Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 99079
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de Casación deducido por la señora Defensora Oficial, doctora María Lía Domecq, a favor de Milagros Belén Ortiz.
II. Hacer lugar al mismo, anular la decisión impugnada desde la primer cuestión del veredicto y, en consecuencia, reenviar el presente al órgano a quo a fin de que, integrado debidamente, dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho, sin costas en esta instancia.
Arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 1, 106, 201 y ccdtes., 210, 371, 395 sgtes. y ccdtes., 401, 450, 451, 454, 461, 464 y ccdtes., 530 y 531 del C.P.P.; 26, 27, 55 y 58 del C.P.
III. Tener presente la reserva del Caso Federal a tenor de lo dispuesto por el art. 14 de la ley 48.
En la ciudad de La Plata a los 21 días del mes de mayo del año dos mil veinte, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Mario Eduardo Kohan y Carlos Ángel Natiello, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N° 99.079 de este Tribunal, caratulada: "ORTIZ, Milagros Belén s/ Recurso de Casación" . Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: KOHAN-NATIELLO , procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. El Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil nº 2 del Departamento Judicial La Plata condenó con fecha 11 de julio de 2019, en el marco de un juicio abreviado, a Milagros Belén Ortiz a la pena de dos años y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento y costas del proceso, por encontrarla coautora penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, en concurso ideal con el delito de robo agravado por el uso de arma (impropia); y como coautora penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma blanca.
II. Contra dicho pronunciamiento interpuso recurso de casación la señora Defensora Oficial, doctora María Lía Domecq.
III. La defensa denuncia la inobservancia de lo normado por el art. 399 del C.P.P., considerando que el fallo resultó arbitrario en cuanto a la decisión de imponer una pena de efectivo cumplimiento.
Pone de relieve que se modificó en perjuicio de su asistida el modo de ejecución de la pena que fuera acordada por las partes.
De igual modo, refiere que la fundamentación brindada para no acoger la modalidad de ejecución en suspenso resulta arbitraria. En efecto, sostiene que el juzgador ensayó una escasa fundamentación sobre la base de la existencia de una sentencia de ejecución condicional precedente del mismo órgano que dictó el pronunciamiento ahora cuestionado.
Por otra parte, plantea la inobservancia de lo normado por el art. 371 del C.P.P. en orden a la aplicación de una pena de privación de la libertad y de efectivo cumplimiento.
Afirma que el argumento del a quo radicó en la verificación de un aumento del peligro cierto de frustración del proceso conforme el art. 148 -segundo párrafo- inc. 2º del C.P.P. para habilitar la privación de la libertad, y ello se basó primordialmente en el monto de pena impuesto y en su modalidad.
Dicho ello, postula la afectación de la doctrina de la Corte de la Nación en el fallo ‘Maldonado’ como así también la vulneración de lo previsto por la Convención de los Derechos del Niño y las Reglas de Beijing. Es decir, alega inobservado la máxima respecto a que la privación de la libertad en el menor debe ser la medida de último recurso, particularidad que también fue receptada en la legislación local con la sanción de la ley 13.634.
Así las cosas, postula que, aún cuando el sentenciante haya reducido la pena a la escala de la tentativa, lo decidido tuvo una carácter meramente retributivo e injustificado.
Por lo expuesto, solicita se haga lugar al recurso de casación incoado.
IV. Concedido y elevado el recurso por el a quo, radicado por sorteo en la Sala (fs. 46/vta.), fueron notificadas las partes, pronunciándose la señora Fiscal Adjunta ante esta Sede, María Laura D’ Gregorio, por el rechazo del remedio traído y dejando sentado los diferentes argumentos en los que fundó su posición respecto a la improcedencia del remedio incoado.
V. A fs. 65/vta. obra glosada el acta de la audiencia fijada en los términos de los arts. 12 inc. 2º de la C.I.D.N.; 60 de la ley 13.634; y 40 y 41 del C.P. en la que participaron representantes de la defensa y la encartada de autos.
VI. Cumplidos los trámites de rigor y hallándose en estado de dictar sentencia, la Sala IV del Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
1ra.) ¿Es admisible el recurso de Casación?
2da.) ¿Resulta procedente?
3ra.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
El presente recurso fue interpuesto tempestivamente contra una sentencia definitiva, mediante escrito fundado en el cual se ha dado cumplimiento a los requisitos formales establecidos en los arts. 401, 450 y 451 del CPP.
Asimismo, y conforme lo dispuesto en el art. 454 inciso 1° de dicho cuerpo normativo, la impugnante se encuentra subjetivamente legitimada para recurrir.
Por ello, corresponde declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto en la presente causa.
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto del doctor Kohan, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
En primer lugar debo adelantar que asiste razón a la defensa al agraviarse de la modalidad de ejecución de la pena que le fuera impuesta a su defendida Milagros Ortiz y, por tanto, deberá anularse desde la primer cuestión de la decisión impugnada en cuanto admite el acuerdo de juicio abreviado respecto de la encausada, por las razones que a continuación expondré.
