Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 100828
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Casación Penal
C. 100.828 En la ciudad de La Plata, a los días del mes de de dos mil veinte, reunidos en Acuerdo Ordinario, los Señores Jueces designados para integrar la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de
Buenos Aires, doctores Fernando Luís María Mancini y Mario Eduardo Kohan, con el objeto de resolver en la presente causa nº 100.828 caratulada “IGLESIAS MARIANELA Y LEGARRETA MIGUEL ÁNGEL S/ RECURSO DE CASACIÓN” . Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: MANCINI-KOHAN.
El Tribunal en lo Criminal Nº 2 del Departamento Judicial Azul, con la integración unipersonal de la Sra. Jueza Dra. María Alejandra Raverta y en el marco de un juicio abreviado, dictó sentencia -con fecha 20 de septiembre de 2019 – condenando a Marianela Iglesias y Miguel Ángel Legarreta a la pena de tres (3) años de prisión de cumplimiento condicional y costas procesales por resultar coautores responsables del delito de lesiones graves reiteradas calificadas por el vínculo, por hechos ocurridos en Olavarría, provincia de Buenos Aires, en el lapso que va desde el día 20 de agosto y el 4 de noviembre de 2012, resultando víctima M. B. L.. Asimismo, dispuso, por el plazo de dos años, la obligación de fijar residencia, someterse al cuidado del Patronato de Liberados y no cometer nuevos delitos, todo bajo apercibimiento de revocación de la condicionalidad de la condena (arts. 26, 27 bis, 40, 41 y 92 en función de los arts. 90 y 80 inc. 1° del C.P. y arts. 375 inc. 2°, 530 y 531 del C.P.P.)
Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación el señor Defensor Oficial, Dr. Gustavo Emiliozzi, el cual obra a fs. 24/44 del presente legajo.
Cumplidos los trámites de rigor y encontrándose la presente causa en condiciones de ser resuelta, el Tribunal decidió tratar y votar las siguientes:
Primera : ¿Resulta admisible el recurso de casación?
Segunda: ¿Resulta procedente el recurso de casación?
A la primera cuestión planteada , el doctor Mancini dijo:
Se hallan reunidos los requisitos de tiempo y forma exigidos normativamente a los fines de otorgar legitimidad al acto de interposición del remedio casatorio, como así también los elementos que hacen a la impugnabilidad objetiva y subjetiva, en tanto se trata de una resolución pasible de ser recurrida en los términos de los artículos 401, 450 y 451 del Código Procesal Penal.
Siendo legítimo el interés en la correcta aplicación del derecho y la expectativa de que la sentencia mejore la situación de los imputados respecto de la condena, más allá de la conformidad prestada para que proceda el trámite de juicio abreviado, entiendo que el recurso de casación interpuesto resulta admisible, conforme lo normado en los artículos 14.5 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.h del Pacto de San José de Costa Rica; 75, inciso 22 de la Constitución Nacional y 396, 397,
399, 401 y 421 del Código Procesal Penal.
Así lo voto.
A la misma primera cuestión planteada , el doctor Kohan , dijo:
Adhiero al voto del doctor Mancini en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada , el doctor Mancini dijo:
I. La defensa plantea la configuración de un caso de deficiente acreditación de la materialidad delictiva endilgada, así como de indeterminación de la autoría responsable de los imputados respecto de ambos hechos endilgados.
Luego de transcribir las consideraciones esgrimidas por la sentenciante de grado en orden al proceso de apreciación de las pruebas recabadas, sostiene que la sentencia “… evidencia un grado de arbitrariedad notorio que no puede ser refrendado en la revisión que se pretende …”
En lo que respecta a la forma en que mi colega de la instancia tuvo por demostrada la materialidad ilícita, se agravia frente a lo que entiende ha importado una mera transcripción del “ nombre de la prueba y su ubicación en el expediente, sin mención alguna a su valoración y a la forma con la que se ha determinado específicamente si las lesiones han sido consecuencia de la negligencia o sucesos dolosos …”, todo lo cual -a su juicio- debió recibir un abordaje claro que permitiera a la parte su control y eventual refutación.
En este orden de cosas, cuestiona que el a quo no haya siquiera identificado qué elemento de prueba es valorado para cada hecho imputado, ni explicado cuál habría sido su utilidad para acreditar ambos sucesos.
Insiste en que la simple mención de una “seguidilla de fojas sin valoración de su contenido”, resulta violatoria de lo normado por los arts.
168 y 171 de la Constitución Provincial, así como de la previsto por los arts. 106, 210, 371 y 373 del Código Procesal Penal.
