Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II · Causa 99576
C- 99.576/II
En la ciudad de La Plata a los 28 días del mes de abril del año dos mil veinte, reunidos en Acuerdo Ordinario, los Jueces de la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Fernando Luís María Mancini y María Florencia Budiño, bajo la presidencia del primero de los nombrados, para resolver el presente recurso de casación interpuesto en favor de Ángel Guillermo BORGEAL en la presente Causa N º 99.576 de trámite ante este Tribunal; practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: MANCINI – BUDIÑO- .
Llegan los presentes autos a este Tribunal como consecuencia del recurso de casación interpuesto por la Sra. Defensora Oficial, Dra. María Fernanda Montero, en favor del imputado Ángel Guillermo Borgeal, respecto del pronunciamiento recaído, en el marco de un juicio abreviado y con integración unipersonal, en la Causa Nro. 7352-589-17 del Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 1 del Departamento Judicial Mercedes, por el que se condenó al nombrado a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas por haber sido hallado autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual agravado por el acceso carnal, por configurar un sometimiento gravemente ultrajante para la víctima, por el vínculo, y por haber sido cometido contra un menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente –varios hechos en concurso real-, en concurso ideal con corrupción de menores agravada.
Efectuadas las vistas correspondientes, y hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
Primera : ¿Es admisible el remedio impetrado?
Segunda : ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión , el doctor Mancini , dijo:
Entiendo que la respuesta a esta cuestión debe ser afirmativa.
El recurso interpuesto satisface los requisitos de tiempo y forma regulados, en lo pertinente por los arts. 451 y ccdtes. del C.P.P., a la vez que la recurrente se encuentra legitimada para recurrir, y en vista de que la sentencia objeto de recurso se enmarca dentro de las resoluciones que el Código de rito establece como susceptibles de ser impugnadas por esta vía, corresponde entonces admitir el recurso de casación deducido por la defensa del imputado (Arts. 421, 448 inc. 1º, 450, 451, 454 inc. 1º, 464 inc. 2º y ccdtes. del C.P.P.).
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, la doctora Budiño dijo:
Por los mismos fundamentos, voto en igual sentido que mi colega preopinante.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
I. En primer término, se alzó la recurrente contra la calificación legal del fallo referida a la corrupción de menores agravada como así al abuso sexual gravemente ultrajante.
Respecto de la figura contemplada en el art. 125 del C.P., específicamente reclamó que el a quo se hubiera limitado a sostener que las conductas endilgadas “ tuvieron la entidad suficiente para corromper la sexualidad de la menor Angelina ”, sin tener en cuenta que la norma castiga dos acciones concretas (“promover” y “facilitar” la corrupción) que no fueron descriptas en la sentencia.
Similar alzamiento formuló respecto de la calificación legal del abuso, por considerarlo un sometimiento gravemente ultrajante para la víctima, arguyendo que no se explicó en el veredicto si las razones del agravamiento se apoyaron en la duración o en las circunstancias de su realización, aspectos no tratados en el pronunciamiento.
Añadió que tampoco el a quo se ocupó de tratar los aspectos subjetivos de esos dos moldes legales que fueran aplicados.
En suma, explicó que en ambas calificaciones se desconocieron las razones por las cuales los sucesos fueron así encasillados lo que, a su entender, “ implica un déficit de motivación insuperable (Art. 106 del CPP) ”.
Por ello, peticionó la casación de la sentencia y la modificación de la calificación legal asignada a los hechos, suprimiéndose las dos figuras penales anteriormente atacadas. Como consecuencia de ello, peticionó también una disminución del reproche al mínimo legal de los delitos subsistentes.
En la parte final de su escrito, también denunció el desconocimiento respecto de la cantidad de sucesos que integraron el concurso real afirmado en el fallo, toda vez que el “a quo” se limitó a consignar que se trató de “varios hechos”, sin una mayor especificidad. A Raíz de ello, dijo que “ esa indeterminación deberá resolverse a favor del encartado, a la luz del principio in dubio pro reo ”, por lo que solicitó la imposición del mínimo de la escala penal prevista para el delito remanente.
II. A) En oportunidad de contestar el traslado legal, a fs. 38/41, la Sra. Defensora Adjunta ante esta instancia revisora, Dra. Ana Julia Biasotti, mantuvo en todos sus términos la impugnación y solicitó que se resuelva conforme allí fuera peticionado, ampliando los fundamentos vertidos por la primigenia Defensora.
Respecto de la aplicación del art. 55 del C.P., indicó que se trató de un “delito continuado”, pues no se dieron hechos independientes entre sí, sino que existió “unidad de designio” y “unidad de lesión jurídica”.
