Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 99885
C-99885
En la ciudad de La Plata, sede del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Jueces integrantes de la Sala Segunda doctor Fernando Luis María Mancini, doctora María Florencia Budiño y doctor Mario Eduardo Kohan, para resolver en la presente causa 99885 caratulada “GAMARRA WALTER DANIEL S/RECURSO DE CASACIÓN”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden BUDIÑO - MANCINI - KOHAN.
El Tribunal en lo Criminal Nro. 3 del Departamento Judicial Mercedes condenó a Walter Daniel Gamarra a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas, por encontrarlo coautor del delito de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego.
Contra esa decisión interpuso recurso de casación la señora Defensora Oficial, Dra. María Fernanda Montero, el cual obra a fs.32/34 del presente legajo.
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, el Tribunal decidió plantear y votar la siguiente:
¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
A la cuestión planteada , la doctora Budiño dijo:
I. La recurrente trae dos motivos de agravio, a saber: 1) Plantea la errónea aplicación de la agravante genérica del art. 41 bis del CP y 2) Denuncia la omisión de tratamiento de las circunstancias atenuantes oportunamente planteadas por la defensa.
I.1. En el primer aspecto alega que el a quo no motivó debidamente la aplicación de la agravante en cuestión, por lo que denuncia infracción al art. 106 del CPP en ese punto.
Por otro lado, sostiene que la agravante prevista en el art. 41 bis del CP no resulta aplicable a la figura del art. 165 del mismo cuerpo legal, limitándose a citar en apoyo de esa afirmación un extracto del voto de uno de los Magistrados en un precedente de esta Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal (causa 73905).
I.2. Respecto a la determinación de la pena destaca que en el acta se dejó constancia de que la defensa -en su alegato- expuso ".. .En consecuencia, lo que voy a pedir, dado el aporte que ha efectuado mi asistido en cuanto no sólo confirmó su responsabilidad en el hecho sino que además aportó la identidad de los coautores. No deja de ser una respuesta para la víctima y su familia porque lo que busca es la verdad...Por lo dicho, voy a solicitar la aplicación del mínimo legal previsto para el homicidio en ocasión de robo....".
Afirma que, si bien no se dejó específicamente consignado que las circunstancias referidas se planteaban como atenuantes, ello se colige sin esfuerzo y, pese a ello, al tratar la cuestión el quo se limitó a mencionar que no se verificaban atenuantes, sin brindar ningún motivo para desconsiderar las referidas por la defensa.
En consecuencia solicita se case la sentencia en este punto y se acojan las atenuantes consignadas en el acta de debate y consecuentemente se reduzca la pena.
II. Al presentar el memorial que prevé el art. 458 in fine del CPP la Sra. Defensora Oficial ante esta instancia, Dra. Ana Julia Biasotti, mantuvo el recurso deducido y adhirió a sus fundamentos y peticiones.
Sin perjuicio de ello, planteó la existencia de un vicio esencial que conduce a la nulidad del fallo en tanto implica la afectación de las garantías constitucionales del debido proceso legal y la defensa en juicio, descalificándolo como acto jurisdiccional válido.
Se refiere a que en la primera cuestión del veredicto el Tribunal omitió consignar en forma completa el suceso que en definitiva se consideró probado. Dice que ello violenta la manda del art. 371 en cuanto exige "la exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieran por probados".
Como un motivo de agravio novedoso cuestiona la calificación legal considerando que no se configura en el caso el delito de homicidio en ocasión de robo respecto del imputado Walter Daniel Gamarra; ello así porque Gamarra no portaba arma alguna en el hecho, por tanto obviamente no fue quien realizó el disparo mortal; además los asaltantes tenían la idea de que en el lugar no había personas por lo que no se puede acreditar que Gamarra tuviera conocimiento previo de la intención homicida de su compañero.
Señala que Gamarra se mantuvo ajeno a la agresión directa hacia la víctima, permaneciendo oculto en la cocina, y que en la huida le recriminó la muerte al autor de los disparos, lo que da cuenta de que el plan común para cometer el robo no incluía la muerte.
En base a ello plantea la imposibilidad de endilgarle responsabilidad a Gamarra por el resultado muerte.
Finalmente ratificó el agravio referido a la omisión de tratamiento de las atenuantes y solicitó que se incorpore entre las pautas de mensura el pedido de disculpas que efectuó el imputado a la familia de la víctima al cierre del debate, en tanto se trata de una actitud reveladora de arrepentimiento que evidencia una conciencia ética que se relaciona con sus calidades personales y es demostrativa de menor peligrosidad.
Finalmente también solicitó que se valore como atenuante la menor influencia de su asistido en el resultado letal, pues demuestra una menor contribución concreta del sujeto al ilícito.
