Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II · Causa 99214
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto.
II. Rechazar el recurso de casación interpuesto por los fundamentos expuestos al tratar la segunda cuestión planteada en la presente, con costas.
Arts. 1, 106, 210, 373, 448, 464 inc. 3°, 530 y ccdtes del C.P.P.; 5 inc. “c” de la ley 23.737.
C. 99.214
En la ciudad de La Plata a los 7 días del mes de mayo de dos mil veinte, reunidos en Acuerdo Ordinario los Jueces de la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires doctores Fernando Luís María Mancini y María Florencia Budiño , bajo la presidencia de la primera de los nombrados, para resolver en la causa nº 99.214 caratuladas “GONZALEZ ROLANDO ARIEL s/ RECURSO DE CASACIÓN” , y habiéndose efectuado el sorteo para establecer el orden en que los señores jueces emitirán sus votos, resultó el siguiente orden de votación: BUDIÑO - MANCINI.
El Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca, con integración unipersonal y en el marco de un juicio abreviado, resolvió en la causa Nro. 50/3160 condenar a Rolando Ariel González a la pena de cinco años de prisión, accesorias legales, multa de cincuenta unidades fijas y costas por encontrarlo autor responsable del delito de comercialización de estupefacientes en concurso ideal con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Contra dicho resolutorio interpuso recurso de casación sus defensores de confianza Dres. Bárbara Sager y Leonardo Gómez Talamoni a fs. 16/21vta.
Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
A la primera cuestión planteada, la doctora Budiño dijo:
Se hallan reunidos los requisitos de tiempo y forma exigidos normativamente a los fines de otorgar legitimidad al acto de interposición del remedio casatorio, como así también los elementos que hacen a la impugnabilidad objetiva y subjetiva, en tanto se trata de una resolución pasible de ser recurrida en los términos de los artículos 401, 450 y 451 del Código Procesal Penal.
Siendo legítimo el interés en la correcta aplicación del derecho y la expectativa de que la sentencia mejore la situación de los imputados respecto de la condena, más allá de la conformidad prestada para que proceda el trámite de juicio abreviado, entiendo que el recurso de casación interpuesto resulta admisible, conforme los normado en los 0artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.h del Pacto de San José de Costa Rica; 75, inciso 22 de la Constitución Nacional y 401, 421, 396, 397 y 399 del Código Procesal Penal.
La defensa se encuentra legitimada para hacer uso del recurso interpuesto a tenor de lo establecido en el artículo 454, primer párrafo del código de forma y, por lo tanto, deben declararse admisibles y proceder el Tribunal a decidir sobre los fundamentos de los motivos que los sustentan (artículos 454, primer párrafo, 464, inciso primero y 465 del Código Procesal Penal).
Voto, entonces, por la afirmativa (artículos 106, 210, 367, 371, 373, 396, 397, 399, 401, 421, 451, 454 inc. 1º, 464 inc. 2º, 465 inc. 2º, 530, 531 y cctes. del CPP).
A la misma cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto de la doctora Budiño, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, la doctora Budiño dijo:
Como único motivo de agravio la Defensa plantea la inconstitucionalidad del monto punitivo mínimo previsto por el art. 5° inc. “c” de la ley 23.737 por afectación a los principios de racionalidad, humanidad y proporcionalidad de la pena.
II. Arribadas las actuaciones ante este Tribual, tomó intervención el Sr. Fiscal Adjunto de Casación, Dr. Jorge Armando Roldán propiciando el rechazo del recurso interpuesto.
III. Adelanto que el recurso no ha de prosperar.
Esta Sala tiene dicho que la actividad de la jurisdicción en temas de semejante importancia como es la declaración de inconstitucionalidad obliga, tanto al operador de grado como al órgano revisor, a tener bien en claro el objeto de la actuación interpretativa que a dichos órganos corresponde, con miras a evitar posibles intromisiones en áreas que pertenecen al dominio de otros poderes, por lo que consecuentemente, resulta imprescindible delimitar el ámbito de injerencia en que se autoriza dicha actividad revisora sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma.
