Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala III · Causa 91635
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, a los 27 días del mes de Mayo de dos mil diecinueve, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Ricardo Borinsky, Víctor Horacio Violini y Ricardo Ramón Maidana, con la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia definitiva en la causa número 91635 (Registro de Sala número 24444), caratulada “Villanueva, César Raúl s/ recurso de queja interpuesto por el Agente Fiscal” y su acumulada causa número 91911 (24545) caratulada “Villanueva, César Raúl s/ recurso de casación”, conforme al siguiente orden de votación: BORINSKY – VIOLINI - MAIDANA
En lo que interesa destacar el Tribunal en lo Criminal número 1 de Necochea, mediante juicio por jurados que dictó veredicto de culpabilidad, condenó a César Raúl Villanueva a prisión perpetua y costas como autor responsable de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido mediando violencia de género, y ordenó que dentro de veinte años -contados a partir de la fecha- se revise la pertinencia, utilidad y conveniencia de mantener la pena impuesta, conforme los artículos 18 de la Constitución Nacional, 16 de la Convención contra la Tortura y 110, del Estatuto de Roma.
Contra dicho pronunciamiento interpuso recurso de casación el Agente Fiscal (fs. 25/29) denunciando que el tribunal aplicó el artículo 13 del Código Penal, según texto anterior a la reforma introducida por la ley 25892 del año 2004, e impuso revisar la pena de prisión perpetua dentro de 20 años y no a los 35 años como surge de la redacción vigente al momento del hecho hasta la actualidad, a los fines de evaluar el otorgamiento de la libertad condicional, el que fue declarado inadmisible en razón de haberse impuesto a Villanueva la pena requerida por la acusación (fs. 30/vta.).
Contra esa decisión el Fiscal interpuso recurso de queja (fs. 36/41) en el entendimiento que la aplicación del artículo 13 del Código Penal –versión anterior a la reforma de la ley 25.892- resulta una cuestión de gravedad institucional pues afecta el principio de legalidad y los intereses de la sociedad expresados a través de la condena impuesta por un jurado popular.
Asimismo, contra la decisión del Tribunal en lo Criminal número 1 de Necochea interpuso recurso de casación el defensor oficial (fs. 36/64vta. de la causa n° 91911) en base a las siguientes consideraciones: inobservancia y errónea aplicación de los artículos 80 inciso 1° y 11° del Código Penal, toda vez que no se acreditó la relación de pareja ni la violencia de género, cuestionando así el encaje; que el jurado deliberó solo treinta minutos, resultando a su entender, tiempo insuficiente para realizar un análisis real y profundo de la prueba rendida en el juicio; que el Juez no aceptó un escrito de la defensa con instrucciones hacia el jurado acerca de los alcances que tienen los términos relación de pareja y violencia de género; y, que pese a haberse excluido la declaración testimonial brindada por el efectivo policial Martín Urrestarazu, en virtud de que éste se refirió a los presuntos dichos del imputado vertidos en sede de la comisaría, los miembros del jurado resultaron influenciados por aquélla al momento de decidir.
Concedido el recurso de la defensa (fs. 65/vta. de la causa 91911) se radica en Sala con trámite común y noticia a las partes (fs. 74/vta. de la acumulada), y la Fiscal Adjunta postuló su rechazo (fs. 59/75vta.)
Asimismo, se radica en Sala la queja interpuesta (fs. 44/vta.), la Fiscal Adjunta ante la Sala (fs. 51/55vta.) acompañó a su par de instancia pronunciándose acerca de la admisibilidad de aquélla en tanto se cuestiona una decisión complementaria del juez que aparece arbitraria y acarrea gravedad institucional, resultando una situación comprendida en el primer párrafo, del artículo 450 del Código Procesal Penal, y la Defensora Adjunta ante el Tribunal postuló su rechazo (fs. 57/58).
Encontrándose la Sala en condiciones de dictar sentencia definitiva, se tratan y votan las siguientes
Primera: ¿Es admisible la queja interpuesta por el Fiscal?
Segunda: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto por la defensa?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión, el señor juez doctor Borinsky dijo:
Es doctrina de Sala que el Fiscal tiene facultad para recurrir, y que ello no quebranta la prohibición de doble valoración, pero aquélla encuentra las limitaciones establecidas en el artículo 452 del Código Procesal Penal, aplicándose al caso lo dispuesto en el inciso segundo de dicho artículo, resultando inadmisible el recurso fiscal pues el tribunal impuso la pena requerida por la acusación, y no una pena privativa de libertad inferior a la mitad de la requerida (artículos 18 de la Constitución Nacional y 15 de la Constitución de la Provincia; 210, 373, 448, 451, 452 inciso 2° del Código Procesal Penal). ASÍ LO VOTO.
