Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II · Causa 91610
C. 91.610/II.
En la ciudad de La Plata a los 5 días del mes de noviembre de dos mil diecinueve reunidos en Acuerdo Ordinario, los Jueces de la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires doctores María Florencia Budiño y Fernando Luis María Mancini, desinsaculados con el objeto de resolver en la presente causa nº 91.610 , caratulada “ ARANDA, José Ariel s/ recurso de casación” . Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: BUDIÑO – MANCINI.
Llegan los presentes autos a este Tribunal como consecuencia del recurso de casación interpuesto por el Defensor particular Dr. Juan Omar Fortunato Sale contra el pronunciamiento recaído en la causa 07-00-034866-16-00 (nro. interno 2175) del registro del Tribunal Oral en lo Criminal nro. 10 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, por el que se condenó a José Ariel Aranda a la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio simple.
Efectuadas las vistas correspondientes, y hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar la siguiente:
C U E S T IÓ N
¿Que pronunciamento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la Doctora Budiño , dijo:
I.1 Obra a fojas 53/64 la presentación recursiva.
En primer lugar el Defensor se agravió del veredicto de culpabilidad pronunciado por el jurado por considerarlo arbitrario y apoyado en una absurda valoración de la prueba en contradicción con el principio de in dubio pro reo y de los artículos 1, 2, 210 y 373 del CPP, 18 y 75 inciso 22º CN y los tratados internacionales de supremacía legal.
A continuación, realizó un análisis dogmático sobre la revisión casatoria en juicio de jurados, con citas que entendió de aplicación al caso.
Puntualmente destacó que del acta de debate y de su filmación surgía que los testigos sólo afirmaron el supuesto amorío que tuvieron Aranda y la víctima, pero no datos concretos que lo señalen como autor del hecho. Agregó que los testigos conocían a Aranda que además era el único imputado en la sala de audiencias, identificación que no agregaba nada al plexo cargoso.
Destacó que el remisero Carlos Gandulfo dijo que estaba llevando como pasajero a Aranda mientras sucedían los hechos, lo que se corroboraba con la planilla en la cual se asentaban los viajes, siendo por tanto imposible que Aranda cometiera el homicidio.
El Defensor concluyó que de la totalidad de los relatos efectuados por los testigos emergía con claridad que Aranda no se encontraba en el lugar del hecho al momento de producirse la muerte de Maciel, pero, sin embargo, no se instruyó al jurado para que supiera advertir que se encontraban ante una situación de “duda razonable” y por ello se lo declaró culpable ante la mera posibilidad de que fuera el autor.
Puntualmente se agravió del veredicto de culpabilidad
pues no existía una sola prueba que lo vinculara al hecho, apartándose el jurado de la duda razonable, pudiendo estar sus miembros afectados por lo impactante del hecho o por su poca instrucción en la materia, sin interpretar que se encontraban ante una duda razonable.
Por todo ello solicitó se case la sentencia y se absuelva a su defendido o, en su defecto, se celebre un nuevo juicio.
I.2 En otro orden se agravió de la determinación de la pena impuesta.
Reseñó los atenuantes y agravantes valorados por el sentenciante y se agravió de que se fijó pena como si fuera un homicidio agravado por la relación que existía entre Aranda y la víctima, a pesar de que el veredicto prohibía condenar a una pena agravada por ausencia de mayoría absoluta, por lo cual solicitó se case ese aspecto de la sentencia y se aplique el mínimo de la escala penal previsto para el delito de homicidio simple.
Asimismo se agravió de los fundamentos del Tribunal sobre la cuestión, destacando que las penas no son para castigo sino que tienen por fin la resocialización de la persona, citando jurisprudencia que entendió útil.
I.3 Finalmente hizo reserva de caso federal.
II. Por su parte, a fojas 101/108 la Fiscal Adjunta ante esta instancia revisora, Dra. Alejandra Marcela Moretti postuló el íntegro rechazo del remedio casatorio impetrado por la defensa.
III. El recurso será íntegramente rechazado.
III.1 En primer lugar cabe destacar que, más allá de las citas legales realizadas por el Defensor, se advierten claramente dos planteos diferentes respecto de la declaración de culpabilidad de Aranda. El primero relacionado con las instrucciones dadas al jurado y, el segundo, con la decisión del mismo.
Puesto el foco en el primer planteo, se observa que las críticas realizadas por el Defensor se limitan a plantear la hipótesis de que el Jurado pudo no comprender el alcance que la duda razonable debía tener en su decisión, pero sin explicar por qué, en el caso concreto, las instrucciones dadas por el Juez no cumplieron con dicha misión.
