Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 98485
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de Casación interpuesto por la señora Defensora Oficial del Departamento Judicial Lomas de Zamora, doctora Paula Rodríguez Herlein, en favor de Cristian Gabriel Gómez.
II. Rechazar el mismo por improcedente, sin costas por existir razón plausible para litigar.
Artículos 421, 448, 451, 454 inciso 1º, 456, 530 y 531 del Código Procesal Penal; 40, 41, 55 y 58 del Código Penal.
III. Tener presente la reserva del caso federal efectuada.
Artículo 14 ley 48.
En la ciudad de La Plata a los 26 días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Carlos Ángel Natiello y Mario Eduardo Kohan, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N° 98.485 de este Tribunal, caratulada: "GOMEZ, Cristian Gabriel s/recurso de Casación". Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: NATIELLO – KOHAN , procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. Llegan los autos a consideración de este Tribunal como consecuencia del recurso de Casación deducido por la señora Defensora Oficial del Departamento Judicial Lomas de Zamora, doctora Paula Rodríguez Herlein, contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal Nº 2 Departamental que, con fecha 17 de abril de 2019 condenó a Cristian Gabriel Gómez a la pena única de seis años y diez meses de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de la pena única de cinco años y seis mes de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de robo agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa y robo agravado por haberse cometido mediante el empleo de arma de utilería, en concurso material; y la pena de dos años de prisión de efectivo cumplimiento por resultar autor penalmente responsable del delito de robo calificado por su comisión mediante el empleo de arma cuya aptitud para el disparo no pueda tenerse por acreditada y por su comisión en poblado y en banda (cuatro hechos) concursando materialmente entre sí, impuesta por el Tribunal de Responsabilidad Penal N°1 Departamental -causa N°61.610/1-.
II. La defensa, como único motivo de agravio, denuncia inobservancia de los artículos 40 y 41 del Código Penal. Considera al respecto que no se han respetado las reglas de la proporcionalidad y las pautas de individualización de la pena y de la unificación (artículo 58 del C.P.) en relación a la imposición de pena a una persona que cometió uno de los hechos siendo menor de edad.
Peticiona casación. Hace reserva del caso federal (artículo 14 ley 48).
III. Concedido el recurso por el “a quo”, las partes fueron notificadas de la radicación de la causa por ante esta Sala.
Así, la señora Defensora Oficial ante esta sede, doctora Susana De Seta, mantuvo el recurso de origen (fs. 45/vta.).
A su turno, la señora Fiscal Adjunto ante este Tribunal, Dra. Alejandra Moretti, propició el rechazo del presente recurso por considerar que no se evidenciaba la violación legal denunciada (fs. 46/47vta.).
IV. Cumplidos los trámites de rigor y hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
1ra.) ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto?
2da.) ¿Es procedente el mismo?
3ra.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Entiendo que el recurso es admisible pues además de haberse deducido en tiempo y forma, se dirige a cuestionar una sentencia definitiva que, por su carácter condenatorio, genera agravio al imputado y su defensa (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; 1.1, 8 inc. 2 ap. "h", 25 de la C.A.D.H.; 14 inc. 5 del P.I.D.C.P.; 421, 448, 450, 451, 454 inc. 1º y ccdtes. del C.P.P.).
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión el señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Adhiero al voto del doctor Natiello, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
I. La queja defensista se centra en cuestionar el quantum punitivo fijado por el sentenciante, denunciando falta de motivación y errónea aplicación de los artículos 40 y 41 del Código Penal. Lo cierto es que, previo a ello debo hacer una mención respecto a la legalidad de la unificación de condenas entre el fuero minoril y el fuero ordinario.
Si bien mi postura tradicional ha sido por la imposibilidad de proceder a realizar una unificación de condenas entre ambos fueros, por considerar que una sentencia dictada en un proceso de menores no revistiría realmente la totalidad de las características de una sentencia condenatoria de materia penal a las que hace referencia la normativa del artículo 58 del Código Penal y por ende no tendrían igual entidad (causa N°74.253 entre muchas otras), lo cierto es que del fallo dictado por la Suprema Corte de Justicia Provincial en causa P. 129.890 de fecha 13 de marzo de 2019 se desprende que dicho Tribunal ha convalidado implícitamente el procedimiento de unificación de condenas entre el fuero Penal de Responsabilidad Penal Juvenil y otro del Fuero de mayores.