A la primera cuestión el señor juez doctor Violini dijo:
Que adhiero al voto del doctor Borinsky, por sus fundamentos, y a esta cuestión VOTO POR LA NEGATIVA.
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Que adhiero al voto del doctor Borinsky, por sus fundamentos, y a esta cuestión VOTO POR LA NEGATIVA.
A la segunda cuestión, el señor juez doctor Borinsky dijo:
Primero . El Fiscal consideró probado y el jurado tuvo por acreditado que el 20 de noviembre de 2016 en un horario comprendido entre las 19:20 y 21:00 horas, en el trayecto entre la rotonda de Avenida 59 y Ruta 228 de Necochea, y las inmediaciones del establecimiento rural “Don Andrés”, sito en el camino viejo a La Dulce, a la izquierda del basurero a cielo abierto, César Raúl Villanueva, mediando violencia de género, ejerció violencia física hasta causar la muerte de Adriana Valle Caballero, con quien había mantenido una relación de pareja en el año 2015.
Posteriormente, ocultó el cadáver en inmediaciones del establecimiento rural referido, y el 21 de noviembre de 2016, en horas de la mañana, con el fin de procurar su impunidad, Villanueva trasladó el cadáver de Caballero hasta una pila de maderas de pino ubicada a setenta metros de la entrada principal e inició una quema de pastizales que duró dos días, incinerando el cadáver no siendo hallados sus restos.
Frente a ello, y luego de que el tribunal le diera las instrucciones finales y generales, el jurado deliberó y declaró culpable a Villanueva.
El jurado concluyó y afirmó que, más allá de toda duda razonable, el imputado ejerció violencia sobre Adriana del Valle Caballero hasta provocarle la muerte, incinerando posteriormente su cuerpo, habiendo existido entre ellos una relación de pareja y mediando violencia de género hacia ella.
Conforme lo anterior, el jurado determinó que César Raúl Villanueva es culpable de homicidio agravado conforme lo normado por los artículos 80, inciso 1° y 11°, del Código Penal.
Segundo . La defensa sostiene que el Jurado realizó una valoración arbitraria de la prueba, para tener por acreditado el hecho y la participación de Villanueva, reclama así la valoración de los elementos probatorios desarrollados en el juicio que determinaron la decisión del jurado, sin cuestionamiento de las instrucciones dadas por el juez, motivo por el cual no resultan atinentes las invocaciones por la defensa, relativas a la motivación del veredicto (artículo 106, 209, 210 y 373 del Código Procesal Penal).
Como refiere la fiscalía en nuestro sistema se instituyó el juicio por jurados cuyo veredicto no exige la expresión escrita de los fundamentos, constituyendo las instrucciones del juez plena y suficiente motivación de aquél, aunque las instrucciones no sean en sí una fundamentación, sino que cumplen una función constitucional equivalente.
A este control sólo le corresponde evaluar la vinculación entre decisión y duda razonable, o lo que es lo mismo que la declaración de culpabilidad se encuentre acreditada más allá de ella, pues de lo contrario estaríamos introduciéndonos en facultades legales y constitucionalmente atinentes al jurado, como lo que ocurre en el acto de deliberación final (en el que se analiza las cuestiones de hecho, vinculadas a la acreditación de la materialidad ilícita, y la intervención que le cupo al imputado) para la toma de decisión.
En otras palabras, debemos analizar la exigencia normativa del juicio en la valoración del jurado, esto es, si fue correcto el pronunciamiento de culpabilidad, más allá de una duda razonable, siendo el derecho que dota su contenido.
En base a sus argumentaciones, el recurrente señala que el veredicto recaló en una decisión inmotivada, toda vez que no existieron testigos presenciales, en armonía con la exigencia de que la culpabilidad debe ser establecida “más allá de una duda razonable”, pues justamente apunta a la falta de certeza en la autoría.
Es sobre la fórmula “más allá de una duda razonable” sobre la que debe dirigirse el análisis, para establecer si el jurado se ha apartado de la misma en los términos establecidos para recurrir, verificar con ese norte, si el veredicto de culpabilidad se dictó conforme a la prueba colectada y a la luz de las instrucciones, en torno a esa premisa.
Lo que denuncia el recurrente no ha ocurrido en el caso, pues si bien es cierto que no existieron testigos presenciales, existieron múltiples elementos indiciarios y elementos probatorios que permiten concluir que Villanueva le quitó la vida a Caballero.
Veamos.
El jurado declaró culpable a César Raúl Villanueva sin “dudas razonables” en la decisión adoptada.
Quedó acreditado que Villanueva llamó en reiteradas ocasiones a Adriana antes de encontrarse en la intersección de Avenida 59 y Ruta 228, según las Cámaras de la ciudad.
