Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II · Causa 95975
C.95.975
En la ciudad de La Plata, sede del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Jueces integrantes de la Sala Segunda, doctor Fernando Luis María Mancini y doctora María Florencia Budiño, para resolver en la presente causa 95.975, caratulada “RIOS, ROQUE TEODORO S/ RECURSO DE CASACIÓN” .
Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debe observarse el orden MANCINI - BUDIÑO.
El Tribunal en lo Criminal Nro. 3 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, condenó a Roque Teodoro Ríos a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por encontrarse encargado de la guarda de la víctima y por ser cometido contra una menor de edad de trece años de edad –hecho 1-.
Contra dicho pronunciamiento interpone recurso de casación el Defensor Particular, doctor Daniel Alejandro Iñigo, en representación de su asistido.
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, el Tribunal decidió plantear y votar la siguiente
¿Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto? V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
–reeditando planteos de su alegato- que no ha existido delito.
Advierte que el a quo se habría apoyado sólo en la declaración de la víctima prestada en Cámara Gesell, que presentaría diversos defectos.
Aduce que el relato sería escueto y esquemático, sin poder concluirse credibilidad del mismo.
Suma que se presentarían diferencias entre los dichos de la víctima y los de los testigos de oídas y denunciantes –su padre y pareja-.
Objeta la labor de la profesional interviniente en la realización de la Cámara Gesell –por cuanto se habría limitado a efectuar entrevistas abiertas, sin realizar test- y, asimismo, el profesionalismo de las peritos psicólogas oficiales –en cuanto partirían del prejuicio de que debe creerse en el relato abusivo, porque de otro modo, no podría haber tratamiento terapéutico efectivo; y porque el informe estaría incompleto por no haber una pericia de daño psicológico previa-. Esto en base a los pareceres de la perito de parte.
En orden a la declaración de la niña, señala que habría coconstrucción del relato a partir de que la pareja del padre de la víctima la induce a llamar las cosas por su nombre y, por su parte, la víctima venía haciendo terapia.
Concluye que la niña llega al dispositivo plenamente influida de vocabulario y connotaciones sexuales implantados e impuestos por adultos, no surgidos de su vivencia.
Aduce que el relato de la niña respondería a un complot creado por su padre.
Esgrime que la falta de precisión en orden a las fechas denunciadas y fechas exactas de su realización en el marco de imputación fiscal, habría impedido ejercer la defensa en juicio de su asistido.
Pide que se case el pronunciamiento y se decida la absolución de Ríos conforme los argumentos postulados.
En subsidio, cuestiona la calificación legal.
Explica que no se habría determinado el motivo por el cual el abuso sexual habría sido gravemente ultrajante.
Refiere que Ríos no poseía la calidad de guardador, toda vez que no era civil ni técnicamente responsable del cuidado de la niña, y el mero encargue temporal no estaría contemplado en el tipo.
Por ello requiere que se modifique la subsunción legal por la de abuso simple, adecuándose el monto de pena a imponer.
Finalmente deja planteada la reserva del caso federal.
II. A fs. 98/100 lucen las notificaciones realizadas al Fiscal Adjunto de Casación y al Defensor Particular, doctores Fernando Luis Galán y Daniel Alejandro Iñigo, a efectos de su conocimiento de la radicación de las actuaciones en esta Sala y su integración, así como manifestar su voluntad de celebrar la audiencia de informe oral o, en su caso, desistirla.
A fs. 103/110vta., el Sr. Fiscal Adjunto ante esta Alzada, doctor Jorge Armando Roldán, presenta memorial, desiste de la celebración de la audiencia de informe oral y peticiona que se rechace el remedio incoado, por improcedente, conforme argumentos que allí desarrolla.
III. Postulo no hacer lugar al recurso.
No puede prosperar la bosquejada petición de nulidad efectuada a raíz de indicar imprecisa la determinación del tiempo en que habrían acaecido los hechos, conforme la imputación y descripción fáctica.
Por fuera del modo insuficiente en el que se ha formulado el reclamo, toda vez que la parte sólo invoca una pretensa violación a la garantía constitucional de defensa en juicio, sin explicitar el perjuicio concreto que tal apartamiento le irrogaría, lo cierto es que el defecto denunciado, no se presenta en autos.
De la lectura de la materialidad ilícita emerge establecido un período de acaecimiento y que –a todo evento- la imposibilidad de determinar fechas concretas es inherente a la edad de la víctima e inclusive a la modalidad de realización de conductas ilícitas de la naturaleza que se examina en autos.
De tal modo, sin verificarse la pretendida indeterminación temporal que se dice presente en el fallo, tampoco se verifica que ello haya vulnerado en modo alguno la defensa en juicio de Ríos en el caso.