III. A su turno tomó intervención la Sra. Fiscal Adjunta ante este Tribunal, Dra. María Laura D'Gregorio. Propició el rechazo del recurso en todos sus términos.
Dijo que el art. 165 es una figura independiente que no exige a nivel típico el uso de armas de fuego, por lo que le es plenamente aplicable -en su caso- la agravante del art. 41 bis del CP. Citó precedentes de esta Sala y de la SCJBA en apoyo de su postura.
En cuanto a la pena dijo que no advertía omisión de tratamiento desde que las circunstancias referidas por la defensa en esta instancia no fueron expresamente invocadas como atenuantes durante el debate. Por fuera de ello dijo que la actitud de Gamarra no demuestra un arrepentimiento sincero, sino que frente a la abrumadora prueba en su contra acomodó su versión para intentar desligar a Chávez pero no fue claro al aportar datos de los sujetos que fueron con él a la vivienda.
Respecto al planteo nulificante de la Defensora de Casación dijo que, si bien es cierto que por un evidente error material no fue consignada la descripción del hecho en forma completa en la primera cuestión del veredicto, de la totalidad del fallo se desprende con claridad la materialidad ilícita y la coautoría, y que se trata de un error que no generó perjuicio o menoscabo de derecho alguno.
Finalmente propició el rechazo de los restantes agravios incorporados por la Defensora de Casación por considerarlos extemporáneos en función del art. 451 del CPP, y subsidiariamente sostuvo su improcedencia.
IV. El recurso no puede prosperar.
IV.1. En virtud de la precedencia lógica del planteo nulificante introducido por la Defensora Oficial Adjunta ante este Tribunal, corresponde comenzar con su tratamiento.
Adelanto que la esta pretensión no es atendible.
La deficiencia en el texto del capitulo dedicado a la materialidad ilícita se trata de un evidente error material que no justifica la nulidad pretendida.
La lectura íntegra del veredicto y sentencia permite advertir una perfecta identificación del hecho que se tuvo por probado y de la conducta típica atribuida al imputado Gamarra, al punto que la defensora que intervino en el debate no formuló ninguna objeción al respecto y pudo cuestionar recursivamente el veredicto y la sentencia en los aspectos que consideró necesario. Incluso la propia Defensora ante este Tribunal agregó argumentos relativos a la forma en que ocurrió el hecho y la consecuente significación jurídica que debería asignarse a la concreta intervención llevada a cabo por el imputado, sin que aquel error material haya obstado a esta pretensión.
Es oportuno señalar que el veredicto y la sentencia resultan un acto único e inescindible en el que cada una de las partes que lo integran se relacionan y complementan entre sí, por lo que no cabe analizarlas como compartimentos estancos como pretende la defensa en este punto, pues ello llevaría a dar preeminencia a un rigorismo formal para fundar un agravio o perjuicio que de ningún modo se ha verificado en la práctica, pues todas las circunstancias fácticas relevantes de la materialidad ilícita se han desarrollado y detallado debidamente a lo largo de las distintas cuestiones tratadas y fundamentalmente, de la reseña de la prueba valorada que contiene el fallo, entre las que se encuentra incluso la confesión del imputado, de donde se desprende claramente cómo sucedió el hecho probado y la participación que le cupo a Gamarra.
Así las cosas, desde el punto de vista de la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso que se denuncian violadas, el rechazo de la queja se impone toda vez que sólo se ha señalado su vulneración genéricamente, pero no se ha expuesto qué facultad le impidió ejercer al imputado y su defensa la falencia material detectada.
La declaración de nulidad requiere previa demostración de perjuicio, para lo cual no basta con oponer meras objeciones formales que no hayan recaído en la afectación concreta de los intereses tutelados por las prescripciones supuestamente infringidas. Por el contrario, debe explicitarse la facultad que no pudo ser ejercida y de qué modo dicha imposibilidad fue generadora de algún gravamen, lo que no sucede en el caso.
Resulta por ello insuficiente el agravio que pretende aferrarse a aspectos parciales de la sentencia para afirmar que los jueces omitieron decir algo que en realidad dijeron.
IV.2. El agravio en torno a la errónea aplicación del art. 41 bis C.P. no es procedente.
IV.2.a. En primer lugar no se verifica la alegada ausencia de fundamentación en tanto en la primera cuestión de la sentencia el a quo expresamente justificó su aplicación en el caso aduciendo que la figura prevista en el art. 165 del CP no contempla en forma específica la utilización de un arma de fuego como elemento constitutivo o calificante, de lo que se deriva que no rige la exclusión prevista en el segundo párrafo del art. 41 bis del CP.
