Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 96288
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar , con costas, el recurso de casación deducido.
Rigen los artículos arts. 8.2h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; arts. 18, 24, 75 inc.12, 118 de la Constitución Nacional; y artículos 106, 450, 464, 530 y 531 del Código Procesal.
"Registrado bajo el Nro. 814 Año 2019"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. R.C. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 13 de agosto de 2019, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 96288 caratulada “GUILLERMAZ SEBASTIAN S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA.
I. La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Martín (en el marco de la causa n° 27079 de su registro / IPP 29215-17), con fecha 13 de diciembre del año 2018, resolvió revocar -por mayoría- el decisorio del juez del Tribunal en lo Criminal N°6 de dicha jurisdicción, y decidió que debe continuar interviniendo dicho tribunal en el marco de la presente causa, con los alcances previstos en el art. 22 del CPP (fs. 6/11 del presente legajo).
II. Contra ese pronunciamiento, la defensora oficial Dra. María Luba Lazarczuc, dedujo recurso de casación (fs. 14/18 vta. cit.).
Indica que la resolución atacada entraña un supuesto de gravedad institucional, que afecta la garantía constitucional del juez natural y, en consecuencia, el debido proceso legal regulado en el art. 18 CN, ante la imposibilidad de conformar el tribunal con jurados populares, tal como había sido solicitado de inicio por la fiscalía -quien luego peticionó la nulidad de lo actuado invocando su propia torpeza-, temperamento que fue receptado por el Tribunal a quo y revocado luego por la Cámara, pero con los alcances previstos por el art. 22 del CPP.
Solicita que se anule el temperamento adoptado y se ordene la continuación del trámite en juicio conformado por jurados.
III. Adjudicado por sorteo de Presidencia el recurso a la Sala I, se notificó a las partes técnicas (fs. 27 vta. cit.).
Luego, recepcionado en la Sala con fecha 22/4/2019, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, decidiendo plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso deducido?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Si bien no advierto que el caso traído a estudio encuadre en alguno de los supuestos previstos en el art. 450 del CPP, en tanto, en la especie, la decisión que se cuestiona -que rechazó el pedido de integración por jurado en estos actuados- no resulta equiparable a sentencia definitiva a los fines de su admisibilidad en la instancia casatoria, dado que no pone fin a la causa ni impide su continuación, es mi parecer que el recurso ha sido correctamente concedido desde que se encuentran en juego cuestiones de naturaleza federal, las que se sostienen desde la apoyatura que la defensa pretende como una correcta intelección de las normas constitucionales en juego.
Por lo demás, me permito aclarar que este Tribunal debe examinar si concurre en el caso alguna cuestión federal suficiente que imponga analizar los agravios planteados por la parte, a fin de facilitar el tránsito de la causa hacia su tribunal superior.
Ello por cuanto, en su actual composición, la Corte Federal retornó al tradicional principio del derecho constitucional argentino -cfr. Fallos 327:619, 327:3488, entre otros- según el cual ningún tribunal puede negarse a examinar aquellas cuestiones constitucionales que eventualmente podrían ser tratadas por el órgano a través del recurso extraordinario y, consecuentemente, no son válidas las restricciones procesales que impiden a las instancias anteriores cumplir esta obligación que surge del artículo 31 CN (Fallos 33:162, 308:490 y 311:2478, entre otros).
En ese contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en forma concordante, también afirmó que se debe dar respuesta a las eventuales cuestiones federales que se susciten a fin de posibilitar el tránsito de la causa por las instancias superiores locales, extendiendo los supuestos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (Ac. 95.296, 4-XI-2006; 102.374, 28-IX-2011; 100.512, 31-X-2007; 101.795, 13-V-2009; 101.263, 17-VI-2009, entre muchos otros).
Sentado cuanto precede, entiendo que el planteo que nos trae con denodada sagacidad el ministerio de la defensa del Departamento Judicial de San Martín, no es un tema menor e interesa desde la perspectiva de las garantías con las que debe contar un imputado en la centralidad del debido proceso.
