Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 99997
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana, Daniel Carral y Víctor Horacio Violini (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 99997 caratulada “MONTENEGRO WALTER ADRIAN S/ RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR LA DEFENSA PARTICULAR // MARTINEZ DARIO ESTEBAN S/ RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR LA DEFENSA OFICIAL”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL - VIOLINI.
El 11 de septiembre de 2019, el Tribunal en lo Criminal nº 4 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, condenó a Walter Adrián Montenegro, a la pena de tres (3) años y ocho (8) meses de prisión, accesorias legales y costas, más inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, por hallarlo autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y falsificación o adulteración de documentos agravada por tratarse de documentos destinados a la habilitación para circular de vehículo automotor (Hechos I, II, III y IV), en los términos de los arts. 45, 55, 256 y 292 segundo párrafo del CP, y a Darío Esteban Martínez , a la pena de un (1) año de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, más costas, por hallarlo penalmente responsable del delito de cohecho pasivo en carácter de partícipe primario (Hechos II), en los términos de los arts. 45 y 256 del CP.
Contra dicho pronunciamiento interpusieron recurso de casación, el Defensor Oficial de Darío Esteban Martínez, Dr. Luciano Augusto Noli (fs. 34/39vta.) y el Defensor Particular de Walter Adrián Montenegro, Dr. Gustavo José Della Maggiore (fs. 41/46vta.).
Ingresada la causa a la Sala I de este Tribunal con fecha 20/02/2020 y encontrándose en estado de dictar sentencia, se dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Son admisibles los recursos interpuestos?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el señor juez, doctor Maidana , dijo:
Habiendo sido interpuestos los recursos por quienes se encuentran legitimados, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo de juicio oral en materia criminal, se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 y 75, inc. 22, CN; 14, nº 5, PIDCP; 8, nº 2, h, CADH; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451 y 454 inc. 1, CPP).
Voto por la afirmativa .
A la misma primera cuestión planteada el señor juez, doctor Carral , dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa .
A la misma primera cuestión planteada el señor juez, doctor Violini , dijo:
Adhiero al voto del Dr. Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Maidana , dijo:
El Defensor Oficial de Martínez, sostiene que su asistido no reviste calidad de “funcionario público”, por lo que debe ser absuelto. Refiere -con cita del fallo Acosta de la CSJN y la obra de Alexy-, que los alcances dados por el Tribunal sentenciante al mencionado elemento normativo del tipo penal aplicado (cohecho), resulta violatorio del principio de estricta legalidad, ya que la situación de su defendido no encaja en ninguno de los supuestos previstos por el art. 77 del CP. Añade, citando a Kant, que la amplificación del significado del concepto de funcionario público transgrede también el principio de la dignidad de la persona.
El Defensor Particular de Montenegro sostiene que la condena de su asistido se basa en una absurda valoración de la prueba y al igual que el defensor del coimputado -y por similares argumentos- considera ausente en el caso el elemento típico “funcionario público”, solicitando en base a ello se case la sentencia. Con relación al delito de falsificación de documentos, expresa que en torno a los certificados de habilitación para circular referidos a los hechos I, III y IV, ninguna prueba existe que determine en forma fehaciente que su contenido no sea cierto, destacando que no existe inspección técnica desarrollada sobre los vehículos respectivos con posterioridad a la emisión de los certificados en cuestión, que establezca de modo indubitable la presencia de las falsedades atribuidas.
En cuanto al hecho II, alega que el vehículo fue incautado por personal policial dentro del predio de la empresa ITEVA SA, en oportunidad que salía del sector de verificación, y por tanto dentro de una propiedad privada, sin que mediara orden judicial de secuestro y/o allanamiento. Agrega que al practicarse sobre el rodado una segunda verificación técnica el resultado fue coincidente al emitido por la Planta en la que trabajaba Montenegro, con un solo agregado concerniente a que “no encendía ‘...la luz baja...’” como “defecto grave” que impedía su circulación, circunstancia esta última que bien pudo haberse suscitado en el trayecto entre la primera y segunda Planta verificadora, además de no haber sido advertido ni consignado por los funcionarios policiales al momento de la “por cierto irregular incautación del automóvil en cuestión”.
