Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II · Causa 98160
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso deducido a favor de Miguel Abraham Medina por las razones expuestas en la única cuestión tratada, con costas.
Arts. 1 (a contrario), 210, 373, 448 y ccdtes. del CPP, 45, 55, 80 incs. 1 y 11; 119 párrafo primero, tercero y cuarto inciso “f” y ccdtes. del CP.
C.98160
En la ciudad de La Plata, a los veintiocho días del mes de abril del dos mil veinte, reunidos los integrantes de la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los doctores Fernando Luís María Mancini y María Florencia Budiño, bajo la presidencia del primero de los nombrados, con el objeto de resolver el recurso de casación que lleva el Nº 98.160 caratulado “MEDINA MIGUEL ABRAHAM S/ RECURSO DE CASACIÓN”, y habiéndose efectuado el sorteo para establecer el orden en que los señores jueces emitirán sus votos, resultó el siguiente orden de votación: BUDIÑO- MANCINI
El Tribunal en lo Criminal Nro. 5 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, resolvió en la causa Nro. 28.132 (OI 5448) de esa sede, condenar a Miguel Angel Medina a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual calificado por acceso carnal y por el aprovechamiento de la situación de convivencia en concurso real con homicidio calificado por tratarse de una persona con quien ha mantenido una relación de pareja y por haber mediado violencia de género.
Contra dicho resolutorio interpuso recurso de casación el Dr. Daniel Alejandro Wilk, Defensor Oficial de Medina.
Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar la siguiente:
¿Es procedente el recurso de casación deducido?
A la cuestión planteada la doctora Budiño dijo:
I. A) Como primer motivo de agravio el recurrente plantea cuestiona la calificación legal asignada al denominado “hecho 1” –constitutivo de abuso sexual-, en tanto alega que no se ha probado con la certeza necesaria la agravante relativa al “aprovechamiento de una situación de convivencia previa” en los términos exigidos por el art. 119 párrafo cuarto inciso “f” del CP.
Destaca que el Tribunal ha circunscripto el hecho contra la integridad sexual a un espacio de tiempo anterior a que la víctima cumpla los trece años de edad, pero no ha determinado con certeza las circunstancias de tiempo, lugar y modo comisivo del hecho como para afirmar que ha existido un aprovechamiento para cometer el delito de una situación de convivencia que no se acreditó con certeza que existía en ese momento.
Señala que toda la prueba invocada sobre ese punto hace referencia a circunstancias familiares tales como que “vivían todos juntos en Marcos Paz”, o de prueba volcada en la historia clínica que da cuenta que cuando nació el hijo producto del abuso sexual el imputado convivía con la víctima, pero ello obviamente ocurrió meses después del abuso.
En suma, alega que la prueba invocada por el Tribunal sólo demuestra que cuando los sujetos del proceso mantuvieron relaciones sexuales la niña contaba con menos de trece años de edad, pero nada demuestra que en ese espacio de tiempo convivieran.
Alega que la forma de razonar del Tribunal en este punto vulnera el principio “in dubio pro reo”. Que ha quedado probado en el debate que ni la madre de la menor pudo dar referencia exacta sobre donde vivía su hija.
Concluye que no hay manera de acreditar la convivencia a partir de la expresión relativa a que el sujeto activo “convivió” con la víctima “en las inmediaciones del Partido de Lomas de Zamora”, por lo que no está satisfecho el tipo penal previsto y reprimido por el art. 119 párrafo cuarto inciso “f” del CP sin violentar el principio de inocnenc9i y el beneficio de la duda.
B) Como segundo motivo de agravio trae cuestionamientos vinculados con la calificación legal aplicada al denominado “hecho 2”.
B.1 Cuestiona la aplicación del art. 80 inc. 1° del CP, por discrepar con la valoración probatoria llevada a cabo para tener por acreditada la agravante allí prevista.
Dice que el homicidio investigado no reúne los extremos típicos de esa figura por cuanto resulta inadmisible que el Estado Argentino reconozca una relación de pareja en la que uno de los involucrados contaba con doce años de edad, pues resulta contradictorio con la imposibilidad de esa persona para “consentir” una relación sexual.
Hace mención a la Convención de los derechos del niño, a otras normas convencionales y a la normativa civil en cuanto a los impedimentos matrimoniales, para alegar que siendo que la víctima era menor de edad no puede considerarse pasible de mantener una relación de pareja en sentido típico.