Propicio por tanto, el rechazo de este tramo de la impugnación (art. 201 –a contrario- del CPP).
Tampoco puede prosperar el reclamo referido a la acreditación de los extremos fácticos.
La materialidad ilícita y la participación responsable de Ríos –en relación al hecho I-, encontraron sustento probatorio en los elementos enunciados y prueba considerada al abordar las cuestiones primera y segunda del veredicto.
En concreto, de diversos medios derivaron los aportes probatorios que permitieron al a quo conocer lo sucedido conforme fue develado por la niña N.
Por un lado, sus dichos en Cámara Gesell, que fueron analizados aunados a las declaraciones de su padre –Juan Daniel Albarracín- y de la pareja de este –Noelia Gisell Sulas-, de la madre de N. –Johana Margot Palmeiro-, así como las manifestaciones de la profesional especialista en psicología a la que acudió el padre de N. para que la tratara -Licenciada Paula Montone-, y de la perito en la materia que intervino en la celebración de la entrevista previa y en el desarrollo de la deposición de N. en el dispositivo de observación –Licenciada Gabriela Onzari-. Esto es: lo padecido, quién intervenía en tales conductas, de qué modos, en qué tiempos, su estado anímico y las secuelas derivadas, entre otros aspectos de relevancia.
Asimismo, el a quo dio cuenta de lo manifestado por la perito de parte –Licenciada Cortalezzi-, así como de la ex pareja del imputado Ríos –María Graciela Gómez-, de la ex pareja del sobrino de Ríos –Romina Alonso-, de la abuela de la víctima N. y pareja del imputado –Silvia Ferro-, de la hija de Ríos –Noelia Belén Ríos-, de la hija de la pareja de Ríos –Jorgelina Palmeiro-, de la hija del imputado y sobrina de la víctima –Valentina Ríos-, de una conocida de Ríos porque su hija concurría al mismo jardín de infantes que la hija de éste –Norma Ayala-, y del tío de la víctima e hijastro del imputado –Rodrigo Palmeiro-, además de constancias emergentes de la prueba introducida por lectura –copia de DNI y de la credencial de la obra social de la niña, precarios médicos, actas, placa fotográfica, croquis, acta de levantamiento de evidencias físicas, croquis planimétrico, planilla de cadena de custodia, CD e informe IC-.
Por razones de brevedad, remito a la lectura del desarrollo de los datos aportados por cada elemento enunciado.
El a quo contestó de modo pertinente los planteos que en esta instancia la parte reedita en forma idéntica y sin darles un alcance mayor.
N. expuso lo sucedido –conductas y quién las realizó- al declarar en Cámara Gesell, y antes, lo había expresado a su padre, a la pareja de éste, y a su madre.
Si bien al declarar en el marco de la investigación –celebrada en tiempo que ya se encontraba en tratamiento psicológico- N. aportó menos detalles que los proporcionados por los mencionados testigos, tal circunstancia no le resta valor a sus dichos, toda vez que además de hallarse acompañados de otra prueba –como la pericial psicológica-, de algunos de sus tramos surgen circunstancias espaciales que fueron acompañadas por los dichos del imputado –N. se quedaba a dormir en su casa-.
Respecto de la credibilidad que se otorgó a los dichos de la niña, el sentenciante destacó las variables expuestas por las psicólogas que depusieron en la inmediación, que dan cuenta de la verificación de indicadores de abuso sexual infantil y el método empleado al efecto –entrevista-.
Montone, terapeuta de N., refirió a la coherencia que mantuvo el relato y su acompañamiento con emociones y estados de angustia y ansiedad; así como temor, culpa, irritabilidad, miedos, trastornos de conducta, y no controlar esfínteres; sin detectarse otra circunstancia –fuera del abuso referido- que pudiera haber ocasionado dicho daño psíquico. Onsari, especialista que intervino en la entrevista previa y en la cámara de observación, advirtió signos de acomodación a la situación de abusos y sumisión. También recomendó la continuación del abordaje terapéutico así como que no volviera a tomarse declaración a N., para evitar su revictimización adolescente.
En orden a las críticas realizadas por la perito psicóloga de parte, el a quo señaló acertadamente que la discrepancia metodológica no permite entender incompleto el informe psicológico oficial.
A este respecto puede indicarse que la parte pudo requerir en tiempo oportuno, la implementación de tests, e incluir como puntos de abordaje por la especialista aquellos que en su criterio pudieran determinar o no la existencia de un daño. Pero dicho esto, habiendo ejercido en tiempo el contralor de la prueba, sin realizar el respectivo pedido, no aparece atendible el cuestionamiento con posterioridad.
