Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 99839
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible la impugnación efectuada por el Defensor Oficial Dr. Juan José Mahiques.
II. Rechazar, por improcedente , el recurso interpuesto a fs. 28/32 en favor de Juan Nicolás Gamarra, con costas.
III. Tener presente la reserva del caso federal.
Rigen los artículos 18 y 75, inc. 22, CN; 14, nº 5, PIDCP; 8.2.h, CADH; 14, ley 48; 40, 41, 41 ter, CP; 5 inc. “c” de la ley 23.737; y 20 inc. 1, 106, 371, 373, 448, 450, 451, 454, 530, 531, cits. y ccs., CPP.
"Registrado bajo el Nro.215 Año 2020"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. R.C. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 5 de MAYO de 2020 se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 99839 caratulada “GAMARRA JUAN NICOLAS S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL.
El 5 de noviembre de 2018, la Jueza Dra. Miriam Marcela Rodríguez, como integrante unipersonal del Tribunal en lo Criminal nº 4 del Departamento Judicial Mercedes, condenó a Juan Nicolás Gamarra a la pena de cinco (5) años y seis (6) meses de prisión, mil pesos ($1.000) de multa, accesorias legales y costas, por considerarlo autor de los delitos de comercio de estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización fraccionados en dosis destinadas directamente a los consumidores (arts. 5, 12, 29 inc. 3, 40, 41, 41 ter a contrario sensu , 44, 45, 55 y 77 párrafo décimo, CP y 5 inc. “c” y 34 inc. 1° de la ley 23.737).
Contra dicho pronunciamiento, el Defensor Oficial, Dr. Juan José Mahiques interpuso recurso de casación en favor de su defendido -fs. 28/32-.
Ingresado el legajo a la Sala I de este Tribunal con fecha 02/12/2019, y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Habiendo sido interpuesto el recurso por quien se encuentra legitimado, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo de juicio oral en materia criminal, se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 y 75, inc. 22, CN; 14, nº 5, PIDCP; 8, nº 2, h, CADH; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, 454, inc. 1, CPP).
Voto por la afirmativa .
A la misma primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa .
A la segunda cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
El recurrente, en primer término, alega inobservancia de lo normado en el artículo 41 ter del Código Penal. Considera que, sin perjuicio que haya existido parcialmente una vía oficiosa e independiente de investigación, las manifestaciones vertidas por su defendido han sido datos que permitieron, conjuntamente con otras pruebas, el procesamiento de Rafael Capone. Señala que Gamarra, aun sabiendo el riesgo que conllevaba para su vida y la de su familia, ha aportado información certera y detallada que ha contribuido al procesamiento de una persona que ocupaba un rol importante en la comercialización de estupefacientes, circunstancia que habilita la aplicación del art. 41 ter del CP. Por otro lado, entiende que el proceso de determinación de la pena carece de fundamentación. Resalta que se ha impuesto una sanción penal que resulta excesiva, desproporcional y arbitraria. Refiere que habiéndose ponderado circunstancias atenuantes debió imponerse el mínimo de la escala penal prevista para los delitos en cuestión. Sostiene que no puede contemplarse como agravante la circunstancia de haberse visto involucrados menores en el hecho sin la debida acreditación. Hace reserva del caso federal.
El Defensor Adjunto de Casación, Dr. José María Hernández, propicia la procedencia del recurso presentado por el Defensor Oficial de la instancia -fojas 42-.
Con independencia de la garantía procesal que conduce a la exigencia de la necesidad de la doble conformidad judicial para ejecutar la pena si el condenado lo requiere, la circunstancia de ponerse en juego otra garantía como la del juicio público, única base de la condena, determina que, en el caso de no haberse observado el debate, no es posible controlar la valoración de la prueba practicada en el transcurso de la audiencia si el Tribunal diera cuenta circunstanciada de su empleo, para tener por acreditado cualquiera de los extremos de la imputación.
Los arts. 8.2.h de la Convención y 14.5 del Pacto exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad (arts. 8.5 de la Convención Americana y 14.1 del Pacto), sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento, se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso, con lo que, no existe una incompatibilidad entre el debate y la revisión amplia en casación, ambos son conciliables en la medida en que no se exagere el resultado de la inmediación.
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por el impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a lo que fuera expuesto (art. 434 y ccs., CPP; v. Sala I, c. 77.217, “ Sosa, Leandro Ezequiel s/ Recurso de Casación ”, sent. del 06 de julio de 2016, reg. 558/16; c. 79.219. “ Amarilla Bruno Ezequiel s/ Recurso de Casación ”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 973/16; c. 79.427, “ Díaz Nuñez, Jonathan Gonzalo s/ Recurso de Casación ”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 979/16, entre muchas otras).
