Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 97967
"Registrado bajo el Nro. 148 Año 2020"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. R.C. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 5 de MARZO de 2020 se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 97967 caratulada “CATALANO MANUEL ALEJANDRO ORTEGA GARCIA SERGIO YONATHAN U ORTEGA SERGIO JONATHAN U ORTEGA GARCIA SERGIO JONATHAN S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL.
El 20 de abril de 2018, el Tribunal en lo Criminal nº 5 del Departamento Judicial de Quilmes, condenó a Manuel Alejandro Catalano a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso, por resultar coautor del delito de homicidio criminis causa , robo agravado por su comisión con arma de fuego en grado de tentativa, y autor de los delitos de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, abuso de arma reiterado –dos hechos-, hurto, robo agravado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse de ningún modo por acreditada y robo, todos en concurso real entre sí, y a Sergio Jonathan Ortega García a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso, declarándolo reincidente, por resultar coautor del delito de homicidio criminis causa en concurso real con robo agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa (arts. 5, 12, 29 inc. 3, 42, 45, 50, 55, 80 inc. 7°, 104, 162, 164, 166 inc. 2°, párrafos segundo y tercero, y 189 bis inc. 2°, tercer párrafo, CP).
Contra dicho pronunciamiento, el Defensor Oficial, el Dr. Edgardo Cadet De Rosso, interpuso recurso de casación en favor de sus defendidos Catalano y Ortega García (fs. 58/66).
Ingresado el legajo a la Sala I de este Tribunal con fecha 03/09/2019 y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Habiendo sido interpuesto el recurso por quien se encuentra legitimado, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo de juicio oral en materia criminal, se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 y 75, inc. 22, CN; 14, nº 5, PIDCP; 8, nº 2, h, CADH; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, 454, inc. 1, CPP).
Voto por la afirmativa .
A la misma primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa .
A la segunda cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
El recurrente cuestiona la calificación jurídica de homicidio agravado criminis causae asignada al evento, por ser fruto de una errónea interpretación de los hechos y aplicación de las normas de derecho sustantivo. Adhiere a los motivos vertidos en el voto de la minoría por los cuales se asigna a los eventos la figura de homicidio en ocasión de robo. Entiende que no se encuentra acreditada la conexión ideológica que requiere el delito del art. 80 inc. 7° del CP. Agrega que no se demostró la existencia de un plan previo para ocasionar la muerte de Anriquez. Sostiene que la pericia de autopsia practicada evidencia que el único disparo efectuado no fue dirigido a una parte vital del cuerpo de la víctima, habiendo adoptado de forma sorpresiva, no dominable ni calculable, un trayecto inusual. Resalta que por la cercanía y la dirección en que fue disparada el arma, de ninguna manera puede sostenerse la intención de matar a la víctima. Considera que, si bien no se descarta en el accionar de su defendido un dolo eventual, dicha modalidad de ningún modo habilita la adecuación típica del homicidio criminis causae. Por otro lado, sostiene que no se halla demostrado que Ortega García, quien no poseía armas en su poder, supiera de antemano y formara parte de su plan criminal trazado, la realización del disparo por parte de su compañero. De forma subsidiaria, de acogerse el cambio de calificación hacia la figura del art. 165 del CP, solicita se descarte la aplicación del art. 41 bis del digesto de fondo. Finalmente postula que en el evento descripto el delito de portación de arma de fuego de uso civil concursa de forma aparente.
El Defensor Adjunto de Casación, Dr. José María Hernández, mantiene el recurso, remitiéndose a las razones allí esgrimidas (fojas 89).
El Fiscal Adjunto de Casación, Dr. Fernando Luis Galan, propicia el rechazo del recurso presentado, conforme los argumentos que desarrolla a fojas 90/95.
Con independencia de la garantía procesal que conduce a la exigencia de la necesidad de la doble conformidad judicial para ejecutar la pena si el condenado lo requiere, la circunstancia de ponerse en juego otra garantía como la del juicio público, única base de la condena, determina que, en el caso de no haberse observado el debate, no es posible controlar la valoración de la prueba practicada en el transcurso de la audiencia si el Tribunal diera cuenta circunstanciada de su empleo, para tener por acreditado cualquiera de los extremos de la imputación.
Los arts. 8.2.h de la Convención y 14.5 del Pacto exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad (arts. 8.5 de la Convención Americana y 14.1 del Pacto), sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento, se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso, con lo que, no existe una incompatibilidad entre el debate y la revisión amplia en casación, ambos son conciliables en la medida en que no se exagere el resultado de la inmediación.
