Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II · Causa 95419
C.95.419
En la ciudad de La Plata, sede del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Jueces integrantes de la Sala Segunda, doctor Fernando Luis María Mancini y doctora María Florencia Budiño, para resolver en la presente causa 95.419 caratulada “NUÑEZ NOEMI E. GOGONZA YANINA G. GALLARDO NOELIA S. BUCHNIV MARIANA Y DIAP VANINA GILESA S/ RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTOS POR DEFENSOR OFICIAL Y PORDEFENSORES PARTICULARES” . Practicado el sorteo de ley, resultó en la votación que debía observarse el orden BUDIÑO - MANCINI.
El Tribunal en lo Criminal Nro. 4 del Departamento Judicial San Isidro, dictó sentencia en la causa 4895 de esa sede, condenando a Noemí Elisabeth Núñez a la pena de siete años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas del juicio, más la inhabilitación especial de diez años para desempeñarse en cualquier profesión o actividad relacionada con niños; a Yanina Graciela Gogonza a la pena de siete años de prisión, accesorias legales y costas del juicio, más la inhabilitación especial de diez años para desempeñarse en cualquier profesión o actividad relacionada con niños; a Noelia Soledad Gallardo a la pena de seis años y tres meses de prisión, accesorias legales y costas del juicio, más inhabilitación especial de diez años para desempeñarse en cualquier profesión o actividad relacionada con niños; a Mariana Buchniv a la pena de cinco años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas del juicio, más la inhabilitación especial de diez años para desempeñarse en cualquier profesión o actividad relacionada con niños; y a Vanina Gisela Diap a la pena de cuatro años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas del juicio más la inhabilitación especial de diez años para desempeñarse en cualquier profesión o actividad relacionada con niños; en todos los casos por encontrarlas coautoras penalmente responsables del delito de abandono de persona agravado por haber causado un grave daño en la salud de las víctimas.
Contra dicho pronunciamiento interpusieron recurso de casación los respectivos defensores de las imputadas. El Dr. Adrián Murcho en favor de Noemí Elizabeth Núñez; la Defensora Oficial Dra. María Dolores Gómez, en favor de la imputada Yanina Graciela Gogonza; el Dr. Horacio Daniel Paglia como defensor de Noelia Soledad Gallardo; y los Dres. José Manuel Ernesto de Estrada y Héctor Carlos Mercau, en favor de las imputadas Mariana Buchniv y Vanina Diap.
Encontrándose la causa en condiciones de pronunciar setencia, el
Tribunal decidió plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Son procedentes los recursos de casación interpuestos?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada la señora jueza doctora Budiño
dijo:
Recurso de la defensa de Noemí Elizabeth Nuñez.
I.1. El Dr. Murcho plantea como primer motivo de agravio el quebrantamiento de formas esenciales del procedimiento.
Alega que durante la audiencia prevista en el art. 338 del CPP cuestionó la incorporación del CD que la Fiscalía pretendía utilizar en el debate, teniendo en cuenta que según la denuncia la grabación se había obtenido mediante un IPOD, y se desgravó al CD sin la debida cadena de custodia, sin control de la defensa y sin que se lleve a cabo pericia alguna al respecto para saber si fue editada o no.
Destaca que durante el debate la Fiscalía propició la reproducción en la audiencia del CD y la defensa se opuso en razón de que no era una prueba original y no había sido auditada por las partes para determinar si había sido manipulada.
Se queja porque el Tribunal rechazó tal oposición de la defensa
con fundamento en que rige la teoría de los actos propios, ya que se había puesto a disposición de la defensa el DVD aportado, y que nada expuso al respecto, siendo que ello no fue así ya que el planteo ya había sido realizado en la audiencia del art. 338 del CPP.
Dice que el IPOD pasó por las manos del denunciante, quien lo desgravó y lo pasó a uno o varios CDs, luego lo entregó a la Fiscalía, y el CD que se escuchó en la audiencia no se encontraba ni lacrado ni bajo ningún número de efecto. Que pese a ello se lo consideró prueba de cargo.
A partir de ello afirma que es notorio que se incorporó prueba al debate en abierta violación al derecho de defensa en juicio, al no haberse preservado la cadena de custodia de la grabación.
Por otro lado, denuncia que en el acta de debate surge una constancia que no ha sido plasmada como fue pedida. Se refiere a la que da cuenta que “la Sra. Vocal del Tribunal pide dejar constancia que el testigo manifestó nunca me dejaron entrar al jardín con niños adentro”. El recurrente afirma que él había solicitado que se deje esa constancia, pero ello no se plasmó en el acta.
Alega que esto evidencia una afectación a la garantía de imparcialidad del juzgador porque demuestra que el Tribunal venía de antemano con la clara intención de suplir la labor del Fiscal y de convertirse en otro acusador público, que no puede tener otra consecuencia que la invalidez de la sentencia por motivarse en pruebas así producidas.
