Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 97120
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana, Daniel Carral y Ricardo Borinsky, con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 97120 caratulada “ALVAREZ LUCAS EDUARDO Y TELECHEA AYELEN DAIANA S/ RECURSOS DE CASACION INTERPUESTOS POR DEFENSORES PARTICULARES”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA - BORINSKY.
I-El Tribunal de Jurados se pronunció con fecha 13 de febrero del 2019 dictando –por unanimidad- veredicto de culpabilidad respecto de Ayelen Daiana Telechea en orden al delito de Homicidio Agravado por el vínculo y veredicto de culpabilidad con relación a Lucas Eduardo Álvarez por el delito de Homicidio simple.
Tras lo cual, y celebrada la audiencia de cesura de juicio, el día 25 de marzo del año 2019, el Magistrado Juan Facundo Gómez Urso -integrante del Tribunal en lo Criminal Nro. 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata- condenó a Daiana Ayelén Telechea a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas –por el ya mencionado delito de homicidio agravado por el vínculo- y a Lucas Eduardo Álvarez a la pena de doce (12) años de prisión, accesorias legales y costas por el delito de homicidio (fs. 3/19).
II-Contra ese fallo interpusieron recurso de casación los señores defensores de confianza de la procesada y del procesado (fs. 38/59).
a)La doctora Luz Alonso Proto, defensora de Álvarez, luego de defender la admisibilidad de la vía impugnativa empleada y de reseñar los antecedentes del caso, sostiene que el veredicto de culpabilidad al que arribó el Jurado Popular resultó palmariamente contrario a la prueba producida, situación que deriva de una valoración arbitraria de ese material probatorio; por lo tanto, requiere la nulidad de dicho pronunciamiento.
Señala que si bien en este tipo de juicios no es posible conocer el proceso intelectual que siguió el Jurado al ponderar la prueba, una correcta valoración de la misma conduce a declarar la no culpabilidad de Álvarez.
Sostiene que el titular de la acción pública no alcanzó a formular una acusación coherente -y con respaldo de prueba objetiva- limitándose a llevar adelante la imputación en base a meras conjeturas.
Insiste con que el fiscal no logró describir la conducta que desplegó su defendido sobre el cuerpo de la víctima.
Niega que Álvarez haya ejercido violencia física sobre el menor, dado que las lesiones que éste presentaba lo desmiente, como así también la propia declaración de Telechea, quien excluyó de esa posibilidad al coimputado.
Alude al testimonio del perito Gabbi, quien estableció las causas de la muerte, concluyendo que el menor murió de un “típico zamarreo”; realizando consideraciones acerca de las consecuencias que produce esa maniobra y las características que presentan las denominadas sufusiones hemorrágicas en la cavidad abdominal de la víctima.
Resalta que el testigo afirmó que no existió maltrato infantil y que la contusión encontrada en su cráneo es consecuencia de alguna acción contra su cuero cabelludo o algún golpe que se pueda dar o ser propinado por un tercero.
Confronta el testimonio de Gabbi con el de la licenciada Amalfitani, dejando constancia que la mencionada no participó en la operación de autopsia y que basó sus conclusiones en base a fotografías e informes de esa intervención.
En igual sentido se pronuncia sobre el aporte del doctor Peñeñory, quien elaboró su contribución a partir de la historia clínica del damnificado y de las imágenes tomadas en la ya aludida autopsia.
Cuestiona, en consecuencia, que el Jurado Popular haya receptado las posturas de los profesionales que no intervinieron en la autopsia, desechando las conclusiones de quien sí tuvo contacto con el cuerpo del menor.
A partir de lo expresado, critica las instrucciones impartidas al Jurado del Pueblo, puesto que, de haber sido correctas, no habrían podido llegar a la conclusión acerca de la existencia de un maltrato infantil previo, como así tampoco que Álvarez participó en el hecho que se le imputa.
Niega que la maniobra que provocó el estallido hepático del menor pueda ser realizada por más de una persona, atribuyéndole ese accionar exclusivamente a Telechea.
Destaca que los profesionales de la salud que prestan servicios en el Hospital Materno Infantil, quienes atendieron al menor los días previos a su fallecimiento, no advirtieron situaciones que les hubieran llamado la atención acerca del cuidado del niño.
Cuestiona las argumentaciones esgrimidas por el fiscal y hace referencia que no es posible inferir que Álvarez sea violento en base a una condena posterior que recayó contra el nombrado en orden a actos de violencia dirigidos contra Telechea.