En la misma línea, el recurrente critica los argumentos dados por el Tribunal de primera instancia para sustentar la coautoría responsable toda vez que -a su entender- los mismos son insuficientes para establecer responsabilidades diferenciadas. Sobre el punto, expresa que la circunstancia de haberse acreditado el vínculo entre la víctima y sus asistidos, así como el hecho de que el menor estuviera a su exclusivo cuidado, no son premisas que permitan afirmar lógicamente y fuera de toda duda que aquéllos resultan ser coautores de los hechos enrostrados; hechos cuya forma de acaecimiento -alega- aún no se conoce.
Considera que el temperamento incriminatorio adoptado por la sentenciante constituye el reflejo de lo que en el derecho antiguo se denominaba presunción contra dominum domus , conforme a la cual se imponía al dueño de la casa la carga de la prueba de la inocencia en un homicidio cuando se encontraba en su interior el cadáver de una persona.
Señala críticamente que la sentenciante ha establecido en este caso una presunción “contra progenitores”.
Retomando las consideraciones en torno a la deficiente acreditación de la coautoría, aduce que, ante la ausencia de prueba directa, el a quo debió acudir a la prueba indiciaria. Esgrime aquí una serie de señalamientos dogmáticos en torno a este tipo de prueba y a su eficacia, así como a los alcances de la tarea jurisdiccional en su apreciación. Entiende que, en el caso concreto, la sentenciante ha efectuado un incorrecto análisis de los indicios, habiéndose limitado a enrostrar las consecuencias de los hechos a los imputados, sin conocer la forma en que los mismos tuvieron lugar y sin determinar la responsabilidad que le cupo efectivamente a cada uno. En tal sentido, refiere que, frente a la ausencia de elementos incriminatorios (por deficiencias de la instrucción), el establecimiento de responsabilidades múltiples contraría el principio de in dubio pro reo .
Añade que la coautoría exige una decisión previa y común respecto de cómo llevar adelante la acción y de la distribución de funciones, todo lo cual se materializa en la faz ejecutiva. Ello -expone- permite delimitar el ámbito de responsabilidad de cada coautor que responderá hasta el límite del acuerdo y no por los eventuales excesos del otro.
Seguidamente efectúa su propia interpretación del material de cargo recabado y concluye que los testimonios han dado cuenta de que ambos padres resultaban ser desaprensivos en el cuidado del niño, pero no
violentos.
Por último, en subsidio del planteo absolutorio, postula la recalificación del Hecho 1 como lesiones leves agravadas (art. 89 en función del 80 inc. 1° del C.P.), por falta de aval médico y la consecuente prescripción de la acción penal. Aduce que de las lesiones descriptas se desprende que ningún miembro se vio afectado por las mismas, y tampoco se han dado ninguno de los otros supuestos que agravan el delito.
Formula, a todo evento, expresa reserva del caso federal en los términos del art. 14 de la ley 48.
II. A su turno, el Señor Defensor Adjunto de Casación, Dr. Daniel Aníbal Sureda, mantuvo expresamente el recurso traído por su par de la instancia y agregó algunas consideraciones en orden a la alegada deficiente acreditación de la materialidad ilícita y autoría responsable de los imputados.
Sostuvo que, si bien no hay dudas respecto de la efectiva existencia de las lesiones en el cuerpo del menor víctima, el Tribunal de primera instancia no logró demostrar cuál o cuáles han sido las acciones que las provocaron, ni el grado de participación de los acusados en cada uno de los hechos reprochados.
III. Por su parte, la Señora Fiscal Adjunta ante este Tribunal, Dra. Alejandra Marcela Moretti, postuló el íntegro rechazo del recurso casatorio deducido.
En primer término, postuló la falta de agravio del recurrente por tratarse de un caso en el que la defensa y los imputados prestaron su conformidad respecto de la calificación legal y pena acordados en el marco de un acuerdo de juicio abreviado, habiendo la sentencia atacada respetado tales límites.
Sin perjuicio de ello, también propició el rechazo de los agravios esgrimidos, manifestando que -en contraposición a las críticas de la defensa- de la lectura del veredicto surge que la jueza interviniente no sólo describió debidamente la materialidad ilícita que dio por acreditada, sino que también detalló los elementos que permitían sustentar tanto los hechos como la autoría responsable de Iglesias y Lagarreta. En efecto, luego de transcribir la descripción de los hechos efectuada en el veredicto, señaló que la jueza determinó con precisión las acciones dolosas desarrolladas por ambos imputados, los medios utilizados, el resultado lescivo y la participación de los acusados.
Tras mencionar los elementos de prueba que sustentaron el temperamento adoptado en primera instancia, concluye que la postulación de la defensa no supera el umbral de mera discrepancia en la valoración o interpretación dada por el sentenciante a los elementos que le permitieron reconstruir históricamente el hecho y así atribuir la autoría responsable.
