Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 101936
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de casación deducido a favor de GASTÓN GABRIEL GONZÁLEZ ARIGÓN , con costas en esta Sede.
Rigen los artículos 18 y 75 inc. 22° de la Constitución Nacional; 8.2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 20, 421, 433, 448, 450, 451, 454 inc. 1°, 456, 460, 530, 532 y ccdtes. del Código Procesal Penal.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana, Daniel Carral y Ricardo Borinsky, con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA procede al dictado de la sentencia en el marco de la Causa N º 101.936 caratulada “GONZÁLEZ ARIGON, GASTÓN GABRIEL s/ RECURSO DE CASACIÓN”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL – MAIDANA - BORINSKY.
I. El Tribunal en lo Criminal N° 6 del Departamento Judicial de Morón, con fecha 25 de setiembre de 2019, condenó a GASTÓN GABRIEL GONZÁLEZ ARIGÓN a la pena única de DOCE (12) años y NUEVE (9) meses de prisión, accesorias legales, manteniendo la declaración de reincidente, comprensiva de las penas de cinco (5) años y cinco (5) meses de prisión, accesorias legales y costas, más su declaración de reincidente, dictada en la causa n° 1945 tramitada por ante el Tribunal en lo Criminal N° 3 del Departamento Judicial de Mercedes, como coautor de los delitos de robo agravado por el empleo de arma y encubrimiento simple en concurso real, y la impuesta en el marco de la causa n° 2167 de siete (7) años y cuatro (4) meses de prisión, accesorias legales y costas, más su declaración de reincidencia, como autor de los delitos de robo agravado por el empleo de arma de fuego en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de uso civil agravada.
II. Contra dicha sentencia dedujo recurso de casación el defensor oficial del arriba nombrado, denunciando –en lo fundamental- que la pena impuesta resulta excesiva al no haberse aplicado el método composicional en la determinación de la pena única, solicitando se fije una pena no alejada del mínimo legal.
III. Notificadas las partes y puestos los autos en condiciones de resolver, el Tribunal decide plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación deducido?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
El recurso no habrá de prosperar.
Surge de las presentes actuaciones que la decisión impugnada fue dictada en el marco de un procedimiento de “unificación de penas”, en tanto la última pena recaída fue impuesta a partir de la comisión de un delito con posterioridad a que la condena anterior adquiriera firmeza.
De este modo debe diferenciarse este caso de aquellos que la doctrina individualiza como “unificación de condenas”, el que se presenta cuando en las diversas sentencias, ningún delito es posterior al dictado de una condena firme, es decir, “ cuando las condenas se siguen unas a otras, pero los delitos que las motivan se cometieron sin condenas anteriores ” (conf. Zaffaroni, Eugenio R. – Alagia, Alejandro – Slokar, Alejandro, Manual de Derecho Penal Parte General , Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ediar, 2005, pág. 752). Amerita realizar este distingo dado que tengo opinión formada respecto a que en los casos de “unificación de condena”, tratándose en definitiva de un caso de concurso real del art. 55 del CP, debe aplicarse el método composicional.
Por el contrario, y esto enlaza como contestación al reclamo de la defensa, en el proceso de “unificación de penas” no corresponde entender a la aplicación de un método de composición como una suerte de imperativo, ello en función de la propia naturaleza y etiología de las penas que se integran. Por esta misma razón es que las penas llegan firmes y permanecen incólumes, no correspondiendo efectuar una ponderación en los términos de las reglas que prevén los arts. 40, 41 y 55 del plexo penal de fondo.
En tal inteligencia, y con los alcances indicados en los acápites que anteceden, a esta primera cuestión VOTO POR LA NEGATIVA.
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Abro respetuosa disidencia respecto del fundamento del sufragio suscripto por el distinguido colega que lidera el acuerdo, doctor Daniel Carral, no obstante arribar a semejante conclusión.
Ciertamente no media objeción en torno a que el supuesto en trato es una hipótesis de unificación de penas y sobre el punto, en el voto que me precede luce explicitado de manera exhaustiva los fallos que integran el proceso unificatorio.
El sistema general de determinación de la pena adoptado por el Derecho Penal Argentino -de penas relativas-, en el que se mencionan pautas de orientación ejemplificadoras, sin determinar no sólo el sentido sino tampoco el valor de cada una de las circunstancias, sólo permite evaluar si las reglas seguidas cumplen con el deber de fundamentación explícita que posibilite el control critico–racional del proceso de decisión (Conf. Sala I TCPBA, causa "Valant" del 14/8/2018; "Carleo" del 21/2/2018).
No existe norma que establezca determinado método de dosificación de la pena.
