Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 100720
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible y procedente el recurso de Casación interpuesto por la Sra. Defensora Oficial a cargo de la Unidad de Defensa Penal N° 31, del Departamento Judicial Lomas de Zamora, Dra. Paula Rodríguez Herlein, a favor de Andrea Beatriz Gutiérrez.
II. Casar la sentencia impugnada y, en consecuencia, absolver libremente a Andrea Beatriz Gutiérrez por el delito de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización por el que resultara condenada, sin costas.
III. Disponer su inmediata libertad medida que hará efectiva el “a quo”, de no mediar impedimento legal alguno.
Artículos 1.1, 8.2.h y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 45 y 77 del Código Penal; 5 inc. c) y 40, Ley 23.737; 1, 106, 209, 210, 366, 371 incs. 1 y 2, 373, 395, 401, 421, 448, 450, 451, 454 inc. 1°, 460, 463, 530, 531 y concordantes del Código Procesal Penal.
Registro nro. Año 2020.
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Mario Eduardo Kohan y Carlos Ángel Natiello, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N ° 100.720 de este Tribunal, caratulada: “GUTIERREZ, Andrea Beatriz s/ Recurso de Casación". Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: NATIELLO - KOHAN , procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. Llegan los autos a consideración del Tribunal como consecuencia del recurso de Casación deducido por la Sra. Defensora Oficial Titular de la Unidad de Defensa N° 31 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, Dra. Paula Rodríguez Herlein, en representación de Andrea Beatriz Gutiérrez, contra la resolución dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de la mencionada Departamental, que condenó a la nombrada a la pena de cuatro (4) años de prisión, multa de 45 unidades fijas, accesorias legales y costas del proceso, por resultar autora penalmente responsable del delito de Tenencia Ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización.
II. Presenta la defensa como primer motivo de agravio, inobservancia al art. 77 del Código Penal, entendiendo que ha incurrido el Juez de grado en error, al tener por acreditada la materialidad ilícita basándose en un mero test orientativo, por el cual parecería que las sustancias escasas incautadas, se tratarían de material estupefaciente.
Considera que la valoración de los hechos o circunstancias fácticas alcanzadas por el in dubio pro reo, incluye también los elementos subjetivos del tipo penal, cuya averiguación y reconstrucción resultan imprescindibles para aplicar la ley penal. La falta de certeza sobreéstos últimos también debe computarse a favor de la imputada.
Agravia a esa parte, la cantidad de sustancia secuestrada de un peso total de 6,6 gramos entre contenido y continente; sin perjuicio de que tampoco se encuentra acreditado que la misma resultaría ser droga y por ende, que se puso en riesgo la salud pública. En consecuencia, entiende que la conducta ha de resultar atípica.
Subsidiariamente solicita un cambio de calificación, por el delito de tenencia simple de estupefacientes, por entender que el tribunal ha incurrido en una violación de los arts. 1, 106, 210, 371 inc. 2 y 373 del C.P.P., por la absurda y arbitraria valoración de las pruebas.
Hace reserva del caso federal.
III. Concedido el recurso de casación a fs. 34, radicado en Sala a fs. 39, se procedió a notificar a las partes y al encontrarse la presente causa en estado de resolver, esta Sala IV decidió plantear y votar las siguientes:
1ra.) ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto?
2da.) En su caso, ¿Resulta procedente?
3ra.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello , dijo:
Entiendo que el recurso es admisible pues además de haberse deducido en tiempo y forma, se dirige a cuestionar una sentencia definitiva que, por su carácter condenatorio, genera agravio a la imputada y su defensa (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; 1.1, 8 inc. 2 ap. "h", 25 de la C.A.D.H.; 14 inc. 5 del P.I.D.C.P.; 401, 421, 448, 450, 451, 454 inc. 1º y ccdtes. del C.P.P.).
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Adhiero al voto del doctor Natiello, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
I. Adelantaré mi sufragio diciendo que haré lugar al remedio procesal traído a esta Sede por la Sra. Defensora Oficial, Dra. Paula Rodríguez Herlein.
Presenta la defensa como primer motivo de agravio, la errónea aplicación del art. 5 inc. c) de la Ley N° 23.737 y la inobservancia del art. 77 del C.P.
Entiende que para tipificar la conducta atribuida a su asistida en el arts. 5° de la mencionada Ley, resulta indispensable que el material cuya posesión se le endilga a la imputada, debe ser considerado estupefaciente en términos jurídicos-penales, de conformidad con lo establecido en al art. 77 del fondal; reclamando que no obra en autos, la correspondiente pericia química respecto de los elementos incautados, en consecuencia, no se encuentra probado que la sustancias posean suficiente principio activo como para alcanzar la denominada “dosis umbral”, siendo precisamente ésta la que produce efectos tóxicos.
