Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II · Causa 98256
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar formalmente admisible el recurso de casación articulado por el señor Defensor Oficial, Mariano Valentini contra la resolución de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Martín que revocó la resolución del Tribunal en lo Criminal nro. 5 y dispuso remitir la causa al mismo a fin de que proceda a practicar un nuevo cómputo de vencimiento de pena conforme los lineamientos sentados.
II. Rechazar por improcedente -y por mayoría- esa articulación por los fundamentos expuestos en la cuestión segunda de la presente. Sin costas en esta instancia.
Rigen los arts. 169 inc. 10, 421, 448, 450, 451, 454, 460, 464, 530, 531 y concs.,CPP.; 101, 104, 105, 106 de la leu 12.256.
C. 98.256
En la ciudad de La Plata, sede del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Jueces integrantes de la Sala Segunda, doctor Fernando Luis María Mancini, doctora María Florencia Budiño y doctor Carlos Ángel Natiello, para resolver en la presente causa 98.256 caratulada “ALMADA JORGE OCTAVIO S/ RECURSO DE CASACIÓN” . Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden MANCINI-BUDIÑO-NATIELLO .
La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Martín revocó la resolución del Tribunal en lo Criminal nro. 5 y dispuso remitir la causa al mismo a fin de que proceda a practicar un nuevo cómputo de vencimiento de pena conforme los lineamientos sentados.
Contra esa decisión el señor Defensor Oficial, doctor Mariano Valentini, interpuso recurso de casación.
La señora Defensora Oficial ante esta instancia, doctora Ana Julia Biasotti se notificó a fs. 28, mantuvo el recurso interpuesto y solicitó que se haga lugar al mismo remitiendo a los fundamentos vertidos en el escrito de interposición.
El señor Fiscal Adjunto de Casación, doctor Fernando Galán se notificó a fs. 29/30 vta. y solicitó se rechace la impugnación deducida por la defensa.
Cumplidos los trámites de rigor, y hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso de casación intentado?
Segunda: ¿Es procedente?
Tercera: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el doctor Mancini , dijo:
El recurso en trato satisface los requisitos de tiempo y forma regulados, en lo pertinente, por los artículos 451 y concs. del CPP, a la vez que el recurrente se encuentra legitimado para impugnar.
Y en cuanto a la resolución objeto de recurso, se justifica la excepcional apertura de la competencia de esta instancia casatoria para entender en los planteos de la defensa habida cuenta que son incoados contra el pronunciamiento sobre el cómputo de pena, el cual resulta una resolución equiparable a sentencia definitiva, dado que ella es apta para modificar el contenido de la condena oportunamente aplicada y las consecuencias que de ella puedan derivar, por lo que cabe atribuirle tal carácter en el marco de las previsiones del art. 450, CPP (conf. precedentes de la SCBA en causas P.105.638, sent, del 7/X/2009; Ac. 98.789, 23/VIII/2006; Ac. 95.122, 24/VIII/2006, entre otras).
De modo que, frente al tema de la impugnación, corresponde declarar admisible el recurso de casación deducido (arts. 421, 448, 450, 451, 454, 464 y concs., CPP).
Voto por la afirmativa.
A la misma cuestión planteada, la doctora Budiño dijo:
Adhiero al voto del doctor Mancini, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el doctor Natiello dijo:
Adhiero al voto del doctor Mancini, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
I. Relata el recurrente que el Tribunal en lo Criminal nro. 5 de San Martín practicó el correspondiente cómputo de pena disponiendo, conforme la doctrina del fallo “ Llabrés ” de la SCBA, que el vencimiento de la misma operó el día 26 de febrero de 2015.
Contra dicho pronunciamiento la fiscalía interpuso recurso de apelación, habiendo resuelto la Cámara revocar la resolución de grado y remitir las actuaciones a la instancia a fin de que se practique nuevo cómputo de vencimiento de pena, en el entendimiento de que “… el cómputo del saldo pendiente de pena, en los casos de un imputado excarcelado, debe ser realizado desde la fecha en la que el fallo adquiera firmeza, descontando el tiempo de encierro efectivamente sufrido…”.
La defensa entiende que la Cámara incurrió en una errónea aplicación del art. 24 del CP y en la inobservancia del art. 13 del mismo cuerpo normativo.
Sostiene que aplicó erróneamente el art. 24 del CP porque más allá de haber computado el tiempo efectivamente sufrido en prisión preventiva no consideró el lapso desde el otorgamiento de la excarcelación en los términos del art. 169 inc. 10 del ritual.
En lo particular, destaca que la “ tardanza ” en los pronunciamientos judiciales no puede ser utilizada para recortar derechos y garantías de los justiciables.
En dicha línea argumental, plantea que si una pena puede ser agotada íntegramente con el tiempo sufrido en prisión preventiva, resulta irrazonable que el tiempo de cumplimiento de libertad asistida –como excarcelación-, no pueda se tenido en cuenta a tales fines.
