Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II · Causa 100223
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar, por los fundamentos dados en el tratamiento de la cuestión planteada, el recurso de casación articulado en favor de César Esteban Lagos en causa 249-2019, con costas en esta instancia.
Arts. 40, 41, 55, 58 del C.P. y 18, 448, 530, 531 y cctes. del C.P.P.
C-100.223
En la ciudad de La Plata, sede del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores María Florencia Budiño y Fernando Luis María Mancini, para resolver en la presente causa 100.223 caratulada “LAGOS CÉSAR ESTEBAN S/ RECURSO DE CASACIÓN” . Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debe observarse el orden BUDIÑO-MANCINI .
El Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca resolvió en la causa Nro. 249-2019 (O.I. 3375) condenar a César Esteban Lagos a la pena única de cuarenta y cinco años de prisión, accesorias legales y costas, más declaración de reincidencia, comprensiva de la dictada en la presente de treinta y tres años de prisión por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por ocasionar grave daño en la salud mental de la víctima y por el uso de arma; abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ocasionar un grave daño en la salud mental de la víctima y por el uso de arma en grado de tentativa; abuso sexual simple agravado por ocasionar grave daño en la salud mental de la víctima y por el uso de arma, todos ellos en concurso ideal de delitos y robo agravado por el uso de arma en concurso real, y la de trece años de prisión dictada por el Tribunal en lo Criminal nª 3 del mismo departamento el 9 de septiembre de 2009 por hallarlo autor responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de armas (dos hechos), robo simple (dos hechos) y robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real de delitos.
Contra dicho resolutorio interpuso recurso de casación el Defensor Oficial, Dr. Juan Martín Enzagaray, el cual obra a fs. 21/26vta. del presente legajo.
Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar la siguiente:
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada, la doctora Budiño, dijo:
I. 1. Como primer motivo de agravio, el recurrente plantea la nulidad de la extracción sanguínea efectuada compulsivamente a su asistido, por considerar que afecta derechos y garantías constitucionales y convencionales (arts. 18 de la CN; 8.2 b. de la CADH; 14.3.b del PIDCyP), al resultar una intromisión a la intimidad y privacidad de la persona.
Agrega que el cotejo de ADN resulta ser la única prueba de autoría con entidad cargosa, toda vez que no existe otra prueba que permita la imputación de Lagos con independencia del cotejo cuya nulidad pretende. Reclama la invalidez de todos los actos dictados en consecuencia y solicita la absolución de su asistido.
I. 2. En segundo término, denuncia la errónea aplicación de los art. 40 y 41 del CP. Considera que la pena resulta desproporcionada y carente de fundamentación, máxime teniendo en cuenta que los hechos concurren de modo ideal y no real como sostuvo el Ministerio Público Fiscal. Cuestiona que, pese a ello, el a quo impuso una pena cercana a la solicitada por éste.
Se agravia de la aplicación del método aritmético en la unificación de penas, en lugar del método composicional.
Asimismo, se agravia de la valoración del grave daño a la salud mental como agravante, así como del descarte de la atenuante relativa a la condición social de su asistido.
Por último, solicita la adecuación de la pena al Estatuto de Roma, por resultar cruel, e inhumana solicita que la misma sea revisada en el plazo de 25 años.
II. La Sra. Defensora Adjunta ante este Tribunal Dra. Ana Julia Biasotti a fs.142/144 presentó su memorial en el que mantuvo el recurso deducido y reforzó el cuestionamiento dirigido a impugnar el monto de pena, teniendo en cuenta el cambio de calificación receptado en el fallo respecto a la solicitada por el Sr. Agente Fiscal lo que a su criterio merecería un mayor impacto en la pena. La sanción impuesta, si bien menor a la solicitada, se instala apenas por debajo del máximo legal aplicable lo que estima desproporcionado.
III. El Fiscal Adjunto ante este Tribunal, Dr. Fernando Luis Galán se expidió solicitando el rechazo de la impugnación.
IV. Adelanto que el recurso deducido no ha de prosperar.
IV.I. En primer lugar, en consonancia con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación entiendo que “… La realización de la prueba de histocompatibilidad no afecta derechos fundamentales como la vida, la salud, o la integridad corporal, porque la extracción de unos pocos centímetros cúbicos de sangre, si se realiza por medios ordinarios adoptados por la ciencia médica, ocasiona una perturbación ínfima en comparación con los intereses superiores de resguardo de la libertad de los demás, la defensa de la sociedad y la persecución del crimen… ”. (Fallos 318:2518, “H., G. S.”; y 319:3370, “Guarino”)
Sentado ello, debe tenerse en cuenta que la garantía contra la autoincriminación solamente ampara a una persona como sujeto u órgano de prueba, esto es, cuando con su relato incorpora al procedimiento un conocimiento cierto o probable sobre un objeto de prueba que pueda perjudicarlo. Por el contrario, la garantía no rige en los supuestos en que la persona misma es objeto de prueba, es decir, cuando es el objeto investigado, como sucede cuando se extrae una muestra de sangre o de piel, o se la somete a un reconocimiento por otra persona (confr. Maier: cit., p. 675).