Ello resultó coincidente con el relato de Ángel Sebastián Caballero, padre de la víctima, quien refirió que mientras se encontraba en la casa de su hija, ésta recibió llamadas insistentes y cuando le preguntó quien era le dijo que su amiga Macarena Penayo (minuto 1:20 del audio 09052018093844093).
Luego, Penayo señaló en el debate que hacía muchísimo tiempo que no veía a Adriana (minuto 45 y siguientes del mencionado archivo de audio), lo cual resulta indiciario de que la víctima le ocultó a su padre con quien iba a encontrarse. En ese marco se desarrolla también el relato de Lidia Esther Frías, madre de la víctima (minuto 1:39 y siguientes del archivo).
Se suma al plexo probatorio la mancha de sangre en el buzo de Villanueva y los elementos personales –cartera, celular, agenda, etcétera- de la víctima encontrados en el dormitorio de aquél, resultando oportuno señalar que las comunicaciones a las que se refiere la defensa, que se habrían producido con el celular de la víctima luego de su desaparición, no demuestran que ella se encontrase con vida, toda vez que ninguno de los testigos aseveró que hubiesen hablado con ella, sino que solo sintieron risas u otros sonidos (minuto 1:11 –declaración de Julio Leiva- del registro fílmico 09052018140618220).
Los peritos del CONICET declararon que al menos tres perros efectivamente detectaron la presencia de olores compatibles con rasgos biológicos de un ser humano en el lugar donde se produjo la fogata. En efecto, en el dictamen que ilustraron a través de la exposición de una presentación de Power Point, consta como conclusión que la ausencia de evidencia –no se encontraron restos óseos correspondientes a una persona- no invalida la información suministrada por los canes de la policía, porque concretamente un cuerpo humano pudo haber estado en el lugar y ser retirado antes de quemarse parcial o totalmente (declaración testimonial de los peritos Ricardo Guichon y Pamela García Laborde, minuto 1:01 y siguientes del archivo 09052018093844093).
Así, teniendo en cuenta lo anterior, a partir de la prueba que el juez menciona en la sentencia y la producida en debate, el jurado comprueba sin ambages que Villanueva quemó el cuerpo de Adriana para descartar la evidencia. Que previamente la mató tras encontrarse en el trayecto al predio rural “Don Andrés”, en el camino a La Dulce.
Que tanto la acusación pública como el particular damnificado señalan que Villanueva quemó el cuerpo en la fogata (teoría del fiscal) o que fue retirado y tirado al basurero (tesis del particular damnificado), pero dicha diferencia no altera la materialidad del hecho en sí en cuanto a la producción de la muerte de la víctima.
Con la prueba referidas, no puede afirmarse, como pretende la defensa, que el veredicto del jurado sea arbitrario ni que haya alcanzado el estándar probatorio impuesto por el beneficio de la duda razonable.
Convengo entonces, frente a la prueba que acabo de escrutar, que la entidad de la misma permitió al jurado concluir, más allá de una duda razonable (el remarcado me pertenece) que Villanueva ejerció violencia física hasta causarle la muerte a Del Valle Caballero, con quien había mantenido una relación de pareja, y luego la incineró para deshacerse de su cuerpo.
En el precedente mencionado al inicio he acompañado al doctor Carral en cuanto que, calificada doctrina sostiene que nuestra tarea en estos casos pasa por articular una base objetiva para la decisión del recurso sobre un veredicto del jurado que es inmotivado, corroborando la corrección de las instrucciones, verificando que no se encuentre afectado el debido proceso y examinando los elementos probatorios para establecer que el veredicto haya superado el test de la duda razonable.
En punto a la declaración testimonial del comisario Martín Urrestarazu (minuto 1:19 y siguientes del archivo 09052018140618220), debo señalar que fue excluida probatoriamente por acuerdo de las partes, y el juez advirtió que en las explicaciones que le daría al jurado le instruiría a fin que no tengan en cuenta sus dichos en virtud de la imposibilidad de defenderse de la contraparte (minuto 1:40 del audio 09052018182703651), cumpliendo así con las instrucciones en general y especialmente en las cuestiones atinentes a la valoración probatoria, por lo que la violación a la autoincriminación no resulta comprobada, limitándose a las alegaciones de la defensa y de los dichos del imputado, y, no habiendo la defensa realizado objeción alguna en el momento en que Urrestarazu relativa a la sorpresa que le generaba el contenido de sus dichos, no existe violación del artículo 357 del Código Procesal Penal.
En relación al agravio de la defensa relativo a la inexistencia de deliberación por parte de los miembros del jurado, debo reiterar que el juez del tribunal les explicó que no debían dejarse influenciar, y por el contrario debían discutir y analizar la prueba, escuchar la opinión de cada uno de los miembros, que compartan las opiniones y traten de arribar a un acuerdo (minuto 1:40 y siguientes del registro 09052018182703651).
