Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 101198
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de casación interpuesto por el señor Defensor Oficial Departamental, doctor Ricardo Luis Mendoza, en favor de Ricardo Ramón Burgos Duarte.
II. Rechazar el mismo por improcedente, sin costas en esta instancia.
Rigen los arts. 1.1, 8.2.h y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 42, 45, 55, 79 y 80 inc. 1° del Código Penal; 1, 106, 210, 373, 421, 448, 450, 451, 454 inciso 1°, 456, 457, 458, 530, 531 y ccdtes. del Código Procesal Penal; 171 de la Constitución Provincial; 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.
III. Tener presente la reserva del Caso Federal (art. 14 de la Ley 48).
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Mario Eduardo Kohan y Carlos Ángel Natiello, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa Nº 101.198 de este Tribunal, caratulada: “BURGOS DUARTE, Ricardo Ramón s/Recurso de Casación”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: KOHAN – NATIELLO procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. El Tribunal en lo Criminal N°2 del Departamento Judicial Mar del Plata condenó con fecha 22 de octubre de 2019 a Ricardo Ramón Burgos Duarte a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio simple en grado de tentativa y homicidio agravado por la relación de pareja.
II. Contra dicho pronunciamiento interpuso recurso de casación el señor Defensor Oficial Departamental,doctor Ricardo Luis Mendoza.
III. El recurrente sostiene que el pronunciamiento recurrido ha vulnerado lo dispuesto por los artículos 1, 18 y 75 inc. 22 de la C.N., 171 de la Constitución Pcial. y 210 y 373 del C.P.P. en función de lo normado por los artículos 79 y 80 inc. 1 del Código Penal.
Refiere que dos son los planteos sobre los cuales se va a centrar: uno el móvil homicida, y el otro la aplicación al caso de la agravante de “ex pareja”.
Indica que a pesar de la ausencia probatoria, que a su criterio ha existido, en cuanto a la prueba de la supuesta relación de “noviazgo” como ha entendido el sentenciante al vínculo entre Burgos y Barrios, su defendido no dio muerte a la víctima por su condición de “ex pareja”, lo que permite descartar claramente la agravante. Es decir dicho vínculo no ha sido el móvil homicida.
Agrega que no se ha acreditado que la muerte de Barrios haya sido motivada en cuestiones de pareja como ser celos u otro tipo de situación parecida que permita asegurar dicha motivación.
Sostiene, a partir de lo que surge del debate, que estando su defendido en el domicilio junto a otras personas, en un estado alterado producto de la ingesta de alcohol, comenzó a autoflagelarse manifestado que se iba a matar, cortándose el antebrazo, y es así que salieron a la vereda donde se inicia el conflicto en el que decidieron intervenir las personas que finalmente resultaran víctimas del presente hecho.
Considera que el raid de locura sólo encuentra sentido en cuestiones personales del imputado, impulsadas a partir de la ingesta de alcohol, siendo desde ese único lugar donde encuentra explicación el trágico hecho.
Cuestiona que el sentenciante haya eludido el presente tema, a partir de señalar que el tipo penal de ex pareja no exige móvil alguno, el solo conocimiento de tal condición de la víctima cierra el análisis, independientemente de las motivaciones de la muerte.
Asimismo, denuncia la errónea aplicación de la ley sustantiva, a partir de la arbitrariedad en la interpretación del concepto “ex pareja”.
Aquí el “a quo” realiza una interpretación extensiva de la ley penal forzando llevar el hecho a la agravante de ex pareja, y para ello se basó en dos testimonios y una simple mención del encartado en la pericia psicológica que se le practicara, la cual no contó con asesoramiento técnico.
Refiere que con solo dos párrafos, con la declaración de Faga y de González, resultó suficiente para imponer una prisión perpetua.
Concluye que el móvil por el cual Burgos dio muerte a Gabriela Barrios no se relaciona en nada con la situación de supuesta ex pareja, siendo la hipótesis más atendible en términos probatorios la personalidad del causante sumado a la ingesta de alcohol previa al hecho, y que el llamado “noviazgo” no puede ser considerado una categoría jurídicamente existente en los términos pretendidos por el Tribunal.
Por lo tanto, solicita se subsuma el evento analizado bajo las previsiones del artículo 79 del Código Penal, adecuándose la pena a las pautas de mensura aplicables al caso.
IV. Concedido el recurso por el “a quo” -fs. 54-, el mismo fue radicado en esta Sala, encontrándose las partes debidamente notificadas (fs.50vta.).
