Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II · Causa 95513
C.95.513
En la ciudad de La Plata, sede del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Jueces integrantes de la Sala Segunda, doctor Fernando Luis María Mancini y doctora María Florencia Budiño, para resolver en la presente causa 95.513, caratulada “GIORDANI TONIL, LUIS ALBERTO S/ RECURSO DE CASACIÓN” . Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debe observarse el orden MANCINI - BUDIÑO.
El Tribunal en lo Criminal nro. 5 del Departamento Judicial La Plata, condenó a Luis Alberto Giordani Tonil a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, coacción y exhibiciones obscenas agravadas por verse afectados menores de dieciocho años de edad, en concurso real entre sí.
Contra dicho pronunciamiento interpone recurso de casación la señora Defensora Oficial del mismo departamento judicial, doctora Cecilia Dolores Sicard, en representación de su asistido.
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, el Tribunal decidió plantear y votar la siguiente
¿Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
La Defensora Oficial postula como motivos de agravio la violación de los arts. 210 y 371 del CPP respecto de la valoración de la prueba concerniente a las materialidades ilícitas de los dos hechos atribuidos a su asistido; y en subsidio, la violación del art. 1 cuarto párrafo del CPP, así como la errónea aplicación del art. 119 segundo párrafo del CP en relación al hecho I, y del art. 149 bis último párrafo del CP respecto del hecho II.
Aduce que resultaría insuficiente la prueba reunida y que las imputaciones se sostendrían en los dichos de las víctimas, pues el resto de los deponentes serían testigos de oídas y no se habrían incorporado otras pruebas que acrediten las materialidades ilícitas ni la autoría de Giordani.
Sobre el hecho I refiere que la madre y la abuela de la niña serían testigos de oídas y que sus dichos mostrarían variaciones; en tanto que entiende que lo expuesto por el psicólogo del Cuerpo técnico de Responsabilidad Penal Juvenil, Licenciado Carrizo Martínez, quien realizó la Cámara Gesell, no tendría valor corroborante por su imprecisión y vaguedad, y en cuanto indicó no poder expedirse sobre si el relato pudo ser “aprehendido”.
Suma que no fue convocado a declarar en el debate el médico que revisó a la niña, ni se acompañó una grabación que la madre de la niña indicó que se adjuntaría; y que no se corroboraron las pesadillas que la niña habría sufrido.
Resalta que entre el hecho y la denuncia transcurrieron siete meses, aspecto que habría sido tratado absurdamente por el a quo en relación a lo expuesto por la madre de la víctima.
En subsidio, advierte que por ser escueto el relato de la niña, y haber surgido datos a partir de preguntas de su abuela, se habría presentado una situación de duda que debió resolverse en favor del imputado, pretensión que deja postulada en esta instancia.
Respecto del hecho II, sostiene que la de la víctima sería la única declaración testimonial que tiene atingencia en punto a las amenazas coactivas. Ello por cuanto las restantes, aludirían a la distribución de las fotografías o a aspectos de la relación entre la víctima y el imputado, sin vínculo con la cuestión a probar.
Esgrime que no estarían explicitadas las razones por las que se arriba a la conclusión de acreditación de la materialidad ilícita.
Advierte que el a quo no habría reparado que Segura en ningún tramo de su declaración mencionó que el imputado la amenazara con seguir publicando las fotos si no volvía con él.
Indica que los dichos de Segura carecerían de acompañamiento objetivo y que además de resultar generales e imprecisos lo que ya dificultaría su refutación y tornaría imposible la verificación de los extremos a los que refiere, del mismo modo darían cuenta de un manifiesto sentimiento negativo hacia el imputado.
Concluye que no habría sido acreditada la materialidad ilícita atribuida como hecho II, de modo que se habría aplicado erróneamente el art. 149 bis último párrafo del CP.
Pide por ello que se haga lugar al recurso, conforme los planteos formulados.
II. A fs. 63vta. y 58/59 lucen las notificaciones efectuadas al Sr. Fiscal Adjunto de Casación, doctor Fernando Luis Galán, y a la Sra. Defensora Oficial Adjunta de Casación, doctora Ana Julia Biasotti, anoticiándolos de la radicación de la presente en esta Sala, así como su integración, y solicitando que se pronuncien acerca de la necesidad de celebrar audiencia de informe oral.
A fs. 67/69 se encuentra el memorial presentado por la Defensora Oficial de Casación, doctora Biasotti, solicitando que se case el pronunciamiento impugnado conforme el temperamento adoptado por la Defensora de la instancia y en virtud de añadir dos planteos que explica –la errónea aplicación del art. 129 del CP, por atipicidad de la conducta y violación del principio de legalidad, y la errónea aplicación del art. 55 del CP-.
