Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 102400
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de Casación deducido por la señora Defensora Oficial del Departamento Judicial Lomas de Zamora, doctora Karina Costas, a favor de Edgardo Marcelo Avalos.
II. Rechazar el mismo por improcedente, sin costas.
Arts. 2 y 7 de Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem Do Para”, 18 y 75 inc. 22 de C.N., 76 bis, 89 en función del 92 del C.P., 56, 106 y 210, 404, 448, 450, 530 y 531 y concs. del C.P.P., Acuerdo Plenario de este Tribunal en causa nro. 52.274 y su acumulada 52.462 “B. L. E. y otro s/ Recurso de Queja del 9/09/2013.
Registro nro. Año 2020.
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Mario Eduardo Kohan y Carlos Ángel Natiello, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N° 102.400 de este Tribunal, caratulada: "AVALOS, Edgardo Marcelo s/ Recurso de Casación”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: KOHAN-NATIELLO procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. Llega esta causa por recurso de Casación deducido por la señora Defensora Oficial del Departamento Judicial Lomas de Zamora, doctora Karina Costas, contra el auto dictado por la Sala I de la Excma. Cámara de Apelaciones y Garantías de la citada Departamental, mediante el cual se confirmó la decisión del Juzgado Correccional que rechazó la suspensión de juicio a prueba solicitada a favor del encausado.
Denuncia que se incurrió en una errónea interpretación del art. 76 bis del C.P. y del 404 del C.P.P. De igual modo, plantea la inobservancia de los arts. 1, 106, 201 y 202 del C.P.P.; 168 y 171 de la Constitución Provincial; y 1, 5, 18, 28, 33, 75 inc. 22 de la C.N.-
Pone de relieve que la fundamentación de la Cámara resultó aparente porque no se efectuó un análisis serio de la razonabilidad de la postura del Ministerio Público Fiscal.
Refiere que la ausencia de fundamentos ya pudo advertirse en la resolución dictada por el Juzgado en lo Correccional que se limitó a enunciar la falta de consentimiento del agente fiscal, pero sin profundizar en las razones que motivaran ello.
Asimismo, expone que la oposición del Ministerio Público Fiscal resultó arbitraria e inmotivada.
En efecto, refiere que hubo determinados elementos del caso en concreto que fueron soslayados (estado de ebriedad del incuso, primer hecho de violencia en la pareja, etc.). También sostiene que hubo una errónea interpretación del fallo ‘Gongora’ de la Corte de la Nación, lo mismo expresa con relación a la Convención de Belem do Pará, en particular con lo dispuesto en su art. 7 inc. ‘f’.
Pone de manifiesto diferencias entre el caso en cuestión y la situación sucedida en el precedente ‘Gongora’ de la Corte.
Hace reserva del Caso Federal (art. 14 de la ley 48).
Solicita se proceda a casar la resolución con el correspondiente reenvío para el dictado de un nuevo pronunciamiento conforme lo peticionado.
II. Radicado el recurso en Sala (fs. 63/vta.), fueron notificadas las partes.
En señor Fiscal Adjunto ante este Tribunal, Dr. Fernando Luis Galán, solicitó se rechace por inadmisible el remedio intentado (fs. 64/66vta.).
III. Encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Sala IV del Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
1ra.) ¿Es admisible el recurso de Casación impetrado?
2da.) En su caso: ¿es procedente?
3ra.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan dijo:
Habiéndose interpuesto en tiempo y forma, en los términos de los artículos 421 y 451 del C.P.P., corresponde declarar la admisibilidad del recurso impetrado, a raíz de lo resuelto en el Acuerdo Plenario de este Tribunal en causa nro. 52.274 y su acumulada 52.462 “B. L. E. y otro s/ Recurso de Queja (Art. 433 CPP)”, del 9/09/2013, donde quedara establecido que la resolución que deniega la suspensión del juicio a prueba prevista en el artículo 76 bis del Código Penal es sentencia equiparable a definitiva.
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto del doctor Kohan, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
El recurso no puede ser acogido favorablemente.