Señala las circunstancias en que firmó el acta de debate para explicar por qué lo hizo pese a contener las inexactitudes o irregularidades que ahora denuncia. Dice que se les acercó a los defensores, de forma apresurada, una sola carilla y que con buena fe firmó en la creencia de estar rubricando solamente un acta con el contenido del veredicto anticipado y la detención inmediata, pero no que era el acta completa.
Destaca que ese apuro en firmar el acta hizo que el propio Tribunal no advirtiera que la fecha que dispuso para la lectura de los fundamentos se encontraba excedida notoriamente de lo dispuesto en los arts. 374 y 108 del CPP.
I.2. Seguidamente el defensor alega que el fallo adolece de una absurda valoración de la prueba y falta de motivación, en tanto los argumentos desarrollados constituyen una fundamentación aparente, tergiversada e insuficiente para ser considerada una derivación razonada del derecho vigente.
Señala que el a quo nada expuso sobre las fotografías que fueron aportadas por las defensas respecto de niños sonrientes participando de actividades dentro del jardín. Que han pasado cientos de niños por el Jardín “Tribilín” desde su apertura. Que se han vinculado en forma absurda ciertas patologías que presentaron algunos niños con las conductas reprochadas a las imputadas, cuando se tratan de enfermedades virósicas típicas en todos los niños.
En cuanto a la fobia al agua que se intentó relacionar con la supuesta conducta de su asistida de haber introducido a un menor en la pileta, dice que jamás se demostró que su defendida hubiera realizado semejante acto. Destaca que los niños no pudieron ser evaluados y por lo tanto el supuesto grave daño en la salud no se encuentra acreditado. Todo se basó en dichos de los padres que en realidad sólo reflejan su propia angustia.
Dice que no es razonable que se haya dado crédito a la versión de algunos progenitores que expresaron que sus hijos recuerdan situaciones vividas en el jardín, siendo que en aquel momento tenían entre uno y dos años de edad, o como en el caso de la testigo número 13 que figura en el acta quien refirió que su hijo recordaba que en el jardín les pegaban, cuando a la fecha de los hechos contaba con 45 días de vida.
Se refiere a las conclusiones de la Licenciada Buitrago y dice que no se expidió sobre ninguna víctima en particular, sino en general a la evaluación pericial de un menor y a cómo se destaca la violencia en la psiquis de ellos.
Señala que el informe de esa profesional determinó que se evidenciaba en el juego un desarrollo saludable, que no vio perturbación, y que, si la violencia verbal la vive un niño al año o dos de vida, no podrá poner en palabras lo que sucedió porque no tiene memoria, lo que sí habrá es un registro corporal que es significado a través del juego. De ello se evidencia que, si el juego era “saludable”, es absurda la interpretación del a quo que lo llevó a revertir el significado de las palabras de los expertos.
Afirma que el sentenciante ha realizado inferencias partiendo de hechos no demostrados, y ha tenido por cierto que los menores han sido golpeados y sufrido lesiones corporales y psicológicas sin ningún sustento científico en el que pueda sustentarse.
Seguidamente el recurrente hace una serie de citas de fallos y doctrina relacionadas con el deber de fundamentar las decisiones jurisdiccionales, y afirma que en el caso el fallo atacado carece de motivación suficiente y omite deliberadamente dar tratamiento a las cuestiones debidamente planteadas por la defensa al momento de alegar. Sostiene que por ello la sentencia es nula y así debe ser declarada.
Se queja de la forma en que el a quo valoró la declaración prestada por su asistida. Destaca que la imputada realizó una descripción detallada de las instalaciones del jardín y, por ejemplo, explicó que los niños no podían ser nunca encerrados en placares porque no había placares en el jardín. Que Nuñez pidió disculpas por las dos o tres frases que reconoció como propias en el audio, adjuntó fotografías y documental para refutar aquellas acompañadas por los testigos.
Señala que en el fallo se le han atribuido frases sin el reconocimiento expreso de los padres, ni pericia de voz que permita sustentar el convencimiento del juzgador respecto de que esa voz correspondía a su asistida.
I.3. En otro orden de cosas plantea la atipicidad de la conducta reprochada. Dice que ninguna respuesta ha brindado el Tribunal a este mismo planteo formulado a la hora de alegar.
Dice que la estructura típica del art. 106 del CP no se refiere a una omisión sino a dos formas de acción. Que el sujeto activo debe necesariamente llevar a la persona desde una situación de protección a una de desprotección, o bien el garante debe alejarse de la persona a la que le debe protección dejándola desprotegida.
