación Federal, voto del doctor Hornos, que allí transcriben.
Si se repara en los argumentos principales, puede verse que hacen pie en la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ciertamente ha ampliado criterios de “imprescriptibilidad” a graves violaciones de derechos humanos, situación que impone –desde la mirada de la Corte IDH- acudir a esto como único recurso para la persecución de delitos de gravedad extrema cometidos por regímenes políticos en forma masiva y sistemática.
La argumentación de la resolución en crisis como la jurisprudencia en la que se apoya, omite considerar el alcance y presupuestos a los que se ha referido la Corte IDH para excepcionar las garantías que provee la Convención.
No se trata aquí de poner en discusión la existencia de un reconocimiento en el derecho convencional a especiales prerrogativas para víctimas vulnerables, sino de efectuar una correcta intelección de los compromisos estatales y discernir si tienen el alcance para excepcionar una cobertura constitucional garantizada.
Las condiciones de vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no contemplan la aplicación de la excepcional regla de imprescriptibilidad para delitos ordinarios, sino que establece una serie de presupuestos que suelen concentrarse en: (i) deben tratarse de delitos graves o muy graves violaciones a los derechos humanos; (ii) en ambos casos se trata de muy graves violaciones a los derechos humanos en los términos del Derecho Internacional; para que operando de manera conjunta puedan tener entidad para obturar la aplicación de la regla de prescripción de la acción penal.
Es por ello que la Corte IDH al expedirse en el caso “Albán Cornejo y otros vs. Ecuador” (22/11/07), señaló expresamente que no operaba la exclusión de prescripción “…porque no se satisfacen los supuestos de imprescriptibilidad reconocidos en instrumentos internacionales” (párrafo 111).
Para un minucioso seguimiento de la evolución de la jurisprudencia de la Corte IDH, el voto del doctor Daniel Carubia, en la sentencia del Tribunal Superior de Entre Ríos resulta esclarecedor(“Ilarraz, Justo José s/Promoción a la corrupción agravada - Incid. de extinción por prescripción- s/ Impugnación Extraordinaria).
Allí se señala la reafirmación de este criterio, en tiempos recientes, a partir de consideraciones donde la Corte IDH aborda de manera expresa la cuestión.
En el caso “ V élez Restrepo y familiares vs. Colombia ” (3/9/12), la Corte IDH sostuvo: “El Tribunal reitera que toda violación a los derechos humanos supone una cierta gravedad por su propia naturaleza, porque implica el incumplimiento de determinados deberes de respeto y garantía de los derechos y libertades a cargo del Estado a favor de las personas. Sin embargo, ello no debe confundirse con lo que el Tribunal a lo largo de su jurisprudencia ha considerado como “violaciones graves a los derechos humanos”, las cuales, tienen una connotación y consecuencias propias. Asimismo, este Tribunal ha indicado que resulta incorrecto pretender que en todo caso sometido a la Corte, por tratarse de violaciones de derechos humanos, no procedería aplicar la prescripción . La Corte ya ha señalado que la prescripción en materia penal determina la extinción de la pretensión punitiva por el transcurso del tiempo y que, generalmente, limita el poder punitivo del Estado para perseguir la conducta ilícita y sancionar a sus autores. De acuerdo con la jurisprudencia constante y uniforme del Tribunal, en ciertas circunstancias el Derecho Internacional considera inadmisible e inaplicable la prescripción, a fin de mantener vigente en el tiempo el poder punitivo del Estado sobre conductas cuya gravedad hace necesaria su represión para evitar que vuelvan a ser cometidas, tales como la desaparición forzada de personas, la ejecución extrajudicial y tortura . La Corte considera que en el presente caso no se presentan los supuestos necesarios para aplicar alguna de las excepciones a la aplicación de la prescripción que alega la Comisión. En vista de todo lo anterior, teniendo en cuenta su jurisprudencia constante, la Corte estima que no es posible determinar la improcedencia de la prescripción penal a los hechos de la agresión del 29 de agosto de 1996 (supra párrs. 80 a 82) y las amenazas y hostigamientos de 1996 y 1997 (supra párrs. 85 a 93)” (cftr.: fallo cit., párrs. 281 a 284; el destacado es del voto del doctor Carubia en la sentencia citada del Tribunal Superior de Entre Ríos).
El criterio diferenciador que ya se veía claro desde el reconocido precedente de “Barrios Altos vs. Perú” (14/3/2001), fue nuevamente ratificado en la sentencia “Suarez Peralta vs. Ecuador” (21/05/2013, párrafo 176).
IV. De lo reseñado en tópicos anteriores es posible corroborar cuál es el extremo de interpretación que se impone para delimitar en qué casos, ciertamente desde la doctrina de la Corte IDH, se ha habilitado excepcionar el principio de legalidad.