Tampoco puede prosperar la objeción al profesionalismo de las peritos psicólogas oficiales. No emerge del acta de debate ni del pronunciamiento examinado referencia concreta que permita sustentar el denunciado sesgo del entrevistador. De haberlo constatado, así debió postularlo la parte pidiendo que se dejara constancia en acta, pues de otro modo opera a todo evento su convalidación. Ello obsta a cualquier consideración que pueda hacerse de la cuestión.
No se verifica -reitero- vulneración a las reglas de la sana crítica en dicho razonamiento (art. 210 del CPP).
Sin perjuicio de no resultar defectuosa la práctica realizada del procedimiento previo y de la propia Cámara Gesell, corresponde aclarar que –como antes reseñé- la declaración de la víctima prestada en la cámara de observación no resulta ser la única prueba de los hechos.
Dicha declaración aparece complementada y rodeada de otras que permiten corroborar lo relatado.
En este sentido, debo decir que no resultan circunstancias demostrativas del vicio alegado, el hecho de que el sentenciante haya valorado los testimonios indicados por el impugnante. Tales testimoniales no sólo acompañaron en lo esencial lo dicho por N. al deponer en Cámara Gesell, sino que corresponde añadir que la parte restringe tal crítica a los dichos del padre de N. y de su pareja, dejando fuera lo expuesto por la mamá de N., testigos todos que se expidieron en similares términos, puesto que el relato de la niña se mantuvo en el tiempo y ante las personas a quienes pudo contarles, por confianza y cercanía.
De otro lado, habiendo depuesto todos en juicio oral, la parte ejerció a su respecto el debido contralor y contradicción, con un adecuado despliegue de la garantía de defensa en juicio.
Respecto de la valoración de la prueba testimonial, tiene dicho esta Sala (N° 2789 “Román”, entre otras) que el grado de convicción que cada testigo provoca en los jueces de mérito configura una cuestión subjetiva perteneciente a la esfera reservada a ellos por la ley, en tanto encargados de establecer el mayor o menor valor de las declaraciones testificales, por lo que no es posible por la vía casatoria invalidar las impresiones personales producidas en el ánimo del juzgador al observar la declaración de los testigos salvo que se demuestre su contradicción con las reglas de la lógica, el sentido común, el conocimiento científico o aquellas que rigen el entendimiento humano, lo cual no se ha logrado comprobar en el sub lite .
Dicho esto, además, las deposiciones cuestionadas fueron complementadas con otros elementos, tales como las declaraciones de las profesionales en psicología tratante y oficial.
Se descartó por las especialistas la endilgada coconstrucción de discurso, pues a partir de constatarse el acompañamiento emocional al verbal y modificaciones conductuales, se tuvo por vivenciado lo narrado, sin que quepan los añadidos.
Pero además, justamente los aspectos que la parte resalta para sustentar su tesis, no se verificaron.
No puede derivarse de lo expuesto por la niña la denunciada influencia en su vocabulario y connotaciones sexuales implantados por adulto. Esto es, la niña conforme sus posibilidades de elaboración de lo sucedido, describió con sus palabras las conductas que desplegó el imputado sobre ella entre sus cinco y siete años de edad. Y en tal sentido, empleó –a todo evento- una sola palabra que aludiría a un vocabulario específico pero no desvinculado de lo que quiso rememorar como sucedido, y sin que, por otra parte, ello implique algo inadecuado, toda vez que su padre y su pareja manifestaron llamar “ las cosas por su nombre ”, y que N. estaba bajo tratamiento psicológico a raíz de los hechos y el estado anímico que presentaba -que aún antes del develamiento, en la escuela ya se habían advertido modificaciones de conducta en N.-.
Tampoco tuvo por constatado el a quo la existencia de un complot del padre de N. No sólo por no surgir de su declaración dato alguno de animadversión respecto del imputado, y porque N. vivía con su padre, sino por cuanto prueba independiente a sus dichos –declaraciones de la terapeuta y perito oficial- permitieron estar por la verificación de lo expuesto por la niña como sucedido.
Asimismo, el juzgador apreció al tratar la autoría responsable, además de los elementos reseñados –concretamente la directa imputación realizada por N., el indicio que emerge de las manifestaciones de los diversos testigos que dieron cuenta que N. iba a la casa del imputado-, los dichos del imputado –prestados en los términos del art. 317 del ritual- para descartar su credibilidad, por cuanto en ausencia de todo otro elemento que los acompañe, además, fueron contrarrestados por el plexo probatorio reunido.
Todo ello, ha sido probado sin incursión en defecto de razonamiento.
Como puede notarse, la descripción de la materialidad recreada por el Tribunal de Juicio se adecuó a las circunstancias que emergieron del plexo probatorio valorado, sin que, por otro lado, tal reconstrucción histórica pueda merecer reparo alguno en orden a su motivación, ya que fue expresado por el Juzgador el razonamiento desarrollado para arribar a la conclusión obtenida, con suficientes argumentos que no pueden considerarse apartados de las reglas de la lógica, ni de las pautas que conforme a la recta razón dimanan de la experiencia y el sentido común (arts. 210, 373 y ccdtes. del CPP).