Cabe señalar, conforme surge del acta de debate y del fallo, que, en el caso, se cumplió el procedimiento legal previsto para la confección de las instrucciones, es decir que las mismas fueron consensuadas por las partes con el Juez, sin haber realizado ninguna objeción.
El art. 371 bis del CPP establece que las partes tienen la facultad de presentar sus propuestas de instrucciones para lo cual “plantearán en ese momento sus objeciones recíprocas” y “dejarán constancia de sus disidencias u oposiciones, exponiendo claramente sus motivos para el caso de impugnación de la sentencia”, extremos no acreditados en autos.
Cabe destacar que las instrucciones dadas en el caso explicaban con precisión al Jurado que únicamente podían valorar la prueba producida en el debate, las pautas para ponderar la misma, los alcances del principio de igualdad y las reglas que debían observar para la deliberación.
Asimismo el Juez instruyó a los jurados que “toda persona acusada de un delito se presume inocente hasta que la partes acusadoras –Fiscalía y/o Particular Damnificado- prueben su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Esto significa que el imputado es inocente salvo que luego de deliberar ustedes determinen que es culpable. La acusación sirve para informar al acusado y a ustedes cuál es el delito que la Fiscalía le imputa haber cometido, pero la acusación no es prueba de culpabilidad. No deben impresionarse desfavorablemente por la detención que sufre el imputado, pues ello no altera en modo alguno la presunción de inocencia de la que goza. Carga de la prueba: el acusado no está obligado a presentar ni a probar nada, es el Fiscal y/o Particular Damnificado quien debe probar la culpabilidad del imputado, más allá de toda duda razonable. Este principio de la duda razonable es muy importante en nuestro proceso penal pues, duda razonable es aquella duda basada en la razón y en el sentido común, es una duda que surge a partir de considerar las pruebas o la falta de ellas o la contradicción entre las mismas. No se trata de una duda que surge de la intuición, no es suficiente que ustedes crean o intuyan que el imputado es posiblemente culpable, deben estar convencidos más allá de toda duda razonable de la culpabilidad del acusado para rendir un veredicto de culpabilidad. Recuerden que resulta casi imposible probar un hecho con certeza absoluta o matemática, no se exige que el Fiscal así lo haga. Sin embargo, el principio de prueba más allá de toda duda razonable es lo más cercano a la certeza absoluta. Es decir que, si tras considerar, comparar y sopesar toda la prueba no tienen la firme convicción de culpabilidad, o si ésta es inestable o vacilante, quiere decir que la acusación no está probada más allá de toda duda razonable y, en ese caso, deben dictar veredicto de no culpabilidad… si la prueba los deja con una duda razonable sobre la culpabilidad o sobre algún elemento esencial del delito imputado, deben declarar no culpable al imputado”.
Cabe igualmente resaltar que el artículo 371 ter inciso 2) del CPP establece que “si durante la deliberación el jurado tuviese dudas sobre el alcance de las instrucciones, en cualquiera de sus aspectos, lo harán saber al juez por escrito y se repetirá el procedimiento previsto en el segundo párrafo del artículo anterior para su posterior aclaración”. Con acierto ha previsto la norma procedimental una salida o esclusa que permite al jurado en caso de duda sobre el alcance o contenido de las instrucciones, consultar al Juez quién la evacuará previa consulta a las partes, conforme el mecanismo establecido para la confección de las instrucciones.
En definitiva las instrucciones no fueron observadas durante el debate, de su simple lectura se advierte que fueron redactas en un lenguaje sencillo, claro, directo y con un nivel de detalle que facilitaba su comprensión, objetivo que además se verifica alcanzado por la conducta del Jurado al no utilizar la herramienta que le permitía evacuar las dudas que pudieran tener, todo lo que en el caso lleva a desechar el planteo de la Defensa.
A ello cabe agregar que el propio procedimiento fija mecanismos para brindar mayor seguridad respecto de que el Jurado ha comprendido las instrucciones dadas y de tal manera legitimar aún más su decisión.
Así la ausencia de una duda razonable en los miembros del jurado también se verifica en la mayoría que la ley exige para el dictado de un veredicto de culpabilidad, mecanismo que únicamente se acciona con al menos diez de doce votos concurrentes en sentido afirmativo.
En definitiva la hipótesis planteada por el Defensor respecto de que el jurado pudo no entender o haber interpretado mal las instrucciones carece por completo de peso, no ha sido demostrada y se contrapone a los antecedentes concretos de la causa, por lo cual, debe ser rechazado este tramo del recurso (art. 448 bis inc. c) a contrario del CPP).
III.2. En igual dirección, la queja vinculada con el veredicto de culpabilidad emanado del jurado, tampoco puede progresar.
Tal como se dijo anteriormente, en el desarrollo de ese planteo, la defensa de Aranda encaminó su agravio afirmando un cuadro de orfandad probatoria respecto de su autoría en el suceso reprochado.
