Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 100166
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto en el Acuerdo que antecede, la Sala Quinta del Tribunal resuelve, por mayoría:
I. Declarar admisible el recurso de Casación interpuesto por la Defensora Oficial, Dra. María Celina Berterame en favor de Eduardo Gabriel Silva.
II. Hacer lugar al mismo, anular el fallo del ‘a quo’ y reenviar el legajo a fin de que el inferior dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con los lineamientos deducidos en el presente, sin costas.
III. Tener presente la reserva del Caso Federal a tenor de lo dispuesto por el art. 14 de la ley 48.
Arts. 18 y 75 inc. 22 C.N.; 8.2.h C.A.D.H., 14.5 P.I.D.C.P.; 106, 399, 421, 448 inc. 1º, 450, 451, 454 inc. 1, 461, 530, 531 y ccdtes. del C.P.P.
C. 100.166
En la ciudad de La Plata a los días del mes de del año dos mil veinte, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces que integran la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Mario Eduardo Kohan, Fernando Luis María Mancini y María Florencia Budiño, para resolver en causa N° 100.166 de este Tribunal, caratulada “SILVA, Eduardo Gabriel s/ recurso de Casación”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: KOHAN-MANCINI-BUDIÑO , procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. El Tribunal en lo Criminal Nº 1 del Departamento Judicial San Nicolás, mediante integración unipersonal de la Jueza Laura Mercedes Fernández (conforme art. 22 del C.P.P.) dictó sentencia condenatoria, bajo el trámite de juicio abreviado, imponiendo a Eduardo Gabriel Silva la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento, por considerarlo autor responsable de los delitos de amenazas agravadas por el uso de armas en concurso real con coacción agravada por el uso de arma (en los términos de los arts. 45, 55, 149 bis párrafo 1º in fine y 149 bis párrafo 2º en relación al 149 ter párrafo 1º del C.P.), hechos perpetrados el 6 de abril de 2018 en la ciudad de Baradero, partido homónimo, en perjuicio de su pareja Laura Vanesa Juárez (fs. 2/11).
II. Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación la Sra. Defensora Oficial del Departamento Judicial San Nicolás, Dra. María Celina Berterame (fs. 18/23).
La recurrente alega violación a la defensa en juicio y falta de fundamentación en la imposición de la pena de tres años de efectivo cumplimiento. Destaca que el “a quo” únicamente decidió homologar el acuerdo de juicio abreviado pactado por las partes, pero ha omitido fundar la denegatoria de una condena de ejecución condicional, así como la evaluación de las restantes condiciones del art. 26 del C.P., señalando que Silva carece de antecedentes penales y su situación encuadra en la norma referida. Cita en apoyo de su pretensión la doctrina sentada por la CSJN en el precedente “Squilario” (S.579.XXXIX).
En consecuencia, solicita que se revoque la sentencia impugnada y se modifique la modalidad de cumplimiento de la pena de tres años de prisión, la que solicita sea de ejecución condicional conforme el art. 26 del C.P.
Hace reserva del Caso Federal.
III. Concedido el recurso por el “a quo” (fs. 24), el mismo fue radicado en esta Sala V (fs. 28), siendo debidamente notificadas las partes, el presente recurso pasó a estudio sin más trámite.
IV. Encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, el Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
1ra.) ¿Es admisible el recurso interpuesto?
2da.) ¿Es procedente el mismo?
3ra.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
El presente recurso fue interpuesto tempestivamente contra una sentencia definitiva, mediante escrito fundado en el cual se ha dado cumplimiento a los requisitos formales establecidos en los arts. 450 y 451 del C.P.P.
Asimismo, y conforme lo dispuesto en el art. 454 inc. 1° de dicho cuerpo normativo, el impugnante se encuentra subjetivamente legitimado para recurrir.
Por ello, corresponde declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto en la presente causa.
