Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 96135
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana, Víctor Violini y Ricardo Borinsky, con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA procede al dictado de la sentencia en el marco de la Causa Causa N° 96135 caratulada “GUTIERREZ OSVALDO DANIEL S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - VIOLINI - BORINSKY.
El 8 de noviembre de 2018, el Tribunal en lo Criminal nro. 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca, resolvió que la acción penal no se encuentra extinguida y condenó a Osvaldo Daniel Gutiérrez a la pena de dos (2) años de prisión de ejecución condicional y cinco (5) años de inhabilitación especial para desempeñarse como médico, más el cumplimiento de reglas de conducta y costas del proceso, en virtud de la sentencia dictada por esta Sala Primera del Tribunal de Casación en fecha 25 de junio de 2013 que, haciendo lugar al recurso interpuesto por el Particular Damnificado contra el veredicto absolutorio, lo condenó por el delito de homicidio culposo (arts. 5, 26, 27 bis, 29 inciso 3, 40, 41, 45 y 84 del CP).
Tales pronunciamientos, fueron impugnados por los Defensores Particulares, Dres. Andrés Bouzat y Luis María Esandi (h), mediante el recurso de casación obrante a fs. 126/185vta.
Ingresado el legajo a la Sala I de este Tribunal, con fecha 03/05/2019 y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera : ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Es procedente el recurso interpuesto?
Tercera : ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Habiendo sido interpuesto el recurso por quienes se encuentran legitimados, en debido tiempo y contra la sentencia condenatoria de este Tribunal de Casación que revocó el veredicto absolutorio del Tribunal en lo Criminal interviniente y la dictada por éste último que rechazó la extinción de la acción penal y fijó la correspondiente pena, se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 y 75, inc. 22, CN; 14, nº 5, PIDCP; 8, nº 2, h, CADH; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451 y 454, inc. 1, CPP; SCBA, causa P-122.016 res. del 13/7/16).
Voto por la afirmativa .
A la misma primera cuestión el señor juez doctor Violini dijo:
El 25 de junio de 2013 esta Sala I casó la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal Nº 2 de Bahía Blanca, condenó al imputado Osvaldo Daniel Gutiérrez como autor del delito de homicidio culposo y reenvió los autos a origen a fin de que jueces hábiles determinaran la pena a imponer al encartado.
Contra dicha resolución, los letrados de confianza del imputado dedujeron recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley, los que fueron desestimados por inadmisibles por la Suprema Corte de justicia de esta provincia, el 15 de junio de 2016, en el entendimiento de que el resolutorio impugnado no era una sentencia definitiva ni se equiparaba a tal, y que recién en la oportunidad en que se fijara la condena, iba a nacer la posibilidad de interponer la vía recursiva que correspondiera.
Asimismo, en dicho resolutorio se señaló –a modo de obiter dictum - que una vez que fuera completada la sentencia y para el caso de que se articulara recurso a favor del encausado, correspondía aplicar lo resuelto en P. 108.199 (res. Del 24/VI/2015), a los fines de garantizar el derecho al recurso con mayor plenitud que las que permitían las vías impugnativas ante esa Suprema Corte, la presidencia de este Tribunal debería desinsacular jueces hábiles para que integren un nueva Sala que deberá llevar a cabo una revisión integral (fs. 67, énfasis personal).
El 21 de septiembre de 2018, dicho tribunal no hizo lugar al planteo de prescripción de la acción, como asimismo rechazó que la acción se haya extinguido por insubsistencia de la acción con fundamento en el exceso del plazo razonable de duración del proceso.
El 8 de noviembre de 2018 el Tribunal en lo Criminal de Bahía Blanca, dictó sentencia en la que rechaza un planteo de prescripción de la acción penal e insubsistencia de la misma, y finalmente le impone al condenado Gutiérrez la pena dos años de prisión de ejecución condicional y cinco años de inhabilitación especial para desempeñarse como médico, más costas del proceso.
Contra esa resolución interponen recurso de casación los abogados de confianza del encartado. Una vez más reeditan el planteo de prescripción de la acción, e insubsistencia de la acción por violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Asimismo, requieren la exclusión probatoria del peritaje del doctor Bachellerie, denuncian la violación al principio de congruencia, absurdo en la valoración de la prueba con la que se acreditó la autoría del imputado, y cuestiona la pena.
Como puede observarse, la parte ataca la condena fijada por el tribunal de origen –de la que esta Sala nunca se pronunció al respecto-, y también cuestiona los hechos que ya había sido analizados y resueltos por esta misma Sala –integrada por los doctores Carral y Sal Llargués-.