Lo allí resuelto, y en mérito a propiciar la uniformidad de la doctrina legal aplicable, me lleva a tener por bien unificadas las condenas registradas por el encausado de autos, desde que el condenado fue juzgado por un delito cometido como menor, ya siendo adulto; y por ello correspondería considerarlo como tal para la determinación del procedimiento a emplearse, destacando que Gómez era mayor al recibir ambas condenaciones, y dar así andamiaje al agravio introducido por la defensa.
II. Sentado ello, debo decir que la consideración de los factores para la determinación de la pena, incluyendo aquella resultante de la aplicación del procedimiento unificatorio previsto en el artículo 58 del Código Penal, es una facultad propia de los jueces de mérito, siendo necesario para la procedencia de la impugnación sobre dicha cuestión que el recurrente demuestre que en la decisión se encuentra presente un vicio o defecto en la determinación fáctica de las circunstancias valoradas para el juicio de mensura punitiva, una errónea aplicación de las respectivas normas sustantivas, o una vulneración a garantías constitucionales que puedan incidir en la determinación del quantum de pena, tornándola inusitada o desproporcionada, y habilitando de tal manera su control ante esta instancia extraordinaria.
Al respecto y en lo que hace a la fundamentación en el juicio de mensura punitiva, no puede soslayarse que el Tribunal de instancia ha evaluado expresamente aquellas pautas de mensura de la sanción que fueron oportunamente valoradas en los pronunciamientos que han sido materia de unificación.
Cumple entonces recordar que en orden a la fijación de la pena, su individualización surge de la ponderación de las pautas contenidas en los artículos 40 y 41 del Código Penal, que la ubicarán en los límites de la escala que prevé al figura tipificada en el citado cuerpo legal.
En ese sentido, considero que la justa transmutación de la cuantía del injusto y de la culpabilidad en magnitudes penales no es susceptible de establecerse en cantidades prefijadas legislativamente (más allá de los extremos en las escalas) o jurisprudencialmente dado que resulta imposible -en mi criterio- estandarizar los juicios de valor para traducirlos en cantidades numéricas. Por tanto, para establecer el “quantum” de pena a imponerse no puede apelarse a fórmulas matemáticas preestablecidas sino que debe atenderse a los principios de culpabilidad, razonabilidad y proporcionalidad, a la vez que debe tenerse en mira una adecuada reinserción social.
Por otro lado, entiendo que el punto de ingreso en el marco punitivo no debe seguir una escala de gravedad continua sino que, por el contrario, el mínimo y el máximo de la escala penal con que se reprima un delito deben ser tomadas como indicadores del valor proporcional de las normas en cuestión toda vez que, a diferencia de lo que ocurría con los antecedentes legislativos nacionales -Código Tejedor, Códigos de 1886, ley 4189 de 1906- que prescribían la imposición de una pena media para aquellos supuestos en los que se verificaran la existencia de agravantes y/o atenuantes, oscilando en más o en menos el monto de aquella al considerar pautas severizantes o diminuentes, en nuestro sistema actual no está previsto procedimiento o criterio formal alguno en el sentido indicado precedentemente, permitiendo al Juez de juicio la elección de la sanción que considere adecuada para el caso concreto, en la inteligencia de que cada hecho y cada autor son diferentes y presentan particularidades que difícilmente puedan reducirse a criterios rígidos y estandarizados.
Así, parte de la doctrina ha dicho -en tesitura que comparto- que “…Es cierto que la determinación de la pena supone un complejo de decisiones relativas a diferentes operaciones intelectuales. Éstas no tienen un orden sistemático, más es inevitable que se parta desde el marco penal que surge de la subsunción de la conducta en un tipo penal específico… A partir de entonces y tomando como base el hecho cometido y su autor, será posible asignar relevancia a ciertas cuestiones y descartar aquellas que no modifiquen la decisión por no tener influencia para la finalidad a alcanzar. La ley estructura esta decisión como discrecional del juez del hecho, porque sólo él está en condiciones de valorar acabadamente la personalidad del autor, permitiéndose interpretar que detrás de esa concepción se encuentra la idea de decisión en la que se fija la pena no es estrictamente aplicación del Derecho, sino que tiene un componente irracional o intuitivo, puesto que la impresión que el autor deja en el juez durante el juicio no puede ser suficientemente transmitida por escrito…” (Lurati, Carina, “El sistema de pena única en el Código Penal argentino”, 1ra. Edición año 2008, Páginas 224/225, Ed. Rubinzal – Culzoni).
