Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 96226
En la ciudad de La Plata a los 10 días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Carlos Ángel Natiello y Mario Eduardo Kohan, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N° 96.226 de este Tribunal, caratulada: "S.,E.I s/ Recurso de Casación" . Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: KOHAN -NATIELLO procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. Llega el presente legajo a consideración del Tribunal como consecuencia del recurso de Casación deducido por la Defensora Oficial del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial San Martín, Dra. María Lucrecia Sammartino, en favor de E.I.S., contra la resolución de la Sala Tercera de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de la citada departamental, que confirmó el auto del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil que estableció la caducidad registral de la pena impuesta ordenándose además las comunicaciones de ley respecto a la sentencia condenatoria recaída sobre I. E.S.,
Alega que dicha decisión es equiparable a sentencia definitiva pues reviste tal carácter por ocasionar un perjuicio de imposible reparación ulterior, dado que importa la restricción de diversos derechos tutelados en la Convención de los Derechos del Niño (arts. 3, 4 y 40 de la Convención de los Derechos del Niño).
Afirma que en el caso en estudio se configura una cuestión federal suficiente que amerita la intervención de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires.
Arguye que las comunicaciones previstas por la normativa de fondo (art. 2 de la ley 22.117) son improcedentes en causas del proceso penal juvenil en las cuales el único registro posible es el del Registro de Procesos del Niño.
Recuerda que los estándares internacionales en materia de niñez imponen que la ley penal se aplique a los niños de modo diferenciado respecto de los adultos en igual situación, al ser titulares de derechos y garantías especiales que se derI. de su condición.
Manifiesta que las consecuencias de la protección de la privacidad son, la protección de la identidad durante el proceso, la limitación de la publicidad del juicio y límites al uso de antecedentes y/o registros juveniles.
Expresa que dichas medidas tienen su base en el principio de no estigmatización que rige al proceso penal juvenil, donde los patrones convencionales aseguran la reserva y confidencialidad de los datos vinculados con los procesos que involucran a niños, niñas y adolescentes.
Indica que la Regla 8 de Beijing manda a evitar que la publicidad indebida o el proceso de difamación perjudiquen a los menores, es por eso, que no puede publicarse ninguna información que dé lugar a la individualización del menor delincuente.
Asimismo, menciona que la Regla 21 de Beijing dispone que los registros de menores delincuentes serán de carácter estrictamente confidencial y no podrán ser consultados por terceros, solo tendrán acceso las personas que participen directamente en la tramitación de un caso en curso.
Se agravia porque la Cámara resolvió convalidar las comunicaciones de los antecedentes juveniles, con base en que por un lado la ley 22.117, no contempla excepciones en relación al fuero minoril y, por otro, que la circunstancia de que exista la prohibición de informar es suficiente para proteger el interés del niño a la privacidad y la no estigmatización.
Sostiene que en el caso de autos existe una errónea aplicación de preceptos legales y un injustificado apartamiento de la jurisprudencia relativa al caso. Cita jurisprudencia de la C.S.J.N. y de la Suprema Corte Provincial.
Concluye que el Tribunal no ha fundado su apartamiento de la doctrina legal.
Hace reserva del caso federal (art. 14 de la ley 48).
II. Concedido y elevado el recurso por el “a quo”, fue radicado por sorteo en esta Sala (ver fs. 11/ 14 respectivamente) y notificadas las partes. En dicha oportunidad, el Sr. Defensor Adjunto ante esta sede, Dra. Nicolás Blanco se expide por la procedencia del mismo (ver fs. 15 del presente legajo).
III. Hallándose en estado de dictar sentencia, los Señores Jueces decidieron plantear y votar las siguientes:
1ra.) ¿Es admisible el recurso de casación articulado?
2da.) ¿Es procedente?
3ero.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
En el caso, la decisión atacada, esto es, la de la Sala III de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Martín, que confirmó el auto de la instancia que estableció la caducidad registral de la pena impuesta a E.I.S., librándose oficios al Registro Nacional de Reincidencia, no encuadra en ninguno de los autos recurribles a tenor del art. 450 del C.P.P..-
Sin perjuicio de ello, advierto que en el sub lite, se verifica una cuestión federal lo que permite sortear el valladar apuntado logrando la apertura excepcional de esta instancia, conforme explicaré al tratar la segunda cuestión.