Debe aclararse también que esta preocupación relativa a eventuales intromisiones en esferas de poder reservadas a otros sectores –que resulta plenamente válida como criterio general, según el cual la tipificación de conductas y los mínimos y máximos establecidos en las escalas penales emergentes resultan topes vinculantes para el juzgador- puede ser excepcionado en los casos en que se encuentre comprometida su constitucionalidad. Pero también considero importante destacar que para ello es imprescindible que dicho enfrentamiento entre normas de diferente rango resulte claro, palmario, contundente y verificado, y que, en consecuencia, quede justificada suficientemente tan delicada actividad jurisdiccional.
En función de lo antedicho, estimo que el planteo del impugnante no abastece la exigencia antes mencionada, por lo que, en definitiva, la pretensión no podrá ser atendida, desde que no se ha demostrado la configuración de colisión normativa alguna que justifique la solución peticionada.
En efecto, en esta situación particular, no ha sido puesto en evidencia que la pena de multa impuesta al encausado, en el marco de su escala legal (art. 5 inc. c, ley 23.737), sea desproporcionada o irracional, desde la óptica constitucional postulada por la defensa, con relación a la naturaleza de la conducta típica atribuida al acusado prevista en la norma aplicada y que le da origen. En tal sentido no puede soslayarse que la conducta juzgada, como casi todas –sino todas- de las reprimidas en el art. 5 de la ley 23.73, están acompañadas de una finalidad lucrativa derivada del comercio de la sustancia prohibida y, de ella se deriva que válidamente se prevea una sanción pecuniaria complementaria como respuesta punitiva.
Además, el recurrente formuló su embate desde un plano puramente dogmático que en ningún momento abandonó desde que no fueron siquiera mencionadas en el recurso, circunstancias particulares (debería decir particularísimas) del hecho o del autor que habiliten la solución peticionada, todo lo cual evidencia la ineficacia del planteo.
Por lo demás, el planteo que alude a que la multa resultaría confiscatoria, cabe señalar que para transitar ese sendero debiera haber quedado cuanto menos evidenciado que su monto excedía la capacidad económica o financiera del obligado, y, como se indicó el recurso carece de la exposición de datos que ilustren sobre ella y, en definitiva de desarrollo argumental tendiente a demostrar la afectación constitucional que denuncia. Cabe señalar que no hay sumas dinerarias que en sí mismas puedan ser consideradas confiscatorias sino en relación a una situación patrimonial y financiera, particular y concreta.
Ahora bien tampoco encuentro procedente la queja de la defensa por la que expresó que el mecanismo de remisión establecido por el art. 45 de la ley 23.373 viole el principio de legalidad.
Veamos. El art. 1 de la ley 27.302 (B.O. 8/11/16), sustituyó el artículo 5 de la ley 23.737 el cual actualmente reprime al delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización con una pena de prisión y una pena de multa de “cuarenta y cinto (45) a novecientas (900) unidades fijas”.
A su vez, el art. 9 incorporó el art. 45 a la ley de estupefacientes estableciendo que “A los efectos de esta ley, una (1) unidad fija equivale en pesos al valor de un (1) formulario de inscripción de operadores en el Registro Nacional de Precursores Químicos.”
De esa manera la reforma legislativa referida, entre otras modificaciones que introdujo a la ley 23.737, vino a instaurar una nueva base de cálculo para la pena de multa, reemplazando las cifras que eran expresadas en moneda de curso legal por un sistema de “unidades fijas”.
Ahora, si bien es cierto que del principio de legalidad, constitucionalmente consagrado en el citado art. 18 de la C.N., deviene lógicamente la indicación al legislador penal de fijar con estrictez tanto el hecho acriminado como la pena conminada, también es cierto que, tratándose de penas pecuniarias, resulta válido, incluso por temas de actualización de sus montos, que en dicho cometido se recurra a un sistema como el aludido, en el que la sanción es expresada en unidades fijas a las que se le asigna un valor de referencia que permite la cuantificación monetaria de la pena de multa.