Bajo esa premisa, considero que con el fin de completar el pronunciamiento en esta instancia revisora que ya se manifestó sobre los hechos, correspondería sólo abordar el tratamiento de los agravios que cuestionaron lo resuelto por el Tribunal en lo Criminal Nº 2 de Bahía Blanca que fijó la condena -8 de noviembre de 2018-; pues conforme la doctrina ut supra citada, debiera ser una “nueva Sala” integrada con jueces hábiles, los que finalmente efectuaran la revisión integral del fallo.
Sin embargo, aunque se trate de la misma Sala que ya se pronunció sobre los hechos, pero en virtud de que fue integrada con otros jueces hábiles, por razones de economía procesal visto el dilatado trámite que ha tenido la causa, y especialmente que no han existido objeciones por parte de la defensa en cuanto a la integración de la Sala, es que me aparto en este caso concreto del criterio precedentemente expuesto, y con esta aclaración adhiero al voto del doctor Maidana. ASI LO VOTO.
A la misma primera cuestión el señor juez doctor Borinsky dijo:
Adhiero al voto del doctor Violini en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa .
A la segunda cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Sostienen los impugnantes, en relación a su pedido de extinción de la acción penal, que fueron erróneamente aplicados los artículos 59 inciso 3, 62 inciso 2 y 67 inciso “e” del CP y resultó inobservada la doctrina legal de la SCBA. Detallan, como antecedentes de la causa, que el hecho juzgado aconteció el 4/10/2001, el primer llamado a indagatoria el 16/03/2005; la requisitoria de elevación a juicio el 10/03/2010; el auto a citación a juicio el 20/12/2011; que el 10/10/12 se dictó la sentencia absolutoria; el 25/06/2013 este Tribunal de Casación la revocó y condenó a Gutiérrez por homicidio culposo; el 15/06/2016 la SCBA resolvió declarar inadmisibles sus recursos de nulidad e inaplicabilidad de ley e hizo lo propio el 25/10/17 con el recurso extraordinario federal.
Manifiestan que el plazo de prescripción para el hecho imputado es de cinco años, por lo que la acción se encontraba extinguida al momento de imponerse la pena a su defendido en atención a que el último acto que interrumpió el plazo de la prescripción fue el auto de citación a juicio del 20/12/11. Resaltan que la sentencia dictada por este Tribunal de Casación el 25 de junio de 2013 no resulta un acto idóneo para interrumpir el curso de la prescripción en los términos del artículo 67 inciso e del CP. Cita precedentes de la SCBA (vgr. P-90.519 y 104.737) en apoyo a su postura. Estiman que el auto dictado por el Tribunal en lo Criminal el 31 de mayo de 2018 no tiene eficacia para interrumpir el plazo ya que, por un lado, la prescripción de la acción había operado el 20 de diciembre de 2016, y por el otro, tampoco tiene efectos al no ser el auto de cesura del artículo 372 del CPP un “acto procesal equivalente” al auto de citación a juicio que establece el artículo 67 inciso “d” del CP.
Refieren que el Tribunal de origen se apartó de la doctrina de la SCBA mediante fundamentos aparentes al confundir el concepto de “sentencia condenatoria” con el de “sentencia definitiva”. Destacan que se invocó doctrina legal del citado Tribunal Superior relativa al proceso penal de menores que deviene inaplicable al caso de los mayores de edad, citando el fallo “Berth” (causa P-124.470). Entienden que al otorgarle carácter interruptivo a una resolución que no impuso pena, se efectuó una interpretación extensiva de las causales de interrupción de la prescripción, contraria al principio de legalidad, que vulnera lo normado en el artículo 3 del CP, transformando en arbitrario lo decidido, y que para hacer lo propio con las resoluciones de la SCBA de fecha 15 de junio de 2016 y 25 de octubre de 2017, que se limitaron a declarar la inadmisibilidad de los recursos extraordinarios provinciales y federal, se acudió a una trascripción parcial de un voto del Dr.
Natiello, soslayando que de su lectura íntegra surge que dichos pronunciamientos no poseían el carácter que se le asignara en la sentencia atacada. Postulan que resulta irrazonable interpretar que la SCBA, al tomar intervención en el presente caso y no decidir de oficio la prescripción de la acción penal, hubiera adoptado un criterio contrario a su propia doctrina; y que tampoco de ello se puede inferir que tenga el efecto de revitalizar una acción penal que ya había fenecido. Concluyen que la sentencia de casación y las resoluciones de la SCBA aludidas, no encuadran dentro del concepto de “sentencia condenatoria” por lo que la resolución contraria violentó lo normado por los artículos 59 inciso 1, 62 inciso 2, 67 inciso “e” del CP y 3 del CPP, por lo que corresponde se declare la prescripción pretendida.