Recurre a los dichos del padre biológico de Blas Sebastián Figueroa y a los de los parientes de Telechea, es decir Alejandro Figueroa, Lorena Beatriz Montalivent y Juan López, quienes dan cuenta de los cuidados que le propiciaba el procesado a la víctima.
De la misma forma hace mención al descargo formulado por la coimputada Daiana Telechea y a los propios dichos de Lucas Eduardo Álvarez.
Invoca el principio de la duda que debería beneficiar al procesado, teoriza sobre la problemática que gira en torno al sistema probatorio vigente y concluye que la prueba utilizada por el Jurado Popular no es suficiente para condenar a Álvarez.
Acompaña material fílmico en el que se registró el debate, hace reserva del caso federal y explicita su pretensión (fs. 38/39).
b-Por su parte, el doctor Sergio Ariel Fernández, defensor de Daiana Ayelen Telechea, al igual que su colega, alega sobre la admisibilidad de la vía impugnativa intentada y de señalar los antecedentes del caso, propicia la nulidad del veredicto condenatorio, toda vez que a su criterio con lo producido en el debate no se pudo superar el estándar de la duda razonable exigido para el pronunciamiento de un veredicto de culpabilidad; es más, sostiene que este último es contrario al material probatorio producido.
Concretamente, afirma que no se acreditó el dolo homicida, porque, ni siquiera de manera eventual Telechea quiso poner fin a la vida de su hijo.
Postula que su defendida actuó de manera negligente al intentar reanimar a su hijo, pero que nunca quiso, ni previó, ocasionarle la muerte.
Al igual que el defensor de Lucas Eduardo Álvarez hace referencia al testimonio del doctor Gabbi, a la descripción de las lesiones encontradas en el cuerpo del menor y a la ausencia de malos tratos previos.
También confronta ese testimonio con el efectuado por los profesionales Amalfitani y Peñeñory, quienes no participaron de la operación de autopsia; resalta las declaraciones de los médicos del Hospital Materno Infantil y embate contra la argumentación esgrimida por el titular de la acción pública.
Hace hincapié en los dichos del progenitor de Blas Sebastián Figueroa, de los parientes de Telechea -Lorena Beatriz Montalivet y Juan Alberto López- y de la abuela paterna del niño -Patricia Alejandra Acuña- y reproduce parte de la declaración de la imputada.
Niega que el menor haya sido sometido a malos tratos por parte de su progenitora.
Concluye que la decisión del Jurado Popular colisiona con la prueba producida en el debate, que la misma no permite superar el estado de duda razonable exigido en estos procesos, que existió una valoración absurda de la prueba disponible y que por ello la resolución es arbitraria.
Acompaña el registro fílmico de la audiencia de juicio oral, hace reserva del caso federal y explicita su pretensión.
III-Con la adjudicación por sorteo del recurso en la Sala, se notificó a las partes (fs. 66, 68/69).
La fiscalía postula el rechazo del recurso en todos sus términos (fs. 71/74).
Hace mención a la legitimidad de la decisión que adopta el Jurado Popular, que no fueron cuestionadas las instrucciones impartidas por el magistrado técnico y alude a la problemática que gira en torno al análisis de la razonabilidad de un fallo inmotivado.
Sostiene que las hipótesis defensistas se contraponen con el resto de la prueba producida en el proceso, a la cual hace referencia para sustentar su postura.
El Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, por lo que se plantean y votan las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión, el señor juez, doctor Carral dijo:
I-
Debo iniciar el examen de la revisión que nos incumbe, desde el abordaje de las instrucciones y el marco de diferenciación de competencias que separan la labor del juez técnico de aquella que la constitución y las disposiciones procedimentales que la reglamentan conceden a los jurados populares.
Dado que es el primer pronunciamiento que sobre el punto vinculado a veredictos alternativos o veredictos por delitos menores incluidos emitimos en esta Sala, es oportuno formular algunas aclaraciones.
En este marco importa destacar que el modelo de jurado clásico que inspira nuestra legislación, tiene apoyo en una orientación constitucional desde donde se sostiene que el único cuerpo autorizado para determinar los hechos con arreglo a derecho, que explica el juez a partir de las instrucciones, es el jurado popular en su veredicto (Constitución Nacional, 24 y 118).
El reparto constitucional de competencias impone limitaciones al juez director del proceso e incluso, en ocasiones, exige de él iniciativas para preservar la potestad del jurado en la correcta determinación de los hechos según las pruebas y su sentido de justicia, tal el caso cuando se aprecia que debe informarse al jurado de propuestas alternativas por delitos menores incluidos.