Finalmente dejó planteada la reserva del caso federal.
III. El recurso de casación no prosperará.
Así, en primer lugar, los reclamos encaminados a cuestionar la calificación legal asignada no tendrán favorable andamiaje.
En lo que importa subrayar, el juez de mérito tuvo por acreditados los siguientes hechos:
“ ...desde fecha indeterminada, en diversas oportunidades, hasta el ocho de octubre de 2016 –fecha en la que tuvo lugar el último episodio- un sujeto masculino, abusó sexualmente de su hija, A.E.B.R., quien en la última jornada mencionada contaba con seis años de edad.
Para saciar sus deseos libidinosos el sujeto realizaba numerosas acciones: apoyaba su miembro viril en los genitales y la cola de la niña, la accedía carnalmente con su pene en la boca, así como también efectuaba tocamientos en la vagina de la menor. Todo esto tuvo lugar en el domicilio donde al principio convivían y al que después el sujeto concurría a visitar a la niña –quedando en muchas ocasiones a cargo de su guarda- sito en calle Cabildo nro. 1856 entre 1º de Mayo y Pedro Mena de la localidad y Partido de Moreno.
Ningún reproche merece la conclusión sentencial respecto de la configuración del delito de corrupción de menores.
En este punto, inicialmente encuentro adecuado recordar que los pronunciamientos judiciales constituyen un todo inescindible, insusceptible de ser fragmentados en compartimentos estancos y que, entonces, el sentido y los fundamentos del fallo deben extraerse de su íntegro contenido. (Conf. Causa N° 3164 “Ferreyra, Miguel Angel s/ recurso de casación”. Sent. 24/10/02, Reg. 697, entre otras).
Sentado ello, estimo que resultan del fallo con meridiana claridad los fundamentos en los que el tribunal apoyó la decisión que ahora se cuestiona por infundada, la que fue cimentada en la enunciación de la materialidad ilícita y la autoría del acusado, de manera conjunta con las constancias probatorias analizadas pormenorizadamente por el sentenciante y que fueron dirimentes para edificar su convencimiento, todo lo cual -considerado globalmente- da suficiente apoyo fáctico y legal a la calificación legal asignada.
Además, el modo en que el juez de grado haya agrupado los desarrollos sobre la determinación de los hechos, del protagonismo del inculpado, de la prueba evaluada en el caso, y de la síntesis del molde legal aplicable, para la respuesta de todos aquellos interrogantes, no deriva ningún déficit de fundamentación, de modo que el fallo no es merecedor, por ese motivo, de la casación pretendida.
Cabe señalar que la exigencia de la debida fundamentación no reclama el acatamiento de determinadas fórmulas sacramentales, sino que basta con que la decisión contenga las razones que la sustentan en sus puntos esenciales para que el imperativo legal se encuentre satisfecho, tal como ha ocurrido en el presente caso en el que el magistrado expuso la prueba de la que se valió y en qué medida contribuyó a formar su convicción sobre los hechos y –de forma mediata- respecto del punto combatido.
Adviértase, como ejemplo de lo que vengo señalando que, a la hora de tratar la materialidad ilícita, también se ocupó el juzgador de señalar que los hechos a los que había aludido de modo anterior (en apretada síntesis: tocamiento con el pene del acusado de los genitales y ano de la víctima; forzamiento de la menor para la práctica de la “fellatio in ore”; tocamientos que incluyeron introducción de dedos -de acuerdo a la prueba reunida- en la vagina de la niña) tenían “entidad suficiente” para “corromper la sexualidad de la menor”; de todo lo cual se advierte que en un acápite distinto del pronunciamiento, el magistrado de modo explícito se refirió a la calificación legal, detallando los hechos y explicando su capacidad corruptora.
Dicho esto, queda claro que la ausencia de motivación denunciada no es tal, por fuera de las consideraciones que pudiera o no merecer la técnica empleada por el magistrado para edificar el pronunciamiento analizado, el que –reitero- no muestra infracción legal alguna en tal sentido, e impide entonces una corrección a ese nivel en esta instancia revisora.
Y si bien la parte señala que no están descriptas las acciones típicas reclamadas por la figura de corrupción de menores (facilitación y/o promoción), tampoco puedo acompañar esta consideración.
Como bien se ha recordado en el recurso, es postura de esta Sala, desde antaño, que la descripción de la materialidad ilícita debe ser clara y circunstanciada, sin que sea necesario (y en algunos casos, ni siquiera aconsejable) que su vocabulario reitere el estrictamente utilizado en la ley pues, lo que debe observarse es simplemente si quien lee el pronunciamiento puede verificar, de un modo sencillo, que los hechos descriptos sean enmarcables en el tipo penal aplicado, de modo que no exista incertidumbre al respecto.
