Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 100957
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de Casación deducido por la señora Defensora Oficial del Departamento Judicial Mercedes, doctora María Fernanda Montero, a favor de Benito Héctor Dos Santos Basinger.
II. Rechazar el mismo por improcedente, sin costas en esta instancia por haber existido razones plausibles para intentarlo.
Arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; 2 del C.P.; 106, 210, 448, 450, 530 y 531 del C.P.P.; Ley 24.660; Acuerdo Plenario de este Tribunal de Casación en causa nro. 63.610 caratulada “ALTAMIRANO, Facundo Ezequiel s/ Recurso de Casación”, del 04/11/2014.
III. Tener presente la reserva del caso federal, conforme artículo 14 de la ley 48.
En la ciudad de La Plata, a los 7 días del mes de mayo del año dos mil veinte, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Mario Eduardo Kohan y Carlos Ángel Natiello, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa Nº 100.957 de este Tribunal, caratulada: “DOS SANTOS BASINGER, Benito Héctor s/ Recurso de Casación”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: NATIELLO-KOHAN, procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. Llega la presente causa como consecuencia del recurso de Casación deducido por la señora Defensora Oficial del Departamento Judicial Mercedes, doctora María Fernanda Montero, contra la resolución dictada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de la mentada Departamental, en cuanto confirmó el auto por el cual el Juzgado interviniente rechazó la libertad asistida peticionada a favor de Dos Santos Basinger.
Destaca que no corresponde descartar la aplicación del art. 104 de la ley 12.256 por haber sido modificada la ley 24.660 –por ley 27.375-, dado que dicha modificación fue posterior a la fecha del hecho por el cual fue condenado su pupilo. Considera que corresponde, entonces, la aplicación del texto de la ley 24.660 en función del principio de legalidad y ultractividad de la ley penal más benigna, por lo que de ningún modo podría aplicarse una norma posterior, más perjudicial a sus intereses, pues ello implicaría una grosera violación a principios constitucionales, cuya aplicación no admite excepción alguna, excepto por supuesto que la nueva ley sea más benigna –art. 2 del CP-.
Manifiesta que con ello quiere significar que sí, con anterioridad a la ley 27.375 era aplicable al caso el art. 104 de la ley provincial, no corresponde descartar el mismo en este momento, dado que el hecho cometido por su pupilo es anterior a dicha modificación.
La defensa solicita se case el pronunciamiento recurrido y se ordene el tratamiento de la libertad asistida conforme el art. 104 de la ley 12.256.
Hace reserva del caso federal, conforme artículo 14 de la ley 48.
II. Concedido el remedio por el “a quo”, radicado en esta Sala, fueron notificadas las partes, pronunciándose el Señor Defensor Adjunto ante esta Sede, doctor Nicolás Agustín Blanco, por la procedencia del recurso. Por su parte, la señora Fiscal Adjunta de Casación, doctora Daniela Bersi, se expidió por su rechazo.
III. Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, los Señores Jueces decidieron plantear y votar las siguientes:
1ra.) ¿Es admisible el recurso de Casación deducido?
2da.) ¿Resulta procedente?
3ra.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
El recurso ha sido deducido en tiempo y forma de conformidad con los arts. 421 y 450 del CPP y, más allá de que en el caso se encuentra garantizada la doble conformidad judicial, entiendo que el auto que se impugna resulta recurrible por esta vía en los términos del art. 450 del C.P.P., por cuanto se trata de una resolución que deniega la libertad personal del encausado, ocasionándole un perjuicio que podría resultar de imposible reparación ulterior, razón por la que ha de considerarse equiparable a sentencia definitiva “por afectar un derecho que requiere tutela judicial inmediata” (conf. SCJBA, causas P.94.377, sent. del 18/04/2007; P. 112.802, sent. del 26/10/2011, entre otras).
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Adhiero al voto del doctor Natiello, por cuanto la decisión que se impugna resulta recurrible por la vía casatoria en los términos del artículo 450 tercer párrafo del C.P.P.-.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
I. Abocado al tratamiento de la cuestión aquí traída debo señalar que conforme surge del presente legajo el imputado Benito Héctor Dos Santos Basinger, fue condenado con fecha 19/10/2015 a la pena de ocho años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado por haber mediado acceso carnal, por tratarse de un sometimiento gravemente ultrajante para la víctima, por haber sido cometido por un ascendiente contra un menor de dieciocho años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo, bajo la modalidad de delito continuado. Que habiéndose practicado el respectivo cómputo de pena, se estableció que la misma vencerá el 13/08/22.