Inicialmente es preciso dejar en claro que, más allá de los errores materiales acontecidos durante la etapa intermedia y que han sido adecuadamente destacados por los colegas de la instancia anterior, la plataforma fáctica de imputación que deberá ser examinada en juicio se ajusta a una consecuencia punitiva que se encuentra por debajo de los quince años de prisión. En concreto, según se lee en las resoluciones que conforman los antecedentes, los hechos atribuidos se ajustan a las reglas previstas para el "abuso sexual simple en concurso real con abuso sexual con acceso carnal aprovechándose de la inmadurez de la víctima en razón de la mayoría de edad del autor agravado por haber sido cometido contra una menor de 16 años aprovechando la situación de convivencia preexistente con la misma -reiterado en al menos cuatro (4) oportunidades-”.
Se coincide entonces que las reglas en juego se encuentran definidas por los artículos 45, 55, 119 primer párrafo y 120 segundo párrafo, en función del artículo 119 cuarto párrafo inciso f) del Código Penal.
En este sentido, también se colige que la pena máxima prevista para los ilícitos en discusión, en su modalidad abstracta singular, conforme la pauta de interpretación de las reglas del art.22 de nuestro sistema de enjuiciamiento impone su juzgamiento bajo la competencia de un tribunal en lo criminal que incluye la modalidad de integración unipersonal o, en su caso, colegiada, dependiendo de la opción que pueda hacer valer oportunamente el acusado.
No puedo controvertir a la Defensa en cuanto a que el sistema de enjuiciamiento por jurados populares, a partir de su triple invocación en nuestro texto fundacional, está concebido como una institución sustancial que integra también el debido proceso legal; del mismo modo también se presenta como una "garantía" pero aquí debe repararse que esta prerrogativa tiene una doble faz que ha sido caracterizada en el reciente pronunciamiento de nuestra Corte Federal en el caso "Canales", oportunidad en el que el voto concurrente del juez Rosatti sostuvo: "El juicio por jurados no debe ser entendido solo como un derecho individual del imputado, y por ende renunciable, sino que debe ser concebido como un modelo institucional de administración de justicia que expresa la participación del pueblo en la administración de justicia penal. Dicho de otro modo: en nuestro sistema constitucional el juicio por jurados supone no solo -o no tanto- el derecho de una persona a ser juzgada por sus pares sino -fundamentalmente- el derecho del pueblo a juzgar" (considerando 9).
En oportunidad de pronunciarme en el precedente “Ruppel” (causa N°81504, Sala I, rta. 11-07-2017), brindé mi parecer tanto sobre los antecedentes históricos que moldearon la inserción de la institución de jurados en nuestro sistema constitucional como las consecuencias derivadas de ello en cuanto, desde nuestra carta fundacional, se impone un sistema de jurados al estilo clásico inspirado en el constitucionalismo de los Estados Unidos de Norteamérica, en gran parte consolidado en nuestra ley provincial, aún cuando persiste la aspiración de una mayor profundización sobre la base de aquellos pilares fundamentales.
Insisto en que no hay vuelta atrás en la consolidación del sistema de participación popular en la administración de justicia y esto, claro está, no significa que llegamos ya a la completa e integral implementación de la participación popular en el servicio de justicia, sin dudas, es un camino que recién empezamos a recorrer e irá consolidándose al adquirir ya notas propias de nuestra cultura judicial, pero sin abandonar aquellas viejas directrices que les dieron sentido a las mandas de nuestro texto fundacional.
En el fallo de la Corte Federal que párrafos arriba se mencionara, se ha efectuado una exégesis de las reglas de nuestra carta magna, particularmente desde su proceso histórico, que explican el alcance de las autonomías provinciales, lo que solemos denominar como “facultades reservadas”, recordando una vez más el principio fundamental de que las provincias conservan su autonomía en todo lo relativo a los poderes no delegados a la Nación (art.104 de la Constitución Nacional - cfr. Considerandos 10 y 11).
En el precedente de cita nuestra Corte Federal no tuvo dudas en cuanto a las facultades de una provincia (en este caso Neuquén) para dictar una regulación procesal a través de la cual se implemente un sistema de jurados populares para un determinado grupo de casos establecidos, por esas mismas reglas, bajo condiciones previas y objetivas.