Es que en el presente, el Tribunal de grado, previo a conceder la excarcelación en términos de libertad asistida, verificó los requisitos de los art. 13 del CP y 101, 104 y 106 de la ley 12.256.
Aduna que tal soltura se dispuso bajo las condiciones que el tribunal determinó en base a las previsiones del art. 13 del CP.
Se impone tener en cuenta, a criterio del impugnante, lo resuelto por la SCBA en causa P.92.518, caratulada “Llabrés”, sent. 11/03/2009. A la par que menciona precedentes de este Tribunal.
Señala que no se puede dejar de considerar, a los efectos del cómputo de pena, el tiempo en que el imputado alcanzado por una excarcelación se encuentra compelido al cumplimiento de obligaciones que restringen su libertad física.
Por otro lado, indica que el ejercicio del derecho de recurrir la sentencia condenatoria no puede ocasionar un perjuicio al justiciable que lo coloque en una posición más gravosa que si hubiera renunciado al mismo.
En virtud de ello, solicita que se revoque la resolución puesta en crisis y se determine que el vencimiento de la pena impuesta a Jorge Octavio Almada debió operar en la fecha establecida por el cómputo de pena practicado por el Tribunal en lo Criminal nro. 5. Formula reserva de caso federal.
II. Entiendo que el reclamo debe ser desestimado por improcedente.
Conforme he tenido oportunidad de expedirme antes de ahora (causa nº 50.770 caratulada “Hilzinger, Emiliano Néstor s/ recurso de queja”, sent. del 10/julio/2012, Reg. 762; causa nº 51.794 caratulada “Zapata Jonathan Silvano s/ recurso de casación” sentencia del 27/12/12 Reg. 1703, entre otras), la circunstancia de que el artículo 24 del Código Penal establezca el cómputo de la prisión preventiva como cumplimiento de pena, no puede convertir en pena a aquello que no lo es.
Por un lado, las medidas cautelares personales y la libertad caucionada en el marco de un proceso y por otro lado, los institutos propios de la etapa de ejecución de la pena privativa de libertad, se distinguen por las diferentes finalidades que persiguen.
La sumisión al encarcelamiento y la libertad caucionada durante el proceso, es decir, antes de la sentencia firme, no responden a la modificación de la conducta del sujeto sino al aseguramiento de la comparecencia del procesado. No puede equipararse entonces, esa restricción a la libertad –conforme el caso en análisis- al cumplimiento de la pena, pues no se puede cumplir pena cuando la misma no deviene de una sentencia que, por su firmeza, la hace estatalmente exigible en calidad de sanción.
El artículo 24 del CP contiene expresamente una regla de equidad, pues se descuenta del plazo de la pena, el tiempo que el sujeto estuvo en prisión preventiva; y por su parte, el artículo 13 del mismo ordenamiento de fondo refiere al instituto de libertad condicional y al modo de considerar como cumplimiento de pena al lapso en que sea otorgada y opere. Todo dimana de la ley.
Justamente de tales reglas fijadas por la ley, no surge posibilidad de entender como equivalentes situaciones distintas.
La existencia de divergencias entre los institutos de la prisión preventiva, la excarcelación en tiempos de libertad condicional o libertad asistida y la libertad condicional propiamente dicha, así como las diferencias que muestra el sujeto del proceso en cada caso (procesado inocente o penado), son importantes para resolver el tema en cuestión, pero sin duda, lo que decide el entuerto es el análisis del marco legal existente.
Ocurre que no hay analogía ninguna. La situación regulada en el Código Procesal sobre un supuesto de excarcelación, no es análoga a la de un condenado gozando de libertad condicional, más aún si se advierte que para cada una de estas diferentes alternativas, las condiciones exigibles bien podrían ser muy diversas.
En razón de todo lo expuesto, propicio al acuerdo rechazar el recurso de casación deducido, por los argumentos brindados en los párrafos que anteceden. Sin costas (arts. 530 y concs. CPP).
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, la doctora Budiño dijo:
Disiento respetuosamente con el voto de mi colega preopinante.
Cuestiona la defensa el razonamiento efectuado por el a quo para contabilizar el tiempo en que Almada estuvo excarcelado bajo los términos de la libertad asistida a los fines de la confección del correspondiente cómputo.
En primer término, considero pertinente efectuar una breve reseña de los antecedentes de esta causa.
Surge de las presentes actuaciones que Jorge Octavio Almada fue condenado por el Tribunal en lo Criminal nro. 4 de San Martín en fecha 30 de junio de 2010, a la pena única de 2 años y 1 mes de prisión, habiendo adquirido firmeza el correspondiente fallo el día 7 de marzo de 2019.
Contabilizados los períodos de detención del imputado y por aplicación, en el caso, de la doctrina del fallo “ Llabrés ” de la SCBA, el tribunal estableció que el vencimiento de la pena impuesta operó el día 26 de febrero de 2015.
