Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 101946
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar por inadmisible el recurso de Casación deducido por Silvia Freyres, representante legal de Jimena Abigail Landriel Freyres, en su carácter de particular damnificado, con el patrocinio letrado de la doctora Silvia Paula Grossi, con costas.
Arts. 106, 210, 433, 450, 451, 452, 453, 530, 531 y ccdtes. del CPP.
II. Diferir la regulación de honorarios profesionales a la letrada interviniente, por la labor desplegada en esta sede para una vez regulados en la instancia.
Arts. 15, 16, 31, 33 y ccdtes. la ley N° 14967.
III. Tener presente la reserva del caso federal, conforme artículo 14 de la ley 48.
REGISTRO NRO 644 AÑO 2020
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Mario Eduardo Kohan y Carlos Ángel Natiello, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N° 101.946 de este Tribunal, caratulada: "LANDRIEL, Marcos David s/ Recurso de Casación interpuesto por particular damnificado" . Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: KOHAN-NATIELLO , procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. Llega esta causa como consecuencia del recurso de Casación deducido por Silvia Freyres, representante legal de Jimena Abigail Landriel Freyres, en su carácter de particular damnificado, con el patrocinio letrado de la doctora Silvia Paula Grossi, contra la decisión de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Quilmes en cuanto revocó la decisión impugnada, y concedió la morigeración de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario a Landriel.
Denuncia que no se le dio intervención a esa parte, y que en función de ello se han vulnerado los principios de legalidad y debido proceso, lo que conlleva a la nulidad del acto procesal cuestionado de conformidad con los arts. 202 inc. 4 y 203 del CPP.
Alude al art. 168 bis del CPP y destaca el interés de esa parte en evitar la frustración de los derechos que le asisten, e impedir que se genere una situación real de peligro para la integridad de la víctima.
Destaca también la reforma de la ley 27375 al código penal y al régimen de Ejecución Penal Nacional, siendo el fin incorporar el derecho de la víctima a ser informada y expresar su opinión y todo cuanto estime conveniente respecto de posibles beneficios al condenado. Considera que todo ello es aplicable en la sustanciación del proceso.
Se queja de la inobservancia y errónea aplicación de los arts. 159, 163 y 170 del CPP, y alude también a los arts. 106, 144, 148 y ccdtes. del CPP.
Refiere que la Sala II no logra explicar de qué manera entiende anulados los peligros procesales, y considera que su decisión carece de fundamentación objetiva. Resalta que en el caso se trata de delitos de índole sexual.
Señala que la circunstancia alegada por la Alzada en cuanto al delicado estado de salud que atraviesa la progenitora del causante y la necesidad de cuidado solo por parte del imputado, no se encuentra comprendida en ninguno de los supuestos excepcionales que la ley habilita y carece de sustento probatorio.
Hace reserva del caso federal.
II. Radicado el recurso en Sala, fueron notificadas las partes.
III. Cumplidos los trámites de rigor y hallándose en estado de dictar sentencia, la Sala IV del Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
1ra.) ¿Es admisible el recurso de Casación deducido?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Kohan, dijo:
I. El recurso ha sido deducido en tiempo y forma de conformidad con los arts. 421 y 451 del CPP, pero en el caso, la atacada, esto es la decisión de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Quilmes, que revocó la decisión impugnada y concedió al encartado la morigeración de la prisión preventiva, no encuadra en ninguno de los autos recurribles a tenor del art. 450 del C.P.P., y paralelamente la quejosa carece de legitimación para impugnarla -arts. 452 y 453 del CPP-.
Tampoco se advierte en el sub lite ninguna situación de excepción o gravedad institucional que amerite la intervención de este Tribunal.
En el caso la recurrente no consigue demostrar siquiera conjeturalmente que según el prisma de la pretoriana jurisprudencia del máximo Tribunal, el fallo impugnado podría subsumirse en un caso de arbitrariedad de sentencia, en razón del carácter excepcional de tales supuestos y la inveterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece ese recaudo a fin de habilitar su instancia revisora (doct. C.S.J.N., Fallos 324:1295; 328:3165, entre muchos).
Cabe recordar que la mera introducción y el análisis dogmático de su contenido no resulta medio idóneo para dar sustento a la invocación de un caso excepcional como es el de la arbitrariedad (Fallos 323:1247; 325:2319; etc.).
También viene al caso tener en cuenta que, según lo tiene dicho el propio superior Tribunal de la Nación, la mencionada doctrina posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la validez de la sentencia apelada (por muchos, C.S.J.N., Expte. G. 1999. XL, in re: "Gobet, Jorge Anibal, c/ Telefónica de Argentina. ENTel. Estado Nacional, s/ Accidente de trabajo", sent. del 13/VI/2006, publ.: "El Derecho", 2-XI-2006, 554331).
Basta la lectura del remedio incoado para advertir que la parte impugnante expresó su disconformidad con lo resuelto sin lograr dar argumentos suficientes para refutar el decisorio en crisis, circunstancia que resulta determinante para dirimir la cuestión si se advierte que, como ha quedado expuesto, la impugnación por arbitrariedad no consiste exclusivamente en la mera disconformidad con la interpretación que hacen los tribunales de justicia de las leyes que aplican, en tanto no exceden las facultades que son propias de su función y cuyo acierto o error no incumbe al Tribunal revisar (P. 125.834 del 9/XI/15).
