Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 100237
En la ciudad de La Plata a los 8 días del mes de abril del año dos mil veinte, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Mario Eduardo Kohan y Carlos Ángel Natiello, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en el marco de la causa N° 100.237 de este Tribunal, caratulada: “BENÍTEZ, Andrés Osvaldo s/ recurso de casación”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: KOHAN – NATIELLO procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. Llegan los presentes actuados a consideración de este Tribunal como consecuencia del recurso de casación deducido por el defensor particular, Dr. David Hamwee, contra la sentencia dictada con fecha 22 de agosto de 2019 por la que el Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial San Isidro condenó a Andrés Osvaldo Benítez a la pena de catorce (14) años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por haber sido encontrado autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por el ascendiente de la víctima en concurso real con corrupción de menores agravada, en función de lo normado por los arts. 45, 55, 119, tercer y cuarto párrafo inc. b) y 125, segundo y tercer párrafo del Código Penal.
II. Como primer motivo de agravio el recurrente denuncia la absurda y errónea valoración de la prueba realizada por el “a quo”, tendiente a tener por acreditada tanto la materialidad infraccionaria como la autoría penalmente responsable de su defendido en los eventos denunciados, toda vez que considera que existe un cuadro de orfandad probatoria que impide mantener la imputación efectuada en los términos propuestos por el acuse (arts. 1, 106, 210, 371 y 373 del C.P.P.).
En apoyo a su postura, señala las contradicciones en que habrían incurrido las testigos Lourdes Gabriela Benítez, Vanesa Aldana Benítez, Alejandra Gostuski, Luciana Sol Pasquet y Cecilia Bauer, al igual que las inconsistencias que surgirían de la prueba incorporada por lectura, en relación a tener por acreditada la participación de Benítez en los hechos investigados, poniendo de resalto que los menores pudieron haber sido abusados por su madre o por alguna pareja de ésta, desviando así el normal desarrollo psicosexual de los mismos.
En este sentido, pone de resalto la mala relación existente entre Aldana Benítez y sus padres, y que Lourdes Benítez fue concluyente al señalar que había visto al joven C abusar de su hermana M, y que lo denunciado no encuentra correlato con el examen físico practicado a la niña víctima. Sobre el punto a decidir, alega que tampoco se demostró que a través de las prácticas denuncias se hubiese corrompido el normal desarrollo psicosexual del nombrado C. B.
Como segundo motivo de agravio, discrepa con la calificación legal asignada a los hechos investigados, ya que considera que existe una sola conducta, abarcada por un único dolo y una doble legislación punitiva, que impide la aplicación de las reglas del concurso real, razón por cual entiende que el caso de autos resulta un concurso aparente de normas, y así debe ser resuelto.
Finalmente, requiere se readecúe la pena impuesta a su ahijado procesal, toda vez que considera transgredidas las pautas mensurativas contenidas en los arts. 40 y 41 del Código Penal, al no haber evaluado correctamente los Magistrados de mérito las circunstancias atenuantes y agravantes que concurrieron en el caso en concreto, solicitando se reduzca al mínimo legal la sanción establecida respecto del encartado Benítez.
III. Concedido el recurso por el “a quo” (fs. 75/76), las partes fueron debidamente notificadas de la radicación en esta Sala (fs. 88vta. y 89/90, respectivamente), y que al haber fenecido el plazo dispuesto por Presidencia se tuvo por desistida la celebración de la audiencia de informes (fs. 93), oportunidad en que la Sra. Fiscal Adjunta ante este Tribunal, Dra. María Laura D’Gregorio, optó por presentar el memorial sustitutivo, a través del cual postuló el rechazo de los reclamos efectuados por la defensa del acusado, al entender que no se evidencian las violaciones legales denunciadas (fs. 95/101).
IV. Cumplidos los trámites de rigor y encontrándose en estado de resolver, el Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
1ra.) ¿Resulta admisible el recurso de casación interpuesto?
2da.) ¿Procede el remedio procesal impetrado?
3ra.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Entiendo que el recurso interpuesto es admisible pues además de haberse deducido en tiempo y forma, se dirige a cuestionar una sentencia definitiva que, por su carácter condenatorio, genera agravio al imputado y su defensa técnica (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; 1.1, 8 inc. 2 ap. "h", 25 de la C.A.D.H.; 14 inc. 5 del P.I.D.C.P.; 421, 448, 450, 451, 454 inc. 1º y ccdtes. del C.P.P.).