Y respecto de la pena impuesta, salvo supuestos excepcionales de notoria desproporción o irracionalidad, el remedio casatorio que se limita a tildar de excesivo el monto de la pena escogido por el "a quo" resulta improcedente (este Tribunal, Sala II, c. “Bagaglia” N° 4442, rta. 28/2/2 reg. 58 y c. n° 13.161, rta. 11/4/06).
En esa línea de pensamiento se ubica la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha sostenido que “…el ejercicio por parte de los magistrados de sus facultades para graduar las sanciones dentro de los límites ofrecidos para ello por las leyes respectivas se vincula con cuestiones de hecho prueba y derecho común propias de los jueces de la causa y ajenas, por ende, al ámbito de la apelación federal extraordinaria”. (C.S.J.N., Fallos: 237:423;; 304:1626; 305:293 y 494; 306:1669; 308:2547; 315:807 y 1699, entre otros).
En sintonía con la postura enunciada, debo señalar que la Suprema Corte de Justicia ha descartado expresamente la obligación de partir siempre del mínimo legal de la escala penal y también ha sostenido que la inexistencia de agravantes y la concurrencia de atenuantes no implica de por sí la necesidad legal de imponer el mínimo de pena contemplado para el delito respectivo, ni la transgresión de los arts. 40 y 41 del Código Penal (cfr. P. 56.481, sent. del 27-II-1996 y P. 38.661, sent. del 6-II-1990), como asimismo que no existe punto de ingreso a la escala penal (cfr. P.79.708, sent. del 18-VI-03).
Del mismo modo se ha sostenido que no hay método alguno que permita transformar los juicios valorativos en cantidades numéricas de modo que, salvo supuestos excepcionales de notoria desproporción o irracionalidad, resulta improcedente el recurso casatorio que se limita a tildar de excesivo el monto de la pena escogido por el “a quo” .
Por otra parte, también corresponde señalar que, cuando se trata de la unificación de penas dispuesta en el marco del artículo 58 del Código Penal, la decisión debe atenerse a las reglas previstas por el artículo 55 del mismo cuerpo legal.
Además, la aplicación de las normas correspondientes al concurso real supone la composición de la sanción con miras a lograr una más justa dosificación de la pena, pero ello en modo alguno obsta a que en determinados supuestos puedan sumarse aritméticamente las penas impuestas, siendo este último el límite máximo al que debe atenerse el órgano que debe entender en la unificación, lo cual no ocurre en el sub lite al haberse aplicado el método composicional conforme fuera expuesto precedentemente.
De tal modo, como la pena única impuesta en los autos recurridos respecto de Ramos se encuentra dentro de los parámetros fijados en los artículos 55 y 58 del ordenamiento sustantivo, la queja dirigida a su respecto, sin demostrar la presencia de ninguno de los vicios o vulneraciones normativas mencionados anteriormente, resulta insuficiente.
Consecuentemente, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto.
Voto por la negativa.
A la misma segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Adhiero al voto del doctor Natiello, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la negativa.
A la tercera cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Visto el modo en que han quedado resueltas las cuestiones precedentes estimo corresponde: 1) declarar admisible el recurso de Casación interpuesto por la señora Defensora Oficial del Departamento Judicial Lomas de Zamora, doctora Paula Rodríguez Herlein, en favor de Cristian Gabriel Gómez; 2) rechazar el mismo por improcedente, sin costas por existir razón plausible para litigar (arts. 421, 448, 451, 454 inciso 1º, 456, 530 y 531 del Código Procesal Penal; 40, 41, 55 y 58 del Código Penal) y 3) tener presente la reserva del caso federal efectuada (artículo 14 ley 48).
Así lo voto.
A la misma tercera cuestión planteada el señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Adhiero al voto del doctor Natiello, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, la Sala Cuarta del Tribunal resuelve:
I. Declarar admisible el recurso de Casación interpuesto por la señora Defensora Oficial del Departamento Judicial Lomas de Zamora, doctora Paula Rodríguez Herlein, en favor de Cristian Gabriel Gómez.
II. Rechazar el mismo por improcedente, sin costas por existir razón plausible para litigar.
Artículos 421, 448, 451, 454 inciso 1º, 456, 530 y 531 del Código Procesal Penal; 40, 41, 55 y 58 del Código Penal.
III. Tener presente la reserva del caso federal efectuada.
Artículo 14 ley 48.
Regístrese. Notifíquese. Remítase copia certificada de lo aquí resuelto al Tribunal de origen.
Oportunamente devuélvase.
CARLOS ANGEL NATIELLO MARIO EDUARDO KOHAN
ANTE MÍ: Olivia Otharán
MJBL
Fin de la sentencia