A fs. 71/74vta. el Fiscal Adjunto de Casación, doctor Fernando Galán, se manifestó por el rechazo del recurso, conforme argumentos que allí desarrolla.
Adelanto que propicio casar parcialmente el pronunciamiento, en virtud de las razones que detallaré al abordar el hecho II.
Analizado el pronunciamiento, advierto que no se verifican los defectos denunciados respecto del hecho I.
El Tribunal sentenciante tuvo por probado que en horas de la noche del 21 de abril de 2013, en circunstancias en que A.S.M., de seis años de edad, se encontraba dentro del automóvil de Giordani Tonil –ex pareja de su madre-, éste abusó sexualmente de la niña, a quien no sólo la obligó a sentarse sobre sus piernas mientras conducía, sino que, previo tocar con sus manos su vagina, le introdujo un dedo causándole un sometimiento gravemente ultrajante para ella –hecho I-.
Tales extremos fueron acreditados en consideración del a quo, a través de las manifestaciones de la niña A. en Cámara Gesell, y mediante las voces de las personas a las que la niña pudo decirles lo sucedido: su abuela materna, su madre, la médica de policía integrante de la División Investigaciones Delitos contra la Integridad Sexual, Dra. García, y el Licenciado en Psicología, Gustavo Carrizo Martínez, quien intervino en la entrevista previa y en la concreción de la declaración de A. en el dispositivo de observación.
La niña relató lo sucedido con un lenguaje adecuado a su edad y sindicó al imputado como autor; su abuela expuso qué le expresó la niña, y el devenir posterior; su madre también aludió a la relación que había mantenido con el imputado, y sus comportamientos posteriores a la ruptura, entre otros datos. Los profesionales nombrados –además- expusieron su parecer especializado. Todos quienes depusieron en debate, respondieron a las consultas que las partes les efectuaron.
En torno a los datos detallados que aporta cada medio de prueba, por razones de brevedad, remito a su atenta lectura en las cuestiones primera y segunda del veredicto.
Los planteos traídos por la recurrente respecto de este hecho fragmentan el cuadro probatorio considerado por los sentenciantes, y confrontan el razonamiento del a quo, a partir de una interpretación parcializada de su exposición.
En este entendimiento, y en el sentido indicado por el a quo y que comparto, no fueron sólo los dichos de la niña A. –valorados como creíbles- los que apoyaron el tramo criticado; y por otro lado, el tiempo de realización de la denuncia en el contexto de una acción dependiente de instancia privada vigente, en nada altera –en el caso- el valor de las pruebas reunidas.
Las manifestaciones de la niña se condicen con las características de su edad, y fueron apropiadas a la descripción de lo sucedido. A la par, se mantuvieron en el tiempo y ante diversas personas –no sólo su abuela y madre, a quienes por confianza y resguardo pudo comentar, sino ante la médica de policía que la revisó y el Licenciado en Psicología en Cámara Gesell-.
Su abuela materna -María Cristina Milicho- recordó que su nieta le reveló por mensajes de red social lo sucedido el día anterior, le refirió el dolor que sentía, y le pidió que ella le contara a su madre. También indicó la testigo qué hizo después, y los cambios que notó en su nieta.
Su madre -Silvina Mastroiani- dijo que efectivamente el día del hecho la niña estuvo con el imputado. Refirió la conversación que tuvo con su propia madre a raíz del pedido que le hizo la niña, y que la niña fue visitada por su médico pediatra. Expresó que el imputado apareció, lloraba, y le pidió perdón y que ella le reclamó que se fuera, comenzando posteriormente la persecución, hostigamiento y amenazas por parte de Giordani exigiéndole que no lo denuncie. Señaló los cambios conductuales y en su salud que demostró su hija después del hecho, e indicó el proceso de reflexión que la llevó a decidirse junto con su niña a denunciar. También describió la relación que mantuvo con el imputado.
Asimismo el a quo evaluó el parecer del Licenciado en Psicología, Gustavo Carrizo Martínez, quien intervino en la entrevista previa y en la concreción de la declaración de A. en cámara de observación. El Licenciado expuso que el relato de la niña fue espontáneo –por demostrar vergüenza-, claro y corto, empleando expresiones acordes a su edad.
También ponderó el informe practicado a la niña por la médica de policía, integrante de la División Investigaciones Delitos contra la Integridad Sexual, Dra. García, quien depuso en el debate y además de reconocer la firma allí inserta, señaló que el relato textual de la niña aparece entrecomillado –referido a lo sucedido y a quién lo había hecho- y que el accionar descripto por la niña se corresponde con que no haya lesiones en el examen físico.