El A Quo tuvo por acreditado los siguientes hechos: 1) “ un sujeto del sexo masculino comercializó sustancias estupefacientes, concretamente cannabis sativa (comúnmente conocida como ‘marihuana’), entre otros, a Cristian Sebastián Pereyra y a Jonathan Ramón Vera, fraccionada en envoltorios, de un peso total aproximado a los 9,6 gramos. Ello fue constatado el 19 de mayo de 2017 en el domicilio particular del sujeto activo, sito en calles Hernandarias y España de Moreno” y 2) “ idéntico sujeto del sexo masculino tuvo en su poder, con fines de comercialización veintiún envoltorios que arrojaron un peso de 66 gramos, un envase verde que contenía trece gramos y un trozo compacto de ciento ochenta y un gramos de sustancia estupefacientes, concretamente cannabis sativa, destinados directamente a los consumidores. Peritadas que fueron un 10% de los envoltorios secuestrados, las muestras M1 a M4 arrojaron un total de un mil ochenta y seis dosis umbrales. Ello fue constatado a eso de las 18:30 hs. del 12 de julio de 2017, también en el domicilio particular del sujeto activo, sito en calles España y Hernandarias, de Moreno, con motivo del allanamiento dispuesto por el Juzgado de Garantías N° 3 del departamento Judicial Moreno-General Rodríguez” (fs. 6vta./7).
Asimismo, determinó que Juan Nicolás Gamarra resultó autor penalmente responsable de los eventos descriptos –fs. 9vta./14vta.-.
Adelanto que el recurso no habrá de prosperar.
Como cuestión preliminar corresponde señalar que la materialidad ilícita y la autoría de Gamarra en los hechos no resultó materia controvertida por la parte.
Sentado lo anterior, en primer término abordaré el cuestionamiento de la Defensa respecto a la aplicación de lo normado en el art. 41 ter del CP.
En ese sentido, frente a lo decidido, la Defensa en su presentación recursiva reedita los planteos oportunamente formulados durante la audiencia de debate, por el entonces abogado de confianza de Juan Nicolás Gamarra, desentendiéndose de los motivos que sustentaron el fallo, al no acompañar una crítica concreta y precisa que permita contrarrestar el temperamento que adoptó el Tribunal.
Debe resaltarse que, la motivación o expresión de agravios, es el razonamiento de censura que el peticionante formula contra la resolución atacada, sea para destruir las premisas y conclusiones de ella o para demostrar su ilegalidad, y debe, por tanto, ser clara, precisa y específica (cfr. Clariá Olmedo, Jorge A., Tratado de Derecho Procesal Penal, t. V: La Actividad Procesal, Bs. As., EDIAR, 1966, ps. 468/469); de este modo, si la parte prescindió de formular una crítica concreta y eficaz contra los argumentos desarrollados en la sentencia que ataca, su recurso deviene inidóneo para torcer la decisión que aquélla contiene.
Por lo demás, estimo que el pronunciamiento presenta una buena técnica expositiva, en tanto abordó de manera clara y precisa la cuestión criticada, dando cabal respuesta al reclamo.
Así las cosas, al momento de abordar la cuarta cuestión del veredicto, la A Quo, sostuvo que el aporte brindado por Gamarra no revistió las cualidades exigidas en el art 41 ter del CP.
En ese sentido, en la sentencia se detalló que con fecha 15 de julio de 2017 se halló una importante cantidad de estupefacientes en el interior de un rodado cuya titularidad se vinculó de inmediato con Rafael Capone, circunstancia que dio origen a la IPP 19-00-15559.
Se señaló que la declaración del imputado fue efectuada con posterioridad -4/8/17-, cuando la investigación penal estaba en curso y ya se contaba con la información que brindara el acusado, calificando el aporte de Gamarra como extemporáneo e inconducente a los fines previstos en el art. 10 de la ley 27.304.
Con lo aquí expuesto, sin hesitaciones, se vislumbra que la Jueza de grado ha brindado razones plausibles para desestimar la aplicación al caso del supuesto previsto en el citado art. 41 ter del CP.
Por otro lado, el recurrente insiste con la petición entendiendo que el aporte, al contrario de lo sostenido en el fallo, resultó trascendental, más omite precisar, en concreto, qué datos brindados en su declaración revisten la cualidad que pretende adjudicarle y las razones para catalogarlas de esa forma.
En ese sentido, de forma genérica, el impugnante señala que “ Diego Nicolás Gamarra aportó datos de la persona que sería su proveedor de estupefacientes, aportó también su dirección exacta (hasta marcando en Google Maps la vivienda, imprimiendo fotos de la misma), aportó una fotografía del investigado dónde se observa la casa que había detallado, los datos de los vehículos en que se movilizaba, los registros que utilizaba el nombrado en las redes sociales, cómo y dónde ocultaba la droga en el interior de su domicilio” , más no explicó cómo aquella información tendría repercusión favorable en el avance de la investigación en curso, desatendiendo que la Jueza de grado no omitió su consideración, sino que la valoró irrelevante en atención al conocimiento con que ya se contaba.
Es decir, la presentación de la parte carece de la fundamentación necesaria para evidenciar que la información que suministró su defendido resultaba –aun de forma potencial- “trascendental” para la investigación -punto controvertido en el fallo-, lo que torna, inoperativa la reducción contemplada en el art. 41 ter del CP.