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto del doctor Kohan, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Kohan, dijo:
I. Con fin de brindar un debido tratamiento al recurso interpuesto, como primer punto me centraré en el análisis del agravio invocado por el recurrente, a través del cual denuncia la absurda y errónea valoración de la prueba efectuada por el “a quo”, el que, desde ya adelanto, considero que no puede tener acogida favorable.
Como ya lo he sostenido en numerosos precedentes (causas nro. 54.780, 55.341, 55.510 entre muchos otros), corresponde a esta instancia casatoria el control de legalidad y logicidad de la prueba utilizada por el sentenciante, como resultado del equilibrio entre una revisión eficaz e integral de la sentencia de condena, entendido como el más amplio derecho al recurso del imputado, sin desnaturalizar el recurso de casación convirtiendo a éste último, llegado el caso, en un segundo y nuevo juicio (Conf. Arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN en función de lo normado por los arts. 1.1, 8 inc. 2 letra h), 25 de la C.A.D.H., y 14 inc. 5 del P.I.D.C.P.; Comisión I.D.H. informes 30/97, en caso 10.087: Argentina; informe 17/94, caso: 11.086, Argentina (caso “Maqueda”) e informe 55/97, caso: 11.137, Argentina (caso “Abella”); Corte Interamericana de Derechos Humanos “Herrera Ulloa vs. Costa Rica” del 2/7/2004; Comité de Derechos Humanos de la O.N.U., in re: “Cesario Gómez Vázquez c. España” (701/1996), dictamen del 20/07/2000 y “M. Sineiro Fernández c. España” (1007/2001), del 07/08/2003).
Sentado ello, debo remarcar que es carga de la parte agraviada fijar con claridad cuál es la afirmación del tribunal que resulta de un error de apreciación y cómo habrá de refutarse dicha aseveración, de modo tal que, en el caso que nos ocupa, los agravios señalados por el recurrente deben recaer sobre algún elemento que aporte un sustento esencial al fallo, y dicha situación no sucede cuando los impugnantes hacen uso de categorías genéricas o abstractas, no logrando demostrar que la valoración de la prueba practicada presente espacios carentes de explicación.
Formuladas las aclaraciones del caso, y frente a lo que sostiene el recurrente, el "a quo" expresó las razones que lo llevaron a decidir como lo hizo, dando respuesta a todas las cuestiones invocadas, sin que se advierta que haya incurrido en afirmaciones absurdas o arbitrarias al tener por acreditada la reconstrucción histórica de los hechos en cabeza del aquí encausado, en los términos propuestos por el acuse, como quedara plasmado en la sentencia puesta en crisis.
Conforme lo expuesto se tuvo por debidamente acreditado que: “…reiteradamente, en fechas que no han podido determinarse pero acontecidas, al menos, entre los meses de septiembre de 2015 y febrero de 2016, Andrés Osvaldo Benítez abusó sexualmente de su nieta, la niña M.V.B. , quien entonces tenía 6 años, ello en ocasiones en las que se encontraba a solas con la niña y su hermano C. B., de 10 años de edad, en la finca en la que convivían sita en la calle Perna 2136 de Benavidez, Partido de Tigre. Puntualmente, Benítez llevaba a los niños a la cocina, dónde le sacaba la ropa interior a la niña y efectuaba tocamientos con las manos y el pene en la cola y la vagina de la menor, llegando incluso a accederla carnalmente por vía anal, ello mientras la amedrentaba al decirle que la acusaría de mentirosa si contaba lo sucedido. Aquello acontecía en presencia de C, a quien Benítez ordenaba haga lo mismo que el encartado hacía con la niña, obligando a que el menor abuse sexualmente de su hermana. Las conductas de Benítez han sido idóneas para deformar el libre desarrollo sexual de C y asimismo depravar sus conductas sexuales…”.
A fin de arribar a dicha solución los Jueces de grado realizaron un pormenorizado análisis de las distintas piezas probatorias reunidas en la audiencia, no evidenciándose vicios lógicos que logren conmover la conclusión a la que llegaron. Para ello valoraron tanto las constancias que fueron incorporadas por lectura al juicio, como así también los distintos testimonios que tuvieron lugar durante el debate oral.
En este sentido fue meritado, como pilar fundamental, el testimonio vertido por la víctima de marras bajo modalidad de cámara Gesell (art. 102 bis del C.P.P.), M. B., quien brindó un pormenorizado detalle de las prácticas abusivas desplegadas por el justiciable, señalando a éste como el autor de las mismas, y que no sólo todo ocurría en presencia de su hermano C sino que, además, el acusado luego obligaba a éste último a participar de tales actos.