La crítica al momento de concreción de la denuncia, no resulta eficaz como parámetro para aminorar la veracidad de lo expuesto. La madre de la niña expuso que priorizó que ambas –su hija y ella misma- se hallaran en condiciones de afrontar la exposición y las diversas actuaciones derivadas de denunciar ante la autoridad, y que la decisión fue tomada previo informar a su hija, quien consintió, refiriéndole que no quería que a ningún par suyo le pasara algo similar. Y añadió como motivante final, las amenazas de muerte que le profirió el imputado para que no hiciera la denuncia junto al conocimiento de que conforme él le había dicho, tenía otra causa por abuso a sus hijos.
No se deriva de ello defecto alguno.
Tampoco merece favorable acogida la objeción direccionada contra la exposición del Licenciado en Psicología, interviniente en la Cámara Gesell.
Ello por cuanto, además de aislar un dato de su declaración, lo cierto es que, en puridad, la respuesta criticada da cuenta del correcto proceder del especialista en cuanto indicó no poder contestar el punto postulado –si el relato pudo ser aprehendido-, lo cual no alcanza a desvirtuar lo sí manifestado con antelación en punto a que la niña se pronunció sobre el hecho como una situación vivenciada, al mostrarse vergonzosa y efectuar aclaraciones en su discurso. En consecuencia, no se constatan las denuncias de imprecisión y vaguedad achacadas al especialista.
De igual modo, del pronunciamiento emerge que tampoco lo evidenció el a quo.
Sumo a ello y en relación al momento en que la niña reveló el hecho a su abuela, que A. fue quien inició la comunicación diciéndole “Lucho me tocó la pochola” y luego las preguntas que su abuela le realizó fueron para procurar circunscribir en qué momento, lugar y modo había pasado, sin que de ello pueda derivarse en el caso y por la espontaneidad en la conversación de la niña, una coconstrucción o un discurso aprehendido.
Por lo demás, no permite modificar el parecer convictivo del Tribunal de mérito, a la luz del principio de libertad de prueba, que no se haya convocado a deponer al debate al médico pediatra de la niña -que la revisó- ni que no se haya acompañado la grabación efectuada por la madre, conforme esta misma refirió. Tampoco –como asevera la defensa- que no se habría corroborado que la niña haya sufrido pesadillas.
En primer lugar, por cuanto, por fuera de haber podido ofrecer la parte la comparecencia del primero en caso de entenderlo útil, a todo evento su ausencia no habilita a descartar la información relevante que las testigos aportaron, las impresiones generadas en la inmediación y su corroboración y complementación por la restante prueba. Y en este último caso, muy concretamente, la deposición de la médica de policía que revisó a la niña, recibió de su propia boca el relato de lo acontecido e indicó lo constatado y su parecer, respecto de quien la parte ejerció su derecho de defensa y contralor en juicio.
Y por cuanto, en el segundo caso, el dato de sufrir pesadillas fue expuesto por la madre de la víctima, cuyos dichos fueron tenidos por creíbles, sin verificarse por el a quo que se manifestara con animosidad contra el imputado.
Esto es, tales críticas procuran ignorar de modo no efectivo el acopio probatorio indicado y que permite estar sin defecto de razonamiento, por la conclusión arribada por el a quo.
Los criterios valorativos divergentes, si bien en algún caso podrían resultar aptos para poner en evidencia la incorrección formal o material de lo resuelto, parecen en principio inapropiados en la etapa recursiva, en la que debe primar -antes que nada- una labor crítica que, en materia de hechos, no se abastece -al menos en principio- con la sola exposición de razonamientos paralelos al que se debe cuestionar.
En efecto, sin demostración ni verificación actual de vicio lógico alguno en el razonamiento atacado, las alusiones argumentativas del recurrente no conmueven las conclusiones plasmadas en el pronunciamiento, por resultar insuficientes y no lograr demostrar la incursión en absurdo.
Analizada la ponderación que de los elementos de prueba realizó el a quo, no aparecen configurados vicios de razonamiento que invaliden la decisión jurisdiccional, y contrariamente a lo pretendido por la parte, los extremos impugnados poseen sustento probatorio.
Así las cosas, el sentenciante se ha expedido por la afirmativa en las respectivas cuestiones del veredicto explicando en forma razonada y razonable el modo como arribó a la certeza sobre la existencia del hecho y la autoría responsable, sin que el recurrente logre demostrar, en su exposición, vicio lógico o valorativo alguno que autorice la casación que se pretende.
Derivado de ello, igual solución negativa propugno respecto de la invocación de la duda beneficiante pues ésta se encuentra enlazada a la procedencia del tramo de agravio que ya he descartado. No se observa la existencia de hesitación alguna que haya llevado al Sentenciante a afirmar indebidamente la exteriorización del hecho y la autoría del imputado que se tuvieran por ciertos en las cuestiones respectivas del veredicto, que pudiera evidenciar la inobservancia del art. 1° del CPP.