El señor Defensor Oficial Adjunto ante este Tribunal, doctor Nicolás Agustín Blanco, desistió de realizar la celebración de audiencia de informes, y señaló, dada la autosuficiencia de la impugnación, que se remitía a los fundamentos traídos por el recurrente, haciéndolos propios y solicitando a éste Tribunal proceda conforme las soluciones allí reclamadas.
Por su parte, la señora Fiscal Adjunta ante estos estrados, doctora Alejandra Marcela Moretti, al igual que lo hiciera su contraparte en el proceso, desistió de la audiencia de informes y acompañó un memorial en su reemplazo, en el cual peticionó el íntegro rechazo del presente recurso de casación, exhibiendo los motivos para así solicitarlo.
V. Cumplidos los trámites de rigor y hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
1ra.) ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto?
2da.) ¿Es procedente el mismo?
3ra.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
El presente recurso fue interpuesto tempestivamente contra una sentencia definitiva, mediante escrito fundado en el cual se ha dado cumplimiento a los requisitos formales establecidos en los artículos 450 y 451 del Código Procesal Penal.
Asimismo, y conforme lo dispuesto en el artículo 454 inciso 1° de dicho cuerpo normativo, el impugnante se encuentra subjetivamente legitimado para recurrir.
Por ello, corresponde declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto en la presente causa.
Rigen los artículos 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; 1.1, 8 inc. 2 ap. "h" y 25 de la C.A.D.H.; 14 inc. 5 del P.I.D.C.P.; 421, 450, 451, 454 inc. 1º, 456, 457, 458 y ccdtes. del Código Procesal Penal.
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
I. Considero que el agravio invocado por la defensa de Burgos Duarte, dirigido contra la calificación legal asignada al evento ilícito del cual resultara víctima Gabriela Carolina Barrios, no habrá de tener favorable acogida.
Es que, de la lectura del pronunciamiento recurrido, se advierte el vínculo existente entre el aquí imputado Ricardo Ramón Burgos Duarte y la víctima Gabriela Carolina Barrios, lo cual permite calificarse como “relación de pareja” en los términos del artículo 80 inc. 1° del Código Penal.
Con respecto a la agravante del artículo 80 inciso 1 del Código Penal (conforme Ley N° 26.791, BO: 14/12/2012), entiendo que corresponde intentar definir el concepto de “pareja” consignado en la manda de cita. Ello no está exento de dificultades por cuanto con sólo reparar en el término empleado, se advierte que la fórmula es excesivamente amplia e indeterminada y que por tanto los jueces debemos hacer una interpretación respetuosa de la taxatividad, limitando los alcances del mismo con el fin de evitar la violación de la interpretación restrictiva del término.
En forma preliminar, en este intento por precisar los alcances del precepto legal en cuestión, considero que las relaciones humanas signadas por el afecto y el amor se estructuran en un sistema escalonado de categorías o fases por las que transitan dos seres humanos que se encuentran en esa situación, donde van aumentando las perspectivas de vida en común. Cuando dos personas se conocen y nace entre ellos el afecto de neto corte amoroso, comienza un primer estadío como lo es la “pareja” o “noviazgo”, que luego puede avanzar a una “unión convivencial” o bien traslucirse en un “matrimonio”. Ahora bien, los dos últimos tienen reconocimiento en la ley (art. 509 citado y en el Libro Segundo, Título I respectivamente) mientras que el restante concepto debemos labrarlo, por lo menos, en lo que en materia penal compete.
Sentadas así las bases de la discusión, reiterando que no estamos aquí frente ni a un matrimonio ni a una de las “uniones convivenciales” consagradas en el art. 509 del Código Civil y Comercial de la Nación que las define como aquella “unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo” , el texto transcripto nos da algunas pautas a tener en cuenta a la hora de definir los alcances de la “pareja” objeto de la tutela de la norma penal. Como punto de partida debe entenderse a la misma como una relación signada por el afecto entre dos personas, que puede o no presuponer convivencia o vida en común. Pero esa vinculación debe considerarse conteniendo las notas que distinguen a una pareja como lo es el vínculo sentimental que es común a sus integrantes y que apunta a un proyecto común. Esto no quiere decir que esa proyección implique algún tipo de construcción de una familia o un hogar, más sí el sostenimiento de la relación amorosa compartiendo momentos y circunstancias de la vida misma como integrantes de ese conjunto de personas. El término “pareja” empleado sirve para distinguirlo de otras relaciones construidas desde el afecto (como pueden ser la amistad).