Esa situación es justamente la que se ha dado en el caso, donde el juez indicó detalladamente cuáles habían sido los actos con contenido sexual desplegados por el acusado en perjuicio de su hija menor de edad, adunando su entidad corruptora, todo lo cual muestra con nitidez el despliegue de un accionar que puede considerarse “promotor” de la corrupción de la víctima, pues sabido es que el verbo “promover” al que alude la ley aplicada, se traduce en acciones concretas que impulsan, o determinan al menor a intervenir en prácticas sexuales idóneas para alterar el proceso evolutivo natural de su sexualidad, comprometiendo de ese modo su sano desarrollo de cara al futuro. En otras palabras, el autor participa al menor en actividades de naturaleza sexual de forma prematura, excesiva o perversa, habilitando un condicionamiento inapropiado en el curso natural y libre de su sexualidad. Todo lo cual aquí ha ocurrido a partir del despliegue de las conductas detalladas en el veredicto que incluyeron el forzamiento a realizar la práctica de la “fellatio in ore” a una niña menor de seis años, introducción de los dedos en su vagina, entre otras conductas prematuras y excesivas para su corta edad.
De modo que lejos de estar ausente la fundamentación, como insuficientemente expresó la defensa, el pronunciamiento resultó expuesto con total apego a las disposiciones legales que rigen en el caso (arts. 106, 210, 371, 373 y ccdtes., C.P.P. y 125 del C.P.).
Similares consideraciones caben respecto de la verificación del abuso sexual gravemente ultrajante.
Doy por reproducido aquí –en homenaje a la brevedad- todo lo explicado con relación al análisis integral y no fragmentario que se debe hacer respecto del pronunciamiento judicial, al igual que respecto del vocabulario empleado por el juzgador a la hora de detallar el sustrato fáctico del fallo, pues la recreación de los sucesos plasmados en las cuestiones primera y segunda del veredicto, y la concatenación de los diversos elementos de prueba allí analizados, muestra sobradamente el despliegue de un accionar puesto en cabeza de Borgeal que justifica cabalmente el molde legal que en esta oportunidad se objeta.
Así, no aparece inadecuada la calificación legal en de abuso sexual agravado por configurar un sometimiento gravemente ultrajante para la víctima, teniendo en cuenta que la menor al momento de los sucesos contaba –como máximo- con tan sólo seis años de edad y, tomando el carácter objetivo de los actos, se verifica de forma clara y patente una desproporción con el tipo básico previsto en el párrafo 1° del art. 119 del Código Penal.
En efecto, el accionar de Borgeal (por fuera de lo referido al sexo oral, que en este caso mereció otra calificación legal más severa) no se compatibiliza con un mero tocamiento libidinoso, pues acercar su pene hacia los genitales de la víctima, quien al momento del hecho contaba con seis años, e introducirle sus dedos en el interior de la vagina, son actos más gravosos para la menor.
Entonces, teniendo en cuenta las circunstancias bajo las cuales se realizaron esos actos, éstas resultan objetivamente desproporcionadas respecto a las diversas formas de abuso sexual simple.
Finalmente, respecto de la alegación de que no se habrían comprobado los aspectos subjetivos de las figuras penales aplicadas, le daré tratamiento conjunto a ambos delitos toda vez que el rechazo de estas objeciones obedece a un mismo motivo en común: no puede señalarse, a partir de la prueba reunida en el caso y la ausencia de alegación oportuna al respecto por parte de la defensa, que el acusado no comprendiera el alcance de su conducta ni de su criminalidad (incluso cuando fue increpado, conforme surge de las constancias de la causa, negó el hecho a su ex pareja, amenazó también al hermanito de la víctima que había presenciado la situación de abuso para que no la contara, etc.) lo cual entonces resulta suficiente para comprobar las exigencias subjetivas de estos delitos.
El juzgador tuvo por demostrados determinados hechos y el estado psíquico del autor no fue siquiera puesto en duda, si a ello adunamos su conducta posterior a la que ya he aludido, no hay margen para la duda en cuanto a que su conducta resultó inequívocamente ilustrativa de un comportamiento querido y dirigido a sabiendas de sus implicancias.