B.2) También critica la aplicación de la agravante del art. 80 inc. 11 del CP.
Dice que los hechos investigados describen la muerte violenta de una niña de 15 años de edad a manos de un hombre mayor de edad en un contexto de violencia intrafamiliar, con tolerancia a la promiscuidad por parte de todo el grupo familiar, en la que el Estado y los adultos se desentienden de sus responsabilidades.
Alega que no se explicó debidamente cuáles eran las circunstancias que convierte a la muerte de una niña de quince años como un hecho en el que “mediare violencia de género”.
Sostiene que en realidad se trata de un contexto de violencia social pero no de género. Que afirmar que el caso es de “género” porque un hombre mata a una mujer, sin determinar o probar razones de odio a ella o bien por tratársela como una cosa u objeto, implica minimizar la verdadera problemática social y familiar que encierra el caso.
En base a todo ello solicita que se case el fallo a nivel de la calificación legal aplicada a los hechos y se encuadren los mismos en las figuras de abuso sexual agravado por acceso carnal, en concurso real con homicidio simple, solicitando se imponga el mínimo de la pena prevista para ese concurso de delitos.
II. Arribadas las actuaciones a esta sede tomó intervención la Sra. Defensora Oficial Adjunta de Casación Dra. Ana Julia Biasotti, quien mantuvo el recurso y se remitió a sus argumentos.
III. A su turno, la Sra. Fiscal Adjunta de Casación Dra. Daniela Bersi propició el íntegro rechazo del recurso. Dijo que los planteos son una reedición de los efectuados en la etapa oral, siendo que los mismos fueron evaluados y desechados por el Tribunal de instancia, sin que el recurrente traiga ningún tipo de rebatimiento a los fundamentos dados al efecto.
Sin perjuicio de ello la Fiscal hizo una evaluación de la prueba ponderada para decidir las calificaciones legales aplicadas y concluyó que resultan ajustadas a las circunstancias comprobadas en la causa.
IV. El recurso no puede prosperar.
Corresponde señalar que el recurso en trato es una reedición de los argumentos que la defensa esgrimiera en el debate, los que fueron contestados con fundadas razones por el sentenciante. La recurrente no se hace cargo de esos fundamentos expuestos en el fallo, ni mucho menos evidencia su absurdo o arbitrariedad en punto a la valoración de la prueba que llevó al a quo a asignar a la conducta del imputado el encuadre legal que cuestiona.
Más allá de lo señalado he de dar el correspondiente tratamiento a aquellos en pos de efectivizar la máxima capacidad de revisión del pronunciamiento condenatorio.
a) Con relación a la agravante del abuso sexual entiendo que, contrariamente a lo alegado por el recurrente, la convivencia entre víctima y victimario al momento del hecho ha sido tenida por cierto sin absurdo.
En este sentido, tal como surge del tratamiento dado en el fallo a la cuestión primera de la sentencia, conforme lo expresado con contundencia por Nidia Leguizamón (madre de la víctima) y Daiana y Sebastián Álvarez (hermanos de la víctima), Aldana y el imputado vivían juntos cuando se dio a conocer la noticia del embarazo de la niña.
Nidia Leguizamón refirió que “vivían todos en Marcos Paz, agregando que se “criaron juntos”. Que Aldana por un tiempo estuvo con su hermana Daiana, Miguel (el imputado) y Agustín.
Daiana Micaela Belén Álvarez, refirió que Aldana y el imputado tenían una relación amorosa, que vivían juntos cuando quedó embarazada, que tendría doce años y que estuvieron juntados un tiempo.
También surgió de la declaración de esa testigo durante ese tiempo ella se oponía a decisiones del imputado que quería tomar como si fuera “dueño y señor” lo que denota una situación de convivencia de Medida con la víctima y su núcleo familiar, pues se referían a incidentes cotidianos.
Por su parte, Agustín Álvarez también dijo haber convivido con ambos, su hermana Aldana y su primo, los que eran pareja, y que se llevaban “…un rato bien un rato mal…” y que discutían.