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto del Dr. Kohan, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Adelanto que propiciaré la confirmación parcial del resolutorio en crisis.
De la lectura del presente legajo surge que con fecha 02 de agosto de 2.018 la Sala Tercera de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Martín resolvió confirmar el auto del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil en el que se estableció la caducidad registral, ordenándose además las comunicaciones de ley al Registro Nacional de Reincidencia respecto a la sentencia condenatoria recaída sobre I. E.S..
A la vista de los agravios introducidos por la defensa en su libelo recursivo, considero que resulta menester analizar la cuestión relativa a la registración de los antecedentes del menor S. conforme las previsiones de la ley 22.117.
No comparto la invocación que hace el recurrente de las disposiciones de la ley 25.326, estimando que efectúa una errónea interpretación de sus preceptos, lo que lo conduce a sostener en forma equivocada que existe una violación al derecho a la intimidad que la misma protege.
En efecto, la intelección que estimo adecuada de la norma parte del análisis del art. 1° de la citada ley que establece que su objeto es: "la protección integral de los datos personales (...) para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas..." . Sus disposiciones no han sido ideadas para proteger los datos en sí mismos, sino a su fundamento, que es la protección de una parte sustancial del derecho a la intimidad (confr.: Ekmekdjian, Miguel Ángel -Pizzolo Calogero (h.) "Hábeas data. El derecho a la intimidad frente a la revolución informática" . Editorial Depalma, Buenos Aires, 1998, p.5).
La intimidad es el derecho de las personas a que los demás no tengan información sobre hechos que no quieren que sean ampliamente conocidos (Nino, Carlos S.: “Fundamentos de derecho constitucional” , Editorial Astrea, Buenos Aires, 2002, p. 327 y 328). Este derecho, que se extiende a todo aspecto de la vida de una persona (rasgos de su cuerpo, pensamientos, emociones, circunstancias vividas, etc.), en nada se ve afectado por la existencia de un archivo que contenga los antecedentes penales de un individuo.
Ahora bien, a contrario de lo que sostiene el impugnante, considero que la información relativa a los antecedentes penales no constituye un “dato sensible”, con los alcances que le brinda a dicho término el artículo 2 de la ley 25.326, pues ese concepto se refiere a informaciones personales que revelan un origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical o información referente a la salud o a la vida sexual .
Es decir, que el informe de antecedentes penales no contiene en sí mismo ninguna información sobre circunstancias de la vida privada que puedan estar amparadas por el derecho a la intimidad y su utilización por tanto, no constituye un acto discriminatorio ni se encuentra alcanzado por la previsión antes analizada.
Por su parte, el art. 7 de la ley 25.326 postula que “los datos relativos a antecedentes penales o contravencionales sólo pueden ser objeto de tratamiento por parte de las autoridades públicas competentes, en el marco de las leyes y reglamentaciones respectivas” lo que va de la mano, por otro lado, con lo legislado en el art. 23 de la ley en trato que el cual, en sintonía con las previsiones del art. 26, inciso h) de la ley 12.155, confiere a las fuerzas de seguridad pública la posibilidad de manejar datos personales sin consentimiento de los afectados cuando resulta necesario para el estricto cumplimiento de las funciones legalmente asignadas para la represión de los delitos (inciso 2), registros que pueden mantenerse vigentes mientras resulten "necesarios" para los fines que se tuvieron en miras al momento de ser almacenados (inciso 3). Y aquí conviene recordar, en sintonía con la normativa antes citada, que es función de las fuerzas de seguridad, conforme lo norma el art. 293 del C.P.P., individualizar a los culpables de los delitos y reunir pruebas que den sustento a la acusación.
Por lo tanto, el planteo del recurrente, carece de apoyatura legal frente a las disposiciones de la ley 25.326.
Sin perjuicio de ello, entiendo que resulta menester efectuar algunos reparos a la vista de la sensible temática en trato como lo es el que el individuo sujeto a proceso es un menor imputable.