Ello abastece sobradamente la exigencia de motivación del art. 106 del CPP que no se halla sino destinada a posibilitar el control de las partes respecto del iter lógico seguido por el sentenciante y, tratándose de sentencias definitivas, su eventual crítica recursiva ante éste Tribunal, nada de lo cual se ha visto obstaculizado de modo alguno en el presente caso.
IV.2.b. En cuanto al fondo de la cuestión cabe dejar en claro en primer lugar que el precedente de esta Sala que cita la recurrente en apoyo de su pretensión se trata de un caso que no contó con mi intervención; pero, además, el extracto que cita pertenece al voto que quedó en minoría en esa oportunidad.
Sentado ello, por mi parte, comparto el criterio sustentado por el Tribunal a quo en cuanto sostiene que la figura del art. 165 C.P. admite la agravación por el empleo de un arma de fuego, en los términos del art. 41 bis CP, pues se trata de una figura autónoma que no contiene como elemento constitutivo o calificante la utilización de un arma de fuego para ejercer violencia física contra las personas, por lo que no rige la regla de exclusión del segundo párrafo de la norma que contiene la agravante.
En efecto, el art. 165 únicamente alude a un "robo" sin referencia a ningún tipo de arma. Por tanto el agravio que pretende la obliteración de la agravante genérica no puede progresar.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que más allá de las discusiones que otrora se generaron sobre el tema, hoy en día existe una consolidada doctrina de la SCJBA en el sentido contrario al que propicia la recurrente.
En efecto, el Superior Tribunal Provincial ha dicho que: “...la figura compleja del art. 165 no contempla como parte constitutiva o calificante de su estructura típica a la violencia o intimidación en las personas conformadas por el uso de armas de fuego […]. Entonces, conforme lo dicho hasta ahora, no se observa que el elemento "arma de fuego" se encuentre absorbido por la figura "robo con resultado homicidio". Y prueba de ello es que un robo con resultado homicidio puede ocurrir sin armas de por medio. De ahí que pueda concluirse que ambas figuras son independientes en cuanto a sus elementos configurativos, no obstante el modo en el que concurran” (del voto de la doctora Kogan, SCBA, causa P. 111.421, "Roldán, Jorge Armando, -Fiscal Adjunto del Tribunal de Casación-. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 35.203 seguida a Eiroa, Javier Leandro. Tribunal de Casación Penal, Sala I" y acumulada P. 111.887, "Eiroa, Javier Leandro. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 35.203. Tribunal de Casación Penal, Sala I", del 18 de junio de 2014).
Esta doctrina, ha sido ratificada en causa P. 110.620, en la que se explicó que: “...el art. 165 hace referencia al tipo básico del robo pues alude a "con motivo u ocasión del robo" y no "de un" robo, remitiendo así desde una interpretación gramatical, a la acción base descripta en el art. 164 del Código Penal, sin relevar más elementos típicos que los allí estipulados. Son las notas comunes del "robo simple" las contempladas en el art. 165, que por la comisión de un homicidio lo "agravan", del mismo modo que se agrava la punibilidad cuando se producen lesiones graves o gravísimas; o incluso de manera análoga a como lo hacen otras figuras calificadas (que aunque no "complejas" como las mencionadas son dependientes del tipo básico) receptadas en los arts. 166 y 167, cuando el "robo" es cometido mediante la utilización de un arma blanca, de un arma inapta o de utilería (conf. reforma de la ley 25.882), en banda, en despoblado, con perforación o fractura de pared, etc. Por ello no es posible tener por "absorbido" al robo agravado por el uso de arma (art. 166 inc. 2º, texto anterior a la reforma de la ley 25.882) dentro de la figura del art. 165, como tampoco es posible hacerlo respecto de las restantes calificantes. Prueba de ello es que un robo con resultado homicidio puede ocurrir sin armas de por medio. De ahí que pueda concluirse que el art. 166 es independiente del art. 165, no obstante el modo en el que puedan concurrir en un caso concreto. Conforme lo dicho, si el robo con resultado homicidio se produce con armas de fuego, nada obsta a la aplicación del art. 41 bis” (del voto de la doctora Kogan, SCBA, causa P. 110.620, "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal de Casación-. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 26.708 seguida a Gamarra Aristiqui, Gregorio Ramón. Tribunal de Casación -Sala II-", sentencia del 16 de julio de 2014).