Desde ese prisma de análisis, esto se da cuando hay una responsabilidad del Estado a partir de la conducta de alguno de sus agentes que impliquen graves violaciones a los derechos humanos. La nómina de estas graves violaciones también resulta acotada y puede deducirse de las menciones que en los fallos precedentemente reseñados son identificados desde la Corte IDH. (vgr. desaparición forzada de personas, ejecución extrajudicial, tortura, Corte IDH, caso “Vera Vera y otra vs. Ecuador” stcia de fondo, 19/05/2011, párrafo 117).
En las consideraciones de la resolución en crisis no se aprecia ninguna invocación a la responsabilidad de agentes estatales en los hechos objeto de denuncia.
En tanto, la referencia que se señala desde el primer voto en cuanto a que un criterio divergente del que allí se propone implicaría contrariar las obligaciones asumidas por el Estado Argentino (cfr. Fs 21), en mi parecer, incurre en arbitrariedad dado que no logra explicar más allá de invocaciones generales, las razones que validarían excepcionar la garantía que deriva del principio constitucional de legalidad.
En este sentido, la mera invocación de las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, no resulta suficiente para neutralizar o, en cualquier caso, mitigar la vigencia de iguales reglas de protección a las que también el estado argentino se ha obligado a observar.
En otros términos, la resolución bajo examen no explica adecuadamente las razones por las que una investigación penal respecto de delitos cuyos presupuestos, que no encuadran en “las graves violaciones de derechos humanos” (en términos de la doctrina de la CIDH), se encuentran exentas de la regulación normativa que cita la sentencia de origen, presentando la sola mención de las reglas de la Convención sobre los Derechos del Niño como algo evidente para perseguir penalmente delitos comunes con aplicación retroactiva de las leyes que impiden la extinción de la acción o en su caso, sin que esta potestad persecutoria pueda ser limitada por las reglas de la prescripción como reglamentarias del principio de legalidad.
Finalmente, entiendo que no sobra citar algunas referencias de la gran cantidad de precedentes de tribunales superiores que se han expedido en el sentido aquí propuesto. No pretendo con esto acudir a un argumento de autoridad, pero al menos señalar un criterio orientador que al parecer, y hasta el presente, domina la doctrina judicial vigente.
El voto de la doctora Magdalena Laiño, colega de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correcional, al decidir una cuestión análoga, cita allí el criterio pacífico de interpretación que involucra a las Salas de aquel órgano de alzada. Así se refiere (Sala I causa nº 32619/2007 “T., C. J.” rta. el 10/12/2007; Sala IV causa nº 23744/2011 “S. A., J. H.”, rta. el 09/04/2013; Sala V causa nº 191/2012 “A.J” rta. el 15/09/2014; causa nº 12490/2015 “B., J. M.” rta. el 12/08/2016 y causa nº 6194/2016 “M.R.A.” rta. el 17/03/2017; Sala VI causa nº 18765/2017 “R. M., E. A.” rta. el 14/09/2017 –voto de la mayoría- y causa nº 40677/2017 “M., P.” rta. el 25/10/2018; Sala VII causa nº 37295/2014 “M., P. S.” rta. 29/03/2016 y causa nº 38644/2015 “F., N.” rta. el 30/09/2016, entre otros).
En el mismo sentido se han pronunciado también nuestros colegas de la Casación Nacional en lo Criminal y Correcional. (Causa n° 1129/17, Sala I, jueces Bruzzone, García y Garrigós de Rébori, rta. 8.11.17;causa 40677/2017/, rta. 1-2-2019, jueces Morín, Dias y Sarrabayrouse; Causa 38644/2015, reg. n° 1643/2018, rta. 18-12-2018, entre muchas otras).
Para concluir, ya por fuera de los límites del recurso, he de señalar que no se me escapan las características y ribetes que rodearon los hechos denunciados, así como las consecuencias personales y limitaciones que pudo haber enfrentado la víctima, es por ello que entiendo que, sin que esto implique emitir opinión, puede resultar necesario que se evalúen si las circunstancias de los sucesos bajo examen son en algún punto asimilables a los antecedentes donde nuestra Corte Federal, siguiendo en esto el dictamen de la Procuración General, sostuvo la prescripción de la acción penal pero al mismo tiempo señaló que no se podía desatender la obligación del Estado de “asegurar el derecho a conocer la verdad de los hechos”. (CSJN, “Funes”, causa F.294. XLVII, rta. 14-10-2014), cauce que en su caso debería tramitar por acción independiente.
Sentado lo expuesto, propongo al Acuerdo: DECLARAR PROCEDENTE el recurso de casación deducido por la defensa Oficial, sin costas; CASAR el temperamento adoptado por la Sala IV de la C
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