En suma, no caben dudas que a la época de comisión del abuso, existía una cotidianeidad en el encuentro y en las actividades domésticas compartidas que, sin lugar a dudas, permiten tener por probada la relación de convivencia preexistente entre ambos en el sentido requerido por el tipo agravado.
La relación de convivencia entre las personas no requiere una prolongación o estabilidad determinada como parece pretender el recurrente.
b) Con relación a la aplicación de la agravante del art. 80 inc. 1°, su aplicación exige verificar la existencia de un vínculo entre autor y víctima que presente características propias de aquello que en la sociedad de que se trate, se defina como “relación de pareja”.
A tal fin, la ley civil –que la defensa invoca- proporciona algunas pautas útiles para alcanzar esa caracterización cuando regula las “uniones convivenciales” (art. 509 del Código Civil y Comercial de la Nación) pero no es correcta la identificación plena entre ella y la norma penal, pues ésta última excluye esa posibilidad –por ejemplo- al prever expresamente la aplicación de la agravante aun cuando no haya convivencia, requisito –en cambio- que es propio de la ley civil.
De modo tal que, para la ley penal, la relación de pareja pone el acento en la unión de dos personas con cierto grado de estabilidad y permanencia en el tiempo, con vínculos afectivos o sentimentales, que comparten espacios de tiempo en común, y ámbitos de intimidad.
Se trata entonces de la comprobación de una circunstancia de hecho que, en virtud el principio de libertad probatoria que rige nuestro ordenamiento procesal -art. 209 del C.P.P.-, se puede probar por cualquier medio siempre que no se vulneren garantías constitucionales.
En el caso, resultó plenamente demostrado tal extremo, a partir de la totalidad de los testimonios recibidos en el debate y de la indiscutida circunstancia de que los involucrados tenían un hijo en común. Las trabajadoras sociales del Hospital Ramos Mejía también dieron cuenta de esa relación.
El recurrente no desconoce esa circunstancia fáctica, sino que argumenta que la víctima, por ser menor de edad, y por ejemplo no tener capacidad nupcial, no podría ser sujeto pasivo de este delito porque no podría mantener una “relación de pareja” en sentido típico.
No comparto su interpretación, en primer lugar, porque se basa en los requisitos que la legislación civil fija para otras instituciones como el matrimonio o la unión convivencial, que como vimos no pueden identificarse con los que prevé el tipo penal en trato.
Pero, además, el argumento en realidad implicaría utilizar normas que tienen una clara función tutelar de los menores de edad para cercenar sus derechos y la protección que el régimen normativo les dispensa, colocando a una víctima menor de edad en una situación más desventajosa que un mayor.
c) También ha sido debidamente probado que el homicidio se cometió en un contexto de violencia de género y por tanto fue debidamente aplicada la agravante del art. 80 inc. 11 del C.P.
En este punto los cuestionamientos de la defensa nuevamente soslayan los fundamentos vertidos en el fallo y se limitan a alegar que la situación de violencia de género no podría tenerse por acreditada a partir del testimonio de familiares y amigos de la víctima, lo que constituye su particular apreciación del modo en que debió valorarse la prueba y de la fuerza convictiva que debieron infundir los testimonios en el ánimo del juzgador, pero de ningún modo demuestra que la forma en que ha realizado el a quo esta valoración resulte absurda o contraria a las reglas de la lógica, la experiencia o el entendimiento humano.
En efecto, el a quo tuvo en cuenta en este aspecto numerosos testimonios recibidos en el debate que dieron cuenta de la existencia de notas típicas de una situación de violencia de género en la relación de pareja que mantenían la víctima y el imputado.
Así, por caso, la madre de la víctima –Nidia Leguizamón- contó que al principio la relación era buena, pero con el paso de tiempo fue viendo como el imputado actuaba sobre su hija, la maltrataba. La hermana de la víctima también aludió al control que el agresor tenía sobe su hermana al decir que por etapas no estaban bien y que él no quería que se juntara con ellos porque decía que le llenaban la cabeza.
Se tuvo en cuenta también el testimonio de Sebastián Agustín Álvarez en cuanto que el imputado y la víctima discutían y que varias veces vio que él era violento con ella, le pegaba, le levantaba la mano, le decía cosas feas como “puta” o “zorra”.