Nuestra Constitución, prohíbe cualquier intento de obligar al imputado a brindar información que pudiera inculparlo pero no impide utilizarlo como objeto de observación cuando ello no importe un menoscabo de su integridad física o de su dignidad, que como ya advertimos no sucede en autos. En ese sentido el art. 62 de la Ley de Ministerio público habilita al Fiscal a realizar mínimas intervenciones corporales en la persona del imputado.
En el caso, no se encuentra acreditado que la extracción haya sido llevada a cabo menoscando alguno de sus derechos ni el recurrente alude a una situación concreta que haya tenido lugar en el marco de la misma.
II. Ahora bien, tampoco podrá ser atendido el reclamo mediante el cual se pretende objetar que se haya valorado como agravante el mismo antecedente que se tuvo en cuenta a fin de declarar reincidente a Lagos.
En efecto, se trata de dos aspectos distintos del pronunciamiento dictado.
Por un lado la ponderación –como severizante- de la condena anterior firme que registra Lagos sirvió de base para individualizar el reproche conforme los arts. 40 y 41 del C.P., lo cual aparece ajustado a derecho si se tiene en cuenta que resulta una circunstancia válidamente mensurable a la luz de esa normativa, por cuanto la insistencia delictual, como circunstancia independiente del anterior delito –independencia que desvanece el argumento que pudiera esgrimirse relativo a la supuesta violación del “ne bis in idem”-, denota un mayor reproche derivado de la mayor peligrosidad evidenciada en el nuevo hecho concreto, sin que deba interpretarse este último concepto conforme los parámetros “peligrosistas” del positivismo jurídico, que resultan inaceptables dentro de nuestro diseño constitucional.
Pero no debe perderse de vista que, además de que esa circunstancia resulta una pauta específicamente mensurable a la luz del art. 41 inc. 2do., que alude expresamente a “...los demás antecedentes y condiciones personales...” del inculpado, como quedara dicho arriba, ese antecedente puede ser válidamente tenido en cuenta a fin de declarar reincidente al acusado, pues ello no podría importar una doble valoración prohibida al referirse a distintos aspectos de la pena que en definitiva se impuso.
En efecto, el antecedente fue ponderado válidamente a los efectos de establecer el quantum punitivo por el hecho de la presente causa, con independencia de que al haber sido verificados los presupuestos del art. 50 del C.P. también sirviera de base para la reincidencia.
Sumado a ello, no debería perderse de vista que la reincidencia constituye un “estado” que se configura de pleno derecho a partir de la verificación de los presupuestos contenidos en el art. 50 del C.P., y sus efectos jurídicos, con independencia de que uno de los extremos necesarios para su dictado (condena anterior firme) resulte mensurable a fin de determinar la pena.
En función de ello, este instituto ni siquiera depende de la existencia previa de un pronunciamiento formal que la declare. Sumado a ello, no resulta ocioso recordar, como ha sostenido la Sala que integro en diversas oportunidades, que la declaración de reincidencia es sólo paralela y no integrativa de la condena, desde que sólo incide en el modo de ejecución de una pena impuesta y por ello, en tal sentido, no la integra; de manera que no puede considerarse en el caso que se haya conculcado la garantía invocada por la defensa.
Tampoco he de hacer lugar al agravio relativo a la falta de acreditación del grave daño a la salud en la víctima.
Entiendo que el mismo se encuentra debidamente acreditado en el fallo a partir de los siguientes testimonios valorados por el a quo . En primer lugar, tuvo en cuenta la declaración de la Licenciada María Eugenia Pintos, quien afirmó que la víctima dejo el trabajo y la escuela donde cursaba porque no podía salir sola, que sufría mucha ansiedad y dificultades para concentrarse, concluyó que “… la víctima tiene afectado el desarrollo de algunas áreas de su vida, por estas inhibiciones que sufre para salir de la casa, comer bien, dormir bien, concentrarse en el estudio, y como éstas perduran por más de seis meses desde el evento traumático, ello da gravedad al daño sufrido a la salud mental… ” y que por ello se califican como crónicos en psiquiatría. Agregó que la joven no podía referirse al suceso, y que con anterioridad al mismo llevaba una vida normal. A preguntas que le realizaron indicó que no todas las víctimas de abuso presentan estos síntomas necesariamente, “ …no depende del suceso, sino de los recursos de cada uno para soportarlo… ”.