Conforme surge de la lectura del presente legajo, con fecha 5 de noviembre de 2019 la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Lomas de Zamora, confirmó la decisión impugnada por la cual el “a quo” rechazó la suspensión de juicio a prueba solicitada a favor de Avalos.
La Alzada para decidir en el sentido indicado se basó en la oposición fundada del Sr. Agente Fiscal, quien argumentó su disconformidad en la naturaleza de los hechos denunciados, y haciendo eco de lo resuelto por la CSJN en la causa “Góngora”, ya que más allá de los delitos que se le enrostran al encausado (lesiones leves y resistencia a la autoridad), uno de ellos se encuentra enmarcado en un contexto de violencia de género.
En efecto, los señores Camaristas señalaron que hubo una actuación por parte del Ministerio Público Fiscal a través de la que no prestó el consentimiento para la aplicación del instituto de la suspensión del juicio a prueba, siendo esa intervención vinculante para el juez actuante.
En función de lo expuesto en los párrafos precedentes, encuentro ajustada a derecho (arts. 106 y 210 del CPP) la decisión de la Alzada en cuanto confirmó el rechazo a la suspensión del juicio a prueba solicitada a favor del encausado, basándose en la oposición del Sr. Agente Fiscal, doctor Carrión, quien acertadamente fundó su disconformidad en la circunstancia de que el delito que se le enrostra a Avalos (lesiones leves agravadas en función del art. 92 del C.P.) se dan en un contexto de violencia de género.
Nótese que la oposición fiscal a la concesión de la suspensión del proceso a prueba es vinculante y sella la suerte adversa del planteo defensista, conforme surge de la más pura interpretación de la norma del art. 76 bis del código de fondo, mas entiendo que su oposición no puede ser infundada o caprichosa, el ejercicio responsable de las facultades que le son conferidas (más allá de la obligatoriedad de motivar debidamente sus dictámenes que emerge del citado art. 56 del C.P.P.) resultan necesarias para que el órgano jurisdiccional pueda cumplir con la función que le compete, que es la de controlar la logicidad de la postura del órgano acusador. En efecto, la oposición fiscal al pedido de suspensión de juicio a prueba debe ser razonada y fundada porque de lo contrario estaríamos frente a un área reservada al arbitrio de una de las partes, situación insostenible en nuestro ordenamiento legal.
En ese norte, corresponde señalar que para ser válidos los dictámenes fiscales, deberán ser motivados, exigencia que comporta tanto una garantía en beneficio de los eventuales imputados y acusados, como también para el Estado en cuanto asegura la recta administración de justicia.
De igual forma, esta garantía constitucional de justicia fundada en el régimen republicano de gobierno, impone la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los fiscales al formular sus requerimientos y facilita el control de la actuación judicial por parte del pueblo, de quien en definitiva emana la autoridad. Sin duda alguna, la exigencia de motivar responde al propósito de que la colectividad pueda controlar así la conducta de quienes administran justicia en su nombre (cfr. C.N.C.P., Sala III, causa Nro. 9808 "Generoso, Carlos Orlando s/ recurso de casación" (Reg. 121/09) y sus citas, voto del Dr. Riggi).
Esta exigencia de motivación referida es el único mecanismo para "… resguardar a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces y, en el caso de autos de los dictámenes fiscales, que no podrán así dejarse arrastrar por impresiones puramente subjetivas ni decidir las causas a capricho, sino que están obligados a enunciar las pruebas que dan base a su juicio y a valorarlas racionalmente" (cfr. Fallo "Generoso" y sus citas).
En síntesis, tanto la jurisprudencia como el propio espíritu del legislador, puesto de manifiesto al promulgar la Ley 24.316, da sustento a la afirmación que consiste en que la actuación del fiscal, en la aplicación de la suspensión del juicio, resulta preponderante, pues es él quien decide, luego de un amplio análisis de las circunstancias fácticas y jurídicas emanadas del caso concreto, si presta o no su consentimiento a la concesión del beneficio, quedando por ende el órgano jurisdiccional, luego de efectuar su propio control de logicidad y fundamentación, supeditado al mismo.