En subsidio, plantean que la extinción pregonada procede de todos modos al verificarse en la especie un caso de insubsistencia de la acción penal por violación del derecho de ser juzgado en plazo razonable, de acuerdo a lo normado por los artículos 8.1. de la CADH, 14.3.c de la PIDCyP y 2 del CPP. Mencionan el itinerario procesal que debería seguir la causa según el diseño efectuado por la SCBA en el precedente “Carrascosa”, lo cual estiman que demandaría unos cinco o seis años más, a los diecisiete que lleva en la actualidad. Aseveran que, en el singular, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable ha sido vulnerado, con cita de precedentes de la CSJN y CIDH. Al margen de las cuestiones previas relativas a la vigencia de la acción penal, e ingresando a los planteos de fondo vinculados con el fallo condenatorio y la pena impuesta, denuncian en primer lugar los impugnantes, que se aplicó incorrectamente el artículo 366 y vulneró lo dispuesto por el artículo 247 ambos del CPP, al ser incorporado por lectura el informe pericial realizado por el doctor Bachellierie con desconocimiento del principio de igualdad de armas consagrado en el artículo 18 de la CN.
Por otra parte, tildan de arbitrario el fallo de este Tribunal de Casación que revocó la absolución de su defendido y lo condenó por homicidio culposo, en razón de haber omitido ponderar prueba y apartarse de las circunstancias de la causa, en violación al principio in dubio pro reo y de los artículos 106 y 210 del CPP. Refieren que se violentó el principio de congruencia y lo prescripto por los artículos 1, 106, 210, 266 inc. 2, 312, 335, 338, 354, 359 y 371 del CPP, al contradecir el citado pronunciamiento lo sostenido por el Ministerio Público Fiscal en la requisitoria de elevación a juicio, en punto al funcionamiento del respirador artificial en la segunda intervención quirúrgica, ya que recién en esta sede se lo consideró "incorrecto".
Expresan que la afirmación de la responsabilidad penal en cabeza de Gutiérrez adolece de justificación fáctica y normativa, al punto que siquiera se describió cuál habría sido, en el caso, el accionar imprudente o imperito que exige el art. 84 del CP. Aducen que la negligencia descripta en la sentencia puesta en crisis solo se sustenta en el mero arbitrio judicial. Analizan las pruebas valoradas, cuestionando que las causales de muerte de la señora Francisca Leiva se tuvieran por acreditadas. Sostienen que, además, el comportamiento que se le reprocha a su defendido se encuentra dentro del nivel estadístico que permite incluir el resultado producido en el marco de observancia de la lex artis.
Por otro lado, cuestionan la determinación de la pena, por inmotivada y carecer de justificación, propiciando al respecto la exclusión de dos de las cuatro agravantes valoradas. Solicitan, en definitiva, se haga lugar al recurso interpuesto, se declare la prescripción de la acción, en subsidio su insubsistencia, y en su defecto, se case la sentencia condenatoria o reduzca la pena al mínimo legal. Formulan reserva del caso federal.
La Fiscal Adjunta de Casación, Dra. Daniela Bersi, propicia el rechazo del recurso presentado, conforme los argumentos de su memorial de fs. 207/212.
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por los impugnantes, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos (art. 434 y ccs., CPP; v. Sala I, c. 77.217, “Sosa, Leandro Ezequiel s/ Recurso de Casación”, sent. del 06 de julio de 2016, reg. 558/16; c. 79.219. “Amarilla Bruno Ezequiel s/ Recurso de Casación”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 973/16; c. 79.427, “Díaz Nuñez, Jonathan Gonzalo s/ Recurso de Casación”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 979/16, entre muchas otras).
El hecho que se tuvo por acreditado es el siguiente:
”... el día 1 de abril de 2001, en horas de la mañana y en el Hospital Interzonal Dr. José Penna, sito en calles Láinez y Necochea de esta ciudad, en circunstancias en que Francisca Leiva era intervenida quirúrgicamente a causa del diagnóstico de hernia de disco L4-L5 a izquierda, realizándose hemi lamenoctomía y foraminotimía consistente en apertura de ligamento vertebral común posterior y disectomía y cierre por planos, le fueron lesionadas por impericia en su realización la vena cava y la arteria ilíaca primitiva derecha por el paso a la cavidad retroperitoneal, por donde transcurren los vasos mencionados, de una herramienta quirúrgica, generando una hemorragia retroperitoneal detectada al final del acto quirúrgico por la caída brusca de la presión arterial y shock hipovolémico, constatándose mediante tomografía axial computada realizada a continuación colección hemática retroperitoneal que obligara a una segunda intervención en el transcurso de la cual se realizó suturado de la vena cava y un by pass en la arteria antes citada, sin lograr cohibir con ello la hemorragia masiva y shock hipovolémico que condujera al deceso de Leiva el día 4 de octubre de 2001 a las 16:00 horas.” (fs. 18/vta.).