El art. 77 del C.P., establece la significación de conceptos empleados en ese cuerpo legal, definiendo en el octavo párrafo que: “El término “estupefaciente” comprende los estupefacientes, psicotrópicos y demás substancias susceptibles de producir dependencia física o psíquica, que se incluyan en las listas que se elaboren y actualicen periódicamente por decreto del Poder Ejecutivo Nacional…”
Cabe hacer la aclaración que el término comprende, es decir abarca, en primer lugar a los estupefacientes y a los psicotrópicos que aunque son categorías distintas, a los fines penales, son una sola y misma cosa: “estupefacientes” ; es que el articulado se limita a mencionar dos conceptos jurídicos por sus respectivos nombres y establecer que, para la Ley Penal, tanto el uno como el otro son estupefacientes y que, a los fines prácticos, también lo serán aquellas sustancias que en el futuro se incorporen al respectivo concepto.
El bien jurídico tutelado en el párrafo en cuestión es la salud pública, a los efectos de interpretar el concepto jurídico de “estupefaciente”, y tal como lo indica el propio legislador, se compone de la condición de certeza de que la sustancia esté contenida en las listas, más la de su poder toxicológico que le confiera la aptitud para crear dependencia física o psíquica, en relación con la salud de las personas , del cual sólo se tendrá certeza si las pruebas de laboratorio acreditan perfectamente la aptitud toxicomanígena de las sustancias .
Es decir, resulta presupuesto para la tipicidad objetiva, que los elementos secuestrados, sean peritados y posean la calidad de estupefacientes.
En caso de existir pericias, y arrojar como resultado una “dosis umbral cero”, esta circunstancia importaría la ausencia del efecto toxicológico, requerido por la normativa especificada “ut supra”.
En la presente causa, el material secuestrado por personal policial junto al Agente Fiscal Dr. Eusebio Vaqueiro, en cumplimiento de la medida ordenada por el Juzgado de Garantías N° 8 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, en el marco de la I.P.P. N° 07-00-82904-16/00, en el domicilio de calle Rawson N° 143 (sin numeración visible), entre las arterias de Venancio Flores y Lacaze de la localidad de Claypole, partido de Almirante Brown; se tuvo como constitutivo del elemento estupefaciente, luego de someterlo al test de orientación, el que arrojó resultado positivo a la sustancia cocaína.
El mencionado procedimiento, permite sostener que el material secuestrado contiene los principios activos de la droga y consecuentemente se podría afirmar que nos encontramos ante una sustancia ilegal; en autos el orientativo ha determinado la presencia positiva de los principios activos, restando conocer su exacta capacidad tóxica.
Los denominados test reactivos de color, encuentran su fundamento científico en los principios de la química forense, ciencia que se aplica en una gran variedad de técnicas, tanto cualitativas como cuantitativas, cuya principal finalidad es la búsqueda de respuestas provenientes de las diferentes evidencias, que ayuden a la resolución del caso. A través de ellos se busca presencia o ausencia de drogas, ya sea en polvos, líquidos, tabletas o cápsulas. Son pruebas cualitativas de laboratorio que se hacen uniendo un antígeno y su anticuerpo homólogo, para identificar y calificar el antígeno y anticuerpo específicos de una muestra; a éstos se les denomina inmunoensayos.
El método de estos tipos de ensayos químicos, entre los que se encuentran el de "Marquis" (utilizado en países como España) y el de Screnning (utilizado mayormente por nuestra policía provincial), consiste en el uso de una mezcla de anticuerpos selectivos para las distintas drogas (principios activos) y sus metabolitos, obteniendo un resultado con un alto grado de sensibilidad que permite determinar la presencia de los principios activos de la sustancia estupefaciente. Y si bien no es una prueba definitiva, los reagentes químicos que utiliza son aceptados dentro de la comunidad científica como los predilectos para la identificación de las sustancias específicas de análisis; sin embargo no dan la suficiente certeza como para determinar si lo hallado ingresa en el listado del art. 77 del C.P.-
Estas pruebas de color son adaptables a aplicaciones de campo, adquiriendo importancia relevante en momentos en que los funcionarios policiales deben determinar si las sustancias que interceptan, en un procedimiento en la vía pública, resultan en principio ser de aquéllas que la Ley 23.737 castiga el tráfico y aún su simple tenencia.
Lo hasta aquí expuesto no excluye que la pericia química cromatográfica, sea un medio de prueba ineludible para arribar a una sentencia definitiva en el marco de un proceso por violación de la Ley 23.737, pero la ausencia de la mencionada experticia o de similar tenor no da la certeza necesaria, requisito indispensable, para tener por cierto que nos encontramos ante una sustancia capaz de producir la dependencia psicológica y física que la normativa establece.
