Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala III · Causa 94621
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, a los 27 días del mes de Mayo de dos mil veinte, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces, doctores Víctor Horacio Violini, Ricardo Borinsky y Ricardo Maidana, con la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia en la causa Nº 25.059 (Registro de Presidencia Nº 94.621), caratulada “Núñez Benítez, Facundo Nahuel s/ recurso de casación”, conforme al siguiente orden de votación: VIOLINI-BORINSKY-MAIDANA.
1. El Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Bahía Blanca condenó a Facundo Nahuel Núñez Benítez como autor de peculado a dos años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua y costas, imponiéndosele como reglas de conducta fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados (artículos 26, 27 bis, 29 inciso 3°, 40, 41 y 261, primer párrafo, del Código Penal).
2. Contra dicho pronunciamiento, interpuso recurso de casación la defensa particular, por el cauce de los artículos 448, 450 y 454 inciso 1° del Código Procesal Penal.
Se agravió por inobservancia y errónea aplicación de los artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 2, 59 inciso 6°, 162 y 261 del Código Penal; 210 373 del Código Procesal Penal.
En primer lugar, se agravió al haberse rechazado su petición de declarar extinguida la acción penal correspondiente al delito por el que Núñez Benítez fue condenado por la causal del inciso 6° del artículo 59 del Código Penal.
Alegó también la causal violación del plazo razonable de duración del proceso.
Se agravió también por la que consideró ausencia de elementos para acreditar la materialidad ilícita y la autoría de su pupilo.
Cuestionó la calificación legal de hecho y propuso se lo encuadre en la figura de hurto prevista en el artículo 162 del Código Penal. Y solicitó, consecuentemente, se declare extinguida la acción penal por prescripción al haber transcurrido el plazo correspondiente.
Por lo que solicitó la absolución de su defendido.
3. Radicadas las actuaciones en esta Sala con trámite abreviado (fs. 141), y notificadas las partes, el Fiscal dictaminó su rechazo (fs. 144/147).
4. Encontrándose la Sala en condiciones de dictar sentencia definitiva, se tratan y votan las siguientes,
Primera : ¿Se encuentra extinguida la acción penal por reparación integral del perjuicio ocasionado por el delito?
Segunda : ¿Es procedente el recurso interpuesto?
Tercero: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el señor juez doctor Violini dijo:
Dio por acreditado el tribunal que Facundo Nahuel Núñez Benítez “logró la sustracción del Tesoro del Casino de Monte Hermoso, de la suma de siete mil doscientos pesos en febrero de 2010, y luego la suma de mil ochocientos pesos en marzo del mismo año, ocultando ello mediante la maniobra de adulterar las sumas de las actas de arqueos mensuales, posibilitado ello al adulterarse también previamente las planillas de cálculo Excel en las que se volcaban las sumas percibidas, ocultando esa suma sustraída en una celda que se escribía en fuente color blanco, y que se sumaba al resto de los valores”.
I. Corresponde tratar en primer término el agravio referido a la extinción de la acción penal por reparación integral del perjuicio ocasionado por el delito.
Cabe mencionar que la circunstancia de haber sido resuelta la cuestión durante el debate sin que la parte formulara protesta, no obstaculiza su tratamiento posterior en esta instancia superior desde que la extinción de la acción penal es una cuestión de orden público que puede resolverse, aún, sin pedido de parte.
La defensa sostiene que el imputado devolvió la totalidad de las sumas denunciadas como sustraídas. Y se funda en lo declarado por Jorge Ruiz quien afirmó que dichas sumas fueron descontadas del salario de Núñez Benítez.
Asimismo, alegó que el Estado no manifestó interés en la causa: no se presentó como particular damnificado e informó lo que se le requiriera cuatro años después.
Agregó que la anuencia del Ministerio Público Fiscal en este tema resultaba irrelevante.