Aun cuando pueda, o no, compartirse desde el punto de vista de su técnica legislativa, es evidente que el sistema previsto por las normas cuya impugnación se pretende, satisface los requisitos del art. 18 de la Constitucional Nación, en la medida que la respuesta punitiva está prevista en el texto legal –ley en sentido técnico- y queda suficientemente precisada en tanto brinda inequívocas pautas para su determinación.
En efecto, se estableció una escala penal delimitada para cada infracción con la fijación de un piso y máximo de unidades fijas. Estas unidades no resultan azarosas sino que tienen establecido un valor que se es fijado por la misma ley (una unidad equivale al valor de formulario). A su vez, el importe en pesos del formulario se determina por resolución Ministerial.
Así las cosas, la circunstancia de que ese valor se actualice por normas o disposiciones complementarias, en modo alguno deteriora el conocimiento del aviso punitivo al que se integra aquel complemento con la remisión puntual que la ley penal formula, ni importa envestir de facultades legislativas al órgano administrativo, desde que las consecuencias jurídicas del delito han sido definidas y por el legislador.
Por lo demás los fundamentos con lo que se pretende cuestionar la constitucionalidad del precepto resultan insuficiente a la luz de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que al respeto tiene dicho que la garantía de “ley anterior” y del principio nullum crimen, nulla poena sine lege , exige indisolublemente la doble precisión por la ley de los hechos punibles y de las penas a aplicar, sin perjuicio de que el legislador deje a los órganos ejecutivos la reglamentación de las circunstancias o condiciones concretas de las acciones reprimidas y de los montos de las penas dentro de un mínimo y un máximo (Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema, en fallos 328:940) y conforme la invariable interpretación que del art. 18 de la Constitución nacional ha efectuado la C.S.J.N. (“Fallos", 204:359; 237:636; 254:315; 257:89; 301:395; 304:892; 308:1224, 2043 y 2650, 312:1920, entre otros).
Corresponde señalar que en el sistema de control difuso que impera en nuestro país, la inconstitucionalidad debe ser declarada para cada caso concreto, no correspondiendo expedirse en abstracto sobre la posible contradicción de una norma de carácter general con una disposición de índole constitucional, y que, siendo así, la parte tampoco se ha encargado de explicar en qué habría consistido el quiebre constitucional en este caso, siendo que en definitiva la afectación que se denuncia, deriva de una norma (art. 21 del CP), no aplicada en el supuesto bajo examen.
En suma, estas cuestiones resultan hipotéticas por lo que no alcanzan a demostrar –de momento- la afectación constitucional denunciada.
En suma, el planteo del recurrente no abastece las exigencias que permiten recorrer el camino inicialmente aludido, lo cual conduce a su rechazo.
En virtud de todo lo expuesto, no habiéndose demostrado las violaciones a las normas denunciadas por el recurrente, propugno el rechazo, con costas, del recurso de casación en trato.
Así lo voto.
Arts. 1, 106, 210, 373, 448, 464 inc. 3°, 530 y ccdtes del C.P.P.; 5 inc. “c” de la ley 23.737.
A la misma cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, Dra. Budiño, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede la Sala II del Tribunal
I. DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto.
II. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por los fundamentos expuestos al tratar la segunda cuestión planteada en la presente, con costas.
Arts. 1, 106, 210, 373, 448, 464 inc. 3°, 530 y ccdtes del C.P.P.; 5 inc. “c” de la ley 23.737.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
FDO. MARÍA FLORENCIA BUDIÑO – FERNANDO LUIS MARÍA MANCINI, JUECES. ANTE MÍ: GONZALO SANTILLÁN ITURRES, SECRETARIO.
Fin de la sentencia