En el ámbito del sistema ordinario de procedimiento los jueces técnicos estamos habituados a trabajar sobre hipótesis alternativas y subsidiarias, en este último caso, tanto por planteo expreso de la parte o por considerar que corresponde el desplazamiento hacia una infracción de delito menor por no encontrarse abastecida la imputación principal y corresponda, por estar incluida, la degradación de la calificación legal.
Suelen invocarse para ello las facultades del tribunal a partir de su conocimiento del derecho manteniendo los hechos probados inalterados (iura novit curia). En mi parecer, se opera en estos casos de modo similar a cuando se razona el desplazamiento de infracciones por concurso aparente en las hipótesis de especialidad y subsidariedad (vgr tentativa) o, en su caso, cuando se decide respecto de un delito doloso cometido bajo error de tipo vencible y se atribuye entonces una imputación imprudente.
Esta situación, ya en punto a la competencia del jurado, ha sido bien graficada por Harfuch cuando señala “Así como el juez no necesita pedido de parte para poder apartarse in bonam partem de la calificación legal principal propugnada por la acusación, lo mismo sucederá con el jurado popular”. (Harfuch, Andrés, El Veredicto del Jurado, Editorial AD-HOC, Buenos Aires, 2019, pág.277-278).
El citado autor concluye que, en casos donde los presupuestos del delito menor están mínimamente justificados por la prueba presentada en el debate, “ [e]l juez deberá instruir de oficio al jurado sobre estas alternativas. Si no lo hace, según toda la jurisprudencia del common law; está violando la Constitución y la garantía del juicio por jurados y del debido proceso legal”.
No puede pasarse por alto que el veredicto, como momento central del proceso, es la combinación y el resultado de dos acciones que lleva a cabo el jurado.
En primer lugar, determina los hechos a través de la prueba rendida durante la audiencia.
En segundo término, va a concretar la aplicación de la ley, según las instrucciones explicadas por el juez/za, a los hechos determinados.
Está claro que en ambas operaciones hay un riguroso control de los protagonistas antagónicos en el proceso, tanto acusadores como defensores, y esto puede verse desde que: 1) las partes son las que traen y producen la prueba en el debate; 2) las partes discuten intensamente las instrucciones legales con el juez antes que éste las defina y las imparta al jurado (Código Procesal Penal, art. 371 bis).
En la determinación de los hechos, también juegan un papel central las instrucciones del director del proceso. Para esto debe tenerse en cuenta que las instrucciones sobre el derecho aplicable incumben a las reglas probatorias, procesales, penales y constitucionales.
La determinación del hecho, tramo que encuentra regulación en el art.371 quáter inc.1 a) de nuestro sistema de procedimiento, es la oportunidad donde el jurado con base en las instrucciones y las propuestas de veredicto seleccionará la imputación por la que deberá responder el acusado. En esta fase, juega un papel central que el jurado pueda contar con suficiente información para la adjudicación de los hechos a determinada infracción penal.
Desde este prisma de análisis, es sustancial que las instrucciones tengan la suficiencia para contemplar todas las hipótesis posibles, de modo tal que se preserve la decisión del jurado de un recorte inadecuado que termine condicionando en clave dirimente al veredicto. En este punto no debe pasarse por alto que los hechos son terreno sagrado del jurado .
II.-
El caso concreto que llega a esta instancia revisora reconoce como plataforma fáctica de imputación desde la acusación estatal, la siguiente narración de los hechos:
“Que entre los días 14 de enero de 2013 y las 0.15 hs. del día 16 de enero de 2013, en el interior de la vivienda ubicada en la calle Moreno nro. 1247 de esta ciudad, dos personas –una del sexo femenino e identificada como Daiana Telechea, progenitora de la víctima, y la otra de sexo masculino pareja de la primera e identificado como Lucas Eduardo Álvarez- ejercieron violencia física por manipulación violenta en el abdomen acompañado por movimientos de sacudidas sobre la persona del menor Blas Sebastián Figueroa de 11 meses de edad, provocándole estallidos viscerales, trauma cerrado de abdomen, el cual le ocasionó un shock hipovolémico producto de estallido hepático, lesión de epiplón y de pedículo renal derecho que le ocasionaron su óbito” (audio pista 12 correspondiente al primer día de juicio, 08:22/10:08).
Importa destacar que los acusados imputados así de homicidio doloso, en el caso de la mujer agravado por el vínculo, negaron enfáticamente esa imputación.