Alega que en el caso se ha recurrido al tipo penal del art. 106 del CP para penar una situación de maltrato a niños o personas bajo custodia, a falta de un tipo penal que reprima precisamente ese desvalor de acción. Que ello quedó claro cuando el propio Tribunal exhortó a las autoridades nacionales a legislar al respecto.
Dice que los jueces no explicaron por qué se apartaron de la posición dominante en la doctrina penal respecto de cuáles son las acciones típicas que pueden ser encuadradas en el tipo penal del art. 106 respecto de cada una de las acusadas. Que no se dijo absolutamente nada con relación al desplazamiento que necesariamente debe realizar el sujeto activo con respecto al pasivo, ni tampoco en cuanto a la existencia de otras personas que podían socorrer a las víctimas tales como Graciela Di Pasquale, Florencia Costagli o Jorge Maccari.
Sostiene que la conducta reprochada a su defendida no encuadra en el delito de abandono de persona, pues es una situación de maltrato verbal -como ella misma reconoció-, que en nuestro país no es delito.
I.4. Seguidamente se refiere a la pena impuesta y la tilda de desproporcionada, en tanto tratándose de personas sin antecedentes y por tanto resultando aplicable una pena de ejecución condicional, se decidió la imposición de un monto que alcanza casi el mínimo del homicidio y que supera el mínimo de otros delitos graves como el abuso sexual.
Recurso de la defensa de Yanina Graciela Gogonza.
II.1. La Defensora Oficial María Dolores Gómez denuncia que durante el debate alegó que no se había podido acreditar la figura del art. 106 del CP ni la relación causal entre la omisión y el supuesto resultado.
Dice que solicitó que se escuchara el audio en su totalidad ya que sólo se habían reproducido los tramos que acreditaban la hipótesis fiscal, pero de la grabación completa se advierte que no se configura el tipo penal por el que fue juzgada Yanina Gogonza.
Se queja porque no se hizo lugar a su pedido lo que -a su criteriodemuestra la parcialidad y arbitrariedad de los Jueces al desechar prueba dirimente para la defensa.
Señala que al finalizar la audiencia en la que se adelantó el veredicto y se dispuso la inmediata detención de su asistida y las otras coimputadas, le requirieron a esa parte la firma de una hoja donde constaba lo decidido por el Tribunal en cuanto a la detención, pero luego tomó conocimiento de que se trataba del acta de debate. Que en ese apresuramiento el Tribunal procedió a notificar a las partes que la lectura de los fundamentos sería dieciocho días después, y al haberse retirado los jueces de la sala no pudo realizar la objeción pertinente en virtud de lo excesivo de ese plazo, situación que puso de manifiesto en un habeas corpus presentado ante la Cámara Departamental.
Seguidamente denuncia la violación al derecho de defensa y a la
imparcialidad del Tribunal.
Se queja porque el a quo rechazó su petición de que se reproduzca el audio en su totalidad, y decidió hacerlo sólo en los tramos centrales conducentes a la hipótesis fiscal, siendo que según afirma la recurrente, la audición total hubiera permitido concluir que no ha existido el mentado delito de omisión impropia.
Afirma que esa negativa del Tribunal expone la arbitrariedad, parcialidad y violación al derecho de defensa porque no se auditó en el debate la prueba de descargo; y que en nada incide que los audios completos hubieran estado a disposición de la defensa puesto que su pretensión era que lo escucharan los jueces antes de decidir.
Sostiene que ello es suficiente para declarar la nulidad del fallo
dada la parcialidad, arbitrariedad, autoritarismo y prejuzgamiento del Tribunal que adelantó un veredicto condenatorio soslayando prueba sustancial de la defensa.
Dice que en los alegatos volvió sobre el punto indicando en qué minuto del audio se escuchan las partes que abonan la hipótesis de la defensa respecto a la atipicidad de la conducta enrostrada a Yanina Gogonza.
Por otra parte, se queja porque el a quo ha expuesto en el fallo que había escuchado la totalidad del audio, y que si eso fue así se hizo por fuera de la prueba producida en el debate cuando la etapa probatoria había culminado, siendo que de esa supuesta escucha total extrajeron además elementos de cargo no ventilados en el juicio oral.
Pero, además, siendo que el veredicto condenatorio fue adelantado inmediatamente después de concluido el debate, y las imputadas detenidas en ese momento, no se entiende cuándo los magistrados escucharon la totalidad del audio que no fue reproducido en la etapa de producción de la prueba como lo había solicitado la defensa.
También destaca en este sentido que, además de no saberse cuándo se escuchó el audio, el a quo no ha dado respuesta a los planteos de la defensa respecto a los aspectos desincriminantes que surgían de la grabación.
II.2. En segundo lugar cuestiona la acreditación en el caso del delito de abandono de persona.