El a quo rechazó la petición, argumentando que, si bien se acreditó que las sumas sustraídas fueron devueltas en su totalidad la reparación integral a que alude el inciso 6° del artículo 59 del Código Penal es un concepto más amplio.
Y lo fundaron en que el testigo Ruíz no se refirió a una reparación integral y, de las constancias del expediente administrativo que se incorporara por lectura al debate, surgía el descuento de los nueve mil pesos a fin de no iniciar sumario administrativo de responsabilidad patrimonial en los términos de la Ley 13.767 que regula la administración general del Estado Provincial.
En consecuencia, valoraron como requisito ineludible la conformidad de la víctima y concluyeron que la misma no había sido dada ni podía inferirse.
Siguiendo con su razonamiento, el a quo consideró la disposición del inciso 6° del artículo 59 del Código Penal en tanto aplica la causal “de conformidad con las leyes procesales correspondientes”.
Y, al respecto, analizó que el Código Procesal Penal de la provincia sujeta a la decisión fiscal, mediante criterios de oportunidad, la aplicación de institutos referidos a la reparación de conflictos. Los cuales, en el caso, la fiscalía articuló. E infiere de ello que la conformidad requerida no fue dada y que, incluso, al inicio del debate manifestó expresamente su oposición.
Y con esos argumentos se pronunció por el rechazo de la petición.
II. Por mi parte, entiendo que el agravio debe progresar.
La Ley 27.147 (B.O. 18/6/2015) introdujo como causal de extinción de la acción penal la conciliación o reparación integral del perjuicio” señalando que lo será “de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes”.
Pero la circunstancia de no haber sido aún regulada en el Código Procesal Penal no puede constituirse en obstáculo para su aplicación, privando así de un derecho que la ley de fondo otorga al procesado.
Asimismo, aplicar a esta cuestión los requisitos de los institutos del Código Procesal Penal que se basan en criterios de oportunidad del Ministerio Público Fiscal, constituye aplicación de analogía in malam parte desde que el legislador nacional no lo consideró así.
En efecto, dichos criterios fueron contemplados en el artículo 59 del Código Penal, pero en un inciso aparte, el 5°. Es decir, que el legislador no los asimiló como formando parte de un mismo supuesto.
De tal manera, fue interrogado el Fiscal sobre si consentía la causal alegada, pero se omitió interrogar a la víctima, es decir, al Estado Provincial.
Justamente, esta forma de conclusión del conflicto penal toma en cuenta la voluntad de la víctima atendiendo a una justicia restaurativa.
En consecuencia, entiendo que debe extinguirse la acción penal correspondiente al delito en trato dado que el Estado ha percibido las sumas sustraídas y, atento a lo resuelto en el expediente administrativo, mantuvo vigente el contrato de empleo público.
Y, como señala la defensa, no se constituyó en particular damnificado ni hizo otro reclamo tendiente a la satisfacción de los daños ocasionados.
Por lo que debo inferir que el Estado se ha conformado con la restitución de las sumas que denunciara sustraídas (artículo 1°, tercer párrafo, del Código Procesal Penal).
Y esta solución puede aplicarse al caso en virtud de la retroactividad de la ley más benigna.