Como señala la fiscalía, en ese marco, la rapidez o demora en que pueda llegarse al acuerdo –que en el caso representó la unanimidad de los jurados- se relaciona en todo caso con la contundencia de las pruebas o la escasez de las discusiones contradictorias entre los miembros, y no con la inexistencia de deliberación, por lo que el agravio no progresa.
En virtud de lo expuesto, los motivos del recurso lucen insuficientes para demostrar las violaciones normativas denunciadas ya que, por un lado, parten de una visión fragmentaria que no se compadece con la prueba de cargo evaluada, la que permite arribar al veredicto de culpabilidad sin menoscabo de la presunción de inocencia (artículos 18 y 75, inciso 22°, de la Constitución Nacional; 8.2.h. de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 210, 342 bis, 371, 371 bis, 371 quáter, 375 bis, 448, 448 bis del Código Procesal Penal).
Tercero . El encaje realizado por el tribunal resulta correcto, pues como señalé, Villanueva ejerció violencia contra Del Valle Caballero hasta provocarle la muerte, y luego la incineró para deshacerse del cuerpo.
Que tuvo con la víctima una relación de pareja durante el año 2015, según los dichos de su madre y hermana (minuto 1:39 y 1:44 del archivo 09052018093844093), resultando público y notorio el vínculo que tenían, observándose en el video de las cámaras comunales ubicadas en la intersección de Avenida 59 y Ruta 229, resultando innecesario conforme el artículo 371 bis del Código Procesal Penal que los miembros del jurado hagan valoraciones sobre la subsunción de los hechos en categorías jurídicas, resultando de aplicación la agravante prevista en el inciso 1° del Código Penal.
Asimismo, resulta correcta el encaje en el inciso 11° del artículo citado del Código de fondo, toda vez que tal como lo sostuvo la hermana de la víctima, Victoria Caballero, el aquí imputado golpeaba a Adriana, y en un hecho precedente descripto por ella la hubiera matado si no hubiere sido por la intervención de los vecinos (minuto 48 del archivo 09052018093844093). A lo que se suman los dichos de Macarena Penayo, quien señaló que un día la encontró cerca de un supermercado y Adriana le contó lo que sufría y que el misionero la había desfigurado la Navidad pasada, expresándole que era algo que no podía contar en su casa (minuto 45 del audio 09052018115428864).
Tratándose de una pena indivisible y habiéndose fijado la modalidad menos gravosa, resulta ocioso pronunciarse respecto a los baremos de individualización, por lo que propongo declarar inadmisible el recurso de queja interpuesto por el Agente Fiscal, y rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa, con costas (artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 8.2.h de la CADH; 14.5 del PIDCyP; 80 inciso 1° y 11° del Código Penal, 448, 448 bis, 451, 454 y 460 del Código Procesal Penal). ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión, el señor juez doctor Violini dijo:
Adelanto al Acuerdo que en mi opinión, los agravios que cuestionan la valoración de la prueba no progresan.
Es que el planteo medular sobre el cual se estructura en forma integral la impugnación presenta un cariz netamente probatorio, pues el recurrente finca su reclamo en la valoración de los elementos producidos en el marco del juicio –pericias y testimonios- que determinaron la decisión del Jurado.
Entonces, haciendo eco del concepto de duda, el recurrente controvierte el camino lógico desplegado por el Jurado, invocando que el veredicto de culpabilidad se aparta manifiestamente de la prueba producida en el marco del debate.
O dicho de otro modo, sin cuestionar las instrucciones brindadas por el juez técnico de la causa, la Defensa apunta la existencia de absurda interpretación de la prueba, reclamando una revisión amplia de la sentencia.
Ahora bien, desconsidera el recurrente que el paradigma de revisión que prevalece en los supuestos de condenas dictadas en juicios por jurados presenta notas diferenciales que lo alejan del modelo tradicional de impugnación, aplicable a las sentencias dictadas por jueces técnicos, y que tales distinciones hallan sustento, precisamente, en la esencia del instituto regulado por la ley 14.543, en las características que le son propias y, en especial, en el modo en que el derecho al recurso ha sido estructurado por el legislador en razón de los extremos señalados.
Conforme emerge de la lectura del artículo 371 quáter , inciso 7° del código ritual, la regla general es la irrecurribilidad del veredicto dictado por el Jurado. Dicha máxima encuentra respaldo en las prescripciones del artículo 375 bis del mismo cuerpo legal, que establece, como corolario lógico, la facultad exclusiva –e irrecurrible- del juez técnico de decretar la nulidad del veredicto cuando estimare que resulta manifiestamente contrario a la prueba producida.
Hasta aquí, la conclusión que se impone es que solamente el juez técnico de la causa puede cuestionar el veredicto del jurado, mas no así –en principio- las partes.
Y pongo de resalto esta circunstancia, pues en el caso que nos ocupa, el
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