Encontrándose acreditados como están los extremos, sin incursión en defecto alguno de razonamiento, la calificación legal escogida por el a quo –abuso sexual gravemente ultrajante agravado por encontrarse encargado de la guarda de la víctima y por ser cometido contra una menor de edad de trece años de edad-, resulta ajustada a derecho.
A partir del desarrollo y análisis probatorio, el setenciante tuvo por acreditado sin arbitrariedad la conducta ejercida sobre N. por Roque -pareja de su abuela Silvia-, en cuanto tocaba sus partes pudendas, la besaba en la boca, le lamía los pechos, se chupaba los dedos introduciéndolos en su vagina y le mostraba películas pornográficas.
A contrario de lo expuesto por la parte, el a quo da suficientes y adecuados argumentos que sustentan la agravante gravemente ultrajante del abuso sexual en estudio.
En la primera cuestión de la sentencia concretamente alude a su duración y a las “circunstancias de su realización”, explicitándolas.
En este punto cabe recordar que es criterio reiterado del Tribunal que el veredicto y la sentencia constituyen un todo inescindible, de manera que lo probado en una cuestión puede fundamentar una opinión del juzgador en otra, ocurriendo ello en la especie.
De allí que lo cierto es que en la descripción fáctica y en la antedicha explicación, se vislumbra la acreditación de una conducta que contiene un plus respecto de la figura básica.
Los hechos se verificaron no sólo en un lapso de dos años, sino que las conductas desplegadas respecto de N. ya indicadas, a las que debe añadirse la exigencia compulsiva por parte del sujeto activo de que viera películas pornográficas, haciéndola bailar, constituyen circunstancias que –por lo menos- resultan humillantes y de un contenido vejatorio para la niña y por tanto, configurativas del tipo aplicado por el a quo .
Por otro lado, corre igual destino adverso la siguiente objeción.
Reviste calidad de guardador toda persona que tenga a un menor a su cuidado, sin importar que esta situación sea impuesta por la ley, por un juez o resulte una situación de hecho, tampoco si la misma es transitoria o permanente.
La norma de aplicación al aludir a “encargado de la guarda”, resulta más amplia que aquellas que mencionan al “guardador”, porque además de incluir a éste, comprende a cualquier persona que tuviese de hecho al menor bajo su cuidado.
La razón por la cual esta circunstancia debe actuar como calificante reside en el aprovechamiento que el autor realiza respecto de la situación de sujeción en que se encuentra a su respecto el menor ya sea por el hecho de estar bajo su autoridad como por el respeto que debe guardarle. También la persona que cuida del niño debe cumplir con ciertos deberes vinculados con su seguridad, formación y asistencia y quien comete el delito de abuso en esas condiciones viola esos deberes. En consecuencia, las razones que fundamentan la agravante me llevan a concluir que quedan comprendidos en ella los sujetos que por distintas razones tengan a su cargo el cuidado de un menor, como sucede en autos.
Conforme se acreditó sin absurdo Ríos reunió respecto de N. la calidad de encargado de su guarda. Esto último, conforme las precisiones efectuadas y sin que la pretensa presencia de su pareja –abuela de la niña-, obste a su configuración, conforme los detalles más arriba expuestos en relación a las circunstancias de acaecimiento de los hechos en estudio.
Por ello corresponde rechazar este motivo de agravio (art. 119 segundo, cuarto párrafo inc. b) y ccdtes. del CP).
Finalmente, tampoco corresponde, la pretensión de disminución de la pena en cuanto se postuló subordinada a una mutación de calificación legal que no puede prosperar.
Por fuera de ello, lo cierto es que la impuesta, fue en consideración
de las pautas mensurativas ponderadas como atenuantes –carencia de antecedentes penales y buen concepto-, sin agravantes.
No se advierte que en el caso el monto de pena escogido resulte desproporcional o arbitrario frente a los hechos que dan base al pronunciamiento y a las pautas que expresamente aludió como tomadas en consideración al efecto. Ello también da cuenta de la fundamentación de la sanción escogida.
Consecuentemente, corresponde no hacer lugar tampoco a esta queja (arts. 40, 41, 45, 119 primer, segundo y cuarto –inc. b- párrafos, y ccdtes. del CP; 371, 373, 375 y ccdtes. del CPP).
Por lo expuesto, propicio el íntegro rechazo del remedio, con costas (arts. 18 de la CN, 171 de la Constitución provincial, 40, 41, 45, 119 primer, segundo y cuarto –inc. b- párrafos, y ccdtes. del CP, 1, 106, 210, 371, 373
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.