Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 101375
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de Casación deducido por la señora Defensora Oficial del Departamento Judicial San Martín, doctora María Luba Lazarczuk, a favor de Enzo Nicolás Lider.
II. Por mayoría, declarar procedente el mismo y, en consecuencia, casar el resolutorio impugnado y otorgar plena vigencia al pronunciamiento dictado por el Juzgado Correccional n° 5 del Departamento Judicial San Martín, en cuanto decretó la extinción de la acción penal y el sobreseimiento del encartado, sin costas.
Arts. 1, 18, y 75 inc. 22 de la C.N.; 76 bis y ter del C.P., 106, 321, 323 inc. 1º, 421, 448, 450, 451, 460, 530 y 531 y concs. del C.P.P.-.
III. Tener presente la reserva del caso federal formulada, conforme artículo 14 de la ley 48
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada con los doctores Mario Eduardo Kohan, Carlos Ángel Natiello, y Fernando L. M. Mancini, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N º 101.375 de este Tribunal, caratulada: “LIDER, Enzo Nicolás s/ Recurso de Casación”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: KOHAN-NATIELLO-MANCINI, procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. Se inician las presentes actuaciones en virtud del recurso de Casación deducido por la señora Defensora Oficial del Departamento Judicial San Martín, doctora María Luba Lazarczuk, contra la decisión de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de la Departamental mencionada, en cuanto revocó el auto impugnado que extinguió la acción y sobreseyó al encartado, y dispuso diferir el trámite en la presente causa hasta tanto recaiga sentencia en las actuaciones n° 27012 del Juzgado de Garantías n° 1 actuante.
II. En su libelo recursivo la defensa denuncia errónea aplicación de los arts. 59 inc. 3 y 76 ter, cuarto párrafo, del CP, e inobservancia de los arts. 1, 2, 321, 323 inc. 1°, y 341 del CPP, 1, 18, 19, y 75 inc. 22 de la CN, 10, 15, y 168 de la Constitución Provincial.
Considera que en la presente causa se ha verificado el cumplimiento de todas las reglas de conducta que le fueran impuestas a su pupilo al momento de aplicarle el instituto en cuestión, y ha operado el vencimiento del plazo de suspensión sin que se verificara la comisión de delito alguno en ese período. Destaca que por ello el Juez a quo declaró la extinción de la acción y el sobreseimiento de Lider.
Señala que en un proceso donde no ha recaído aún veredicto condenatorio, ello no puede ser obstáculo para la declaración de extinción de la acción.
Entiende que se requiere de una sentencia condenatoria firme que así lo declare, antes del vencimiento de dicho período.
Hace reserva del caso federal, conforme artículo 14 de la ley 48.
III. Concedido y elevado el recurso, radicado en Sala, fueron notificadas las partes.
IV. Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, la Sala IV del Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
1ra.) ¿Es admisible el recurso de Casación deducido?
2da.) ¿Resulta procedente?
3ra.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Kohan, dijo:
El recurso de Casación ha sido deducido en tiempo y forma, cf. arts. 421 y 451 del C.P.P., contra una resolución impugnable por esta vía, a fin de garantizar la doble conformidad judicial (art. 450 del C.P.P.).
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto del doctor Kohan, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Mancini, dijo:
Adhiero al voto de los colegas preopinantes, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Kohan, dijo:
En primer lugar cabe señalar que le asiste razón a la Defensa, pues es evidente que no debe tenerse por cometido un nuevo hecho, respecto del cual no se ha dictado resolución final firme (art. 1 del C.P.P.) al momento de revocar la Alzada la extinción de la acción y el sobreseimiento del imputado, decretados por el Juzgado “a quo”.
La Cámara para decidir en el sentido indicado, sostuvo: “…es criterio reiterado de esta Sala que pretender que se encuentre acreditada la comisión de otro delito, mediante sentencia firme, con anterioridad a la fecha de vencimiento de un plazo corto de suspensión, importa tanto como dejar en letra muerta la prohibición. Entonces, es del mismo texto del Art. 76 ter CP de donde surge la posibilidad de diferir el pronunciamiento sobre la extinción de la acción, pues la previsión de esta causal de revocación del beneficio sería incompatible con la exigencia que se acredite con autoridad de sentencia firme en el término exiguo de la suspensión…no debe confundirse el delito, cuya comisión durante el término de la suspensión determina la revocación de la misma, con la sentencia y adquirir firmeza durante dicho período, y nunca podría exigirse eso…” (ver fs. 1/vta).
Ahora bien, tengo dicho en causa nro. 88333 “Toledo, Emiliano Raúl s/ recurso de Queja”, sent. Del 12/06/2018 registro nro. 672, e.o., que: “…la práctica judicial mediante la cual se difiere el pronunciamiento sobre la prescripción de la acción penal por la imputación de otro delito, no es constitucionalmente válida, toda vez que mal puede hablarse de la comisión de otro delito cuando en el hecho presuntamente interruptor no ha recaído sentencia firme.