Rigen los arts. 401, 421, 433 3ro. y 4to párr., 454 inc. 1, 456, 457, 458, 464 y ccdtes. del C.P.P. Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Mancini, dijo:
Adhiero al voto del doctor Kohan, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos. Voto por la afirmativa.
A la primera cuestión planteada, la Señora Jueza, doctora Budiño, dijo:
Adhiero al voto del doctor Kohan, por los mismos fundamentos. Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
La impugnación traída a conocimiento de esta instancia casatoria resulta procedente.
Es que, dentro del marco del acuerdo de juicio abreviado celebrado entre las partes, se estipuló que el modo de cumplimiento de la condena a imponerse sería de efectivo cumplimiento. Esta materia es resorte exclusivo del Juez llamado a dictar sentencia, más el temperamento que se adopte al respecto debe estar necesariamente fundado, más allá de las estipulaciones que formulen las partes en el marco del procedimiento de los arts. 395 y siguientes del C.P.P. que sólo sirven de límite superior para la penalidad a imponerse.
De la simple lectura de la sentencia puesta en crisis se advierte que el “a quo” arribó a la condena requerida por las partes, pero sin explicar los motivos por los cuales consideró que la ejecución condicional de la pena de tres años no resultaba conveniente para una persona que no registraba antecedentes penales, limitándose a referir que el modo de cumplimiento sería efectivo (véase fs. 10 y vta.).
Considero que ello es así ya que, si bien la modalidad de ejecución de la pena -en este caso de efectivo cumplimiento-, puede formar parte del acuerdo de juicio abreviado celebrado entre las partes, dicha circunstancia no exime a los magistrados del deber de fundar debidamente esa decisión.
Ello no es más que una lógica consecuencia de una interpretación armónica y sistemática de la Ley Penal, la cual debe ser respetuosa de la Constitución Nacional, de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que la integran, y los documentos internacionales no contractuales que la complementan -que se conocen bajo diferentes denominaciones, entre ellas, declaraciones, principios básicos, reglas mínimas, recomendaciones y directrices-, donde en el caso en particular se destacan las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio), adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/110, del 14 de diciembre de 1990.
Es que, desde una primera lectura del art. 26 del C.P., es posible afirmar que disponer el cumplimiento en suspenso de una pena privativa de libertad de hasta tres años es una facultad discrecional de los magistrados, sin embargo, ello no debe ser interpretado como un principio absoluto basado en el libre arbitrio judicial, toda vez que la norma de trato a renglón seguido exige que dicha decisión deberá ser fundada, bajo sanción de nulidad.
Tanto nuestra doctrina como la jurisprudencia son pacíficas al establecer que, frente a situaciones como las que nos compete, es deber de los jueces justificar acabada y fundadamente los motivos por los cuales optan por elegir un sistema más gravoso de ejecución de la sanción penal cuando precisamente tienen la posibilidad de optar por otro más beneficioso para el condenado.
Ante dichas situaciones la ley exige por parte de los Magistrados una máxima prudencia y cuidado en la imposición de tales medidas, lo que implica la obligación de descartar fundadamente la insuficiencia de las alternativas más leves -en este caso alternativas a la prisión-, siendo ello además una consecuencia lógica que se desprende de los principios de subsidiariedad de la prisión y de última ratio de la ley penal.
O sea que cuanto mayor sea el grado de la sanción a imponer -pena de efectivo cumplimiento-, mayor será la carga de explicar las razones que la justifican. Si ello no ocurre habrá una violación de necesidad y proporcionalidad de la pena. Se trata de una afectación de lo que Ferrajoli denomina el principio humanitario contenido en la expresión latina nulla poena sine necessitate (“Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal”, Editorial Trotta, 1995, pp. 394): si un tribunal tiene dos alternativas, debe expresar los motivos en razón de los cuales se inclina por la opción más gravosa. Si el organismo judicial se hallaba en condiciones de recurrir a la vía más leve, debe explicar tanto al imputado como a la sociedad, porque resolvió perjudicar a quien tiene la obligación de soportar tal decisión.