Turno de abordar la queja que se circunscribe al proceso de individualización punitiva.
Como punto de partida, cabe señalar que el sistema general de determinación de la pena adoptado por el Derecho Penal Argentino -de penas relativas-, en el que se mencionan pautas de orientación ejemplificadoras, sin determinar no sólo el sentido sino tampoco el valor de cada una de las circunstancias, determina que deba evaluarse que las reglas seguidas cumplan con el deber de fundamentación explícita que permita el control critico-racional del proceso de decisión.
No existe norma que establezca determinado método de dosificación de la pena.
"… Si lo que la defensa pretendía era que además de ello, la decisión hubiera asignado un valor numérico a cada pauta, sumando y restando cada una de ellas sobre algún punto de ingreso a la escala penal, corresponde señalar que esta Corte ha declarado invariablemente que ese método no resulta impuesto por norma alguna…"(SCBA P. 125.464, del 22/12/15, entre otras).
La evaluación conjunta de los ilícitos, el grado de culpabilidad del imputado con el correctivo de la peligrosidad y las reglas de los arts. 40 y 41 CP, no permite arribar a un monto con exactitud matemática.
Además, cabe mencionar que el principio de proporcionalidad es un elemento distintivo de todo ordenamiento jurídico sometido a los principios del Estado de derecho, compuesto por criterios de idoneidad (para la consecución de su objetivo), necesidad (atendiendo al derecho penal como ultima ratio o in dubio pro libertate) y exigibilidad, que se establece con el fin último de lograr un trato justo y de gravamen adecuado para el ciudadano (HASSEMER, Winfried, "El principio de proporcionalidad como límite de las intervenciones jurídico-penales", en El principio de proporcionalidad penal, Editorial Ad-Hoc, 2014).
La jueza de grado ponderó como atenuantes de la pena los siguientes baremos: la inexistencia de antecedentes condenatorios, y la confesión lisa y llana prestada en el debate, y como agravante, la circunstancia de haberse visto involucrados menores de edad (cfr. fs. 15/16vta.).
Ahora bien, la Defensa se agravia de la ponderación de la agravante referida aduciendo su falta de demostración, y su vinculación con el tipo agravado –art. 5 inc. c, 11 y 34 de la ley 23737-. Encuentro que, frente a los argumentos expuestos por la magistrada, la parte omitió acompañar una crítica concreta y razonada. En efecto, la jueza explicitó que los menores –Alan Gaudio y Ramiro Carlos Alberto Masías- permanecieron en las inmediaciones de la vivienda del acusado en distintos momentos, a saber: el primero en ocasión de llevarse a cabo la diligencia de allanamiento, mientras que respecto al segundo se destacó que tenía un cigarro de marihuana. Tales circunstancias se vinculan, de acuerdo a las previsiones del artículo 41 inc. 1 del CP, “al peligro causado”, adjudicable a la conducta de Juan Nicolás Gamarra.
Desde esta perspectiva, se advierte que, en atención a la gravedad y pluralidad de los hechos y su calificación legal, así como el grado de participación que le cupo al imputado, considerando la entidad de las atenuantes y la agravante valoradas, la determinación judicial de la sanción impuesta se ajusta a la necesidad, idoneidad y exigibilidad como criterios propios del principio de proporcionalidad y constituye la medida de la culpabilidad de los actos atribuidos (arts. 40 y 41, CP).
Por lo demás, los cuestionamientos de la Defensa se circunscriben a exposiciones genéricas, sin abordar una crítica puntual respecto al modo de determinación de la pena efectuado por la sentenciante en el caso.
En conclusión, propongo rechazar, por improcedente, el recurso de casación interpuesto por el Defensor Oficial Dr. Juan José Mahiques en favor de Juan Nicolás Gamarra (arts. 40, 41 y 41 ter del CP; 5 inc. “c” de la ley 23.737; 20 inc. 1°, 106, 371, 373, 448, inc. 1° a contrario sensu, CPP), con costas (arts. 530 y 531, CPP).
Asimismo, corresponderá tener presente la reserva del caso federal de fs. 32 (art. 14 de la ley 48).
Así lo voto.
A la misma segunda cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Es mi voto .
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
I. Declarar admisible la impugnación efectuada por el Defensor Oficial Dr. Juan José Mahiques.
II. Rechazar, por improcedente , el recurso interpuesto a fs. 28/32 en favor de Juan Nicolás Gamarra, con costas.
III. Tener presente la reserva del caso federal.
Rigen los artículos 18 y 75, inc. 22, CN; 14, nº 5, PIDCP; 8.2.h, CADH; 14, ley 48; 40, 41, 41 ter, CP; 5 inc. “c” de la ley 23.737; y 20 inc. 1, 106, 371, 373, 448, 450, 451, 454, 530, 531, cits. y ccs., CPP.
Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente devuélvase al Tribunal de origen.
FDO. RICARDO MAIDANA - DANIEL CARRAL (JUECES). ANTE MÍ: JORGE ANDRES ALVAREZ (SECRETARIO)
Fin de la sentencia