En ese orden, el órgano de grado ponderó como cumplimiento de pena el tiempo que el imputado estuvo en libertad sujeto a las condiciones de la libertad asistida, equiparando así su situación con las condiciones de dicho beneficio en el cómputo definitivo de pena.
Para ello, tuvo en cuenta que en fecha 5 de septiembre de 2014 se le concedió a Almada la excarcelación en términos de libertad asistida y se le impusieron distintas reglas de conductas.
Sin embargo, la Cámara, al tomar conocimiento en razón del recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, entendió pertinente apartarse del precedente “Llabrés” en la inteligencia que “… la eventual tramitación de sucesivos recursos determinaría que el vencimiento de la pena operase antes de que el fallo que la impuso adquiera firmeza …”.
A ello agregó que de conformidad con lo normado en el art. 24 del CP “ únicamente ” el tiempo que el justiciable estuvo “ efectivamente ” privado de su libertad durante el proceso debe quedar comprendido en el cómputo de pena.
De modo que, “ el lapso que el imputado haya estado en libertad provisoria o caucionada, a ún cuando el justiciable durante el mismo haya sido obligado a comparecer cada vez que fuera citado por el tribunal, a no ausentarse de su domicilio y a comunicar cualquier cambio a éste ”, no debe ponderarse a los efectos del cómputo de pena.
En consecuencia, revocó el decisorio impugnado y remitió las actuaciones a la instancia a fin de que se practique nuevo cómputo de vencimiento de pena de conformidad con los parámetros expuestos.
Ahora bien, en lo que interesa destacar, la cuestión radica en dilucidar si, en el caso, el tiempo que Almada estuvo excarcelado en términos de libertad asistida se debe tener en cuenta a los fines del cómputo de pena.
Sin perjuicio de lo sostenido por la SCBA en el antecedente “ Llabrés ”, lo cierto es que, en el caso, Almada fue excarcelado en los términos de la libertad asistida con la imposición de reglas de conducta.
Dicha circunstancia habilita a considerar el tiempo previo, es decir, el de la concesión de la excarcelación hasta que la sentencia adquirió firmeza, como un período hábil a los fines del cómputo de pena.
Ello, porque pese a gozar Almada de la presunción de inocencia, ha recibido el trato de quien contaba con un pronunciamiento condenatorio firme, pues se le impusieron reglas de conducta (art. 106 Ley 12.256) que fueron cumplidas hasta el 8 de junio de 2015 de conformidad con lo informado por el Patronato de Liberados.
De modo que, si el imputado se hallaba en condiciones de obtener la libertad asistida, y por tal motivo se le concedió la excarcelación en dichos términos, deviene acertado que el tiempo en que estuvo cumpliendo reglas de conducta se vea reflejado en el correspondiente cómputo de pena.
Lo dicho me lleva a considerar que, en el presente, el período durante el cual el imputado gozó del beneficio excarcelatorio deberá consignarse en el respectivo cómputo de pena.
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el doctor Natiello dijo:
Adhiero al voto del doctor Mancini, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la tercera cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
Conforme quedaran resueltas la cuestiones que anteceden, corresponde declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por el señor Defensor Oficial, doctor Mariano Valentini contra la resolución de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Martín que revocó la resolución del Tribunal en lo Criminal nro. 5 y dispuso remitir la causa al mismo a fin de que proceda a practicar un nuevo cómputo de vencimiento de pena conforme los lineamiento sentados y, por mayoría, rechazar por improcedente la impugnación deducida.
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, la doctora Budiño , dijo:
Adhiero al voto del doctor Mancini, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el doctor Natiello dijo:
Adhiero al voto del doctor Mancini, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, la Sala II del Tribunal de Casación Penal resuelve:
I. DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLE el recurso de casación articulado por el señor Defensor Oficial, Mariano Valentini contra la resolución de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Martín que revocó la resolución del Tribunal en lo Criminal nro. 5 y dispuso remitir la causa al mismo a fin de que proceda a practicar un nuevo cómputo de vencimiento de pena conforme los lineamientos sentados.
II. RECHAZAR por improcedente -y por mayoría- esa articulación por los fundamentos expuestos en la cuestión segunda de la presente. Sin costas en esta instancia.
Rigen los arts. 169 inc. 10, 421, 448, 450, 451, 454, 460, 464, 530, 531 y concs.,CPP.; 101, 104, 105, 106 de la leu 12.256.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase a la instancia de origen.
Firmas
Funcionario Firmante: 19/06/2020 09:14:15 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria -
Funcionario Firmante: 19/06/2020 09:36:47 - NATIELLO Carlos Angel ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 19/06/2020 11:35:18 - BUDIÑO María Florencia -
Funcionario Firmante: 19/06/2020 13:13:54 - SANTILLÁN ITURRES Gonzalo Rafael -
Fin de la sentencia