Añade sobre este mismo hecho, que resulta ilegal que personal policial reciba y utilice como cargosas declaraciones que supuestamente habrían sido realizadas por quien resultaba presunto autor de un delito, “circunstancia que habría acaecido mientras Gustavo Alejandro Abraham era trasladado a la comisaría”, y así entiende “ que se arriba a un absurdo sin tales declaraciones no corroboradas en juicio sirvan de fundamento para una Sentencia condenatoria ”. Por otra parte, enfatiza que su defendido nunca realizó la confección ni rubricó alguno de los certificados a los que se hace referencia en el fallo, y que los que se emitían lo hacían con la previa autorización del Jefe de Planta, o del Encargado en su defecto, quienes previamente debían supervisar lo actuado por sus dependientes.
En subsidio, cuestiona por falta de fundamentos la pena que le fuera impuesta a Montenegro, en base a lo cual pretende se fije en el mínimo legal previsto en el art. 292 del CP y bajo modalidad de ejecución condicional.
El Fiscal de Casación, Dr. Carlos Arturo Altuve, propicia el rechazo de las impugnaciones formuladas (fs. 59/62).
El Defensor Adjunto de Casación, Dr. José María Hernández, se pronunció por la procedencia del recurso intentado por su colega de la instancia (fs. 63/vta.).
Con independencia de la garantía procesal que conduce a la exigencia de la necesidad de la doble conformidad judicial para ejecutar la pena si el condenado lo requiere, la circunstancia de ponerse en juego otra garantía como la del juicio público, única base de la condena, determina que, en el caso de no haberse observado el debate, no es posible controlar la valoración de la prueba practicada en el transcurso de la audiencia si el Tribunal diera cuenta circunstanciada de su empleo, para tener por acreditado cualquiera de los extremos de la imputación.
Los arts. 8.2.h de la Convención y 14.5 del Pacto exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad (arts. 8.5 de la Convención Americana y 14.1 del Pacto), sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento, se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso, con lo que, no existe una incompatibilidad entre el debate y la revisión amplia en casación, ambos son conciliables en la medida en que no se exagere el resultado de la inmediación.
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por los impugnantes, el conocimiento del proceso se circunscribirá a lo que fuera expuesto (art. 434 y ccs., CPP; v. Sala I, c. 77.217, “Sosa, Leandro Ezequiel s/ Recurso de Casación”, sent. del 06 de julio de 2016, reg. 558/16; c. 79.219. “Amarilla Bruno Ezequiel s/ Recurso de Casación”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 973/16; c. 79.427, “Díaz Nuñez, Jonathan Gonzalo s/ Recurso de Casación”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 979/16, entre muchas otras).
El A Quo tuvo por acreditado:
“Hecho I: Que en fecha 26 de febrero de 2014, entre las 08.00 y 17.00 hs., un sujeto de sexo masculino, en el asiento de la planta verificadora vehicular de la localidad de Llavallol, sita en la calle Ascasubi N° 1901 de esa localidad del partido de Lomas de Zamora, dio a otro sujeto del mismo sexo, a sabiendas de su condición de funcionario público de dicha planta, en la cual se desempeña como técnico verificador, por si, o a través de un tercero, dinero en efectivo para que hiciera o dejara de hacer algo relativo a sus funciones, concretamente la inspección del rodado marca IVECO, modelo DAILY, dominio colocado BYR-317, el cual fuera de su propiedad.
Hecho II: Que en fecha 02 de julio de 2013, siendo aproximadamente las 10.00 hs., un sujeto de sexo masculino, en su calidad de funcionario público de la planta verificadora ya nombrada en el HECHO I, en la cual se desempeñara como técnico verificador, recibió por intermedio de otro sujeto del mismo sexo, dinero en efectivo para hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones, concretamente la inspección técnica del rodado marca Ford, modelo Galaxy, dominio colocado RXO-842, confeccionando, como consecuencia, por si o por intermedio de terceros, en todo o en parte, un acta de inspección técnica cuyo contenido resultara falso, siendo la misma un documento público destinado a habilitar al automotor a circular, de modo que puede resultar perjuicio, toda vez que el mismo, y de posterior revisión técnica, se determinó su imposibilidad para ello.