De esta manera la condicionalidad de la pena es un derecho cuando se da la verificación de las condiciones o requisitos formales, las que demuestran la inconveniencia de aplicar una pena de efectivo cumplimiento. Antes de aplicarse una sanción penal debe tenerse en cuenta: a) el peligro del encierro; b) mínima suficiencia (si la advertencia basta, no es necesario el encierro); c) razón práctica de descongestionar las cárceles, y; d) las reglas compromisorias, al que se denomina “demostración efectiva de la prevención especial, mediante el cumplimiento de las condiciones de conducta”.
También Bacigalupo lleva al campo de la interpretación del derecho el principio in dubio pro libertae: ante un conflicto en más o menos libertad, la decisión del juez debe apoyarse en una razón institucional derivada de la jerarquía de la libertad (Bacigalupo, Enrique, “La garantía del principio de legalidad y la prohibición de analogía en el derecho penal”, en principios constitucionales del derecho penal, editorial Hammurabi, Bs. As., 1999, pp. 95/96), y de los principios de mínima intervención y la utilización del derecho penal como última ratio (ver Bruzzone, Gustavo, “Probation: el plenario “Kosuta” de la CN Casación Penal o el triunfo de la tesis restrictiva (de la libertad)”, LL, 1999-E-839).
Los criterios desarrollados pueden verse plasmados en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en el precedente “Squilario” (CSJN, 8/8/06, S. 579.XXXIX) y citada por la recurrente, donde estableció que cuando se dan los presupuestos formales para que una persona pueda acceder a una condena de ejecución condicional en los términos del art. 26 del C.P. -v.g., primera condena y que la pena en expectativa no supere los tres años de prisión-, surge por parte del juez la obligación de fundar debidamente por qué opta por una pena de cumplimiento efectivo (considerandos 6° a 9°), pues de otro modo se estaría privando de la posibilidad de conocer, a quien sufre la sanción, los pronósticos negativos que impiden otorgarle un trato más favorable, ya que se trata de un mandato implícito que surge de la propia letra del artículo citado tendiente a asegurar una debida defensa en juicio.
Ya sobre este punto Moreno sostenía en el Código Penal y sus antecedentes que el concepto de pena aconseja que “…si conviene aplicar la pena, se aplica en la medida necesaria; si no conviene se procede de otra manera…”, y que una pena efectiva a un autor ocasional de un delito “…puede tener efectos completamente contrarios al objeto que persigue; que ella puede envilecer, en vez de levantar; abatir el ánimo en vez de sostenerlo, y destruir los resortes morales, única probabilidad de salvación…” (Moreno (h), El Código Penal y sus antecedentes, 1922, t. II, pp. 123 y ss.. El autor es citado por Pitlevnik, Leonardo en “Jurisprudencia penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, Tomo 8, Editorial Hammurabi, pp. 90).
Como se observa más arriba, no se advierte en la resolución judicial cuestionada una adecuada fundamentación, respecto de tan trascendente cuestión, desprovista de toda relación y ponderación conjunta con los elementos de convicción arrimados al proceso, evidenciándose sólo un fundamento aparente al atenerse al acuerdo de partes, colocando a dicho pronunciamiento dentro de los estándares de arbitrariedad de la sentencia, descalificándolo como acto jurisdiccional válido.
Por lo dicho, propongo hacer lugar al recurso de casación deducido por la defensa, sin costas; anular esa porción del pronunciamiento y reenviarlo al Tribunal de grado para que fundamente el modo de ejecución de la pena, dando cumplimento a la doctrina del Supremo Tribunal Nacional en el precedente “Squilario” (CSJN, 8/8/06, S. 579.XXXIX).
Arts. 18 y 75 inc. 22 C.N.; 8.2.h C.A.D.H., 14.5 P.I.D.C.P.; 106, 399, 421, 448 inc. 1º, 450, 454 inc. 1º, 461, 465, 530 y 531 del C.P.P. Voto por la afirmativa a la presente cuestión.