La recurrente hace una reseña de los fragmentos de la grabación que se valoraron para tener por configurado el abandono, y afirma que el a quo extrae inferencias de premisas falsas con lo cual la conclusión también lo es.
Denuncia la falta de fundamentación del fallo en este punto, puesto que no se ha explicado qué acción u omisión ha puesto en peligro la salud de los niños, más allá de una valoración moral que escapa a la autoridad de los Jueces.
También cuestiona que se haya considerado como una puesta en peligro o abandono la conducta de ausentarse a un lugar contiguo, cuando los niños dormían, puesto que ello no crea el riesgo que castiga la figura. Que es sabido que los padres o cuidadores de niños pequeños aprovechan el tiempo de descanso de ellos para realizar quehaceres que no pueden realizar si aquellos se encuentran despiertos.
Se refiere concretamente a las conductas que se le imputan a su asistida Gogonza, y afirma que resultan atípicas. Que el fallo sólo hace un repaso de lo declarado por los padres de los menores, luego un análisis de los que dijeran las psicólogas, para luego proceder a enunciar las palabras dichas por su asistida que, si bien no son las adecuadas para el trato en un jardín maternal, de ningún modo implican la puesta en peligro de los bienes jurídicos tutelados por el tipo penal aplicado.
Cita doctrina relativa a los requisitos que exige el tipo penal aplicado en el caso, que se trata de un delito de peligro concreto y que por tanto la acción típica no es simplemente abandonar o colocar en situación de desamparo al sujeto pasivo, sino al de poner en peligro su vida o salud mediante esas conductas. Dice que así también lo ha entendido la jurisprudencia nacional.
Por ello sostiene que los desafortunados términos utilizados por Gogonza para dirigirse a los menores no son suficientes para considerar acreditado que mediante abandono o colocando en situación de desamparo puso en riesgo la vida de los niños; en ese sentido destaca diversos momentos del audio en los que se puede apreciar que su asistida alimentó a los niños, los hidrató, controló si uno de ellos tenía fiebre, les cambió pañales, y otras actitudes que implicaban atender las necesidades básicas de los pequeños.
Destaca que el jardín contaba con un servicio médico de emergencia, por lo que en caso de algún accidente se recurría a él, de lo que se dejaba constancia en el libro de actas del jardín y se notificaba a los padres por cuaderno de comunicaciones.
Afirma que quedó claro que los niños tenían necesidades básicas cubiertas, que se debe descartar la supuesta sumersión de la cabeza en la pileta que además no ha sido la conducta que se le haya achacado a su asistida. Que entonces no se comprende cuál es la conducta omisiva que causara un peligro para el bien jurídico, y que lo único reprochable es su vocabulario impropio.
II.3. Se refiere luego a las declaraciones de los padres de los niños y a los supuestos daños en la salud.
Cuestiona que se haya descartado su alegación -con cita jurisprudencial-, con respecto a que la figura exige que la víctima sea dejada sola y sin posibilidad de ser socorrida, no bastando la simple falta de asistencia o cuidado, basándose en las expresiones de los padres de que no se les permitía el ingreso al jardín, siendo que ninguno de ellos dijo recordar que hubiera solicitado ingresar.
En cuanto a lo afirmado por algunos padres respecto de que sus hijos salían del establecimiento con sed y con hambre, destaca la recurrente que en el audio se aprecia que se los alimentaba e hidrataba, pero además permanecían allí cuatro horas solamente y los padres al salir les proporcionaban comida y bebida, por lo que la conducta tampoco sería típica.
Insiste con el contenido de distintos cuadernos de comunicaciones en los que surge información sobre horarios de comida, cantidad, cambio de pañales, motivos por el cual se cambió la ropa cuando vomitaba, etc.; además de distintas notas intercambiadas entre docentes y padres a través de esos cuadernos, en las que se denota preocupación por los distintos requerimientos y necesidades que se presentaban. Cita los casos de los cuadernos de los niños Nicolás Gerber y León Zaragoza aportados por los padres e incorporados por lectura.
II.4 Dice que otro tópico señalado por los Jueces ha sido el
supuesto descuido en la higiene y el no cambio de pañales, lo que producía irritación en la cola y ropa con vómitos. Destaca que esto por ejemplo fue expuesto por el padre de León Zaragoza, pero que de la lectura del cuaderno de su hijo se infiere todo lo contrario, pues hay un fluido y amable intercambio de información sobre el estado de salud del niño, al punto que uno de esos días la madre escribe una nota diciendo que salió de la casa con 37,5 grados de temperatura, pero no le dio el remedio, sino que se lo mandó al jardín para que en todo caso se lo dieran las maestras.
Señala que en esos cuadernos también hay intercambios de información respecto a la alimentación de los niños, cantidades y
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.