Lo manifestado precedentemente, encuentra sustento en lo resuelto en el Acuerdo Plenario de este Tribunal de Casación en causa nro. 52.274 y su acumulada 52.462 “B.L.E. y otro s/ Recurso de Queja” (Art. 433 C.P.P. del 9/09/2013), donde se decidió que la anuencia fiscal es necesaria en todos los casos, debiendo la misma estar debidamente fundada, como ha acontecido en el sub lite, toda vez que, reitero, el Sr. Agente Fiscal, basó su oposición a la concesión del instituto en trato en la circunstancia de que los delitos enrostrados al encausado se dan en un contexto de violencia de género.
Retomando el tema, debo destacar que la República Argentina adhirió a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer por intermedio de la ley 24.632. Ello trae aparejado que de aplicar el instituto regulado por el art. 76 bis del C.P., implicaría afectar las obligaciones de prevenir, investigar y sancionar hechos como los que aquí se cuestionan.
De esta forma, sin dejar de tener en cuenta el estadio procesal en el que se encuentra el caso, el hecho acontecido en el sub lite se adecua a la normativa del art. 2 de la Convención citada y, no se puede deslindar de la primera parte del art. 7 de la citada Convención que condena todas las formas de violencia contra la mujer y que pone en cabeza del Estado la obligación de investigar y sancionar tal situación.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem Do Para”) los jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos al cumplimiento del mismo (Cfr. Corte I.D.H., Sentencia Almonacid Arellano del 26 de septiembre de 2006, considerando 124).
También ha expresado la Corte Interamericana que “según el derecho internacional las obligaciones que éste impone deben ser cumplidas de buena fe y no pude invocarse para su incumplimiento el derecho interno” (Cfr. Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes Violatorias de la Convención (Arts. 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994, Serie A. Nro. 14, párr. 35).
Ahora bien, el art. 7 de la aludida Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer establece que “ Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente : a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; b actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer ; c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos ; establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención” (El resaltado me pertenece) .
Entonces, no dejo de resaltar que el accionar de los señores Camaristas reflejado en sus resoluciones judiciales, implica cumplimiento a los deberes asumidos por el Estado Argentino cuando el art. 7 de la Convención instituye la realización de un juicio oportuno como procedimiento legal adecuado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.
En este mismo sentido resolvió la Cámara Nacional de Casación Penal manifestando que: “La suspensión del proceso a prueba es inconciliable con el deber que tiene el estado de investigar, esclarecer los hechos de violencia contra la mujer, y de sancionar a sus responsables en un juicio con las debidas garantías. Por ello, la fiscalía al oponerse a la suspensión y promover la realización del juicio para escuchar a la mujer, para esclarecer los hechos acaecidos, y para establecer qué sucedía en la vivienda y para pedir una condena adecuada al hecho…se ha ajustado a las obligaciones internacionales asumidas por la República Argentina por el art. 7 de la Convención de Belém do Pará.” (Causa Nº 13.240 “Calle Aliaga, Marcelo s/ Recurso de Casación”, Sala II del voto del Dr. García, sent. del 30/11/2010).
Con relación al alcance del concepto ‘juicio oportuno’ al que se hace referencia en la Convención se ha manifestado la Corte Suprema de Justicia la Nación en fallo de reciente data al considerar que: “el sentido del término juicio expresado en la cláusula en examen resulta congruente con el significado que en los ordenamientos procesales se otorga a la etapa final del procedimiento criminal…en tanto únicamente de allí puede derivar el pronunciamiento definitivo sobre la culpabilidad o inocencia del imputado, es decir, verificarse la posibilidad de sancionar esta clase de hechos exigida por la Convención” (C.S.J.N., “Góngora”, Causa nº 14.092 del 23/4/2013).
Asimismo, el Máximo Tribunal de la Nación fue contundente y expresó en el precedente jurisprudencial citado que “la concesión de la suspensión del proceso a prueba al imputado frustraría la posibilidad de dilucidar en aquél estadio procesal la existencia de hechos que prima facie han sido calificados como de violencia contra la mujer, junto con la determinación de la responsabilidad de quien ha sido imputado de cometerlos y de la sanción que, en su caso, podría corresponderle”.