Ahora bien, este Cuerpo mediante sentencia de fecha 05 de abril de 2.018 en causa n° 88.088 ha establecido que: “…en el Acuerdo Plenario de este Tribunal de Casación en causa nro. 63.610 caratulada “ALTAMIRANO, Facundo Ezequiel s/ Recurso de Casación”, del 04/11/2014, se estableció que el régimen legal aplicable en materia de ejecución de las penas privativas de libertad es la Ley Provincial N° 12.256, en cuanto resulte más beneficioso para el condenado, que la Ley Marco Nº 24.660 del ordenamiento nacional… en atención a la reforma introducida por la ley 27.375 (B.O. 28/07/2017), la cual produjo sustanciales modificaciones a la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (ley 24.660), resulta pertinente -reitero- establecer qué versión de la norma resulta de aplicación al caso bajo análisis desde que debe mediar la determinación de la conclusión en punto a si la reforma opera en forma retroactiva.
La Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad regula el procedimiento aplicable a las formas y el modo en que se deberá cumplir una pena privativa de libertad. Mas advertimos que en el ámbito de nuestra provincia conviven dos regulaciones cuales son la ley nacional 24.660 y la provincial 12.256 y sus respectivas modificatorias. Ambas contienen disposiciones que están incluidas, por expresa voluntad del legislador nacional, como parte integrante del Código Penal y otras más bien son procedimentales y, como tales, quedarán sujetas a la determinación de cada una de las jurisdicciones locales por resultar materias no delegadas por las provincias a la Nación a través del art. 75 inciso 12 de la Constitución Nacional...la redacción del nuevo art. 229 antes citado fue modificada estableciendo que “Esta ley es complementaria del Código Penal en lo que hace a los cómputos de pena y regímenes de libertad condicional y libertad asistida”…Con ello, se ha circunscripto la tesitura enarbolada en forma precedente a los tres puntos indicados por el texto legal referido, deviniendo las restantes disposiciones de la ley de ejecución como elementos instrumentales a cuya aplicación debo remitirme a lo resuelto en el acuerdo plenario “Altamirano” en causa nro. 63.610 del 04/11/2014, de este Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires…En lo que hace a las restantes disposiciones de corte procesal o aquellas que no resultan derecho de fondo, conviene recordar que la misma es de aplicación desde su promulgación, por lo que ninguna duda hay respecto que la misma resulta operativa desde esa fecha. Y la problemática en cuanto a la sucesión de leyes procesales y su aplicación es solamente aparente, debiendo estarse a las disposiciones de la última de las sancionadas.
En ese sentido, en materia de legislación procesal penal se ha establecido el precepto de la irretroactividad de la misma. Por lo tanto, las reglas procesales se aplican desde su lanzamiento. Clariá Olmedo ha dicho al respecto que “La regla de la irretroactividad significa que la nueva ley regirá para todo proceso a iniciarse y para la continuación de todo proceso ya iniciado”. (“Derecho Procesal Penal”, Tomo I, pág. 108), para continuar dejando el tema más que claro al afirmar en forma categórica que “…una ley procesal penal creadora o modificadora de una actividad o situación, regirá de presente y de futuro…” para luego sentenciar “…la norma derogada no regirá como regla para la actividad a cumplir o situaciones a adquirir: no ultractividad de la ley derogada” (pág. 109). El único límite está dado en el caso de que la nueva ley rituaria empeore una situación ya adquirida.
Este es el criterio que ha sentado la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al entender que en materia del derecho procesal no rige la prohibición de retroactividad sino el principio “tempos regit actum” (c. “Palomo, Leónidas”, 1951, Fallos, 220:1250; “Cafés, Chocolates Águila y Productos Saint Hnos. S.A.”, 1961, Fallos, 249:1250, entre muchos otros).
Así las cosas, estimo que salvo en las materias integradas al Código Penal, la ley 27.375 resulta operativa y debe analizarse en parigual con la 12.256 y sus modificatorias…”.
