Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 102116
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar inadmisible el recurso de casación articulado por el Dr. Defensor Oficial del Departamento Judicial San Nicolás, Dr. Pablo Andrés Vacani, en favor de Héctor Fabián Romero, con costas.
Arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N., 24 del C.P. “a contrario”, 448, 450, 500, 530 y 531 del C.P.P..-
II. Tener presente la reserva del caso federal.
Art. 14 de la ley 48.
En la ciudad de La Plata a los 8 días del mes de abril del año dos mil veinte, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores, Mario Eduardo Kohan y Carlos Ángel Natiello, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N° 102.116 de este Tribunal, caratulada: “ ROMERO, Héctor Fabián s/ Recurso de Casación (solicita Trámite de Habeas Corpus)”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: NATIELLO - KOHAN procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. Llega el legajo a estudio del Tribunal como consecuencia del recurso de casación deducido por el Sr. Defensor Oficial del Fuero Criminal y Correccional del Departamento Judicial San Nicolás, Dr. Pablo Andrés Vacani, en favor Héctor Fabián Romero, contra la resolución de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de la citada departamental que confirmó el cómputo de pena practicado respecto del nombrado.
Solicita que se imprima al presente el trámite de hábeas corpus dado que, si la cuestión es tratada por la vía de impugnación ordinaria, se corre el riesgo que se produzca el agotamiento de la pena impuesta.
Se agravia porque en el cómputo de pena efectuado no se incluyó el período en prisión preventiva cumplido por su defendido en causa nro. 4.244.
Indica que tratándose de la aprobación de un cómputo de pena, el cual fija sus alcances concretos y constituye una parte accesoria del fallo de condena, resultando complementaria de la misma, encuadra dentro de los márgenes del primer párrafo del artículo 450 del C.P.P..- Cita jurisprudencia en apoyo a su postura.
Expresa que la acción impugnativa se dirige contra una decisión equiparable a definitiva que afecta el derecho a la libertad física del causante provocándole un perjuicio de imposible reparación ulterior.
Refiere que el carácter federal de los agravios resulta evidente, ya que se cuestiona en el recurso la interpretación de normas contenidas en tratados internacionales, y que lo resuelto por la Cámara desconoce la manda del art. 3 del C.P.P. que impone que toda disposición que coarte la libertad personal o restrinja sus derechos debe ser interpretada restrictivamente.
Informa que en la causa principal nro. 5.422 (acumuladas 5.562 y 5.801) del Tribunal Oral Criminal n° 1 del Departamento Judicial San Nicolás, su defendido fue condenado a la pena de 9 (nueve) años de prisión, accesorias legales y costas. A dicha pena se le unificó la de la causa 77/2011 del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Departamental, en la cual se le impuso 7 (siete) años de prisión, logrando la pena única de 12 años de prisión.
Por otra parte, hace saber que Romero fue condenado por otro hecho cometido el 23 de octubre de 2.011, a la pena de 6 (seis) años de prisión, accesorias legales y costas del proceso. En dicha causa (4.244) luego de permanecer en prisión preventiva 3 (tres) años y 4 meses, el Tribunal de Casación absuelve a Romero en fecha 10 de febrero de 2.015.
Da cuenta que la pretensión de la defensa es integrar los tiempos de detención de tales causas, las cuales se vinculan temporalmente. Manifiesta que es pacífica la jurisprudencia que dice que la prisión preventiva sufrida en una causa, aún en caso de absolución, debe ser valorada a los fines del cómputo de pena efectuado en otra causa cuando tramitaran de modo paralelo. Cita fallos que avalan dicha postura.
Considera que la integración no necesariamente debe estar condicionada a la exigencia de causas acumulables o conexas, pues en un caso como el presente, en que la persona procesada cumplió en otra causa tiempo de detención sin condena, no resulta lógico ni razonable que el mismo sea ignorado.
Refiere que debió realizarse una interpretación legal “pro homine” en la decisión que se impugna.