Ahora bien en cuanto a la decisión aquí cuestionada la misma no resulta arbitraria, en atención a la invocación de razones humanitarias, a las restricciones que le fueron impuestas al imputado, y fundamentalmente por haber mediado consentimiento Fiscal (arts. 106 y 210 del CPP).
Por otra parte cabe destacar que la aplicación de la ley de victimas N° 27.372 dictada por el Congreso Nacional, dentro del procedimiento penal bonaerense, resulta improcedente. El referido digesto regulatorio contiene una serie de principios y disposiciones de neto corte procesal que son ejecutables, por la naturaleza indicada, sólo en el sistema de enjuiciamiento Nacional.
Cabe recordar que por imperio de lo normado en el art. 75 inciso 12 de la Constitución Nacional el Legislador federal solamente posee la facultad -en lo que aquí interesa- de dictar el Código Penal, siendo que las regulaciones rituales son facultades no delegadas a la Nación por las provincias.
Ello se ve claramente reflejado en el propio cuerpo legal al consignar el art 37 de la ley 27.372 la invitación a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a readecuar su legislación conforme los parámetros de esta ley y los principios incluidos en ella, amén de la regulación procesal debida en la misma sintonía.
En la provincia de Buenos Aires, desde la fecha de promulgación de la aludida ley de víctimas, acaecida el 11 de julio de 2017, no se ha dictado ninguna legislación readecuando el Código Procesal Penal a los parámetros de la ley 27.372. Tan sólo existe un proyecto ingresado al Senado Provincial bajo el N° PE 4/18-19 que sí contenía disposiciones compatibles con el cuerpo normativo nacional en análisis, mas el mismo no fue sancionado con fuerza de ley.
Por lo tanto, queda claro no solamente la inexistencia de regulación local de la ley de víctimas sino también la necesidad de dicha normativa que torne operativa los preceptos de la misma en cada una de las provincias.
Solamente puede invocarse -en mi humilde entender- lo dispuesto en los artículos 11 bis y concordantes de la ley 24.660 conforme su redacción impuesta por la 27.375 en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, a los institutos de libertad condicional y libertad asistida (que son parte integrante del Código Penal según lo dispone el art. 229), pero por aquellos delitos cometidos luego del 28 de julio de 2017 (fecha de promulgación de la L. 27.375) por el principio de irretroactividad de la ley penal consagrado en el art. 2 del digesto sustantivo.
También corresponde indicar que, a la luz de lo hasta aquí dicho, queda subsistente el sistema de tutela de derechos y facultades de las víctimas contenido en el art. 83 del C.P.P. que a la fecha es el único aplicable dentro del procedimiento penal bonaerense. Este criterio ha sido sostenido por la Suprema Corte Provincial en causa P 133.682 del 11/5/2020.
Ahora bien, por todo lo expuesto, si bien la intervención de la víctima pudiere ser avalada por quien suscribe amén de la ausencia de regulación específica al respecto, lo cierto es que al no vencer la resolución en crisis la limitación objetiva que establece el art. 450 del C.P.P., y al no ser ésta una de las resoluciones recurribles por el particular damnificado, debo pronunciarme por el rechazo del presente remedio.
Así lo voto.
A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto del doctor Kohan, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Visto el modo en que ha sido resuelta la cuestión precedente, corresponde: 1) Rechazar por inadmisible el recurso de Casación deducido por Silvia Freyres, representante legal de Jimena Abigail Landriel Freyres, en su carácter de particular damnificado, con el patrocinio letrado de la doctora Silvia Paula Grossi, con costas (arts. 106, 210, 433, 450, 451, 452, 453, 530, 531 y ccdtes. del CPP); 2) Diferir la regulación de honorarios profesionales a la letrada interviniente, por la labor desplegada en esta sede para una vez regulados en la instancia. (Arts. 15, 16, 31, 33 y ccdtes. la ley N° 14967); y 3) Tener presente la reserva del caso federal, conforme artículo 14 de la ley 48.
Así lo voto.
A la misma segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto del doctor Kohan, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que se dio por terminado el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve :
I. Rechazar por inadmisible el recurso de Casación deducido por Silvia Freyres, representante legal de Jimena Abigail Landriel Freyres, en su carácter de particular damnificado, con el patrocinio letrado de la doctora Silvia Paula Grossi, con costas.
Arts. 106, 210, 433, 450, 451, 452, 453, 530, 531 y ccdtes. del CPP.
II. Diferir la regulación de honorarios profesionales a la letrada interviniente, por la labor desplegada en esta sede para una vez regulados en la instancia.
Arts. 15, 16, 31, 33 y ccdtes. la ley N° 14967.
III. Tener presente la reserva del caso federal, conforme artículo 14 de la ley 48.
Regístrese. Notifíquese y oportunamente devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 02/07/2020 12:53:09 - NATIELLO Carlos Angel ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 02/07/2020 13:15:15 - KOHAN Mario Eduardo -
Funcionario Firmante: 02/07/2020 14:11:35 - OTHARÁN Olivia -
Fin de la sentencia