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por el impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a lo que fuera expuesto (art. 434 y ccs., CPP; v. Sala I, c. 77.217, “ Sosa, Leandro Ezequiel s/ Recurso de Casación ”, sent. del 06 de julio de 2016, reg. 558/16; c. 79.219. “ Amarilla Bruno Ezequiel s/ Recurso de Casación ”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 973/16; c. 79.427, “ Díaz Nuñez, Jonathan Gonzalo s/ Recurso de Casación ”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 979/16, entre muchas otras).
En las causas n° 3.842 y 4.006 el A Quo tuvo por acreditado los siguiente hechos: HECHO 1 : “ que el día 14 de abril del año 2015, en horas de la noche, en el domicilio sito en la calle Colectora y Diagonal Fontana, de la localidad de Ingeniero Allan, partido de Florencio Varela, Manuel Alejandro Catalano, en circunstancias que se encontraba en carácter de visita respecto de su hijo, se apoderó ilegítimamente de una notebook marca HP color marrón y negra, propiedad de Mauro Domingo Benítez, logrando la libre disponibilidad de la misma”. HECHO 2 : “El día 14 de abril de 2015, siendo aproximadamente las 17.00 horas en las calles 15 y 5 de la localidad de Ingeniero Allan, partido de Florencio Varela, Manuel Alejandro Catalano, previo empujar a la víctima menor de edad Javier Sánchez se apoderó ilegítimamente de una bicicleta playera rodado N° 26 de color azul, marca Beach Bike, dándose a la fuga logrando la libre disponibilidad de la misma. Posteriormente la víctima, junto a su hermana Karen Sánchez, se dirigió a la seccional sexta de Florencio Varela a realizar la denuncia, en donde reconoció en el patio trasero de dicha dependencia al rodado anteriormente mencionado como el sustraído”. Y HECHO 3 : “ El día 15 de abril de 2015, siendo aproximadamente las 07.20 horas, en la intersección de las calles 42 entre 7 y 8 de la localidad de Ingeniero Allan, partido de Florencio Varela, Manuel Alejandro Catalano, previo intimidar a la víctima Carmen Ramírez, apuntándola con un arma de fuego tipo revólver –la cual no fue habida- se apoderó ilegítimamente de un celular marca LG táctil de color blanco y rosado de la empresa Movistar, propiedad de la damnificada, para luego darse a la fuga del lugar, logrando así la libre disponibilidad del objeto sustraído (fs. 29vta./30).
Cabe señalar que este segmento del fallo no ha sido objeto de impugnación y no se observan motivos que habiliten su revisión en esta instancia.
Sentado ello, en la causa n° 3.666, el Tribunal tuvo por acreditado que: “ el día 5 de marzo de 2016, aproximadamente a las 21.05 horas, en circunstancias que Sergio Anriquez circulaba a bordo de la moto Motomel CX 150, dominio 043 LOL, por la 1149, al llegar a la intersección con 1128 de Florencio Varela, fue interceptado por Sergio Ortega García, alias ‘Nando’ y Manuel Catalano alias ‘Manteca’, quienes se desplazaban a bordo de una motocicleta y mediante intimidación con un arma de fuego que detentaba este último sin poseer autorización legal para ello, no habida hasta el momento, intentaron apoderarse ilegítimamente de la moto de Anriquez. Que en esas circunstancias y con la finalidad de consumar el hecho emprendido, Catalano le efectuó un disparo a la víctima Anriquez que le impactó en el brazo derecho y le perforó el pulmón derecho, la arteria aorta, porción torácica y pulmón izquierdo, lesiones todas esas que lo condujeron al óbito, no logrando los agentes activos del evento criminal consumar el desapoderamiento iniciado por razones ajenas a sus voluntades delictivas. Asimismo, en las mismas circunstancias de tiempo y lugar antes descriptas, y en oportunidad en que se aproximaron hacia donde se encontraba Anriquez ya herido su concubina Liliana Servín y su hermana Natalia Anriquez, Catalano efectuó un disparo hacia sus personas sin llegar a lesionarlas. Seguidamente un vecino del lugar de nombre Eduardo Gimenez al observar la situación, increpó a Catalano y a Ortega García, refiriéndoles ‘que hacen’, momento en que el primero de los nombrados lo apuntó con el arma de fuego efectuando un disparo hacia donde se encontraba sin llegar a lesionarlo, tras lo cual ambos sujetos se dieron a la fuga del lugar a bordo de la motocicleta en la que se movilizaban” (fs. 33vta./34).