Sumado a ello, tuvo en cuenta el informe de fs. 265/266vta que da cuenta de que “ …al presente, no ha podido regresar a su trabajo. Puede caminar por la calle sola y esperar un colectivo por lapsos cortos de tiempo. Sufre flashbacks en forma frecuente, tiene dificultades para concentrarse, se encuentra medicada para poder dormir y requiere control permanente de la conducta alimentaria por imposibilidad de restablecer un peso saludable. Los síntomas descriptos conllevan daño en su salud mental… ”.
Valoró asimismo, los dichos de la psicóloga de la ART Licenciada Elena Ferrara, quien destacó que la víctima tiene mucha angustia, inseguridad, trastornos del sueño, somnolencia diurna, trastornos alimentarios, aislamiento social etc. Afirmó que “… Hay un impacto importante en su psiquis, una persona que había llegado al segundo año de carrera terciaria, tenía una relación y amigas y ahora no hay nada de eso. Tiene una reacción vivencial anormal de grado 3 casi 4, a nivel laboral, vincular y de cuidado, si bien mejoró sus hábitos de alimentación y tratamiento psiquiátrico, y ahora el traslado puede subir sola al remis, existe una afectación grave, casi un grado 4 porque afecta todas las áreas psíquicas, de concentración, cuidado personal, flashback, miedo, temores, características de tipo depresivas en un grado bastante importante …”. Destacó que en este caso “ …lo traumático en las personas abusadas tiene a mejoras, pero en este caso está instalado de manera resistente en esta paciente…”.
Por su parte, la Dra. Verónica Del Collado expresó que la víctima tiene daño psicológico que repercute en toda su vida. Tiene dificultades en la concentración y estado de hipervigilancia. Concluyó que “… el daño que ha sufrido es un daño de gravedad, por cuanto se ha cronificado, aun teniendo tratamiento psiquiátrico, estando medicada más psicoterapia, no ha mejorado. Generalmente lo síntomas, si mejoran lo hacen dentro del año, si no lo hacen como en el caso de B. se consideran crónicos…”
La determinación de la pena es una facultad inherente a los jueces de grado que sólo admite el control casatorio, en determinados casos de arbitrariedad, que no vienen demostrados en la impugnación analizada.
Veamos. En el caso de autos el a quo decidió imponer la pena de treinta y tres años de prisión, accesorias legales y costas, monto que se sitúa dentro de los límites establecidos por la escala prevista para el delito imputado. Advierto que la pena solicitada por el Fiscal había sido la de 35 años de prisión, por lo que contrariamente a lo que sostiene el recurrente, el cambio de calificación fue tenido en cuenta a la hora de determinar la pena de autos.
Además, lejos de no fundar esa decisión, el a quo descartó la condición social familiar del procesado como pauta atenuante, toda vez que la misma no fue acreditada más allá de sus dichos, y por otro lado no advierto ni el recurrente indica cómo dicha circunstancia implicó un menor contenido de injusto en el presente hecho. Sumado a ello, tuvo en cuenta como agravantes de la pena los antecedentes que registraba Lagos, así como las condiciones de modo, tiempo y lugar de realización del hecho que implican una mayor peligrosidad en su actuar al eyacular dentro de la víctima, implicando una mayor afectación para ésta quien pudo quedar embarazada o pudo haberle transmitido una enfermedad sexual; como así también el lugar descampado elegido para consumar los hechos con mayor facilidad.
Entonces, no se evidencia en la cantidad de pena escogida por el sentenciante arbitrariedad alguna ni la denunciada falta de fundamentación, nuestro ordenamiento permite al juzgador la elección de la sanción que considere más adecuada y justa para el caso concreto, en la inteligencia de que cada hecho y cada autor son diferentes y presentan particularidades que difícilmente puedan reducirse a criterios rígidos, estandarizados o matemáticamente exactos.
La ubicación de la pena en el mínimo o en el máximo no depende sólo de la concurrencia de circunstancias específicas de atenuación o agravación, sino de que el ilícito descripto en la sentencia, valorado en su totalidad, se encuentre en esos límites.
Por otro lado, la exigencia de motivar las sentencias (art. 106 del C.P.P.), en lo que concierne a la determinación judicial de la pena, requiere que se exprese la circunstancia de haber tenido en cuenta alguno de los criterios de valoración que prevé el art. 41 del Código Penal que, señalándose en qué medida alguna de las pautas de los arts. 40 y 41 de ese cuerpo normativo, verificadas en el caso concreto, trascienden al juicio sobre la culpabilidad, incidiendo en la magnitud de la pena.