Desde esta perspectiva ya no hay dudas de que nuestra provincia tiene facultades constitucionales reservadas para legislar respecto del sistema de enjuiciamiento por jurados y, en este sentido, en lo que atañe exclusivamente al conflicto aquí planteado, vale decir si la regla por la que nuestra legislación local ha delimitado a los “juicios criminales” que se terminarán por jurados (art118 Constitución Nacional) a través de la regla del art.22 bis (texto según ley 14543, que los limita a aquellos "...delitos cuya pena máxima en abstracto exceda de quince años de prisión o reclusión, o tratándose de un concurso de delitos, alguno de ellos supere dicho monto” , puede ser tachada en definitiva de inconstitucional como lo pretende la defensa, no pareciera ser una opción atendible, pues más allá de que hubiera sido preferible una iniciativa más amplia o directamente el establecimiento de un sistema progresivo de inclusión de mayor cantidad de infracciones de la parte especial, no significa que así configurado, bajo facultades constitucionales, ostente una abrumadora contrariedad al debido proceso.
Es cierto, como señala Nicolás Schiavo, en su comentario a la regla del art.22 bis que “...los procesos graduales han demostrado dificultades en la extensión completa del derecho, o del mismo sistema, dejando relegado el instituto a una especie extraña y disfuncional del conjunto del sistema” ( Código Procesal Penal , Editorial Hammurabi, Tomo I, pág.204); y buena muestra de ello, amén de razones histórico-políticas, ha sido la demora en poner en marcha el sistema de jurados.
No obstante, entiendo necesario separar lo aspiracional en la progresiva consolidación del sistema que, como anhelo, ni siquiera está acotado al proceso penal; de lo que significa institucionalmente la tacha de inconstitucionalidad, en el entendimiento que, como resulta consabido, configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado la última razón del orden jurídico, y que sólo es posible recurrir a tal remedio extremo cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho constitucional que se invoca.
La delimitación trazada hasta el presente por la legislatura local, en un proceso que sólo lleva pocos años, no aparece como descabellada cuanto más cuando guarda correlación con otros supuestos de gravedad sobre los que también ha dispuesto límites objetivos (vgr., necesidad de juzgamiento por tribunal colegiado, impedimento de juicio abreviado) y bien pueden enmarcarse en las razones de oportunidad, mérito y conveniencia que le son propias como facultades no delegadas.
Estas son las razones que me llevan a concluir que los motivos de agravio invocados por una esmerada defensa no progresan al no haber demostrado la corroboración de una conculcación de orden constitucional, debiendo procederse, en consecuencia, según los postulados del art.22 del digesto de forma.
En función de lo dicho, es que propondré al Acuerdo: rechazar, con costas, el recurso de casación deducido (arts. 8.2h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18, 24, 75 inc.12, 118 de la Constitución Nacional; y 106, 450, 464, 530 y 531 del Código Procesal Penal).
VOTO POR LA NEGATIVA. Así lo voto.
A la primera cuestión, el señor juez doctor Maidana dijo:
Adhiero a lo expresado por el doctor Carral, en idéntico sentido y por los mismos fundamentos, y me pronuncio POR LA NEGATIVA. Así lo voto.
A la segunda cuestión, el señor juez doctor Carral, dijo:
En atención al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente corresponde rechazar, con costas, el recurso de casación deducido (arts. 8.2h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18, 24, 75 inc.12, 118 de la Constitución Nacional; y 106, 450, 464, 530 y 531 del Código Procesal Penal). Así lo voto .
A la segunda cuestión, el señor juez doctor Maidana dijo:
Voto en igual sentido que el doctor Carral, por sus fundamentos. Así lo voto.
Por lo que no siendo para más se dio por terminado el Acuerdo dictando el Tribunal la siguiente
RECHAZAR , con costas, el recurso de casación deducido.
Rigen los artículos arts. 8.2h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; arts. 18, 24, 75 inc.12, 118 de la Constitución Nacional; y artículos 106, 450, 464, 530 y 531 del Código Procesal.
Regístrese, notifíquese y remítase a la Mesa Única General de Entradas del Tribunal para su oportuna devolución a origen.
FIRMADO: RICARDO R. MAIDANA (JUEZ), DANIEL CARRAL (JUEZ)
ANTE MI: JORGE ANDRES ALVAREZ (SECRETARIO)
Fin de la sentencia