Asimismo, surgió probado en el debate que en enero de 2017 la víctima le refirió a la Trabajadora Social que intervino por una internación del hijo que víctima y victimario tenían en común, que el padre de éste “…ejerció violencia física sobre ella por lo que finalizó la relación” y se dejó constancia que se había suscitado “…un episodio de fuerte conflictividad…” entre ambos que derivó en un cambio de decisión de Aldana en cuanto a convivir con el padre de su hijo.
También el Servicio social del mismo Hospital Ramos Mejía, con intervención del Consejo de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, confeccionó el informe incorporado por lectura al debate, en el que se dejó constancia –con fecha 3 de febrero de 2017- de la situación de vulnerabilidad que atravesaban Aldana y su hijo uno de cuyos indicadores era “la problemática de violencia de género relatada por Aldana…”.
Se probó entonces que se presentaban en el caso circunstancias objetivas de maltrato físico y psicológico del hombre hacia la mujer en la relación interpersonal la que -a contramano de lo expresado en el recurso- se desprenden sin lugar a dudas de la prueba valorada en el fallo, que ubica a la víctima en una situación de especial vulnerabilidad, que es lo que en definitiva tratan de prevenir, sancionar y erradicar las medidas adoptadas por el Estado Argentino –entre ellas, la sanción de la ley 26.791-, conforme el compromiso adoptado al suscribir la Convención de Belem do Pará.
Existía una relación inmersa en un contexto se violencia de género, caracterizado por la presencia de agresiones psicológicas y físicas, y por el desarrollo de actos desequilibrantes para el psiquismo de la víctima, donde el autor imponía sus deseos y condicionaba a su mujer, y tenía actitudes que la desestabilizaban anímicamente.
Finalmente, no debe perderse de vista que el desenlace letal se dio como una reacción del imputado frente a comentarios que le habían llegado momentos antes sobre una supuesta actitud de la víctima de haber tenido sexo con otro hombre, lo que denota también la cosificación de la mujer al intentar controlar y manejar su conducta.
Se reúnen todos los extremos que las normas de derecho internacional y nacional exigen para configurar el supuesto de “violencia de género” al que alude el inciso 11° del artículo 80 del Código Penal, por lo cual debe confirmarse la decisión del a quo de subsumir la conducta del imputado en dicho tipo penal.
En definitiva, tal como se advierte de la reseña efectuada, el recurrente se ha limitado a reiterar idénticos argumentos que los planteados en el debate y que fueran debida y suficientemente desechados por el a quo, sin siquiera intentar refutar todos y cada uno de los extremos fijados a su respecto en la instancia, lo que revela que se trata de una crítica dogmática que se desentiende de lo analizado por el órgano de grado.
Como emerge de aquélla enunciación de los elementos recreados en la audiencia de debate, la base probatoria tenida en cuenta por el sentenciante, racionalmente analizada según los parámetros del art. 210 del CPP, es suficiente a los efectos de la corroboración de cada uno de los extremos típicos que pretende cuestionar la defensa, lo que echa por tierra la pretensión de orfandad de material de cargo o la alegada falta de fundamentación suficiente al respecto, pues los magistrados correlacionaron los diversos elementos de prueba producidos, los que en forma armónica permiten tener por concurrente los presupuestos que justifican la aplicación de las agravantes en cuestión.
Por todo lo expuesto propongo al acuerdo el rechazo, con costas, del recurso de casación en trato, por no verificarse ninguna de las infracciones legales denunciadas.
Así lo voto.
Arts. 1 (a contrario), 210, 373, 448 y ccdtes. del CPP, 45, 55, 80 incs. 1 y 11; 119 párrafo primero, tercero y cuarto inciso “f” y ccdtes. del CP.
A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Budiño, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por todo lo expuesto en el acuerdo que antecede, la Sala II del Tribunal
Rechazar el recurso deducido a favor de Miguel Abraham Medina por las razones expuestas en la única cuestión tratada, con costas.
Arts. 1 (a contrario), 210, 373, 448 y ccdtes. del CPP, 45, 55, 80 incs. 1 y 11; 119 párrafo primero, tercero y cuarto inciso “f” y ccdtes. del CP.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
FDO. MARÍA FLORENCIA BUDIÑO – FERNANDO LUIS MARÍA MANCINI, JUECES. ANTE MÍ: GONZALO SANTILLÁN ITURRES, SECRETARIO.
Fin de la sentencia