A la segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Mancini, dijo:
Abro respetuosa disidencia respecto al voto de mi colega el doctor Kohan. Con relación a la procedencia de la condenación condicional debo decir en primer término que conforme he sostenido en reiteradas ocasiones, la condenación condicional resulta una excepción al cumplimiento efectivo de la pena que el Código de fondo otorga al juzgador, debiendo en cada caso analizar la conveniencia o no de su otorgamiento, y es por ello que el sentenciante de grado, no está obligado a dar las razones por las cuales deniega el beneficio de la condena condicional, pues sólo existe esa obligación para los supuestos en que el mismo se otorga.
Es así que resulta necesario, a los fines de atacar exitosamente tal decisión, demostrar acabadamente algún defecto de logicidad del resolutorio que se ataca, exigencia que no se abastece con la alegación de falta de fundamentación de la improcedencia de la condena de ejecución condicional, la que por otra parte, tampoco fue requerida al pactar el juicio abreviado (véase fs. 2vta.), por lo que fijada la pena dentro de la escala penal aplicable y de lo consensuado por las partes, la queja defensista trasunta exclusivamente una apreciación subjetiva de la parte en torno al distinto criterio asumido por el Tribunal Sentenciante respecto de la modalidad de cumplimiento de la pena impuesta.
Por lo expuesto, considero que el recurso de la defensa resulta improcedente. Voto por la negativa a la presente cuestión.
A la segunda cuestión planteada, la Señora Jueza, doctora Budiño, dijo:
Adhiero al voto del Dr. Kohan por los mismos fundamentos. Voto por la afirmativa a la presente cuestión.
A la tercera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Visto el modo en que han quedado resueltas las cuestiones precedentes, estimo que corresponde: 1) Declarar admisible el recurso de Casación interpuesto por la Defensora Oficial, Dra. María Celina Berterame en favor de Eduardo Gabriel Silva; 2) Hacer lugar al mismo, anular el fallo del ‘a quo’ y reenviar el legajo a fin de que el inferior dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con los lineamientos deducidos en el presente, sin costas (arts. 450, 451, 454 inc. 1, 461, 530, 531 y ccdtes. del C.P.P.; 26, 55 y 58 del C.P.); y 3) Tener presente la reserva del Caso Federal a tenor de lo dispuesto por el art. 14 de la ley 48. Así lo voto.
A la misma tercera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Mancini, dijo:
Voto en igual sentido que el doctor Kohan.
A la tercera cuestión planteada la Señora Jueza, doctora Budiño, dijo:
Voto en igual sentido que el doctor Kohan.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, la Sala Quinta del Tribunal resuelve, por mayoría:
I. Declarar admisible el recurso de Casación interpuesto por la Defensora Oficial, Dra. María Celina Berterame en favor de Eduardo Gabriel Silva.
II. Hacer lugar al mismo, anular el fallo del ‘a quo’ y reenviar el legajo a fin de que el inferior dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con los lineamientos deducidos en el presente, sin costas.
III. Tener presente la reserva del Caso Federal a tenor de lo dispuesto por el art. 14 de la ley 48.
Arts. 18 y 75 inc. 22 C.N.; 8.2.h C.A.D.H., 14.5 P.I.D.C.P.; 106, 399, 421, 448 inc. 1º, 450, 451, 454 inc. 1, 461, 530, 531 y ccdtes. del C.P.P.
Regístrese. Notifíquese y oportunamente devuélvase.
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ANTE MÍ:
Firmas
Funcionario Firmante: 04/11/2020 12:13:09 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/11/2020 10:10:49 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/11/2020 15:56:15 - BUDIÑO María Florencia
Funcionario Firmante: 09/11/2020 10:48:21 - ESPADA Maria Andrea - SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Fin de la sentencia