Hecho III: Que en fecha 17 de enero de 2014, entre las 08.00 y 17.00 hs., un sujeto de sexo masculino, en su calidad de funcionario público de la planta verificadora vehicular de la localidad de Llavallol, en la cual se desempeña como técnico verificador, recibió por si o a por intermedio de un tercero, dinero en efectivo para hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones, concretamente la inspección técnica del rodado marca VOLKSWAGEN, modelo GACEL, dominio colocado UWI-835.
Hecho IV: Que en fecha 12 de febrero de 2014, entre las 07.00 y 17.00 hs., un sujeto de sexo masculino, en su calidad de funcionario público de la planta verificadora vehicular de la localidad de Llavallol, en la cual se desempeñaba como técnico verificador, recibió por si o a por intermedio de un tercero, dinero en efectivo para hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones, concretamente la inspección técnica del rodado marca RENAULT, modelo KANGOO, dominio colocado DIL-222.-” (cfr. fs. 14/15).
Los recursos no habrán de prosperar.
La interpretación de los impugnantes con relación al concepto “funcionario público” que como elemento normativo del tipo figura en el art. 256 del CP, que ciñe su comprensión al tenor literal del art. 77 del CP, fue descartada con sólidos argumentos por los jueces el tribunal de grado (cfr. fs. 22vta./24vta.).
Las razones plasmadas en la sentencia no han logrado ser refutadas en su totalidad en las presentaciones en trato, en función de ello y al exhibir lo decidido apego al principio de legalidad como al de dignidad humana, y estar en un todo de acuerdo con la normativa internacional específica que rige sobre la cuestión en análisis, torna improcedente el motivo de agravio articulado en común en sendos recursos.
En efecto, expresó el Tribunal de mérito que las pautas de interpretación del término “funcionario público” no se agotan en la definición del Código Penal, sino que habrá que definir dicha función a la luz de la Ley 25188, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y que habrá de tenerse en cuenta, por ser reglamentario de la legislación vigente en materia de circulación de automotores, el decreto provincial 4103/95.
Así, señaló el A Quo que el concepto de “funcionario público” lo amplía la Ley 25.188, al prescribir: “La presente ley de ética en el ejercicio de la función pública establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado. Se entiende por función pública, toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos...”.
Luego, destacó que la Convención Interamericana contra la Corrupción, suscripta por la República Argentina, mediante ley 24.759 (17/1/1997), prescribe en su artículo primero que se entiende por funcionario público “...cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos...”.
Posteriormente, dio cuenta de la normativa que prohíbe la circulación de automotores matriculados en la provincia de Buenos Aires que no cuenten con la respectiva autorización a partir de haber sido encontrado en condiciones técnicas para ello tras ser sometido a inspecciones de esa naturaleza que serán realizadas “por un concesionario privado” bajo las exigencias establecidas en las disposiciones jurídicas vigentes.
En el caso, tal concesionario privado es “ITEVEBA SA”. Suscribió con la Provincia de Buenos Aires, el “Contrato de concesión del servicio público de verificación técnica vehicular de vehículos radicados en la Provincia de Buenos Aires”, mediante el cual asumió “la prestación de un servicio público integral de verificación técnica de vehículos, con cobertura total para todos aquellos vehículos radicados en la ZONA 4, integrada por los siguientes partidos: Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora. En sus cláusulas, se establece que el Estado, “El Concedente”, debe practicar la total fiscalización del servicio prestado por “La Concesionaria”. Además, se nombró a un Ente Regulador o “Inspección”, para controlar, en nombre del Estado, el desarrollo de la actividad y verificar el cumplimiento de las obligaciones mutuas (cfr. fs. 23vta.).
Fue a partir de la atalaya expuesta que los magistrados de la instancia, concluyeron que “Walter Adrián Montenegro, en su calidad de técnico verificador, sin perjuicio de haber sido contratado por una empresa privada, ejercía funciones que previamente habían sido delegadas por el Estado Provincial, las que implicaban habilitar a un vehículo a circular por la vía pública, y por lo tanto, su actividad contribuía diariamente a, nada más y nada menos, que al control de la seguridad víal desde la prevención” (cfr. fs. 23vta./24).