A ello debe sumarse el carácter de notoriedad, cierta estabilidad y permanencia. Este aspecto es extraído -como ya adelantara- del art. 509 del Código Civil y Comercial de la Nación y considero que la “pareja” tal como debe ser entendida, es el estadío previo a las mismas y de ahí que relativice la exigencia de estabilidad y permanencia cuya profundización serán propias del instituto reglado en el artículo de cita. Es decir, debe ser susceptible de ser conocida en general y tener trato propio de una verdadera relación basada en el amor entre dos personas que se comportan como parejas, presentándose así en público. No debe tratarse de una unión casual resultando que debe sostenerse en el tiempo, más la intensidad del vínculo puede demostrar el “affectio” que resulte comprendido dentro de una “pareja” alcanzada por el tipo penal en trato. Finalmente la estabilidad relativa nos habla de cierta continuidad en el sostenimiento del vínculo, más allá de los alejamientos temporales por divergencias en la pareja (conf. Clusellas, Eduardo G., “Código Civil y Comercial de la Nación comentado, anotado y concordado”, T° 2, págs. 578/80).
Y estos caracteres obedecen a la necesidad de prueba de este tipo de relación informal. Es que, a diferencia del matrimonio (motivo de alcance expreso de la agravante contenida en el inciso 1° del art. 80 del Código Penal desde antaño) que se instituye a partir del hecho formal de su celebración (es decir, posee fecha cierta y documentos que lo avalan), la pareja y la unión convivencial no requieren formalidad alguna; por tanto, siendo un hecho netamente fáctico, requiere de elementos objetivos para su constitución, como ser la notoriedad y la relación pública.
Mal puede exigirse la convivencia de dos años para tener por configurada la “pareja” desde que ello solamente es requerido para la “unión convivencial” instituida por el art. 509 del CCCN la cual, como se dijera con anterioridad, no es asimilable al concepto preceptuado en el inciso 1° del art. 80 del digesto represivo que aquí analizamos. En esa línea, considero que la exigencia de dos años para las aludidas “uniones convivenciales” lo es sólo a los efectos civiles y patrimoniales que pudieran derivar, aspectos que no gravitan en lo absoluto en el ámbito penal, al menos para la configuración de la agravante en trato.
Cabe agregar que las parejas no requieren la diversidad sexual de sus miembros, lo cual va en sintonía con el avance legislativo en materia de igualdad y no discriminación instaurado con la sanción de la ley 26.618, y en consonancia con el principio de no regresividad en materia de derechos humanos (conf. Herrera, Marisa; Caramelo, Gustavo y Pinasco, Santiago; directores del “Codigo Civil y Comercial de la Nación Comentado” , T° II, comentario al art. 509, págs. 195 a 197).
Debe señalarse al respecto que el bien jurídico protegido es la vida humana independiente, esto eso, el ser humano en toda su integridad vital (Conf. Jorge Eduardo Buompadre, v. http://www.pensamientopenal.com.ar/articulos/delitos-genero-reforma-penal-ley-no-26791 ).
De lo dicho, considero que existen datos y testimonios que dan cuenta del tipo de relación que mantuvieron víctima y victimario, lo cual claramente cuadra en la previsión legal del art. 80 inc. 1° del Código Penal.
Así, más allá de los cuestionamientos que formula el recurrente contra los datos objetivos que tuviera en cuenta el sentenciante, a la hora de acreditar la “relación de pareja” entre Gabriela Barrios y Ricardo Burgos Duarte, lo cierto es que los mismos denotan una verdadera existencia de dicha relación, la cual había dado comienzo unos seis o siete meses antes del presente hecho y en la que la pareja, si bien no convivían, salían a comer, asistían a la sala del bingo o él iba a la casa de ella y la víctima a la de él, todo lo cual le otorga notoriedad y puede ser fácilmente percibido o visto por los miembros de la vecindad.
Por lo tanto, de lo reseñado precedentemente, se evidencia una “relación de pareja”, pública y notoria, con un cierto grado de permanencia en el tiempo, ligado a compartir una historia sentimental de vida, en el vínculo que mantenían los nombrados.