Peticiona que se haga lugar al recurso interpuesto, se revoque la resolución recurrida, dictando una nueva conforme a derecho, o se declare nula la impugnada y, en consecuencia, se disponga el reenvío para efectuar un nuevo cómputo de pena en línea con los argumentos expresados.
Hace reserva del caso federal (art. 14 de la ley 48).
II. El órgano “a quo” resolvió conceder el recurso de casación (ver fs. 30/vta. del presente legajo), el cual fue elevado a esta sede.
III. Radicado el presente en esta Sala por sorteo (v. fs. 34), notificadas las partes, el Sr. Defensor Adjunto ante esta Sede, Dr. Nicolás Blanco, peticiona que se declare admisible y procedente el mismo (fs. 35).
IV. Hallándose en estado de dictar sentencia, los Señores Jueces decidieron plantear y votar las siguientes:
1ra.) ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
I. En primer lugar, dejo sentado que no corresponde imprimir el trámite de hábeas corpus requerido, desde que no se verifica ninguno de los supuestos que habilita su tratamiento, debiendo la defensa acudir al instituto que corresponda. En el caso, no es otro que el remedio impetrado, que es el que a renglón seguido se tratará.
II. Esta sala ha consolidado cambio de postura sobre el tópico en estudio, destacándose que el cómputo de la pena impuesta no puede tener más instancias de control o revisoras que el propio pronunciamiento de condena, dado que de esta forma estaríamos consagrando una inconsecuencia legislativa que no es deseada por las regulaciones que rigen los medios de impugnación.
Oportunamente he sostenido que la aprobación de un cómputo de pena, en tanto fija sus alcances concretos y constituye una parte accesoria del fallo de condena, poniendo fin a la discusión sobre el modo de contabilizar el tiempo que insumirá la ejecución de la sanción impuesta, resulta complementaria de una sentencia condenatoria y conforme lo sostiene la SCBA es equiparable a sentencia definitiva (cfr. P.105.638 sent. de 7-X-2009, Ac. 60.798, sent., del 17-X-1995, P. 62.754, sent. del 28-III-2001, P.86.333, sent. del 19-XI-2003; y RP 116.563, sent. 07-III-2012, e/o.).
Ahora bien, tomando y haciendo mías las palabras del Dr. Maidana en causa nro. 71.408 de la Sala VI, considero que sin perjuicio de este criterio que mantengo, el nuevo análisis al que me he referido líneas arriba me persuade que la circunstancia apuntada no resulta suficiente para tornar admisible el recurso de casación y/o la queja cuando éste es denegado, si la impugnada es una resolución confirmatoria de la Cámara de Apelación y Garantías, ya que ésta no integra la nómina de las que son susceptibles de dicho recurso que establece el art. 450 del CPP, de modo tal que la apertura de la vía intentada solo operará en estos casos, de darse los supuestos de admisibilidad del recurso extraordinario federal y siempre que en el singular este Cuerpo resulte el tribunal intermedio llamado a habilitar la eventual posterior intervención de la Suprema Corte como Superior Tribunal de la causa en los términos del art. 14 de la ley 48 (conf. doctr. CSJN, Fallos 308:490, “Strada” y 311:2478 “Di Mascio”, entre otros).
Una interpretación contraria, que habilitara a revisar ante este Tribunal de Casación los cómputos de pena efectuados por los órganos jurisdiccionales de juicio o de ejecución, que ya fueron revisados y confirmados por la Cámara departamental con motivo del recurso de apelación (art. 500, CPP), resultaría, además, sistemáticamente inconsistente, pues implicaría que el veredicto y la sentencia en materia criminal, que es donde se resuelven las cuestiones esenciales relativas a la existencia del injusto y sobre la culpabilidad y, en su caso, se determina la pena aplicable (arts. 371, 375 y cc., CPP), estarían sujetos a una sola instancia ordinaria de control, mientras que la resolución que solo aprueba el cómputo de esa sanción contaría con otra adicional.”