A mayor abundamiento, manifestaron los jueces -con cita del Decreto 532/09-, que la empresa privada aludida verificaba los vehículos otorgando, en definitiva, un permiso oficial del Estado que los habilitaba para circular –al punto que si sobraban obleas había que entregarlas al Ente Regulador, conformé informó en el juicio oral el testigo Ing. Vanoli-, lo que pone de manifiesto “la relevancia de la función que cumplía Montenegro... su actuación determinaba que un vehículo transitara o no en la vía pública, no puede más que entenderse que al desarrollar su actividad ejercía el rol de funcionario público” (cfr. fs. 24).
Entonces, el sólido razonamiento exteriorizado por los sentenciantes, con invocación de la normativa que rige el punto puesto en controversia, al no haber logrado ser desvirtuado por las impugnaciones traídas, toda vez que en ellas se exhibe un mero criterio divergente sin aptitud para demostrar que lo sostenido por el A Quo resulte errado o ilegal, conduce, reitero, a la desestimación de la pretendida atipicidad de las conductas reprochadas.
El defensor de Montenegro plantea, por otra parte, que no se ha probado el delito de falsedad documental, en torno a los hechos I, III y IV con base en que los vehículos involucrados no fueron sometidos a una segunda verificación, de modo tal que no se ha establecido fehacientemente que los certificados de habilitación emitidos no fueran ciertos. En cuanto al hecho II, a partir que el personal policial no estaba habilitado para secuestrar el rodado, y que la segunda inspección solo difirió de la cuestionada, en torno al funcionamiento de la “luz baja”, desperfecto que bien pudo producirse ínterin de ambas verificaciones. Invoca adicionalmente que el encausado no suscribió ninguno documento, que estaba sometido a la supervisión de superiores y, por otra parte, que valoró como elemento de cargos dichos auto-incriminatorios de una tercera persona.
Sin embargo, se advierte que, las observaciones traídas no hacen mella en que la acreditación del extremo controvertido surge de la evaluación conjunta de los plurales elementos de convicción aludidos en el fallo, lo que conduce a la confirmación del pronunciamiento también en este aspecto.
Así, del modus operandi recreado en la sentencia –conforme la prueba incorporada por su lectura y la producida en el debate, cfr. fs. 15, especialmente de transcripciones de comunicaciones telefónicas, correos electrónicos y mensajes de texto (cfr. fs. 15vta./20vta.)- se desprende sin hesitación la conducta reprochada: “las personas que quisieran verificar rodados que tuvieran algún tipo de desperfecto o falla, debían enviarle –a Montenegro- un mensaje de texto o llamarlo por teléfono, avisándole qué rodado se haría presente en la planta. Él les indicaba por sobre qué línea debían pasar para ser su técnico verificador. Al verificar el vehículo, emplazaba datos falsos en las computadoras de las líneas, lo que, necesariamente, otorgaba como resultado: APTO. El dinero para abonar dicho trabajo podía entregárselo a algún conocido, o dejarlo en el asiento trasero” (cfr. fs. 25).
Además, con base en el testimonio del Ing. Vainonis que, a partir de su experiencia como Jefe de Planta de Verificación Vehicular, explicó que el resultado del sistema es automático “pero las anomalías visuales que pueda observar el técnico las carga él, como ser un cinturón de seguridad, una luz, un parabrisas” y que el agente operador tiene “una computadora en la línea donde carga la anomalía que ve y de acuerdo a esa carga el sistema da un resultado que puede ser: APROBADO, OBSERVADO O RECHAZADO...”, concluyó el A Quo que el modo comisivo desplegado por Montenegro era el de insertar datos falsos en un sistema que, de forma automática, expediría un determinado resultado. Concretamente, no introducía información verídica sobre lo que observaba al realizar la pertinente inspección, consecuentemente su intervención a fin de la expedición de las certificaciones aseguraba la autenticidad de su forma y contenido y, por lo tanto, la circulación por la vía pública de vehículos deteriorados o averiados, enfatizando al respecto los jueces que la oblea expedida por la V.T.V. no es sino “una evidencia fehaciente del buen estado de conservación” de los aludidos rodados (cfr. fs. 25/vta.).
El desarrollo reseñado resulta también de aplicación al hecho II, con el aditamento que en este supuesto una segunda verificación dejó en evidencia que la realizada previamente no había consignado al existencia de una falla grave –falta de funcionamiento de la luz baja- que impedía la circulación del automotor, resultando la conjetura traída por e
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