En palabras de la Suprema Corte de Justicia de esta provincia: “El principio de retroactividad de la ley penal más benigna también rige en lo atingente a los mecanismos de extinción de la acción, ya que este extremo está incluido en el concepto de ley penal que establece el artículo 2 del digesto sustancial” (conf. SCBA LP P 117566 S 13/03/2019 Carátula: S., C. R. – Apoderado del Particular Damnificado - s/ Recurso extraordinario de Inaplicabilidad de Ley, en causa Nº 32.586 y sus acumuladas Nº 32.591, 32.595, 32.597 Y 32.598, de la Sala II del Tribunal de Casación Penal seguidas A P., B., L. y F.; SCBA LP P 127804 S 20/02/2019 Carátula: S., C. y R., E. R. S/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley en Causa N° 26.986 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala I.-; SCBA LP P 124929 S 06/06/2018 Carátula: B. E. J. S/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley en Causa N° 1484 del Tribunal de Casación Penal Sala I; SCBA LP P 112596 S 16/07/2014 Carátula: D., F. D. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 2516. Tribunal de Casación -Sala I-; SCBA LP P 102123 S 08/07/2014 Carátula: G., O. A. R. d. c. R. e. d. i. d. l. T. d. C. S. I.; SCBA LP P 109771 S 07/09/2011 Carátula: A., G. E. s/Recurso de casación; SCBA LP P 103943 S 10/11/2010 Carátula: E., J. A. s/Recurso de Casación; SCBA LP P 95978 S 29/04/2009 Carátula: D., A. D. s/Recurso de Casación; SCBA LP P 95125 S 21/05/2008 Carátula: P. ,A. E. s/Defraudación SCBA LP P 73139 S 20/06/2007 Carátula: D. C., D. A. y o. s/Inf. arts. 71/72 bis ley 11.723; SCBA LP P 83722 S 23/02/2005 Carátula: B., R. R. y o. s/Robos reiterados).
Por lo que a esta cuestión VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión, el señor juez doctor Borinsky dijo:
Más allá de que no se pronunciara respecto a la causal de extinción de la acción alegada por la defensa, si el Estado Provincial, damnificado por el hecho de peculado que se atribuye a Benítez, mantuvo vigente el contrato de empleo público con el nombrado, procediendo a descontar de su salario sumas de dinero a cuenta de las desviadas por el acusado, no hubo actividad de parte de éste que demostrase su intención de reparar el daño causado, por lo que a mi ver no puede considerarse verificada la causa de extinción de la acción penal prevista en el artículo 59 inciso 6° del Código Penal (texto conforme la ley 27.147).
Además, al mantener su calidad de funcionario público, se encuentra suspendido el curso de la prescripción de la acción conforme el artículo 67, segundo párrafo, del Código Penal.
En su mérito, a esta primera cuestión, VOTO POR LA NEGATIVA.
A la primera cuestión, el señor juez doctor Maidana dijo:
Atento la disidencia planteada, a los fines de lograr la mayoría de votos, habré de adherirme a la solución propuesta por mi colega doctor Borinsky en su voto, por compartir sus fundamentos y hacerlos míos. Es MI VOTO.
A la segunda cuestión, el señor juez doctor Violini dijo:
El recurrente alega violación del plazo razonable del proceso como segundo argumento para solicitar la extinción de la acción penal.
Considero que el planteo no procede como lo explico a continuación.
Si bien el hecho imputado se produjo entre febrero y marzo de 2010, el imputado fue vinculado al proceso en 2016 cuando se designaron audiencias para recibírsele la declaración que dispone el artículo 308 del Código Procesal Penal (la primera el 18 de febrero, la segunda el 28 de junio y la tercera – porque el imputado solicitó suspensión y reprogramación de la anterior -, el 23 de agosto).
A su vez, para resolver esta cuestión debe tenerse en cuenta el tiempo de prescripción de la acción penal correspondiente al delito en trato. En efecto, en la causa P. 762. XXXVII.P. , A. J. y L. d. B., C. A. y otros s/ defraudación en grado de tentativa y prevaricato” la Corte Suprema de la Nación ha dicho “4º) Que en diversas oportunidades el Tribunal ha señalado que el instituto de la prescripción de la acción tiene una estrecha vinculación con el derecho del imputado a un pronunciamiento sin dilaciones indebidas (Fallos: 322:360, esp. disidencia de los jueces Petracchi y Boggiano, y 323:982), y que dicha excepción constituye el instrumento jurídico adecuado para salvaguardar el derecho en cuestión”.
En ese orden, atento a lo dispuesto por el inciso 2º del artículo 62 con relación al 261, primer párrafo, del Código Penal, ese plazo es de diez años.