Sobre tal base, se le atribuyó a Manuel Alejandro Catalano el carácter de coautor de la comisión de los delitos de homicidio criminis causa y robo agravado por su comisión con arma de fuego en grado de tentativa, y autor de los de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal y abuso de arma reiterado –dos hechos-, todos en concurso real entre sí; y a Sergio Ortega García ser coautor del delito de homicidio criminis causa en concurso real con robo agravado por su comisión con arma de fuego en grado de tentativa.
Sentado ello, adelanto que el recurso habrá de prosperar parcialmente pero por motivos diversos a los consignados en la presentación.
Como punto de partida, debe señalarse que los extremos de la materialidad ilícita y, la participación de los acusados en la misma, no resultaron cuestionados en la impugnación, limitándose el recurrente a disentir con la calificación legal escogida por la mayoría del Tribunal.
Fijado el objeto del agravio, corresponde escindir la situación de los imputados.
En ese sentido, como bien se afirmara, en el marco de esta causa, a Manuel Alejandro Catalano se lo condenó por resultar coautor de la comisión de los delitos de homicidio criminis causa y robo agravado por su comisión con arma de fuego en grado de tentativa, y autor de los delitos de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal y abuso de arma reiterado –dos hechos-, todos en concurso real entre sí.
En primer lugar, para realizar la reconstrucción de lo sucedido, el Órgano de grado se valió de una serie de elementos que han sido analizados de conformidad a las reglas estipuladas por los arts. 210 y 373 del CPP.
A su respecto, contrariamente al criterio sustentado por la Defensa, la revisión de la plataforma fáctica del fallo me impide sostener que el Tribunal haya incurrido en una valoración arbitraria de los elementos probatorios, por cuanto los sentenciantes que conformaron el voto mayoritario expresaron cuáles fueron las razones que, surgidas de las pruebas, determinaron la decisión adoptada, indicando el camino recorrido para llegar a esa conclusión, no logrando el impugnante conmover con sus argumentos las razones que sustentan la asignación jurídica otorgada a los eventos.
En primer lugar, la defensa cuestiona la ausencia y/o no acreditación de los elementos subjetivos que requiere el delito de homicidio criminis causae .
Postula que el disparo, efectuado a corta distancia, fue dirigido a una zona no vital del cuerpo de la víctima –extremidad superior, parte externa-, lo que de ninguna manera podía normalmente desencadenar en un resultado luctuoso, descartando así la existencia de dolo directo. Aclaró que, en el caso, la trayectoria que adoptó el proyectil fue inusitada.
Agregó a lo expuesto que, si realmente la intención de su defendido era causar la muerte, a esa distancia, era factible apuntar a una zona del cuerpo que indefectiblemente ocasionara el óbito.
Observo que, la crítica de la Defensa se vislumbra insuficiente para contrarrestar lo afirmado en el fallo.
Por lo demás, al contrario de lo postulado por el impugnante, se observa que la adecuación normativa asignada al evento resulta ajustada a derecho.
La precisa reconstrucción del contexto histórico en que el imputado atentó contra la vida de Daniel Anriquez, en especial a partir de las declaraciones de Sandra Leguizamón, Natalia Soledad Anriquez, Antonella Belén Leguizamón y Eduardo Aurelio Giménez, testigos presenciales del hecho, permite afirmar acreditados los extremos que requiere el encuadre legal atribuido.
De igual forma se expresaron los restantes testigo: “ no le dieron tiempo a bajar y le dispararon… no le dieron tiempo a nada, no tuvo tiempo de decir ‘tomá la moto’, fue instantáneo, se le cruzaron y le dispararon. No hubo dialogo, no le dijeron nada, directamente le dispararon” –Natalia Anriquez-; “ en ningún momento escuchó nada de la moto, no le dio tiempo, le disparó a Daniel que soltó la moto ” –Antonella Leguizamón-; y “ le dijo algo como ‘dame, dame’ y le disparó y el muchacho levantó la mano… no le dio tiempo a dársela… el vecino levantó la mano, el dame y el disparo, pasó todo junto ” –Eduardo Gimenez-.
Así, a partir de los testimonios referidos, en el fallo se dejó asentado que “ Catalano y Ortiz García interceptaron, con la moto en que circulaban, a la víctima de autos y sin mediar palabra alguna, el primero de los nombrados efectuó un disparo”, aspecto que no resultó cuestionado.