Pero antes de establecer las salvedades que creo que aplican al caso, me permito formular ciertas disquisiciones que resultan pertinentes para tener cabal dimensión de lo que es el cuadro situacional a decidir. Primero y principal, media una circunstancia elemental, cual es que el individuo que resultó condenado, es mayor de edad y fue juzgado por un delito cometido como menor, ya siendo adulto. En otras palabras, el presupuesto fáctico del sistema de la justicia penal juvenil -sobre el que reposa el argumento principal defensista- ha desaparecido, dado que el condenado ya no es más un menor de edad, sino un adulto, pasando de la infancia a la adultez con todas las consecuencias que ello implica. Ergo, resulta un contrasentido reclamar para un adulto la aplicación de preceptos que están reservados a los menores de edad, tales como en lo que respecta a los fines de la pena.
Cabe recordar que la C.I.D.N. establece los principios fundamentales para el sistema penal de menores en los artículos 37 y 40 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN). Ello cierra algunas de las objeciones de corte “estigmatizante” como pretende introducirlas la recurrente.
Si bien varios de los postulados allí establecidos son coincidentes con las características que revisten el proceso penal de mayores, la diferenciación se da a partir del punto 4 del mismo artículo, el cual proclama que “... Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción... ”.
Asimismo, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores establecen varias pautas, que permiten determinar cuáles son los fines del proceso penal seguido a personas que aún no han alcanzado la mayoría de edad.
Así, los arts. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 del nombrado cuerpo normativo establecen pautas integradoras y educativas a los fines de lograr una comunión entre los intereses de la sociedad y la integración de los jóvenes en dicho ámbito.
Por su parte, el art. 5 de las mismas reglas establece los objetivos de la justicia minoril, determinando que "... El sistema de justicia de menores hará hincapié en el bienestar de éstos y garantizará que cualquier respuesta a los menores delincuentes será en todo momento proporcionada a las circunstancias del delincuente. ..".
Además, el art. 17 establece los principios rectores de la sentencia y resolución, destacándose, la proporcionalidad de la respuesta jurisdiccional, ajustada a las circunstancias y necesidades del sujeto; la utilización de la privación de libertad como último recurso y el bienestar del menor como pilar fundamental frente a una medida privativa de libertad.
En parigual, la revisión de la pena de menores a la que se refieren los términos de los arts. 68 a 85 de la Ley nº 13.634, tiene que ver con las medidas de integración social previstas por la Ley nº 13.298, cuya finalidad radica en la resocialización y recuperación del joven, circunstancia que evidentemente no ha ocurrido, pues cometió otro delito. De otra parte, -como se adelantara- las finalidades invocadas no son muy distintas a las que se persiguen con la pena impuesta a los adultos, conforme los postulados del art. 1 de la ley 24.660.
La totalidad de estas cuestiones han devenido abstractas al momento de imponerse la pena desde que la persona ha alcanzado la mayoría de edad y el Juez especializado, luego de impartido el pertinente tratamiento, ha considerado necesaria la imposición de pena por aquél delito cometido durante la etapa de menor, con lo cual el tránsito por la justicia especializada no ha tenido el fruto deseado, siendo que esta evaluación es realizada una vez que el sujeto alcanza la adultez en términos legales.
La conjunción de todas estas circunstancias me lleva a propiciar la inscripción de los antecedentes penales en el Registro Nacional de Reincidencia, de cumplimiento con la ley 22.117. Pero hay más.
Estimo que las normas mencionadas por la defensa en su libelo recursivo no se ven conculcadas con el temperamento que propicio. No resulta aquí aplicable la invocación de la Regla 8 de Beijing desde que lo que la misma tutela es el derecho a la intimidad del menor, buscando evitar que los medios de comunicación difundan el nombre del mismo, originando así efectos adversos contra ese individuo, no está dirigido a los Registros de entidades oficiales.
Sí resultará puntal de la solución que propiciaré otra de los dispositivos invocados por la Defensa en su presentación, cual es la Regla 21 de Beijing. Está en su acápite 1) reza “ Los registros de menores delincuentes serán de carácter estrictamente confidencial y no podrán ser consultados por terceros. Sólo tendrán acceso a dichos archivos las personas que participen directamente en la tramitación de un caso en curso, así como otras personas debidamente autorizadas ” . El texto aludido implica necesariamente una armonización entre la necesidad de existencia de un Registro de antecedentes penales de menores y los intereses de los individuos menores de edad o de las acciones delictuales cometidos durante la misma. Y es la propia regla la que brinda la solución a esa tensión de incumbencias al establecer que debe estrecharse el número de sujetos que pueden operar y acceder al sistema.