Por último, en lo que respecta al agravio relativo a la calificación del Hecho 1, también solicitó su rechazo, de la misma manera que propició la desestimación del planteo de prescripción de la acción penal en relación a ese suceso, lo cual, además, no modificaría el monto de la pena al subsistir el delito restante cuyo mínimo es de tres años de prisión,
Preliminarmente, cabe señalar que el trámite impreso a la causa –juicio abreviado- lo fue en virtud de la libre y voluntaria propuesta formulada por las partes, cumplimentándose los recaudos de los artículos 395 y ss. del CPP.
En el procedimiento abreviado, las partes prestan su acuerdo tanto sobre la utilización del material probatorio acumulado hasta el momento de la presentación del acuerdo, como sobre la calificación legal que corresponde adoptar para el juzgamiento del evento delictuoso -sustrato fáctico- de que se trate (art. 396, in fine, CPP) y el monto de pena a imponer.
La Sra. Jueza Dra. María Alejandra Raverta ha tenido por debidamente probado la siguiente base fáctica: “ Hecho I: Que sin poder precisar fecha exacta pero en el lapso de tiempo que va desde el día 20 de Agosto y el 4 de Noviembre del año 2012 y en lugar indeterminado, dos personas, una de sexo femenino y otra de sexo masculino, le provocaron a su hijo menor de edad, M. B. L., mediante la utilización de algún elemento de diámetro pequeño, un trauma en su ojo izquierdo, ocasionándole con este accionar una ulcera traumática con hemorragia en hora 12 conjuntival y asimismo y mediante la aplicación de una o varias fuerzas externas con suficiente intensidad, sobre el mismo lugar del cuerpo del menor, le ocasionaron fracturas en sexto y séptimo arco costal, lesiones caracterizadas como graves por haberle producido debilitación de un miembro. Hecho II: Que el día 4 de noviembre del año 2012, en el horario comprendido entre las 15:30 y 20:30 horas aproximadamente y en lugar indeterminado pero de la ciudad de Olavarría, los sujetos antes mencionados le ocasionaron a su hijo menor de edad, M. B. L., mediante el choque violento de un elemento de consistencia firme regular o irregular contra el cráneo del menor o a la inversa del cráneo de éste contra el elemento de contusión trazo de fractura en región parietal derecha y en región parietal izquierda, detectándose a la postre múltiples lesiones hiper intensas en sustancia blanca de región parieto-occipital izquierda, las cuales no evidencian efecto de masa, pero sí de apariencia secular, con diagnóstico presuntivo de epilepsia secundaria a lesión encefálica provocada por maltrato, que asocia hemiparesia corporal y probable alteración del lenguaje, lesiones estas calificadas como graves por haberle ocasionado una debilitación permanente de un órgano y haber
puesto en peligro su vida .” (v. fs. 1vta./2)
En primer lugar, considero que resultan inatendibles las críticas esgrimidas por el Dr. Emiliozzi sobre la forma en que la sentenciante de grado estructuró su pronunciamiento. Recordemos que el recurrente
cuestionó que, al abordar la cuestión relativa a la materialidad ilícita, la Dra. Raverta sólo se había limitado a señalar el “ nombre de la prueba y su ubicación en el expediente, sin mención alguna a su valoración y a la forma con la que se ha determinado específicamente si las lesiones han sido consecuencia de la negligencia o sucesos dolosos …”
Como primera medida debo decir que resulta incuestionable la técnica empleada por un juez para redactar o confeccionar una sentencia, siempre que, claro está, la resolución cumpla con las exigencias de motivación impuestas por el art. 106 del ordenamiento ritual.
En el presente caso, mi colega de la instancia, Dra. Raverta, al abordar la segunda cuestión planteada en su veredicto relativa a la acreditación de la materialidad ilícita, optó por la enumeración de las piezas reunidas en la I.P.P., a partir de las cuales dio por probados los hechos en su exteriorización material, el período de tiempo aproximado en el cual acontecieron, la modalidad empleada para cometerlos, las lesiones causadas al menor y el vínculo existente entre éste y los imputados (v. fs. 2/vta.) Seguidamente, en la tercera cuestión del veredicto, vinculada con la determinación de la participación criminal de los imputados en los referidos hechos, la sentenciante volvió a citar prácticamente en su totalidad los mismos elementos y transcribió las partes pertinentes de su contenido, arribando a la conclusión de la efectiva acreditación de que el menor se encontraba a exclusivo cuidado de sus padres a quienes consideró coautores responsables de los hechos imputados (v. fs. 2vta./8vta.)
Pues bien, en el entendimiento de que el veredicto es un acto único e inescindible, resulta claro que fue a partir de una interpretación conjunta de los elementos identificados en las cuestiones segunda y tercera, que el Tribunal tuvo por probada la base fáctica y la intervención de los acusados.