Sin embargo, el planteo, tal como ha sido expuesto en el recurso, es insuficiente.
La competencia de este Tribunal, en los casos de causas decididas a través del procedimiento de juicios por jurados, y en lo que refiere a agravios de orden probatorio, está contemplada en el inc. “d” del art. 448 bis del CPP., en el que se establece exclusivamente, como recurrible en casación, el supuesto de la sentencia condenatoria derivada “ del veredicto de culpabilidad que se apartare manifiestamente de la prueba producida en el debate .”
A raíz de ello, quien intente recurrir la condena derivada de un juicio de esta naturaleza, no puede soslayar en su desarrollo, la explicación circunstanciada y minuciosa de los motivos por los cuales la decisión cuestionada se apartaría de modo “manifiesto” de las constancias de la causa, lo cual no ocurre cuando se efectúa un análisis fragmentario de las pruebas producidas.
Es que, mediante el planteo que ahora se analiza, se ha perdido de vista la tarea a que somos llamados los jueces de la instancia casatoria, idea que obedece a una multiplicidad de factores, que intentaré resumir en los párrafos siguientes.
Ante todo, debe considerarse que el principio general establecido en nuestro actual sistema procesal (art. 371 quater inc. 7º del C.P.P.) es que “ el veredicto del jurado es irrecurrible ”.
Ahora bien, a fin de resguardar el derecho al recurso reconocido convencionalmente (Art. 8.2h de la CADH), en el art. 448 bis del rito se prevén los supuestos en que el pronunciamiento emanado de un jurado popular puede ser recurrido en casación.
No obstante ello, el margen de actuación de este Tribunal a la hora de evaluar agravios dirigidos contra la consideración probatoria del jurado, surge claro a partir de la propia letra de la ley (inc. “d” del citado art. 448 bis), cuando incluye el vocablo “manifiesto” a la hora de describir el necesario apartamiento de las constancias de la causa que tiene que existir para habilitar esta vía.
Tal como ha considerado esta Sala en otras oportunidades, según la Real Academia Española (conf. www.rae.es ), el adjetivo “manifiesto” define a aquello que resulta descubierto, patente y/o claro.
Entonces, ese margen particular de actuación casatoria en los casos en que se invoque un desajuste apreciativo, se desprende del andamiaje diseñado por el legislador.
Este sistema no desatiende las garantías que deben proteger al imputado contra arbitrariedades intolerables, por lo cual se ha establecido un mecanismo de “doble reaseguro” de la legalidad conforme el cual, previo a la intervención de este Tribunal revisor, a fin de evitar veredictos condenatorios con fallas de raciocinio incompatibles con la lógica más elemental o edificados con una fractura inconciliable con las circunstancias objetivas de la causa, ya se debió superar el tamiz del art. 375 bis del rito, como primer filtro legalmente establecido.
Conforme esa norma, en lo que aquí interesa, el juez técnico –que ha contado con la inmediatez del sistema oral- ha tenido la oportunidad de evaluar si el veredicto de culpabilidad emanado del jurado popular ha resultado manifiestamente contrario a la prueba producida en el juicio, situación que tornaría viable su declaración de nulidad.
Ahora bien, todavía resta mencionar que la actuación de este Tribunal en lo que a la apreciación probatoria se refiere, en los casos de juicio por jurados, surge de la esencia misma de este tipo de procesos donde un entendimiento inadecuado del asunto podría terminar desnaturalizando todo el sistema.
Así, a la hora de establecer el juicio por jurados, tanto el constituyente como el legislador han puesto en cabeza del pueblo (representado por los ciudadanos elegidos para cada ocasión particular) la directa potestad de juzgar, siempre en el marco de un debido proceso legal. Esto es, la Constitución ha conferido un ámbito exclusivo y excluyente al jurado que no es otro que la apreciación y ponderación de la prueba.
A fin de que los ciudadanos cumplan con tan delicada tarea, se les han fijado reglas específicas, distintas a las establecidas en los juicios decididos por jueces profesionales. En especial, se aprecia una importante distinción en el sistema de valoración de la prueba propio del jurado, que no es otro que el de “íntima convicción”, en contraposición al de la “sana crítica racional” de los magistrados técnicos. Conforme aquél sistema, el jurado no debe desarrollar en modo alguno las razones sobre las cuales ha arribado a determinada convicción para resolver el caso que le fuera sometido a decisión (art. 210 CPP).
Esa forma distinta de valorar la prueba y la obligación “…a mantener en absoluta reserva su opinión y la forma en que han votado…” (art. 371 quater apart. 5 del CPP), si bien no se contrapone con la posibilidad de revisión, necesariamente va a modificarla, para que el sistema globalmente considerado no pierda su esencia.