Y el artículo 67 incisos b), c), d) y e) determina que el curso del tiempo de prescripción de la acción penal se interrumpe por: el primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado; el requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, efectuado en la forma que lo establezca la legislación procesal correspondiente; el auto de citación a juicio o acto procesal equivalente; y el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme.
Así, teniendo en cuenta las fechas de dichos actos cumplidos en la presente causa y la de comisión del delito, el término de diez años no se agotó.
En segundo lugar, no aparece como irrazonable el tiempo que demandó la investigación y, mucho menos, el juicio si se tiene en cuenta el delito cometido.
En efecto, vinculado al proceso en 2016, se llegó al dictado de la sentencia el 25 de septiembre de 2018.
Por lo que no encuentro procedentes los argumentos traídos ni aplicables al caso los precedentes citados de nuestro máximo tribunal.
Por lo que el planteo debe rechazarse.
III. El tribunal estructuró la prueba a partir de la declaración testimonial de Jorge Alberto Ruiz quien, a la fecha del hecho, se desempeñaba como Jefe del Departamento de Legales del Instituto Provincial de Lotería y Casinos.
Manifestó que se produjo una sustracción del tesoro de la suma de nueve mil pesos en el año 2010. Un mes fue de siete mil doscientos pesos y al otro mes, de mil ochocientos pesos.
A tal fin, se realizó una maniobra consistente en hacer constar montos escritos ocultos en la planilla Excel. Explicó que en fuente color negro se escribían los arqueos y con fuente color blanco las cifras correspondientes a las sumas que faltaban. De esa manera, dado que el fondo era blanco, dichas cifras no se advertían.
Señaló al Tesorero Flavio Sánchez como la persona que descubrió dicha maniobra al recibir los estados contables del Casino de Monte Hermoso cuando reemplazó a Núñez Benítez. Y explicó que los reemplazo se realizan cada ocho meses.
Precisó que es el Tesorero del Casino el encargado de resguardar el dinero porque tiene a su cargo la llave del Tesoro además del manejo de los estados contables.
Al finalizar el día se realiza un arqueo visual del dinero del Tesoro y se confeccionan las planillas con la información de las cajas que se vuelcan a una planilla Excel.
En forma concordante, declararon quienes se desempeñaban como empleados del Casino a la fecha del hecho: Mónica Mabel Basciano, Oscar Rodolfo Torres, Flavio Daniel Sánchez y Lelio Mariano Morriconi Cagnín.
Este último detalló que en las planillas se detectó un error inducido para lograr una suma que no era la correcta. Los faltantes se detectaron en las actas de febrero y marzo y el descubrimiento se hizo en agosto.
Y explicó que el Tesorero estaba volcando en la planilla las cifras correspondientes al cambio de dólares y, cuando intentó incluir dos cotizaciones en una misma celda, se “rompió” la fórmula de la planilla Excel.
Y, “se contrastó el dinero físico con lo teórico y ahí estaba el faltante” y que “había un nueve mil sumado en la planilla del cierre diario que aparecía por esa fórmula adulterada” siendo que en la planilla mensual también se advirtió la misma modalidad.
Refirió que en la planilla Excel aparecía otra cifra “en otra parte de la pantalla pintada en blanco para que los números no se vieran, pero relacionada a la suma final. Además, si se imprimía tampoco se veía, más allá de que la celda estaba fuera de ese margen de impresión”.
A preguntas, respondió que se trató de una maniobra deliberada para ocultar la sustracción del dinero. Y que esa celda con la cifra pintada de blanco no correspondía a nada. Precisó que no era posible detectar un faltante de nueve mil pesos en forma física ante la existencia de una cifra grande de dinero.
Por su parte, Flavio Sánchez fue el Tesorero que reemplazó a Núñez Benítez y descubrió la maniobra.