Si bien el sujeto al recibir la condena es mayor, no puede perderse de vista que el hecho fue cometido es su minoridad, por lo tanto, estimo que, si merece algún tipo de reserva la información relacionada con ese evento delictuoso, lo debe ser en una forma tal, que preserve el proceso de reinserción en la vida adulta del joven, a fin de no verse afectado por una injerencia estatal indebida. Pero ello, debe encontrar un límite en la necesidad de contar con la información en cuestión por parte de los organismos estatales (judiciales y/o seguridad), a los efectos de cumplir con otras mandas legales y salvaguardar los fines de otros institutos.
Y aquí es donde estimo que debe resolverse la cuestión ventilada en el “sub lite” . Considero que la información de las condenas por delitos cometidos por menores debe comunicarse al Registro de Reincidencia Nacional, mas éste, debe informar los mismos solamente a autoridades judiciales y/o policiales que los requieran, pero no podrán ventilarlos a los particulares que los soliciten. Con ello quiero significar que esta información debe estar excluida de los informes requeridos en los supuestos previstos en el inciso f) del art. 8 de la ley 22.117.
No desconozco lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia en los fallos P 114.155 y P 114.312 pero respetuosamente considero que la interpretación que formulo resulta novedosa frente a la postura cimentada por el Superior. Además de ello, entiendo que no puede darse supremacía legal a los textos de la ley provincial 13.634 que supere a su par nacional 22.117 desde que la segunda, por el orden de prelación legislativa, debe imperar sobre la primera, la que debe entenderse como complementaria instalando un nuevo Registro que no suprime ni suplanta al nacional, sino que lo suma, llevando cuenta de los procesos por hechos delictuosos cometidos por personas menores de edad (art. 51).
En consecuencia, propongo al Acuerdo hacer lugar parcialmente al recurso deducido por la defensa, casar el pronunciamiento dictado por la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Martín de fecha 02 de agosto de 2.018, en cuanto confirmó el auto de la instancia que estableció la caducidad registral de la pena impuesta a E.I.S., librándose oficios al Registro Nacional de Reincidencia, al cual debe aditarse la prohibición de ser informado a particulares, limitando el suministro de esta información a las autoridades judiciales y/o policiales que las requieran.
Voto parcialmente por la afirmativa.
A la misma segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto del Dr. Kohan, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto parcialmente por la afirmativa.
A la tercera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Visto el modo en que han sido resueltas las cuestiones precedentes, corresponde: 1) Declarar admisible el recurso de Casación interpuesto por la Sra. Defensora Oficial del Departamento Judicial San Martín, Dra. María Lucrecia Sammartino, en favor de E.I.S., sin costas; 2) Hacer lugar parcialmente al recurso deducido por la defensa, casar el pronunciamiento dictado por la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Martín de fecha 02 de agosto de 2.018, en cuanto confirmó el auto de la instancia que estableció la caducidad registral de la pena impuesta a E.I.S., librándose oficios al Registro Nacional de Reincidencia, al cual debe aditarse la prohibición de ser informado a particulares, limitando el suministro de esta información a las autoridades judiciales y/o policiales que las requieran (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N., ley 12.155, 22.117, 25.326, arts. 450, 451, 460, 530, 531 y ccdtes. del C.P.P.) y 3) Tener presente la reserva del caso federal (art. 14 de la ley 48).
Así lo voto.
A la misma tercera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto del Dr. Kohan, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A sí lo voto. -
Con lo que se dio por terminado el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve :
I. Declarar admisible el recurso de Casación interpuesto por la Sra. Defensora Oficial del Departamento Judicial San Martín, Dra. María Lucrecia Sammartino, en favor de E.I.S., sin costas.
II. Hacer lugar parcialmente al recurso deducido por la defensa, casar el pronunciamiento
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.