En lo que respecta a la faz cognoscitiva de dolo debe decirse que pertenece al conocimiento normal, de conformidad con el sentido más llano del acontecer ordinario de las cosas, el dato a partir del cual promover esta clase de prácticas sexuales con una menor que contaba con apenas seis años de edad, supone una capacidad de corrimiento en el natural desarrollo de su sexualidad por resultar prematuro y excesivo, a la vez que también puede implicar un sometimiento gravemente ultrajante y, a partir de ello, se desprende que no existen circunstancias que permitan afirmar que el sujeto aquí juzgado no fuera consciente de las consecuencias que su obrar podía acarrear para la niña víctima.
Tal panorama convictivo permite válidamente concluir en que la conducta realizada por Borgeal fue guiada por el dolo requerido por los moldes legales aplicados y cuestionados en esta ocasión, por lo que el primer tramo del recurso debe quedar definitivamente desechado.
Tampoco va a prosperar el agravio en el que se denuncia una indeterminación en la fijación del número de hechos, que impactaría en el concurso real establecido y conduciría –de esa suerte- a una disminución necesaria del reproche penal.
Estimo necesario, ante todo, formular ciertas precisiones con relación a la coyuntura ventilada en este proceso.
Los sucesos juzgados tuvieron lugar, conforme se desprende de la prueba valorada, en ocasión de encontrarse el acusado al cuidado de sus hijos pequeños, como también del hijo de su –por aquel entonces- pareja, que al tiempo en que sucedió el último abuso, tan solo contaba con diez años de edad. Esos episodios, se desarrollaban cuando la madre de los menores no se encontraba presente en el hogar, siendo el único adulto justamente Borgeal.
Cuando la niña víctima pudo develar la situación padecida, a sus seis años, debido a su corta edad sólo pudo establecer que sufría ese padecimiento sexual a manos de su padre y, utilizando un lenguaje acorde a su edad, dijo en qué consistían los hechos que la habían victimizado (“ papá me metió el pito en la boca”, o “papá me apoyó el pito en el culo y en la pochola”, “papá me bajó los pantalones y me tocó la pochola”, etc.). Más allá de ello, parece indudable que una niña de tan corta edad contara con escasas posibilidades de brindar detalles más nítidos que hubieran sido de mucho provecho para la investigación, como fechas y horarios precisos, cantidad de veces que ocurrieron cada uno de esos hechos, etc.
Hago alusión a ese contexto pues, la indeterminación sobre la que intenta hacer base la defensa para descalificar el fallo (que en definitiva no hizo más que cumplir con el pacto de juicio abreviado suscripto, que había sido expresado en los mismos términos con relación al número de hechos que integraban el concurso real objetado), apoyada en la falta de mención de las características precisas de tiempo, lugar y ocasión de cada episodio obedece no a un olvido o falta de justificación por parte del juzgador, sino al apego del acuerdo de las partes y también al importante factor de que este tipo de agresiones sexuales que se desarrollan en el seno del hogar, mayormente se mantienen ocultas en virtud del “silenciamiento” que se asegura el autor, que además se vale de una situación particular de vulnerabilidad de las víctimas, de su posición de superioridad frente a niños de tan corta edad y con escasas posibilidades de defensa. Parece insoslayable en este aspecto considerar que la metodología seguida por el autor para cometer los hechos, en este caso concreto, cuando niños de muy corta edad quedaban a su cargo, por encontrarse ausente la madre, en un ámbito de privacidad como es el propio hogar, favorece la impunidad por no acaecer a la vista de otros testigos distintos que puedan, de modo directo, corroborar el abuso en sí mismo, y también por las pocas posibilidades de que, aun cuando salieran a la luz, su denuncia fuera formulada con la misma riqueza en detalles que si la víctima se hubiera tratado de una persona con plena capacidad por mayoría de edad.
Por eso, en el caso concreto, no se advierte arbitrariedad ni infracción legal que amerite la casación del pronunciamiento.
En la coyuntura no era posible precisar detalladamente, dada la habitualidad que también se desprende del relato de la menor y de los profesionales intervinientes, la cantidad de veces exacta de los abusos perpetrados; circunstancia puntual que en este caso no se advierte como una falencia que arremeta contra la descripción de la materialidad ilícita que se consideró probada en sus aspectos esenciales.
Tampoco atenta contra el concurso real dispuesto, con el consecuente establecimiento de la escala penal aplicable al caso, ni mucho menos contra el monto de sanción impuesto. En el presente caso, las conductas sexualmente abusivas desplegadas por el enjuiciado en perjuicio de su hija, si bien constituyeron la realización de varios actos que no pudieron determinarse en su cantidad, de todos modos se manifestaron como ontológicamente diferenciables –lo que justifica su tratamiento bajo el prisma del art. 55 del C.P.-.
La definición acaecida en el fallo respecto de la cantidad d
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