Corresponde señalar que el Ministerio Público Fiscal, la imputada Ortiz y su defensa celebraron un acuerdo para imprimir a la causa el trámite de juicio abreviado, pactando la calificación legal, la pena a imponer y el modo de su cumplimiento (ver fs. 1/4).
En rigor, cabe exponer que las partes acordaron la imposición de cinco años de prisión en orden a los delitos de robo calificado por el uso de arma en concurso real con el delito de encubrimiento, en concurso real con el delito de robo calificado por el uso de arma.
Sin perjuicio de lo señalado, las partes acordaron que el monto de pena de cinco años de prisión debe hacerse con aplicación de lo estipulado en el art. 4 de la ley 22.278, solicitando en consecuencia la imposición de una pena de ejecución condicional.
A saber, existiendo acuerdo entre las partes respecto al modo de ejecución de la pena, siendo éste uno de los requisitos necesarios para que se efectivice el pacto, no debería el Juez haber homologado el mismo para luego desatender un punto que ha formado parte de aquél (cf. art. 399 del C.P.P.).
Nos encontramos frente a un supuesto de interpretación de la situación así planteada que conduce a la inviabilidad del temperamento adoptado por el Juez sentenciante.
Es que, por imperio de lo que establece el art. 71 del Código Penal, se puede afirmar, sin hesitación, que se encuentran vigentes en nuestra legislación, los principios de inderogabilidad de la jurisdicción penal, sujeción de toda la función judicial a la ley, indisponibilidad de las situaciones penales e igualdad, de lo que se deriva la potestad de los jueces para someter el acuerdo a su jurisdicción, homologando o rechazando el mismo, sin desnaturalizar, por vía de la aplicación del régimen de los arts. 395 y siguientes del C.P.P., los principios prealudidos.
La sentencia dictada viola las normas que rigen el instituto del juicio abreviado, desembocando inexorablemente en su nulidad (arts. 201 y ccdtes. y 399 del CPP).
Adunado a ello debo mencionar que el Juzgador se ha extralimitado de lo peticionado por las partes, en franca violación con el principio acusatorio que rige nuestro ordenamiento procesal penal.
Es exigible al Juzgador precisión en el debido resguardo de las formas que rigen al proceso penal, con especial atención a las alternativas que rigen el instituto del juicio abreviado, corroborando en forma estricta la verificación de los distintos extremos que regulan el instituto, lo cual no fue realizado por el órgano juzgador en la sentencia en crisis.
En consecuencia corresponde acoger el reclamo defensista al no haberse ajustado el Magistrado actuante a lo acordado por las partes y disponer una pena de dos años y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento.
En línea con lo expuesto el art. 399 del CPP en su parte pertinente prescribe: “…No se podrá imponer una pena superior a la solicitada por el Fiscal. Tampoco se podrá modificar en perjuicio del imputado el modo de ejecución de la misma acordado por las partes, ni incluir otras reglas de conducta o consecuencias penales no convenidas…” . (El subrayado me pertenece).
Por otra parte, estimo que los argumentos que brindó el sentenciante para soslayar el modo de cumplimiento de pena acordado se sustentaron en el antecedente condenatorio que la joven registrara por el mismo órgano jurisdiccional que dictó el pronunciamiento que ahora se cuestiona.
A saber, el 26 de febrero de 2019 el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil actuante le impuso a Ortiz una pena de dos años de ejecución condicional por los delitos de portación de arma de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal (‘hecho I’ del 21 de septiembre de 2017), robo agravado por la utilización de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada (‘hecho II’ del 4 de diciembre de 2017), y robo agravado por la utilización de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada (‘hecho III’ también cometido el 4 de diciembre de 2017).
Así las cosas, cabe mencionar que más allá de la afectación de las normas que rigen en el instituto del juicio abreviado, nos encontramos ante una patente violación a las reglas del concurso.
Cabe recordar que la aquí juzgada resultó condenada por una sentencia dictada el 11 de julio de 2019 por hechos cometidos el 21 y 22 de noviembre de 2017.
En el caso, nos encontramos ante un caso de una sentencia condenatoria anterior, dictada después de que la imputada hubiera cometido los hechos que produjeran la segunda sentencia condenatoria, por lo tanto, recaída en violación de las normas del concurso (art. 58 del Código Penal), que configura un caso de reiteración delictiva, y no de reincidencia, de manera que si ya existe una condena, la segunda, también admite que pueda llegar a recaer bajo el régimen de la modalidad en suspenso para su cumplimiento, siempre que lo admita el monto de pena que le pudiere corresponder, quedando el tema de si, ante un eventual proceso de unificación de sentencias, situación que no parecería que se pudiera ejercer en el caso, la pena total a la que se arribe por el sistema de composición o suma aritmética, pueda escapar a las condiciones temporales reguladas por el art. 26 del Código Penal, y ha de ser en ese momento en el que se determinará la continuación, o no, de este modo de imposición, la que podrá ser revocada, para el caso de que por cualquiera de aquellos sistemas, se supere el límite temporal, en trato, más, en el caso, aún de unificarse ambas sanciones con el criterio denominado sistema aritmético, la suma de las penas no supera los tres años de prisión.