El recurso habrá de prosperar parcialmente.
En primer lugar advierto que la acción penal no se encuentra extinguida; por razones diversas a las expuestas por el A Quo .
De lo reglado por el art. 62 inc. 2 del Código Penal, se desprende que el plazo de prescripción respecto del delito de homicidio culposo (art. 84, CP) es de cinco (5) años.
Los impugnantes sostienen que la sentencia de este Tribunal de Casación de fecha 25/06/2013 (fs. 45/63) que, revocando el veredicto absolutorio, determinó que Gutiérrez es autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo cometido en perjuicio de Francisca Leiva, no interrumpió el curso de la prescripción.
No les asiste razón, pues, en la especie, dicha resolución reviste la condición de “primera condena” (art. 67 inc. "e", CP –texto según Ley 25.990 (BO 11-01-2005; doct. CSJ 2148/2015/RH1 Farina, Haydée Susana s/ homicidio culposo, sent. del 26/12/2019).
Aun cuando allí no se haya cuantificado la pena mantiene esa virtualidad, pues la interrupción de la prescripción que regula el artículo 67, cuarto párrafo, inciso e, del Código Penal es un efecto jurídico de la condenación propiamente dicha, y no del pronunciamiento sobre la individualización de la sanción (Cfr., CSJN, “ATAMAÑUK”, sent. del 11/07/2019, Fallos: 342:1155).
Sin perjuicio de lo expuesto, se observa que entre la referida sentencia condenatoria del 25/6/2013 y la que fijó la correspondiente pena el 8/11/2018, pronunciada por el Tribunal en lo Criminal nro. 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca, transcurrieron más de 5 años.
Cabe mencionar aquí, que interín sucedieron las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires del 15 de junio de 2016 y del 25 de octubre de 2017, carentes de virtualidad para interrumpir el plazo de prescripción de la acción penal en los términos del artículo 67 inciso “e” del CP, en tanto se limitaron a desestimar por inadmisibles los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley interpuestos por la Defensa contra la aludida sentencia condenatoria, y el extraordinario federal presentado por la misma parte contra la desestimación de los referidos recursos extraordinarios locales Éstas (cfr. doct. CSJN, en "Farina" cit. supra ).
Del párrafo precedente puede apreciarse que “la actividad procesal del interesado” -a través del tránsito por vías inadmisibles- insumió una demora del orden de los cinco años, lo que obsta la procedencia de la insubsistencia de la acción penal por violación de la garantía de ser juzgado dentro de un plazo razonable, al no darse los indicadores a tal fin delineados por la CorteIDH que fueron invocados por el propio impugnante (cfr. mutatis mutandi , mi voto en TCP, Sala I, c. N° 93377, “HENDLER”, sent. 25/04/2019).
Ahora bien, no se encuentra controvertido -al punto que se alega enfáticamente desde la defensa para argumentar en torno a ausencia de necesidad y de justificación de la imposición de una pena a Gutiérrez (cfr. fs. 116vta./117)-, que este último nunca estuvo inhabilitado para ejercer la medicina, sino que continúo realizando cirugías, desempeñando su profesión en la órbita del hospital público, tal como lo acreditaron el Director del Hospital Zatti de Viedma, Rio Negro, Dr. Rovasio, y el Director del Hospital Pedro Ecay, de Carmen de Patagones, Dr. Fabrizio (cfr. fs. 113vta./115), lo que torna improcedente la prescripción que a su favor invoca la defensa, ya que se suspende en “ los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público ” (art. 67, párrafo segundo, CP).
Conforme lo expresado la acción penal está vigente.
Sentado lo expuesto, corresponde dar tratamiento a los motivos de agravio relativos al fallo condenatorio.
En primer lugar, la exclusión probatoria que se pretende del dictamen pericial del doctor Bachellerie luce improcedente, pues tal informe no reviste carácter dirimente en el marco de la sentencia impugnada, no solo porque se contó en el juicio oral con su testimonio vía teleconferencia en el que sostuvo que aunque el respirador hubiera funcionado correctamente igual se hubiera producido el deceso de la víctima (cfr. fs. 52vta. y 37vta./38), sino también, porque el sentenciante se basó en una pluralidad de elementos de prueba de cargo adicionales (cfr. fs. 50 en adelante), sin que la parte haya demostrado ni puesto en evidencia lo contrario, esto es, el perjuicio concreto que a sus intereses habría causado la supuesta irregularidad que denuncia.
En segundo orden y en similar sentido, se advierte que en el pronunciamiento cuestionado se argumentó y brindaron razones según las cuales para arribar a su conclusión condenatoria “ poco importa la eventualidad de anormal funcionamiento del respirador... ” (cfr. fs. 56vta.), lo que torna insustancial –nuevamente por no per
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