Esa doctrina ha sido sostenida invariablemente en numerosos precedentes hasta el presente; veáse, por todas, causa P 129187, sentencia del 27 de febrero de 2019 en la que se sostuvo "...Es procedente la aplicación de la agravante genérica del art. 41 bis del Código Penal al delito de homicidio en ocasión de robo, pues el ilícito descripto en tal figura no contempla como parte constitutiva o calificante de su estructura típica a la violencia o intimidación en las personas conformadas por el uso de arma de fuego. Ambas figuras son independientes en cuanto a sus elementos configurativos. El elemento arma de fuego no se encuentra relevado en el art. 165...".
Por todo ello propongo el rechazo de este motivo de agravio.
IV.3. No puede prosperar el agravio que cuestiona la determinación de la pena.
Estrictamente no ha existido la omisión de cuestión esencial que denuncia la recurrente.
Más allá que la referencia de la defensa -en el alegato- al aporte efectuado por el imputado al reconocer su intervención en el hecho y brindar la identidad de los coautores, no fue expresamente pedida como atenuante, y de que por tanto el a quo no la trató en la cuestión cuarta del veredicto, lo cierto es que, de todos modos, surge a las claras de la integralidad del fallo que el a quo c onsideró -acertadamente- que esa confesión no merecía ser generadora de un menor reproche por las circunstancias que la rodearon.
En efecto, el a quo expuso que la confesión de Gamarra tuvo como intención principal despegar al coimptuado Chávez de la participación en el hecho, ya que la situación del primero era sumamente comprometida en función del hallazgo de sus huellas dactilares en el lugar del hecho. En esas condiciones no se advierte que su "confesión" revele arrepentimiento, sino que aparece como parte de una estrategia defensista de la cual, además, conforme las particularidades del caso, no han surgido datos útiles o beneficioso para la investigación.
Así las cosas, se advierte que el a quo descartó que la confesión de Gamarra haya comportado un aporte para la investigación en los términos en que la defensa solicitó que sea tenida en cuenta como atenuatne, por lo que no se verifica la omisión de tratamiento de la cuestión.
Por fuera de ello, de las consideraciones efectuadas por el Tribunal en este punto se evidencia que la confesión vertida en esas circunstancias no resultó un indicio de arrepentimiento, por lo que tampoco por esta vía podría enmarcársela en forma autónoma en alguno de los estratos que contiene nuestra ley penal como fundamento de la individualización de la pena, esto es la magnitud del injusto y el grado de culpabilidad del autor, complementados por el limitado correctivo de la peligrosidad evidenciada por las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del delito (conf. Precedente “Sotelo”, c. 8488, sent. del 20-V-2003).
La confesión no guarda ninguna relación con la conducta que fuera materia del proceso por lo que no permite extraer conclusiones acerca de la magnitud del injusto y del grado de culpabilidad del acto y, a diferencia del arrepentimiento, tampoco permite extraer ningún indicio de menor peligrosidad del sujeto en virtud de la internalización de aquellas pautas infringidas al cometer el ilícito, por lo que dicha circunstancia no puede en el caso ser valorada como atenuante en forma autónoma.
IV..4 . Finalmente, también corresponde el rechazo de los novedosos motivos de agravio planteados en esta instancia por la Dra. Biasotti en tanto versan sobre aspectos del fallo que no fueron cuestionados por parte del recurrente originario y pretenden la ponderación de circunstancias que no fueron oportunamente sometidas a la decisión de los jueces de mérito.
En virtud del carácter dispositivo de los recursos, en esta materia rige la máxima "tantum devolutum quantum apelatum", consagrada en el art. 434 del CPP, que determina que la competencia sobre el objeto procesal del tribunal “ad quem” está delimitado por los agravios planteados por la parte recurrente de conformidad con lo normado por el art. 451.
Es por ello que la audiencia prevista en el artículo 456 del C.P.P. o el memorial que la sustituye, se realiza para ratificar y ampliar los argumentos vertidos al interponer el recurso, conforme lo prescribe el antes aludido art. 451 del digesto adjetivo, y los agravios que debe tratar y responder este Tribunal se circunscriben a los expuestos al articular el recurso.
Tampoco puede acogerse la pretensión de la Defensora Adjunta ante este Tribunal relativa a que se ponderen como atenuantes circunstancias invocadas recién en esta instancia, pues si las partes no discutieron en el debate respecto del eventual valor diminuente de las mismas, el Tribunal no estaba obligado a pronunciarse respecto de aquellas que no encontrara pertinentes (art. 371 C.P.P.). La alegación de circunstancias atenuantes en esta instancia deviene extemporánea, pues corresponde al juez de mérito determinar el monto de pena y por tanto las partes deben realizar las alegaciones atinentes a atenuantes y agravantes en el debate oral.
En definitiva, en tanto la competencia de este tribunal se abre en función de una tarea de revisión y control de lo decidido, resulta indispensable que la cuestión traída a estudio haya sido planteada ante el infer
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