Lo depuesto por la víctima de autos resultó conteste con lo declarado por su madre, la Sra. Vanesa Aldana Benítez, quien luego de realizar un breve repaso de los distintos problemas que tuvo con su grupo familiar, que poseía un contacto esporádico con sus hijos, y a su vez controlado por los abuelos, dijo que luego de tomar conocimiento de los hechos ocurridos, su hija M le contó, en un primer momento que había sido abusada por su hermano, pero que luego se animó a contar aquello que en realidad ocurría, donde el imputado tocaba sus partes íntimas, lastimándole la cola y la vagina, y que obligaba a su hermano a que hiciera lo propio, mientras él se masturbaba.
Que, en principio, la niña estaba muy asustada y retraída. Le costaba contar lo sucedido, y que luego de recibir ayuda profesional pudo brindar un relato más detallado de las prácticas abusivas por parte del encartado. También explicó que luego de realizado el examen médico, el profesional interviniente confirmó que M había sido víctima de abuso sexual. En este sentido se dejó constancia que la declarante ratificó en un todo la denuncia efectuada el 6 de abril de 2016 (obrante a fs. 1), instrumento que resultó incorporado por lectura al debate.
Lo expuesto hasta el momento encuentra correlato con el informe médico practicado con fecha 11 de febrero de 2016, donde el médico legista, Dr. Marcelo Rodrigué, dejó debida constancia que la menor M B presentó en la zona perianal una cicatriz en forma de abanico de hora nueve a hora tres, de antigua data, y dentro de la misma poseía dos lesiones superficiales de uno por cinco y otra de uno por nueve milímetros, siendo compatibles con penetración de pene humano, con una evolución de tres a cinco días.
El cuadro probatorio reseñado se ve robustecido a través de las conclusiones aportadas por las profesionales de la salud que tomaron contacto con ambos menores, pudiendo establecer que éstos mantuvieron su versión de los acontecimientos a lo largo de toda la investigación.
Así, Alejandra Gostuski, licenciada en psicología, perteneciente a la Dirección de Fortalecimiento Familiar de la Municipalidad de Tigre, explicó que supervisaba el trabajo realizado con la familia, al igual que las entrevistas mantenidas con los niños. Recordó que se trató de una situación que llevaba muchos años y que el grupo familiar estaba atravesado por situaciones de negligencia, gran vulnerabilidad, violencia familiar y abuso sexual, tanto de la madre como respecto de los niños. Puntualmente en relación a C dijo que él seguía institucionalizado, con indicadores y huellas muy traumáticas de lo ocurrido.
La testigo agregó que, para el momento de formalizarse la denuncia, los chicos vivían junto a sus abuelos, y que ambos eran víctimas, pero por momentos C era obligado a participar, y que el acusado era quien incitaba estas situaciones.
Por su parte, Luciana Sol Pasquet, del Servicio Local de Promoción y Protección de derechos del Niño de la localidad de Tigre, refirió que en el año 2018 tomó contacto con C, dado que fue internado a través de una medida de abrigo, destacando que notó en el nombrado un impacto traumático. Que presentaba sobreadaptación y un mecanismo de defensa sumamente disociativo, muy golpeado en su autoestima, el cual reaccionaba violentamente o de manera desmedida, y que le costaba hablar de los años en que había vivido junto a sus abuelos. Recordó que el joven logró narrar situaciones abusivas, constatando indicadores de abuso sexual, dado que el mismo fue expuesto a un contexto de prácticas depravadas para el que su psiquis no estaba preparada.
En este mismo norte, fue valorada la declaración juramentada vertida por la lic. en psicología, del Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal Departamental, Cecilia Bauer. Dicha profesional explicó que primero tomó contacto con Vanesa Aldana Benítez, progenitora de los menores de marras, reproduciendo por completo lo expuesto por la nombrada en su momento, descartando la ausencia de fabulación, y que su relato impresionó verosímil y creíble.
Que luego entrevistó a M. B. Explicó que al principio la niña estaba muy retraída, ansiosa y cabizbaja, que le costó entablar un vínculo, denotando mucha incomodidad, pero que al final pudo narrar los abusos sexuales de los que había resultado víctima, indicando a su abuelo como el perpetrador de los mismos junto a su hermano.