A su turno, el Jurado Popular dictó veredicto de culpabilidad para ambos procesados, respecto de Ayelen Daiana Telechea por el delito de Homicidio agravado por el vínculo y en relación a Lucas Eduardo Álvarez en orden del delito de homicidio simple; haciendo prevalecer de esa manera la teoría del caso del titular de la acción pública.
Para así decidir los miembros del jurado fueron informados de las instrucciones que, como antes destacáramos se centran en aspectos constitucionales, de derecho probatorio, de orden procesal y sobre la materia penal de fondo.
La reseña de antecedentes ha adelantado los motivos de agravio denunciados por las partes. En el caso de Ayelen Telechea se promueve la “[n]ulidad del veredicto de culpabilidad arribado por el Jurado Popular en virtud de que el estándar de duda razonable no ha sido superado en el debate oral realizado” (fs 52vta).
La queja es recurrente en torno a que la prueba producida no permite sustentar más allá de toda duda razonable el dolo homicida del accionar que se le reprocha. Se niega así la posibilidad de corroboración de la imputación subjetiva dolosa, incluso bajo la modalidad eventual.
Se afirma entonces, desde ese ministerio, que “la señora Telechea el día de los hechos atribuidos actuó negligentemente al intentar reanimar a su niño que se encontraba desvanecido, pero nunca quiso –ni previó- dar muerte a la víctima de autos pese a lo cual el jurado entendió que era culpable”. (fs 53)
La defensa de Lucas Alvarez, en la presentación de su impugnación también critica la infracción al estándar de duda razonable, al mismo tiempo que señala tramos de la prueba producida en los que se apoya para invocar el apartamiento manifiesto de ese material producido en términos del art.448 bis inc. d) del sistema de enjuiciamiento.
Como se ve, ambas defensas coinciden en la insuficiencia probatoria para abastecer la teoría del caso de la fiscalía. Del mismo modo, respecto de la existencia de basamento probatorio que permitiría sustentar una duda razonable con capacidad para dejar de lado el veredicto de culpabilidad por homicidio doloso, siendo, a su vez, que la última de las defensas cuestiona la existencia de prueba que permita sostener una intervención delictiva en el hecho reprochado.
El acceso al registro del juicio permite corroborar que, durante su desarrollo, tanto al momento de prestar declaración la joven Telechea, como su defensor en oportunidad de exponer su alegato de cierre, aludieron a que en modo alguno se trató de una conducta que pudiera ser estimada dolosa, sino en todo caso imprudente, y señalaron prueba producida que avala esta hipótesis. Sobre esto volveré más adelante.
Sin embargo, no hay agravios que cuestionen las instrucciones o en rigor, la ausencia de una instrucción específica que contemple la hipótesis alternativa que expresamente se invocara varias veces a lo largo del juicio.
La compulsa del registro del juicio y de las actas, surgió como necesidad para corroborar si en algún momento se habían producido confrontes respecto de las instrucciones finales y específicamente sobre este punto del “homicidio imprudente”.
El disparador de ello, amén del agravio que insistía con esa hipótesis pero que al mismo tiempo no cuestionaba las instrucciones impartidas al jurado, fue la expresa mención del juez técnico, cuando detalla en actas las instrucciones impartidas y en aquello que titula “Objeto de deliberación” (fs 9vta) se lee lo siguiente:
“ No deben deliberar sobre la ley aplicable, sino, en primer lugar sobre los hechos que les describió el fiscal, porque son los hechos de la acusación, los únicos sobre los que ustedes deben ponerse de acuerdo para dictar un veredicto de culpabilidad.
La posibilidad del homicidio culposo, mencionada por el Dr. Fernández, no integra los hechos sobre los que ustedes deben deliberar .
En segundo lugar, sólo si dieran por probados los hechos, deben deliberar sobre la participación de los imputados en ellos” (el destacado es propio).
Ello derivó en que las alternativas sobre las que hubo de deliberar el jurado se ciñeron exclusivamente a la declaración de CULPABLE/ NO CULPABLE, en el caso de Telechea de “Homicidio agravado por el vínculo” y en el particular de Alvarez con relación a la imputación de “Homicidio simple” .
Finalmente, del cotejo de todo el material disponible no hay constancias que documenten una posición de las defensas instando a una instrucción por un delito menor incluido.
A riesgo de ser reiterativo quiero insistir en la importancia del litigio de partes en la elaboración de las instrucciones y la necesidad de su registro, en tanto se trata del eje fundamental para una revisión convencional de los veredictos de culpabilidad del jurado.
Sobre el punto no sobra decir que tras cinco años de vigencia de la ley 14.453, la experienc
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.