Sólo deseo agregar, toda vez que el recurrente cuestiona que con sólo dos testimonios, el de la madre de la víctima y el de la testigo González se acreditó la relación de pareja, que en cuanto la valoración de la prueba testimonial, tiene dicho la Sala II de este Tribunal de Casación Penal en causa N° 2789 “Román”, entre otras, en posición que comparto, que el grado de convicción que cada testigo provoca en los jueces de mérito configura una cuestión subjetiva perteneciente a la esfera reservada por la ley para los Magistrados del juicio quienes por su inmediación frente a los órganos de prueba, son los encargados de establecer el mayor o menor valor de las declaraciones testificales.
Por otra parte, y dando respuesta al otro motivo de agravio invocado por el recurrente, en cuanto éste señala que no ha sido el vínculo el móvil homicida, es decir que Burgos no dio muerte a Barrios por su condición de “ex pareja”, lo cual permite descartar la agravante, cabe indicar, a contrario de lo por él sostenido, que en el caso del homicidio agravado por la relación de pareja no se requiere un dolo específico más allá del de saber que se está matando a su pareja, resultando indistinto el motivo por el cual la mató, basta con que se cumpla con darle muerte a quien es su pareja o lo ha sido para que el tipo penal se encuentre abastecido.
Resulta dable además señalar que el móvil ayuda a entender el por qué se produjo ese hecho típico, pero no es un requisito típico del homicidio (en el caso, agravado por la condición de pareja), siendo que las motivaciones especiales a las que alude el recurrente son propias de la figura contenida en el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal.
Como bien lo señaló el sentenciante, la figura legal en trato no requiere ningún elemento subjetivo adicional, ni conocimiento especial más que el vínculo de pareja que une o unió al sujeto activo con el pasivo del delito, siendo que tampoco surge de la prueba valorada que el incuso haya actuado por error.
Por lo tanto y en virtud de las consideraciones antes vertidas, la calificación debe permanecer incólume.
Ello sella suerte adversa de dicho reclamo.
Es a todas luces evidente que las conclusiones de la sentencia impugnada se basaron en un lógico razonamiento que no presenta fisura alguna de prueba pertinente, seria, decisiva y convincente, luciendo el reclamo insuficiente, siendo las críticas efectuadas consideraciones meramente dogmáticas, que no alcanzan a conmover lo decidido, debiendo decaer el motivo de agravio esgrimido (arts. 1, 209, 210 y 371 incs. 1 y 2, y 373 del Rito; 171 de la Constitución Provincial; 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, en función de lo normado por los arts. 1.1, 8 inc. 2 letra h) y 25 de la C.A.D.H.; y 14 inc. 5 del P.I.D.C.P).
Por todo lo expuesto, voto por la negativa.
A la misma segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la negativa.
A la tercera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Visto el modo en que han sido resueltas las cuestiones precedentes, estimo que corresponde: 1) Declarar admisible el recurso de casación interpuesto por el señor Defensor Oficial Departamental, doctor Ricardo Luis Mendoza, en favor de Ricardo Ramón Burgos Duarte; 2) Rechazar el mismo por improcedente, sin costas en esta instancia por entender que existieron razones plausibles para litigar (arts. 1.1, 8.2.h y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 42, 45, 55, 79 y 80 inc. 1° del Código Penal; 1, 106, 210, 373, 421, 448, 450, 451, 454 inciso 1°, 456, 457, 458, 530, 531 y ccdtes. del Código Procesal Penal; 171 de la Constitución Provincial; 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional); y 3) Tener presente la reserva del Caso Federal (art. 14 de la Ley 48).
Así lo voto.
A la misma tercera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, la Sala Cuarta del Tribunal resuelve:
I. Declarar admisible el recurso de casación interpuesto por el señor Defensor Oficial Departamental, doctor Ricardo Luis Mendoza, en favor de Ricardo Ramón Burgos Duarte.
II. Rechazar el mismo por improcedente, sin costas en esta instancia.
Rigen los arts. 1.1, 8.2.h y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 42, 45, 55, 79 y 80 inc. 1° del Código Penal; 1, 106, 210, 373, 421, 448, 450, 451, 454 inciso 1°, 456, 457, 458, 530, 531 y ccdtes. del Código Procesal Penal; 171 de la Constitución Provincial; 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.
III. Tener presente la reserva del Caso Federal (art. 14 de la Ley 48).
Regístrese. Notifíquese. Remítase copia certificada de la presente al Tribunal de origen. Oportunamente devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 13/10/2020 12:04:16 - NATIELLO Carlos Angel ([email protected]) - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/10/2020 12:49:29 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/10/2020 13:01:37 - OTHARÁN Olivia - SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Fin de la sentencia