Entiendo que los jueces técnicos debemos extremar toda cautela a la hora de poner en jaque la decisión del jurado popular constitucionalmente establecido, bajo riesgo de desnaturalizar este sistema pues, ha sido un espacio que le fue exclusivamente otorgado.
Es justamente allí donde se resignifica la situación requerida por nuestro ordenamiento ritual, a la que aludí al principio de este voto, para el ingreso por parte de esta sede a la revisión del veredicto del jurado en el caso del art. 448 bis inc. “d” del ritual.
A fin de que los magistrados técnicos podamos revisar el veredicto del jurado popular, la falta de coherencia entre las pruebas y el sentido del veredicto debe ser “manifiesta”, en los términos explicados previamente.
No sólo la ley así lo establece de manera categórica y puntual, sino que hace a la esencia misma del instituto, como también se ha visto.
Y que se den supuestos como el requerido por la norma que se analiza resulta ciertamente factible, pero no en aquellos casos donde el propio impugnante reconozca, como aquí ocurre, que “… La decisión del jurado puede no estar totalmente divorciada de la prueba.” o que “…puede que se nutriera de numerosas pruebas indiciarias o indicativas de un móvil. Pero de ninguna manera, puede escaparse de la manifiesta arbitrariedad al vulnerarse la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo…”.
Tal como comencé el tratamiento del agravio, en esos términos la impugnación resulta insuficiente para torcer la suerte de lo resuelto, pues más allá de la genérica denuncia de un cuadro de orfandad probatoria, reconoce abiertamente la existencia de “pruebas indiciarias”, o la posibilidad de que la decisión del jurado no esté totalmente divorciada de la prueba.
Tampoco puedo dejar pasar por alto que el impugnante, en su desarrollo, se desentiende del supuesto legal que, eventualmente, le permitiría acceder a una revisión del veredicto del jurado por cuestiones de índole probatoria, ya que no hay en la impugnación un desarrollo tendiente a evidenciar de manera concreta (que incluya la totalidad de la prueba indiciaria de cargo y no sólo los aspectos que beneficiarían su teoría del caso) no ya un apartamiento, sino un “apartamiento manifiesto” de la totalidad de las pruebas producidas en el juicio.
En igual dirección, la insuficiencia recursiva se evidencia toda vez que el desarrollo del agravio también contiene la invocación de prueba de descargo, pero omite la consideración de la totalidad de la prueba producida en el juicio (lo que surge del cotejo del recurso respecto de los testigos que declararon y que se encuentran citados en el acta de juicio), por ejemplo, cuando soslaya toda referencia a los testimonios de Walter Quevedo y Nadia Zapata.
Para citar otro ejemplo de la deficiencia técnica preseñalada (que sella la suerte del agravio) no puedo dejar de mencionar que, en cuanto al testigo Juan Gandulfo, si bien el impugnante lo menciona en su queja, omite el desarrollo de la totalidad de sus manifestaciones, con detalles que pudieron haber influido en el convencimiento del jurado, todo lo cual surge de los propios términos en que fue expuesto el agravio al haber dicho el recurrente que las planillas de la remisería desacreditarían la posibilidad de haberse hallado el inculpado en “alguno de los lugares que relata el testigo Gandulfo”, pero sin aportar mayores detalles, ni mucho menos explicar, circunstanciadamente los motivos de aquella afirmación (nombrando, por ejemplo, los lugares y horarios concretos a los que alude, con la explicación lógica y puntual de la imposibilidad alegada).
La consideración de esas falencias técnicas (al igual que la falta de explicación de por qué habría un apartamiento manifiesto de las pruebas de la causa, máxime reconociendo la existencia de indicios de cargo), lejos de constituir un excesivo formalismo –impropio de nuestro diseño convencional en lo que hace al derecho del imputado al recurso-, pretende proteger la decisión del jurado popular, ya que, debo reiterar, el principio general es la irrecurribilidad del veredicto del jurado.
Finalmente, es importante recordar que, quien alega una situación de excepción, tiene el deber de denunciarla y probarla con la suficiencia y carga técnica necesarias, todo lo cual –como se ha visto- no ocurre en este caso
En síntesis, no se logra evidenciar un apartamiento manifiesto entre el veredicto y las pruebas del juicio, cuando sólo se exhibe un criterio diferente al del jurado en la ponderación de la prueba, omitiendo elementos o fragmentando (mediante la consideración exclusiva de los aspectos convenientes a la defensa) las constancias invocadas. Por el contrario, es menester comprobar que ha habido una fractura “manifiesta” en el sentido de absoluta, grave, grosera y palmaria entre la conclusión al
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