Expresó que luego de un tiempo volvió a ver a la joven, cuando ya hacía terapia, y que la notó menos retraída y ansiosa, presentando un relato coherente, sin alteraciones, siendo clara y espontánea, ubicando situaciones en tiempo y espacio. En relación al develamiento, dijo que el secreto se mantuvo mientras la niña convivía con su agresor y con su abuela que la maltrataba. Que al ir a vivir junto a su madre y encontrarse en un ambiente de protección pudo contar lo que sucedía, señalando a su abuelo como autor de los ataques sexuales donde su hermano era obligado a participar activamente, alterando su desarrollo psicosexual, dentro de un clima emocional desafectizado y operando una disociación, aspectos muy frecuentes en el abuso sexual infantil.
Arribado a este punto, debo poner de resalto que lo expresado por las profesionales intervinientes encuentra correlato en el contenido de los informes oportunamente elaborados, y que fueran incorporados por lectura al contradictorio, los que no han sido controvertidos por la defensa técnica de Benítez, en cuanto a sus alcances, pudiendo los Jueces de mérito evaluar los mismos en base a la sana crítica racional, arribando a una sentencia de condena con el grado de certeza necesaria que esta instancia requiere.
En este mismo andarivel fue meritado el informe elaborado en el Hogar de Abrigo de Lomas de Zamora, institución donde se halla alojado el joven C. B., a través del cual se dejó constancia que el nombrado expresó recibir maltratos, tanto físicos como psicológicos por parte de sus abuelos, sindicando al encausado como autor de los abusos sexuales perpetrados, obligándolo, además, mediante el empleo de amenazas, a mantener relaciones sexuales con su hermana, destacando que su relato impresionó verosímil y coherente, en el cual logró posicionarse como víctima y “victimario” (las comillas me pertenecen), denotando que fue expuesto a situaciones de abandono, violencia y abuso sexual infantil intrafamiliar.
De este modo los datos volcados permitieron que los sentenciantes pudieran apreciar la dinámica y las características propias de los acontecimientos, donde nada existe para cuestionar las aseveraciones lanzadas por los testigos mencionados, las cuales se encuentran imbuidas de todas las formalidades previstas para la producción de tal prueba, lo que conlleva a tomar como plenamente válidas dichas declaraciones y a ponderar libremente el contenido de las mismas.
Finalmente los Jueces de grado dieron fundadas razones para desechar la versión de los hechos aportada por el incuso, al igual que aquella porción expuesta por Lourdes Gabriela Benítez (con las limitaciones que impone el art. 234 del Ceremonial), por entender que tales manifestaciones resultaban una huera pretensión de mejorar su situación procesal, las que además resultaron endebles e inconsistentes, relativizando la credibilidad de las mismas ya que contradecían el resto del plexo probatorio sobre el que se asienta con justeza la sentencia de condena.
Conforme lo hasta aquí expuesto entiendo que los cuestionamientos formulados por el recurrente no encuentran asidero en la prueba rendida en la causa y que fuera oportunamente analizada por el Tribunal de mérito, no encontrando razones para entender que los testigos de referencia se expresaran con animosidad o falsedad, dando por tierra con la posibilidad de que exista duda razonable sobre su verosimilitud e imparcialidad, todo lo cual sella la suerte adversa del presente recurso en lo que a éste tópico se refiere.
A ello debo agregar que, en lo que hace puntualmente a los abusos sexuales denunciados, si bien los testimonios de las víctimas de autos resultan ser el único elemento de prueba que sustenta en forma directa la imputación contra el acusado, no resulta menos cierto que ello no es más que una consecuencia lógica de la modalidad mediante la cual se llevaron a cabo los ilícitos en cuestión, donde el victimario eligió y buscó el momento oportuno para desplegar su conducta, y si a esta altura sus relatos resultan convincentes, el juzgador podrá fundar su sentencia en el mismo, el que junto con el resto de los elementos de prueba señalados, le darán sustento sobre la base de la sana crítica en la valoración de la prueba en materia penal.
Así la singularidad del testimonio cargoso no es obstáculo para sustentar convicción suficiente en el juzgador. Como lo sostuviera en numerosas ocasiones, la regla "testis unus, testis nullus" no tiene acogida en nuestro actual derecho procesal, por lo que el testimonio de un único testigo es perfectamente válido si se compadece con el resto de las probanzas arrimadas a la causa, máxime en los casos de delitos que se llevan a cabo en situaciones de soledad, donde resultaría ilógico pretender un número mayor de testigos. Este criterio ha sido sostenido en forma constante por la jurisprudencia d
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