Dijo que hallaron un faltante de nueve mil pesos que figuraban en las planillas de arqueos mensuales y que en las planillas se descubrieron suma en blanco que se sumaban.
Explicó que los montos de dinero del cierre diario se cargaban en una hoja Excel y su resultado se trasladaba a los informes mensuales. En agosto de 2010 debido a que hubo dos cotizaciones de dólar, se colocaron esas dos cifras en la planilla que rompió la fórmula de la suma. Y así “saltó” el faltante, determinándose que en el Tesoro había nueve mil pesos menos.
Así, comenzaron a hacer los controles y, cuando sumaron en el cierre diario detectaron esa suma agregada con fuente color blanco sobre fondo blanco en una celda F55, constatándose que no fue un error, sino que había sido hecho adrede.
Explicó que en el Tesoro se guarda hasta una suma como la que cubre el seguro y, cuando excede, la misma se deposita. Que dicha suma era de un millón doscientos mil pesos, aunque se trataba de no alcanzarla sino hasta los quinientos o seiscientos mil pesos.
Finalmente, declaró el Licenciado en Criminalística y Técnico Electrónico Martín Fernández, quien cumplía funciones en la Policía Científica y fue designado perito ad hoc para el análisis de una planilla Excel del Casino de Monte Hermoso a fin de detectar si había sido o no, adulterada.
Su pericia, obrante a fs. 245/252 del principal, concluye que la planilla Excel fue alterada.
Manifestó que detectó una celda cuyos caracteres se encontraban en color blanco por lo que no podía visualizarse en la pantalla ni tampoco al imprimirla. De tal manera, se modificaba la fórmula para que el valor faltante no alterara el resultado. El valor encontrado ascendía a ocho o nueve mil pesos.
Afirmó que, si se posicionaba en la celda, salía en la barra la fórmula. Por lo que observó las propiedades de la celda y así se advertía el color blanco y surgía la cifra. De tal manera “se modificó el normal desarrollo e la fórmula, estaba anidada a esa otra celda” indicando que “era una hoja muy completa y muy compleja”.
A preguntas, respondió que el CD que recibiera para realizar la pericia era de “sólo lectura”. Es decir, no podía modificarse.
El tribunal valoró estas declaraciones testimoniales y su concordancia con la información del Expediente Administrativo N° 2319-09319/10 del Instituto Provincial de Lotería y Casino de la Provincia de Buenos Aires que se incorporó al juicio por lectura.
En él obraba la documentación en la que constaba la maniobra descripta.
Surge, asimismo, el faltante de dinero originado en el cierre de febrero de 2010 con una diferencia de siete mil doscientos pesos y en el cierre de marzo, la suma de mil ochocientos pesos que, sumados, totaliza nueve mil pesos sustraídos al Tesoro del Casino de Monte Hermoso.
En el acta de arqueo de febrero de fs. 58 de dicho expediente, se detallan los valores parciales de los billetes existentes en el Tesoro. Al indicarse la suma total se consigna $ 408.468,20 pero la suma correcta da como resultado $ 401.268,20. La diferencia asciende a $ 7.200.
En la planilla de fs. 59 correspondiente a marzo se presenta una situación similar: se detallan los valores parciales de los billetes existentes en el Tesoro anotando como total $ 438.524 pero la suma correcta de los valores da como resultado es $ 429.524.
La suma total da como resultado una diferencia de $ 9.000.- Es decir, mil ochocientos pesos más que el mes anterior.
Dichas diferencias se mantuvieron en las actas de los meses subsiguientes hasta que, en agosto del mismo año, se detectó el faltante y se anotó la diferencia (fs.60/63 del expediente administrativo).
Del expediente administrativo surge también que, durante los meses de mayo de 2009 a enero de 2010, no se registró ninguna diferencia entre la suma de los billetes y la anotada como tal. En consecuencia, concluyen los jueces que la sustracción del dinero se llevó a cabo en febrero y marzo de 2010.
La ma
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