Sostener lo contrario, trae aparejado las siguientes consecuencias:
1. Lesiona el principio de inocencia según el cual toda persona debe ser considerada inocente hasta tanto una sentencia firme indique lo contrario. En efecto, por imperio de este principio la única manera válida de establecer que se cometió un delito es a través de una sentencia condenatoria firme (arts. 18, 75 inc. 22 de la Const. Nac., -art. 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y art. 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos- y 1 del C.P.P.).
2. Lesiona la garantía constitucional de la defensa en juicio que incluye el principio a obtener justicia en un plazo razonable, que también constituye un principio fundamental, a partir de la inserción de los pactos internacionales a nuestra Constitución (arts. 75 inc. 22 de la Const. Nac. y 7, ap. 5° y artículo 8, ap. 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos).
Este derecho, fue ratificado por el Máximo interprete de la Constitución, a partir del fallo "Mattei", en el cual defendió el derecho de todo imputado a obtener una resolución sin que se admitan dilaciones que prolonguen su situación de incertidumbre y de innegable restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal fuera de aquellos plazos ineludibles contemplados expresamente en la ley procesal (Fallos: 272:188).
3. Al diferir el pronunciamiento sobre si corresponde la extinción de la acción penal una vez transcurrido el plazo por el que se suspendió el juicio a prueba, se debe suspender o archivar el proceso hasta tanto finalice el juicio del hecho presuntamente cometido en violación a lo establecido en los arts. 76 bis y siguientes del C.P.P.. Así entonces, fácil es advertir que además de dilatarse indebidamente el estado de indefinición en que se mantiene al imputado, se afecta el principio de progresividad.
4. Menoscaba el principio de legalidad a través de la creación vía jurisprudencial, en perjuicio del imputado, de una causal de suspensión del pronunciamiento sobre la extinción de la acción que no se encuentra contemplada en la ley. Vale recordar lo decidido por la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal en un tema similar, cuando señaló: "…el principio de legalidad se ve violado mediante la creación judicial de una causal de suspensión de la prescripción…”. Explica Zaffaroni que: "…Desde el punto de vista formal la legalidad significa que la única fuente productora de ley penal en el sistema argentino son los órganos constitucionalmente habilitados y la única ley penal es la formal de ellos emanada, conforme al procedimiento que establece la propia Constitución. La CN no admite que la doctrina, la jurisprudencia ni la costumbre puedan habilitar poder punitivo…” (Eugenio Raul Zaffaroni, Alejandro Alagia y Alejandro Slokar, “Derecho Penal - Parte General”, Ediar, Buenos Aires, 2000, página 106).
No dictar el sobreseimiento de un imputado por extinción de la acción penal por prescripción con fundamento en la posibilidad de que recaiga condena respecto de un hecho que se está investigando implica introducir por vía judicial una causal no legislada de suspensión del curso de dicho instituto en violación al principio de legalidad formal (En este sentido, C.C.C. Fed., Sala I, 28-11-2006 "HERRRERO, Rodolfo J. s/prescripción" Causa 38.941, Reg. 1320 J. 6- S. 11).
Por último, advierto que el legislador no ha incorporado -pudiendo hacerlo- la causal que invoca el “a quo”, de modo tal que "diferir" la decisión sobre la extinción de la acción importa soslayar y ampliar por vía jurisprudencial las causales que, de forma taxativa, prevé la ley penal para que el Estado concluya con su actividad persecutoria. Y en este punto, vale recordar que la Corte Suprema de Justicia tiene dicho de antaño que la inconsecuencia o falta de previsión del legislador no se suponen (Fallos: 1, Pág. 297; 306:721; 307:518, 310:149; 313:132; 310:195; 312:1614; 313:132 y 1149 entre muchos otros), por lo cual las leyes deben interpretarse conforme el sentido propio de las palabras, computando que los términos empleados no son superfluos sino que han sido empleados con algún propósito, sea de ampliar, limitar o corregir los conceptos (C.S.J.N., Fallos: 200:165).
En tales condiciones, se concluye que cuando el art. 76 ter, párrafo 4to., del Código Penal se refiere a la comisión de un delito, como causal de revocación de la suspensión del juicio a prueba, debe entenderse que sólo una sentencia condenatoria firme tiene entidad para ello, y que no corresponde diferir el pronunciamiento sobre la extinción de la acción hasta que se dicte sentencia en un segundo proceso cuya condena le otorgaría dicha virtualidad al delito investigado.
La otrora Sala I del Tribunal de Casación Pcial., el día 1º de marzo de 2007, en causa nº 22.211, estableció -por mayoría- que no basta para obstaculizar la extinción de la acción penal, la mera imputación de un delito posiblemente cometido en el período de prueba, es necesario, además de la imputación, el pronunciamiento de una sentencia de condena firme, que es el único título jurídico válido para probar la comisión de un delito.