Por otra parte, quiero dejar expresado que no encuentro violación al principio de inocencia ni al derecho de defensa en juicio. Para responder a esta inquietud resulta ser claro el voto del Dr. García que, en el precedente de cita dictado por la Cámara Nacional de Casación Penal, ante los embates defensistas que alegaron la afectación de garantías constitucionales, concluyó que: “tal pretensión no consulta la verdadera naturaleza del principio de inocencia que impide imponer una pena sin la realización de un juicio (art. 18 C.N.). En efecto, la pretensión de la fiscalía trasunta lo contrario a lo que alega la defensa, pues, en efecto, ella pretende la realización de un juicio para que se determine si el imputado debe ser penado, y si debe ser penado en la medida que pretende la fiscalía. La pretensión de que se realice el juicio es una seguridad del principio de inocencia, y no a la inversa, pues porque el imputado todavía debe ser tratado como inocente, pretende la fiscalía el juicio para revocar ese estado. Es por lo demás una contradicción conceptual sostener que, porque el imputado merece el trato de inocente, tendría derecho a que no se realice un juicio para determinar su inocencia o culpabilidad.” (Causa Nº 13.240 “Calle Aliaga, Marcelo s/ Recurso de Casación”, Sala II del voto del Dr. García, sent. del 30/11/2010).
Lo resuelto por la Cámara Nacional de Casación encuentra simetría con la idea de que el juicio oral establecido por la Constitución de la Nación asegura el principio de la contradicción, máxime si tenemos en cuenta que en el caso de autos la necesidad de escuchar a las partes es evidente, no encontrando mejor manera en pos de las mismas que la celebración de un juicio con resguardo de las garantías del debido proceso.
Desde esta perspectiva considero que el Sr. Agente Fiscal ha dado razón suficiente para oponerse a la concesión de la suspensión del proceso a prueba, y la Cámara asimismo, analizó y valoró los alcances de la citada oposición.
Por último, ya he sostenido en algunos otros precedentes como juez de este Tribunal que con relación a la circunstancia de que la víctima haya consentido la concesión del beneficio en trato es un elemento a meritar, pero no invalidante de la oposición fiscal que resulte razonable y dentro del marco de sus facultades. Máxime si, como ocurre en el presente, la figura delictiva se da en el marco de violencia contra la mujer resultando prioritario el análisis desde una perspectiva de género, eventualidad que deberá hacerse propicia en el juicio oral con las garantías procesales correspondientes.
En función de lo expuesto, voto por la negativa.
A la misma segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto del doctor Kohan, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la negativa.
A la tercera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Visto el modo en que han sido resueltas las cuestiones precedentes, corresponde: 1) Declarar admisible el recurso de Casación deducido por la señora Defensora Oficial del Departamento Judicial Lomas de Zamora, doctora Karina Costas, a favor de Edgardo Marcelo Avalos; 2) Rechazar el mismo por improcedente, sin costas en esta instancia por haber existido razón plausible para litigar (arts. 2 y 7 de Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem Do Para”, 18 y 75 inc. 22 de C.N., 76 bis, 89 en función del 92 del C.P., 56, 106 y 210, 404, 448, 450, 530 y 531 y concs. del C.P.P., Acuerdo Plenario de este Tribunal en causa nro. 52.274 y su acumulada 52.462 “B. L. E. y otro s/ Recurso de Queja del 9/09/2013); y 3) Tener presente la reserva del caso federal, conforme artículo 14 de la ley 48.
Así lo voto.
A la misma tercera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto del doctor Kohan, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
I. Declarar admisible el recurso de Casación deducido por la señora Defensora Oficial del Departamento Judicial Lomas de Zamora, doctora Karina Costas, a favor de Edgardo Marcelo Avalos.
II. Rechazar el mismo por improcedente, sin costas.
Arts. 2 y 7 de Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem Do Para”, 18 y 75 inc. 22 de C.N., 76 bis, 89 en función del 92 del C.P., 56, 106 y 210, 404, 448, 450, 530 y 531 y concs. del C.P.P., Acuerdo Plenario de este Tribunal en causa nro. 52.274 y su acumulada 52.462 “B. L. E. y otro s/ Recurso de Queja del 9/09/2013.
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