Ahora, el control de los autos procesales relevantes que no constituyen sentencia fue confiado tradicionalmente al recurso de apelación, el que satisface con amplitud los requerimientos reclamados por aquéllos, extendiendo dicha función al recurso de casación para circunstancias donde, por razones vinculadas al estadio del procedimiento, aquél no lograba satisfacer la garantía en cuestión (cf. Fallos 320:2326, 319:585, 321:3630, 322:3225 y 324:4076).
En su actual composición, la Corte Federal retornó al tradicional principio del derecho constitucional argentino –cfr. Fallos 327:619, 327:3488, entre otros- según el cual ningún tribunal de justicia puede negarse a examinar aquellas cuestiones constitucionales que eventualmente podrían ser tratadas por el órgano a través del recurso extraordinario y, consecuentemente, no son válidas las restricciones procesales que impiden a las instancias anteriores cumplir esta obligación que surge del artículo 31 CN (Fallos 33:162, 308:490 y 311:2478, entre otros).
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en forma concordante, afirmó que debe darse respuesta a las eventuales cuestiones federales que se susciten a fin de posibilitar el tránsito de la causa por las instancias superiores locales, extendiendo los supuestos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (Ac. 95.296, 4-XI-2006, 102.374, 28-IX-2011, Ac. 100.512, 31-X-2007; Ac. 101.795, 13-V-2009; 101.263, 17-VI-2009, entre muchos otros).
La pretensión de innecesariedad que exista cuestión federal o gravedad institucional para ingresar al tratamiento del recurso respecto de la resolución que aprueba el cómputo de pena, introduce asimetrías difíciles de justificar al sistema recursivo e invertiría el orden de prelación establecido por la CIDH y la CSJN, al habilitar más oportunidades para impugnar ciertos autos procesales importantes que las previstas para cuestionar la sentencia.
Por lo tanto, en el caso traído corresponde a este Tribunal establecer si existe gravedad institucional, o cuestión federal en condiciones de ser examinada en la instancia extraordinaria, a tenor de los requisitos previstos en el art. 14 de la Ley 48, en cuyo caso deberá atender los motivos de agravio del recurso a fin de posibilitar su tránsito hacia el superior tribunal de la causa.
III. Tampoco se advierte una cuestión de arbitrariedad que permita la apertura excepcional de esta instancia.
En efecto, conforme surge de la lectura del presente legajo Romero fue condenado en los autos principales por tres hechos, en el marco de un juicio abreviado, a la pena de nueve años de prisión, más la accesorias del artículo 12 del Código Penal, por la comisión de los delios de robo agravado por el uso de arma de fuego y lesiones agravadas por el uso de arma de fuego, robo agravado por el empleo de arma, homicidio y robo agravado por el uso de arma de fuego, comprensiva de la pena impuesta en la causa 5.422-15 y acumuladas y la de siete años de prisión dictada en la causa 77/2011 del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil. Dicha pena ha quedado firme, ordenándose la realización del cómputo, el que fue aprobado por el tribunal de grado.
Sentado ello, estimo que el argumento alegado por la parte, en cuanto a que en el cómputo de pena efectuado por el Tribunal Oral Criminal n° 1 de San Nicolás no se hizo mención al tiempo de detención que Romero sufrió en relación a la causa nº 4.244, no resulta atendible, habida cuenta que el nombrado ha sido absuelto por ese hecho, no configurando motivo de condena (art. 24 a “ contrario sensu ” del Código Penal).
En esa línea de ideas se ha manifestado razonablemente la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Nicolás en el resolutorio en crisis: “ …el tiempo sufrido en prisión preventiva en el marco de un proceso en el cual se dicta veredicto absolutorio, no puede considerarse a los fines del cómputo de la pena recaída en otra causa, dado que no son coincidentes los sucesos que motivaron la sanción con la restricción sufrida…estando imposibilitado de efectuar su inclusión en el cómputo del presente toda vez que dicha absolución dispuesta por el Tribunal de Casación Penal ( en el marco de la causa 4.255 el 10/02/2015) se produjo en fecha anterior a la ocurrencia de los hechos por los cuales el encartado Romero fue condenado en la causa principal 5.422 y acumuladas, estos es: 24 de mayo, 1 y 30 de julio, todos del 2015 cfr …”( ver fs. 5/vta.).