Sentado lo cual, cabe insistir que en el citado Acuerdo Plenario de este Tribunal de Casación en causa nro. 63.610, se estableció que el régimen legal aplicable en materia de ejecución de las penas privativas de libertad es la Ley Provincial N° 12.256, en cuanto resulte más beneficioso para el condenado, que la Ley Marco Nº 24.660 del ordenamiento nacional y, en el caso, es la ley de ejecución nacional, en su redacción anterior a la reforma operada por la ley 27.375 (desde que al incluir a la libertad condicional y asistida como partes integrantes del Código Penal, resulta también que debe incluirse en el análisis en relación a la ley vigente al momento de comisión del hecho delictivo), aplicable por imperio del art. 2 del CP, la más benigna, lo cual surge del simple cotejo de los artículos 100 inc. 2 de la ley 12.256 y 56 bis de la citada ley nacional.
En consecuencia, de la confrontación de ambas legislaciones, en atención al instituto en trato y las circunstancias particulares del caso, concluyo que resulta correcta la aplicación de la Ley de Ejecución Penal Nacional 24.660 (redacción anterior a la ley 27.375) por resultar más beneficiosa para el encausado y, en virtud de ello, considero ajustada a derecho la decisión cuestionada.
Asimismo, cabe destacar, que las disposiciones de la ley -integrante del Código Penal por imperio de lo normado en el art. 229 de la Ley 24.660- deben ser interpretadas tomando el plexo legal en su totalidad y no descomponiendo las mismas.
II. No obstante lo expuesto, debo destacar que tanto las sentencias como las resoluciones que se les asimilan por sus efectos, deben atender a las circunstancias reinantes al momento de decidir, aunque sean sobrevinientes a la interposición del pedido en tratamiento (doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los Fallos 310:670; 311:1810; 318:625; 321:1393; 310:2246; 313:584; 314:568; 315:1553; 316:479; 318:625; 319:79; 323:600; 324:448; 325:1345, entre otros).
Dicho esto, cabe manifestar que de la lectura del presente legajo surge que el encausado a la fecha se encuentra en condiciones temporales de acceder a la libertad condicional, a la luz de las previsiones que rigen el mentado instituto (art. 13 y ccdtes. del CP).
Por tanto, carece de sentido un pronunciamiento respecto del tópico aquí traído, más aún cuando, conforme surge de la lectura del informe del Registro Único de Detenidos (RUD) se encuentra en trámite una solicitud de libertad condicional respecto del encausado, superponiéndose el estudio de dos institutos distintos con requisitos comunes, siendo que se contará con información actualizada que resultará determinante para un mejor decidir.
Lo expuesto conduce al rechazo del remedio traído.
Voto por la negativa.
A la misma segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Adhiero al voto del doctor Natiello, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la negativa.
A la tercera cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Visto el modo en que han quedado resueltas las cuestiones precedentes, estimo corresponde: 1) Declarar admisible el recurso de Casación deducido por la señora Defensora Oficial del Departamento Judicial Mercedes, doctora María Fernanda Montero, a favor de Benito Héctor Dos Santos Basinger; 2) Rechazar el mismo por improcedente, sin costas en esta instancia por haber existido razones plausibles para intentarlo (artículos 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; 2 del C.P.; 106, 210, 448, 450, 530 y 531 del C.P.P.; Ley 24.660; Acuerdo Plenario de este Tribunal de Casación en causa nro. 63.610 caratulada “ALTAMIRANO, Facundo Ezequiel s/ Recurso de Casación”, del 04/11/2014); y 3) Tener presente la reserva del caso federal, conforme artículo 14 de la ley 48.
Así lo voto.
A la misma tercera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Adhiero al voto del doctor Natiello, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que se dio por terminado el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve :
I. Declarar admisible el recurso de Casación deducido por la señora Defensora Oficial del Departamento Judicial Mercedes, doctora María Fernanda Montero, a favor de Benito Héctor Dos Santos Basinger.
II. Rechazar el mismo por improcedente, sin costas en esta instancia por haber existido razones plausibles para intentarlo.
Arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; 2 del C.P.; 106, 210, 448, 450, 530 y 531 del C.P.P.; Ley 24.660; Acuerdo Plenario de este Tribunal de Casación en causa nro. 63.610 caratulada “ALTAMIRANO, Facundo Ezequiel s/ Recurso de Casación”, del 04/11/2014.
III. Tener presente la reserva del caso federal, conforme artículo 14 de la ley 48.
Regístrese. Notifíquese y, oportunamente devuélvase.
Fdo. MARIO EDUARDO KOHAN - CARLOS ÁNGEL NATIELLO, Jueces. ANTE MÍ: Olivia Otharán, secretaria.
Fin de la sentencia