Entonces, de tal modo, la situación de Ortiz encuadraría en lo que se ha dado en llamar un caso de "reiteración delictiva", lo que se presenta cuando se ha cometido sucesivos delitos, sin que entre ellos medie una sentencia condenatoria, "cumplida" o "firme", por lo que, si el antecedente que los nombrados registran, se computa como "primera condena", a los efectos del art. 26 del Código Penal, ello importaría tanto como interpretar la ley en sentido más gravoso para la acusada, y así, conforme a los principios dominantes en orden a las funciones y finalidades de la pena, la situación admite que se imponga a la encartada, en este proceso, una condenación de cumplimiento en suspenso.
El temperamento aquí sustentado reconoce apoyo doctrinario. En ese sentido Zaffaroni ha dicho que “primera condena debe entenderse como primariedad delictiva y no como la primera condena que el sujeto tenga en su vida lo que resultaría bastante ilógico” . ( “Tratado de Derecho Penal, Parte General” , T° V, pág. 444). En materia jurisprudencial, se ha sostenido que “El término ‘primera condena’ al que alude el art. 26 Cpen debe interpretarse como referido a aquel sujeto que ha cometido un delito mediando condena preexistente, la que necesariamente debió serlo por un hecho anterior por lo que, si registra una condena pro un hecho cometido con posterioridad a aquel por el cual se lo condena ahora y cumple con los demás requisitos que establece la ley, nada obsta a que el sentenciante fije la pena bajo la modalidad de ejecución condicional” . (C.N.C.P., Sala I, c. “Lázzaro, R.”, rta. 24/10/96; en igual sentido, Sala III, c. “Salinas, J.”, rta. 8/8/01). También se resolvió en el sentido aquí propiciado que “Si la segunda sentencia condenatoria es consecuencia de un delito de fecha anterior al primer fallo en el cual se le otorgó al reo el beneficio de la condenación condicional, no existe ‘nuevo delito’ que autorice la revocación del beneficio” (T.S.J Entre Ríos, 21/11/45, JER, 1945-401; C.N.Crim. Corr, 9/3/34, FCCCC, V-101).
De otro lado, el Juez votante debió entender que lo acordado resultaba inviable de conformidad con lo estatuido por el art. 398 del digesto de rito. Asimismo, debió declarar inadmisible el pacto de juicio abreviado y no proceder en la forma en que lo hizo y que en este acto será motivo de casación.
En consecuencia, al mediar un apartamiento flagrante de las normas del proceso, corresponde anular el resolutorio en crisis desde la primer cuestión del veredicto (cf. art. 461 del C.P.P.) respecto de Ortiz, procediendo a reenviar el presente al órgano a quo a fin de que, integrado debidamente, dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho conforme los lineamientos aquí esbozados (cf. arts. 398, 399 y concs. del C.P.P.).
Así lo voto
A la misma segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto del doctor Kohan, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la tercera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Visto el modo en que han sido resueltas la cuestiones precedentes, corresponde: 1) Declarar admisible el recurso de Casación deducido por la señora Defensora Oficial, doctora María Lía Domecq, a favor de Milagros Belén Ortiz; 2) Hacer lugar al mismo, anular la decisión impugnada desde la primer cuestión del veredicto y, en consecuencia, reenviar el presente al órgano a quo a fin de que, integrado debidamente, dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho, sin costas en esta instancia (arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 1, 106, 201 y ccdtes., 210, 371, 395 sgtes. y ccdtes., 401, 450, 451, 454, 461, 464 y ccdtes., 530 y 531 del C.P.P.; 26, 27, 55 y 58 del C.P.); y 3) Tener presente la reserva del Caso Federal a tenor de lo dispuesto por el art. 14 de la ley 48.
Así lo voto.
A la misma tercera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto del doctor Kohan, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que se dio por terminado el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve :
I. Declarar admisible el recurso de Casación deducido por la señora Defensora Oficial, doctora María Lía Domecq, a favor de Milagros Belén Ortiz.
II. Hacer lugar al mismo, anular la decisión impugnada desde la primer cuestión del veredicto y, en consecuencia, reenviar el presente al órgano a quo a fin de que, integrado debidamente, dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho, sin costas en esta instancia.
Arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 1, 106, 201 y ccdtes., 210, 371, 395 sgtes. y ccdtes., 401, 450, 451, 454, 461, 464 y ccdtes., 530 y 531 del C.P.P.; 26, 27, 55 y 58 del C.P.
III. Tener presente la reserva del Caso Federal a tenor de lo dispuesto por el art. 14 de la ley 48.
Regístrese. Notifíquese y oportunamente remítase.
Firmas
Funcionario Firmante: 21/05/2020 13:06:42 - NATIELLO Carlos Angel ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 21/05/2020 15:22:44 - KOHAN Mario Eduardo -
Funcionario Firmante: 21/05/2020 15:42:07 - OTHARÁN Olivia -
Fin de la sentencia