En tal sentido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha dicho que: “...Si lo que la defensa pretendía era que además de ello, la decisión hubiera asignado un valor numérico a cada pauta, sumando y restando cada una de ellas sobre algún punto de ingreso a la escala penal, corresponde señalar que esta Corte ha declarado invariablemente que ese método no resulta impuesto por norma alguna...” (SCBA P. 125.464, del 22/12/15, entre otras).
La evaluación conjunta de los ilícitos, el grado de culpabilidad del imputado con el correctivo de la peligrosidad y las reglas de los arts. 40 y 41 del Código Penal, no permiten arriba a un monto con exactitud matemática.
Además, cabe mencionar que el principio de proporcionalidad es un elemento distintivo de todo ordenamiento jurídico sometido a los principios del Estado de derecho, compuesto por criterios de idoneidad (para la consecución de su objetivo), necesidad (atendiendo al derecho penal como ultima ratio o in dubio pro libertate) y exigibilidad, que se establece con el fin último de lograr un trato justo y de gravamen adecuado para el ciudadano (HASSEMER, Winfried, “El principio de proporcionalidad como límite de las intervenciones jurídico-penales”, en El principio de proporcionalidad penal, Editorial Ad-Hoc, 2014).
En el caso, y aquí radica mi distinta opinión sobre el extremo, por imperio del art. 106 CPP -reglamentario del art. 171 de la Constitución de nuestra provincia- las sentencias y los autos deberán ser motivados, bajo sanción de nulidad (primer párrafo, art. cit.). Ello se debe principalmente a que la parte necesita -en un procedimiento con jueces técnicos- conocer el fundamento de la decisión que lo agravia, justamente para poder discutir el acierto o desacierto de la misma ante un Tribunal de Alzada" (TCPBA, Sala VI, c. 61.307, "Roldán Rojas, Daniel Cecilio s/ Recurso de Casación", reg. 15 del 10/02/2015). La mensuración de la pena -y con esto me refiero tanto a la que se realiza en una determinada causa como la resultante de un proceso de unificación como es en nuestro caso- no debe escapar a dicha exigencia, pues si bien antiguamente se consideraba que aquélla era una facultad reservada a la discrecionalidad de los jueces de mérito, hace tiempo que dicha concepción ha mutado en el sentido de que la individualización judicial punitiva constituye "aplicación del Derecho" -de allí las reglas estipuladas en los arts. 40 y 41 CP- y por tal motivo no escapa al deber de fundamentación que exige el orden jurídico positivo (cfr. TCPBA, Sala VI, c. 61.307 cit.).
Conforme surge del pronunciamiento, la Jueza tuvo en consideración los baremos de mensura –arts. 40 y 41 del CP- contemplados en las sentencias de condena; siendo ello así, percibo que la sanción única impuesta reúne las exigencias mínimas de fundamentación. Ello, sin perjuicio de que la misma sea semejante a la suma aritmética de los montos impuestos en los causas respectivas.
Es mi voto.
A la primera cuestión el señor juez doctor Borinsky dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, a lo expresado por el Dr. Carral, y doy mi voto en el mismo sentido. VOTO POR LA NEGATIVA.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
En atención al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión anterior corresponde RECHAZAR el recurso de casación deducido a favor de GASTÓN GABRIEL GONZÁLEZ ARIGÓN, con costas en esta Sede (arts. 18 y 75 inc. 22° CN; 8.2.h) CADH; 20, 421, 433, 448, 450, 451, 454 inc. 1°, 456, 460, 530, 532 y ccdtes. del CPP).
ASÍ LO VOTO
A la segunda cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Voto en igual sentido que el doctor Carral, por sus fundamentos.
ASÍ LO VOTO .
A la segunda cuestión el señor juez doctor Borinsky dijo:
Voto en igual sentido que el doctor Carral, por sus fundamentos.
ASÍ LO VOTO .
Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente
RECHAZAR el recurso de casación deducido a favor de GASTÓN GABRIEL GONZÁLEZ ARIGÓN , con costas en esta Sede.
Rigen los artículos 18 y 75 inc. 22° de la Constitución Nacional; 8.2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 20, 421, 433, 448, 450, 451, 454 inc. 1°, 456, 460, 530, 532 y ccdtes. del Código Procesal Penal.
Regístrese, notifíquese y remítase a la Mesa Única General de Entradas para su devolución a origen.
Suscripto y Registrado en la Ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital del Actuario (Ac. 3975/20), bajo el N°
Firmas
Funcionario Firmante: 20/10/2020 09:10:05 - CARRAL Daniel Alfredo
Funcionario Firmante: 20/10/2020 10:34:36 - BORINSKY Ricardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2020 14:49:25 - MAIDANA Ricardo Ramón
Funcionario Firmante: 20/10/2020 15:16:45 - ALVAREZ Jorge Andrés - SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Fin de la sentencia