Por último, la calificación legal asignada a este hecho –abuso sexual gravemente ultrajante- resulta ajustada al hecho tenido por acreditado sin absurdo, a cuya procedencia –no exitosa- la parte había supeditado la errónea aplicación del tipo penal y sin constatarse –tampoco- duda por parte del juzgador.
Por tanto, propicio rechazar el remedio incoado en orden a los agravios referidos al hecho I, por improcedentes (arts. 18 de la CN, 15, 168, 171 de la Constitución provincial, 1, 106, 209, 210, 232, 233, 371, 373, 375, 448 -a contrario- y ccdtes. del CPP, 119 segundo párrafo del CP).
Por otro lado, el Tribunal a quo indicó que tuvo por demostrado que el 12 de agosto de 2014, Giordani Tonil exhibió en las inmediaciones del domicilio de Romina Segura -su ex pareja-, ubicado en calle 63 n° 2331 entre 141 y 142 de La Plata, varias fotos de la nombrada en las que se hallaba desnuda y manteniendo sexo, colocándolas en carteles en los que se consignó el número telefónico de Segura, ventilando e incitando a personas desconocidas a que la llamen por cuestiones sexuales, incluyendo a menores de dieciocho años de edad . Asimismo entendió probado que Giordani Tonil a cambio de no publicar más las fotografías, amenazó de muerte a Segura para que volviera a mantener una relación sentimental , logrando amedrentarla y colocarla en una situación de inferioridad ante la omnipotencia con la que el imputado se manejara para con Segura –hecho II- (la cursiva me pertenece).
Al efecto el Tribunal de mérito ponderó los dichos prestados en el debate por Romina Segura -víctima-, quien narró el contexto previo, posterior y concomitante de violencia y persecución ejercido por el imputado, y en el que se dio el hecho en estudio con sus dos tramos.
Testimonial que tuvo por corroborada y complementada con las prestadas por el vecino Damián Zuazo -incorporada por su lectura-, y en la inmediación por Elsa Gómez y Andrea Burgos –vecina y amiga de la víctima, respectivamente-; así como las declaraciones del funcionario policial Alonso –experto en informática- en referencia a la pericia llevada a cabo sobre el CPU y la tarjeta de memoria de la cámara fotográfica, incautadas en la casa del imputado, y la deposición de Brian Fernández, testigo de actuación policial del procedimiento de incautación del CPU y de la cámara fotográfica del imputado; las fotografías reservadas en las actuaciones de investigación, y finalmente, la copia certificada de la resolución –notificada personalmente a Giordani Tonil- del Juzgado de Familia interviniente, emitida el 29 de agosto de 2014 en las actuaciones “Segura, Romina Andrea c/ Giordani, Luis Alberto s/ protección contra la violencia familiar (ley 12.569)”, en la que se dispone respecto de Giordani y con carácter cautelar, el deber de abstenerse de realizar actos de hostigamiento, perturbación, intimidación y maltrato contra la denunciante, bajo apercibimiento de comunicar a la justicia penal, su incumplimiento.
Señalé al principiar el voto que en mi estima corresponde casar parcialmente el pronunciamiento en relación a aspectos de este hecho II.
Avanzando en el análisis, advierto que la primera de las conductas achacadas como hecho II y que tendría el sustento probatorio antes señalado, en puridad, no se concilia con la conducta alcanzada por el tipo penal asignado en el caso por la representante del Ministerio Público Fiscal y por el cual fue condenado el imputado.
Me explico.
La acción típica consiste en ejecutar o hacer ejecutar por otros actos de exhibición obscena (la cursiva me pertenece).
La exhibición obscena expuesta a ser vista involuntariamente por terceros, prevista en el art. 129 del CP, refiere a un acto físico –hecho que realice el sujeto o haga ejecutarlo por otro: poner a la vista, mostrar, descubrir-, pero no comprende a cosas, a las imágenes, como en el caso.
No tratándose la conducta atribuida de un acto en el sentido comprendido como punible –realización de una conducta humana que se agota en la exhibición obscena-, sino fotografías, proyectar la conducta a la exhibición de imágenes constituiría una interpretación extensiva del tipo, violatoria del principio de legalidad. Si el legislador hubiera querido penalizar la conducta descripta en el hecho II el tipo penal debería estar redactado de modo tal que no quede circunscripto al núcleo actos de exhibición obscena, como sí aparece significado aunque con otras aristas y alcances en el art. 128 del CP, a las que también escapa el caso.
Por tanto, en los márgenes expuestos por la imputación, por esa conducta corresponde casar el pronunciamiento y absolver al imputado, toda vez que el comportamiento asignado podría tener encuadre en otros ilícitos, en especial de acción privada, que no son motivo de este juicio (arts. 1, 18, 19 y ccdtes. de la CN, 73, 129 a contrario y ccdtes
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.