Los integrantes de la Sala III de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, en concordancia con ello, sostuvieron que: "…no existe precepto alguno que haga de este caso una excepción al plazo en que el órgano judicial debe resolver (arts. 108, 138 y ss. del C.P.P.) (...) un precepto tal no existe en nuestra legislación, con lo cual fundar en ese criterio una decisión judicial equivale a arrogarse competencias legislativas…" y también entendieron que ello radica en la interpretación conjunta del art. 76 ter, cuarto párrafo, del Código Penal, con el principio de inocencia previsto en el art. 18 de la Constitución Nacional y la garantía de plazo razonable (resolución Nº 20.586, correspondiente a la causa Nº 20.458 de dicha Sala, caratulada "Gómez, Nicolás Luis S/ portación de arma de uso civil sin la debida autorización").
En el mismo sentido, la Excelentísima Cámara del Crimen de la Capital Federal ha dicho que: “…El art. 76 ter, quinto párrafo del C.P., establece ‘cuando la realización del juicio fuese determinada por la comisión de un nuevo delito, la pena que se imponga no podrá ser dejada en suspenso’ será menester que exista una condena firme que declare la comisión de un delito, no bastando a estos efectos la mera imputación…” (CNCRIM y Correc. Sala VI, c. 20.528, “VELAZQUEZ TELLO, Renzo”, rta: 21/11/2002).
Por lo tanto, la resolución recurrida desconoce las previsiones de las normativas que rigen el tópico, al haber considerado como delito el hecho ilícito cometido por el nombrado en el lapso en el cual se hallaba gozando del instituto de la suspensión de juicio a prueba, momento en el cual no se contaba con sentencia firme de condena en orden a la mentada conducta delictiva.
De tal modo, advirtiéndose en el caso en estudio la existencia de arbitrariedad manifiesta, propongo casar el resolutorio impugnado y otorgar plena vigencia a la decisión del Juzgado Correccional n° 5 del Departamento Judicial San Martín.
Voto por la afirmativa.
A la misma segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Me aparto del criterio sostenido por mi colega de Sala, en tanto entiendo que el recurso no deberá prosperar al considerar que la decisión dictada por la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín, constituye derivación razonada del derecho vigente –conf. arts. 106 y 210 del CPP-.
Resulta adecuado el criterio allí sentado, toda vez que en mi opinión la norma del art 76 ter del C.P. al establecer que la revocación se produce por la comisión de un delito, no se está refiriendo a la condena, sino al hecho contrario a derecho, en su exteriorización material, y por lo tanto la fecha a tener en cuenta es la del hecho motivo de imputación, y los efectos del pronunciamiento dictado se retrotraen al día de la comisión del mismo.
De tal modo, entiendo ajustado a derecho el pronunciamiento dictado por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín, por los motivos expuestos supra.
Voto por la negativa.
A la misma segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Mancini, dijo:
Adhiero al voto del doctor Kohan, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la tercera cuestión planteada el señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Visto el modo en que han quedado resueltas las cuestiones precedentes, corresponde: 1) Declarar admisible el recurso de Casación deducido por la señora Defensora Oficial del Departamento Judicial San Martín, doctora María Luba Lazarczuk, a favor de Enzo Nicolás Lider; 2) Por mayoría, declarar procedente el mismo y, en consecuencia, casar el resolutorio impugnado y otorgar plena vigencia al pronunciamiento dictado por el Juzgado Correccional n° 5 del Departamento Judicial San Martín, en cuanto decretó la extinción de la acción penal y el sobreseimiento del encartado, sin costas (arts. 1, 18, y 75 inc. 22 de la C.N.; 76 bis y ter del C.P., 106, 321, 323 inc. 1º, 421, 448, 450, 451, 460, 530 y 531 y concs. del C.P.P.); y 3) Tener presente la reserva del caso federal formulada, conforme artículo 14 de la ley 48.
Así lo voto.
A la misma tercera cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto del doctor Kohan, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la misma tercera cuestión planteada el señor Juez, doctor Mancini, dijo:
Adhiero al voto de los colegas preopinantes, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, la Sala Cuarta del Tribunal resuelve:
I. Declarar admisible el recurso de Casación deducido por la señora Defensora Oficial del Departamento Judicial San Martín, doctora María Luba Lazarczuk, a favor de Enzo Nicolás Lider.
II. Por mayoría, declarar procedente el mismo y, en consecuencia, casar el resolutorio impugnado y otorgar plena vigencia al pronunciamiento dictado por el Juzgado Correccional n° 5 del Departamento Judicial San Martín, en cuanto decretó la extinción de la acción penal y el sobreseimiento del encartado, sin costas.
Arts. 1, 18, y 75 inc. 22 de la C.N.; 76 bis y ter del C.P., 106, 321, 323 inc. 1º, 421, 448, 450, 451, 460, 530 y 531 y concs. del C.P.P.-.
III. Tener presente la reserva del caso federal formulada, conforme artículo 14 de la ley 48
Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 07/08/2020 11:23:53 - NATIELLO Carlos Angel ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 07/08/2020 13:14:49 - KOHAN Mario Eduardo -
Funcionario Firmante: 07/08/2020 14:05:24 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria -
Funcionario Firmante: 07/08/2020 14:09:20 - OTHARÁN Olivia -
Fin de la sentencia