No existe obligación legal alguna puesta en cabeza de los magistrados de establecer la influencia final que tiene cada circunstancia puntual valorada, en el monto de pena en definitiva impuesto; y si bien no existe ningún extremo de un pronunciamiento condenatorio que se encuentre exento de un control de razonabilidad, cuando se trata de la tarea de cuantificar un injusto culpable, los cuestionamientos dirigidos contra dicha decisión no pueden obviar el irreductible espacio valorativo que la ley relega en los jueces, pretendiendo que estos justifiquen lógicamente o demuestren de manera empírica, no ya la elección de los atenuantes y agravantes, sino la selección que hacen del monto de pena.
Es por ello que no comparto las genéricas críticas desarrolladas por el recurrente respecto a la fundamentación brindada por los jueces para la selección de la pena, ya que se ha limitado a expresar su disconformidad con la pena impuesta y se ha remitido para ello a conceptualizaciones generales sobre la graduación punitiva, sin brindar ninguna referencia al caso concreto y sin especificar cuáles habrían sido las reglas de la lógica, la psicología o la experiencia común supuestamente inobservadas o de qué manera ellas podrían haber incidido en el pronunciamiento impugnado.
Por otra parta, nuestro Código Penal no prevé criterio formal alguno para la determinación de la pena única, de manera que la suma aritmética de las penas, al no estar vedada por el ordenamiento, resulta un camino legalmente incuestionable para su cuantificación en tanto no vulnera normativa alguna. Sin embargo, en autos no se aplicó el método de suma aritmética, sino que la pena de 35 años dictada en la presente se compuso con la de trece años dictada por el Tribunal en lo Criminal nª 3 en causa 1139/08, imponiéndole en definitiva a Lagos la pena única de 45 años de prisión.
En función de lo expuesto, entiendo que el Tribunal ha individualizado la pena dentro de lo que legítimamente incumbe a sus facultades, sin que en ello se advierta o aparezca demostrada arbitrariedad o transgresión a norma legal alguna, en tanto se respetó en tal tarea lo prescripto por el art. 58 del C.P.
En autos, la defensa se ha limitado a expresar su disconformidad con la pena impuesta y se ha remitido para ello a críticas y conceptualizaciones generales sobre la graduación punitiva, pero no ha brindado ninguna referencia al caso concreto ni ha especificado cuáles serían las circunstancias que a su criterio tornarían arbitraria la pena única decidida.
Finalmente, la pena impuesta en el caso no genera menoscabo a garantía constitucional alguna.
Debe recordarse que la determinación de la pena reconoce tres fases: la legislativa, la judicial y la que se produce en la etapa de ejecución de la pena. Ello importa la progresión de un único proceso de individualización para el caso concreto en el que el principio resocializador se encuentra siempre presente, resultando especialmente relevante en la última de las etapas mencionadas.
Los regímenes legales de ejecución penal vigentes tanto en el ámbito nacional como provincial desarrollan un programa caracterizado por una progresiva flexibilización del tiempo y las condiciones del encierro carcelario para permitir su adecuación a la situación concreta del penado.
De esta manera, los alcances de las limitaciones a la libertad ambulatoria y hasta la propia duración del encierro carcelario, podrán variar por decisiones que se adopten en la etapa de ejecución atendiendo a los fines preventivo especiales o de resocialización, mediante la libertad condicional, las salidas transitorias, el régimen de semilibertad, y otras posibilidades de flexibilización al encierro.
Con relación a la falta de adecuación de la escala de los delitos contra la integridad sexual con los parámetros establecidos en el Estatuto de Roma, debo advertir que el art. 12 del Estatuto deja a salvo la soberanía del legislador argentino para imponer penas más graves a las allí establecidas allí. Por todo ello entiendo que la pena impuesta no resulta desproporcionada en relación a la conducta sancionada, ni vulnerante del principio de culpabilidad por el hecho o del fin de la pena desde que no implica el encierro de por vida de Lagos, sin que se verifiquen a su respecto las alegadas lesiones de garantías constitucionales, por lo que debe rechazarse el planteo en trato.
Por todo lo hasta aquí expresado, entonces, propongo que se dicte pronunciamiento rechazando el recurso intentado, sin costas, por no verificarse ninguna de las infracciones legales denunciadas
Así lo voto.
Arts. 40, 41, 55, 58 del C.P. y 18, 448, 530, 531 y cctes. del C.P.P.
A la misma cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto de la doctora Budiño en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Vista la forma como ha quedado resuelta la cuestión votada en el acuerdo que antecede, corresponde que este Tribunal dicte la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, la Sala II del Tribunal de Casación Penal
I. RECHAZAR, por los fundamentos dados en el tratamiento de la cuestión planteada, el recurso de casación articulado en favor de César Esteban Lagos en causa 249-2019, con costas en esta instancia.
Arts. 40, 41, 55, 58 del C.P. y 18, 448, 530, 531 y cctes. del C.P.P.
Regístrese, notifíquese y oportunamente, de
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.