En efecto, si la sustancia habida en poder de la imputada carece de aptitud estupefaciente en los términos exigidos por el art. 77 del C.P, ello en atención a la ausencia en autos de peritación, que permita arribar a una conclusión lógica y exacta del cálculo aritmético aplicable a la especie, con la expresión de la cantidad de dosis umbrales con efecto alucinógeno y a su vez, que determine la mencionada calidad; lógico es concluir que la conducta es atípica.
En tal sentido y tal como ya lo señalara “ut supra”, el concepto estupefaciente tal como surge de los arts. 77 del Código Penal y 40 de la Ley N° 23.737, requiere la capacidad de producir dependencia física o psíquica. Por los motivos anotados -falta de pericias químicas-, la sustancia secuestrada no reúne tal calidad, en consecuencia no puede resultar típica a los fines penales.
La solución final a la que arribe un sentenciante debe ser la conclusión como consecuencia de la apreciación de los elementos del proceso en su conjunto, y no puede reposar en una pura subjetividad, sino que debe derivarse de la racional y objetiva evaluación de las constancias del proceso. O sea que dicha mecánica requiere de dos operaciones intelectuales: la descripción del elemento probatorio y su valoración crítica, tendiente a evidenciar su idoneidad para fundar la conclusión que en él se apoya.
Todo ello me lleva a afirmar que de la ponderación objetiva de la prueba surge la existencia de algunos elementos que pueden revestir el carácter de indicio, sin embargo -reitero- ello no alcanza el umbral de certeza para conformar un grado de convicción necesaria que esta instancia requiere, en lo que respecta a la existencia del hecho materia de estudio, lo que se traduce en una situación de duda que debe resolverse a favor de la imputada, siendo estrictamente aplicable el principio constitucional del “in dubio pro reo” (artículo 18 de la Constitución Nacional), motivo por el cual propiciaré la casación del fallo puesto en crisis y la consecuente absolución de Andrea Beatriz Gutiérrez.
Por todo lo expuesto, ante el déficit en la producción de la prueba, resultando la sentencia un acto jurisdiccional de fundamentación aparente y evidenciándose una situación de duda objetiva, se impone en mi criterio el acogimiento del recurso y la consiguiente absolución de la acusada.
Por lo expuesto, voto por la afirmativa.
A la misma segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Adhiero al voto del doctor Natiello, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la tercera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Que de conformidad al resultado que arroja el tratamiento de las cuestiones precedentes corresponde; 1) Declarar admisible y procedente el recurso de Casación interpuesto por la Sra. Defensora Oficial a cargo de la Unidad de Defensa Penal N° 31, del Departamento Judicial Lomas de Zamora, Dra. Paula Rodríguez Herlein, a favor de Andrea Beatriz Gutiérrez; 2) Casar la sentencia impugnada y, en consecuencia, absolver libremente a Andrea Beatriz Gutiérrez por el delito que resultara condenada, tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización, sin costas en esta instancia; y 3) Disponer su inmediata libertad, quien se encuentra detenida bajo la modalidad de arresto domiciliario, medida que hará efectiva el “a quo”, de no mediar impedimento legal alguno (artículos 1.1, 8.2.h y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 45 y 77 del Código Penal; 5 inc. c) y 40, Ley 23.737; 1, 106, 209, 210, 366, 371 incs. 1 y 2, 373, 395, 401, 421, 448, 450, 451, 454 inc. 1°, 460, 463, 530, 531 y concordantes del Código Procesal Penal.)
Así lo voto.
A la misma tercera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Adhiero al voto del doctor Natiello, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, la Sala Cuarta del Tribunal resuelve:
I. Declarar admisible y procedente el recurso de Casación interpuesto por la Sra. Defensora Oficial a cargo de la Unidad de Defensa Penal N° 31, del Departamento Judicial Lomas de Zamora, Dra. Paula Rodríguez Herlein, a favor de Andrea Beatriz Gutiérrez.
II. Casar la sentencia impugnada y, en consecuencia, absolver libremente a Andrea Beatriz Gutiérrez por el delito de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización por el que resultara condenada, sin costas.
III. Disponer su inmediata libertad medida que hará efectiva el “a quo”, de no mediar impedimento legal alguno.
Artículos 1.1, 8.2.h y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 45 y 77 del Código Penal; 5 inc. c) y 40, Ley 23.737; 1, 106, 209, 210, 366, 371 incs. 1 y 2, 373, 395, 401, 421, 448, 450, 451, 454 inc. 1°, 460, 463, 530, 531 y concordantes del Código Procesal Penal.
Regístrese. Notifíquese. Remítase copia certificada de lo aquí resuelto al tribunal de origen. Oportunamente devuélvase.
(V.B.)
Firmas
Funcionario Firmante: 31/07/2020 11:55:03 - NATIELLO Carlos Angel ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 03/08/2020 11:29:28 - KOHAN Mario Eduardo -
Funcionario Firmante: 03/08/2020 11:31:08 - OTHARÁN Olivia -
Fin de la sentencia