Por otro lado, del informe de autopsia se desprende que “ el cadáver presenta herida de proyectil de arma de fuego vital, en el tórax que ingresa por el tercio medio del brazo derecho cara externa, el paso del proyectil por el tórax produjo lesión perforante del lóbulo medio del pulmón derecho, lesión perforante de la aorta porción torácica y del lóbulo inferior del pulmón izquierdo, que ocasionó hemorragia cataclísmica con shock hipovolémico llevando al óbito a la víctima por falla multiorgásmica”.
Así las cosas, si bien el disparo efectuado por el imputado ingresa en una zona no vital del cuerpo humano -tercio medio del brazo derecho, cara externa- no puede perderse de vista que, de acuerdo a la trayectoria que se le imprima al proyectil y la posición en que se encuentre el miembro superior en relación al resto del cuerpo, sobrepasada la misma, indefectiblemente, se verán comprometidos órganos vitales, lo que ocurrió en el caso.
En ese sentido, Catalano conocía la potencialidad del medio empleado, al efectuar un disparo con el arma de fuego, a corta distancia, con la dirección que le imprimió, -más allá de donde efectivamente impactó el proyectil-.
En este punto, debe resaltarse que, conforme se acreditó desde el veredicto, el causante tenía pleno conocimiento de los riesgos, potencialmente mortales, que tal emprendimiento implicaba en el contexto descripto, esto es que su conducta conlleva a un riesgo de probabilidad elevado para ocasionar la muerte de la víctima, lo que finalmente sucedió, y, sin embargo, repito, aceptando como probable tal resultado, disparó contra Anriquez, lo que configura un actuar doloso.
Es decir, no puede desconocerse la capacidad ofensiva del instrumento utilizado, y que quien realiza la conducta descripta es consciente de las probables consecuencias que su accionar puede traer aparejadas para la víctima.
En tal contexto, el disparo efectuado es la contundente expresión de la creación de un peligro con probabilidad rayana a la certeza de producción del resultado muerte, por lo que se encuentra reunido el dolo homicida.
Por lo demás, se comparte los argumentos dados por el A quo , en cuanto que la figura contemplada en el art. 80 inc. 7mo del CP no requiere necesariamente para su concreción de una preordenación anticipada, ya que tal decisión puede surgir durante la ejecución del hecho.
Así las cosas, entiendo que el dolo homicida y la conexidad ideológica reclamada por la figura aplicada han sido debidamente acreditados en autos.
Además, conforme me he expedido en reiterados precedentes vgr. Causa N° 79611 caratulada “Ortiz Dominguez Fredy Ramón S/ RECURSO DE CASACION” Sala 1 , reg 318/17; -muttatis mutandi- " ... la conexión ideológica con el otro delito es el que brinda a la figura su carácter específico, pues aun cuando al momento del hecho que procuró ocultar no estuvo presente, en la consciencia del autor, el motivo de procurar la impunidad de un intento criminal –como sucedió en autos-, no impide que no obstante no haber sido la decisión anticipada, el plan que realizó al disparar a todos y lograr matar sólo a Sofía López tuvo por objeto procurar la impunidad al ser descubierto. Se trata de un supuesto de conexión ideológica entre el homicidio y el otro delito, de carácter final pues el otro delito ha sido el motivo que ha inducido al agente a actuar ."
En el caso en trato, los datos objetivos disponibles evidencian en él la “realización del plan”, es decir que debe tenerse por realizado el tipo cuando y porque se corresponde con el plan del sujeto en una valoración objetiva. Puede constatarse de la evidencia reunida la existencia de dolo como voluntad de acción realizadora del plan.
Por otro lado, considero que el planteo del Dr. Cadet de Rosso a través del cual solicita se subsuman los hechos dentro del marco de un concurso aparente de delitos entre las figuras de homicidio criminis causa y robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, por un lado, con la portación de arma de fuego de uso civil, por otro, conforme ya ha sido definido por el suscripto con anterioridad (cfr. TCPBA, Sala VI, c. 55.373, caratulada: “López, Daniel Alejandro s/ recurso de casación”, reg. 77/2013), tampoco merece favorable asidero, toda vez que sin perjuicio de la superposición material parcial que pudo existir entre ambos tipos penales en discordia, la secuencia fáctica probada en el fallo remite a que existieron hechos independientes y escindibles que justifica la solución del caso en los términos del artículo 55 del C.P., toda vez que dicha pluralidad delictiva configuró una diversidad de lesiones a bienes jurídicos que afectó la vida de una persona y el derecho de propiedad –homicidio y robo agravados-, como asimismo, trascendió con puesta en riesgo a l
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