La observación del recurrente relativa a que el tribunal de grado efectuó transcripción de las pruebas sin valorarlos, resulta como mínimo inexacta. Que esa transcripción haya resultado más extensa que la expresión de la motivación no resta valor a sus apreciaciones. Por otra parte, la valoración sobre la credibilidad y plausibilidad de la información aportada por los testigos conforma, junto con la transcripción de sus dichos, la expresión de la base fáctica y de los motivos para afirmar la certeza de su ocurrencia.
Ello establecido y en relación con los agravios planteados en el escrito recursivo, no puedo acompañar a la defensa cuando objeta la valoración probatoria llevada a cabo por mi colega de la instancia para tener por probados los extremos de la imputación cuestionados por la parte y respecto de los cuales -insisto- prestara su conformidad al suscribir el acuerdo de juicio abreviado.
En atención a la manda que emerge del art. 465 inc. 3° del C.P.P., sólo cabe afirmar que resulta incensurable la decisión de la juzgadora de tener por acreditada la materialidad ilícita y la coautoría de Iglesias y Legarreta del modo en que lo hizo, en tanto esa conclusión fue razonablemente inferida del material probatorio reunido en la causa e
individualizado en el fallo.
La investigación de los sucesos antes descriptos tuvo su origen a raíz de la denuncia formulada por la médica pediatra del Hospital Municipal de Olavarría, Dra. Virginia Buzeki (fs. 1/2 del expediente principal), cuyas partes pertinentes fueron transcriptas y ponderadas por la sentenciante de grado, conforme surge de fs. 2vta./3 de este legajo. La denunciante relató que el día 4 de noviembre de 2012, mientras se encontraba en el mencionado nosocomio cubriendo su guardia, se hizo presente en el lugar una pareja con un menor de dos meses de vida, refiriendo que éste tenía un hematoma en su cabeza cuya causa desconocían ya que aseguraban que no se había caído ni había padecido situación alguna que pudiera haberle provocado tal lesión. Señaló que, tras someter al niño a un examen clínico y a radiografías, se constató una fractura, por lo cual se procedió a tomarle placas del resto del cuerpo pudiendo advertir, a nivel costal, un callo que podría corresponder a una fractura antigua. Dijo que, a partir de estas constataciones médicas, tras efectuar una interconsulta con el servicio de neurología y poner en conocimiento de la situación al Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, radicó la denuncia por entender que se podría estar frente a un caso de maltrato infantil.
Fue valorada, también, la declaración testimonial prestada por la Dra. Buzeki, ya en el marco de la investigación penal preparatoria (fs. 155/vta. de los autos principales), en donde la profesional ratificó los términos de su denuncia y agregó algunas consideraciones de interés para la causa. Mencionó que el céfalo hematoma que el niño presentaba en la región parietal derecha, llamaba la atención por sus dimensiones: “ocupaba casi todo el lado derecho de su cabecita”. Precisó que, ante la inconsistencia de las explicaciones dadas por los padres respecto de la causa del hematoma, se hicieron más estudios, siendo que la radiografía de tórax evidenció la presencia de callos óseos en sexto y séptimo arco costal. Explicó que la existencia del callo demuestra que la quebradura era de vieja de data, probablemente de un mes atrás. Refirió que la tomografía arrojó como resultado la existencia de trazo de fractura en región parietal derecha, mientras que en región parietal izquierda se observó imagen hipodensa oblonga. Dijo que, habida cuenta la presencia de costillas rotas y las sospechas de estar frente a un caso de maltrato infantil, el hematoma en cuestión bien pudo ser por una caída como por un golpe provocado con algún elemento. Agregó que también se constató la existencia de una ulcera en ojo izquierdo traumática con hemorragia en hora 12. Recordó que el niño estuvo internado en el hospital por 19 días.
El a quo , tras analizar estos elementos, puso de resalto que los dichos de la Dra. Buzeki se vieron avalados y corroborados por la información emergente de la Historia Clínica del niño registrada en el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” (cfr. fs. 39/65 y 75/102 de la causa principal), y las lesiones descriptas están debidamente documentadas en ese legajo (fs. 118/126, 185/315, 335/339, 342/347).
Sobre esta última cuestión vinculada con la entidad de las lesiones constatadas en el cuerpo del bebé, también fue meritado el informe elaborado por la Dra. María Inés Luna, perito médica del cuerpo técnico auxiliar del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Tandil, cuyos pasajes más importantes fueron transcriptos por la Dra. Raverta. La experta dio cuenta de la presencia de una lesión contusa profunda con integridad de la piel (característica de fractura cerrada) y explicó que las contusiones son el resultado del choque violento de un elemento de consistencia firme, regular o irregular contra el cuerpo,
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.