Es que el tiempo de detención que pretende hacer valer el recurrente, es independiente y ajeno a la privación de la libertad sufrida por Romero en la causa principal 5.422. Así, se advierte que el período de privación de la libertad que ha sobrellevado el encartado en los autos 4.244 no ha sido coetáneo ni ha tenido vinculación con la detención tolerada por el incuso en la causa ut supra mencionada, circunstancia que no amerita que dicho tiempo pueda ser tenido en consideración tal y como lo reclama la defensa.
Es que, la prisión preventiva dictada en el marco de otro proceso en el cual con posterioridad se dicta veredicto absolutorio, no puede computarse a la condena porque no coinciden los sucesos que motivaron la pena con la restricción sufrida.
Dicha interpretación se desprende de lo dicho por reconocidos autores que establecen que “ de la doctrina y la jurisprudencia puede extraerse la siguiente regla, mantenida de modo uniforme: la prisión preventiva se computa cuando ella atendió, de modo exclusivo o conjunto, al hecho o hechos que motivaron la condena, siempre que ésta sea única o unificada” (cfr. DE LA RÚA, Jorge “Código Penal Argentino ” Ed. Depalma, BS. As., 1.997, p. 357).
Al respecto, la jurisprudencia mayoritaria abona a la postura señalada al resolver que “ Solo puede incluirse en el cómputo para la libertad condicional el lapso en el que el condenado permaneció en detención o prisión preventiva en el proceso de que se trata… La prisión cautelar sufrida en otro proceso en trámite paralelamente sólo puede ingresar en la cuenta si en él hubiese recaído condena y ésta fuese unificable con la impuesta en la causa en que se formuló el pedido, eventualidad que podrá efectuarse en el futuro” (C.N.C.P., Sala I, (Bisordi- Rodríguez Basavilbaso- Catucci), C “PEÑA ARGUELLO, E s/ libertad condicional”, rta. 16/6/94, Fallo publ. en JPBA-90, F- 385 origen del presente sumario; en igual sentido, Superior Tribunal de Justicia de Chubut, c. 000p 000025, rta. 22/08/96).
En consecuencia, hacer lugar a lo reclamado por la defensa de Romero importaría otorgar una suerte de “crédito” al imputado en razón de haber sido detenido con anterioridad, deviniendo ello incuestionablemente en una compensación no autorizada por la ley.
En función de lo expuesto, la inadmisibilidad del recurso se impone.
Voto por la negativa.
A la misma primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Adhiero al voto del Dr. Natiello expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la negativa.
A la segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Visto el modo en que ha sido resuelta la cuestión precedente, corresponde: 1) Declarar inadmisible el recurso de casación articulado por el Dr. Defensor Oficial del Departamento Judicial San Nicolás, Dr. Pablo Andrés Vacani, en favor de Héctor Fabián Romero, con costas (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N., 24 del C.P. “a contrario”, 448, 450, 500, 530 y 531 del C.P.P. y 2) Tener presente la reserva del caso federal (art. 14 de la ley 48).
Así lo voto.
A la misma segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Adhiero al voto del Dr. Natiello, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que se dio por terminado el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve :
I. Declarar inadmisible el recurso de casación articulado por el Dr. Defensor Oficial del Departamento Judicial San Nicolás, Dr. Pablo Andrés Vacani, en favor de Héctor Fabián Romero, con costas.
Arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N., 24 del C.P. “a contrario”, 448, 450, 500, 530 y 531 del C.P.P..-
II. Tener presente la reserva del caso federal.
Art. 14 de la ley 48.
Regístrese. Notifíquese. Oportunamente remítase.
Fdo:MARIO EDUARDO KOHAN- CARLOS ANGEL NATIELLO. Jueces.
ANTE MÍ: Olivia Otharán
Fin de la sentencia