Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 101057
REG: 932
101.057
En la ciudad de La Plata, a los 15 días del mes de Octubre de dos mil veinte, reunidos en Acuerdo Ordinario, los Señores Jueces de la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, integrada por los doctores Daniel Carral y Ricardo Borinsky, a fin de resolver el recurso de casación interpuesto en la causa N°101.057 seguida a R.A.S. ; practicado el sorteo de ley resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: CARRAL-BORINSKY .
El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 del Departamento Judicial San Martín, declaró a R.A.S. coautor responsable de los delitos de homicidio agravado criminis causae en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego y autor responsable del delito de portación ilegal de arma de guerra, en concurso material entre sí, y mantuvo la medida de coerción, dispuesta sobre el nombrado, de internación.
Contra dicha resolución, la Defensora Oficial del fuero de Responsabilidad Juvenil de dicho departamento judicial, María Lucrecia Sammartino, interpuso el recurso de casación que figura a fojas 54/62 y vta. Cumplidos los trámites de rigor, esta causa se encuentra en condiciones de ser resuelta, por lo que el Tribunal decidió tratar y votar las siguientes:
Primera: ¿Es procedente el remedio intentado?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el señor juez doctor Carral dijo:
I. En primer lugar, la recurrente plantea la inconstitucionalidad de la acordada 838/15 de la Suprema Corte de Justicia (arts. 118, Cons. nac.; 22 bis, 202, 205 y 338, CPP; 1 y 2, ley 13.634).
Reseña que, al celebrarse la audiencia prevista por el art. 338 del CPP y 51 de la ley 13.634, planteó la nulidad de la integración del tribunal con jueces letrados. Señala que, en dicha oportunidad, con base en la resolución 838/15, el Tribunal de responsabilidad juvenil rechazó su pedido y, en virtud de ello, formuló protesta de recurrir en casación. Afirma que insistió sobre el planteo al inicio del debate.
Considera que el juicio por jurados integra la garantía de juez natural prevista en el art. 18 de la Constitución nacional y del debido proceso legal.
Estima que las normas internacionales que regulan el proceso penal juvenil, en particular la Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 3, 12, 37 y 40), forman un cuadro de garantías específicas que constituyen un plus de manera que la niñez nunca puede tener menos derechos o garantías que un adulto en el marco de un proceso penal.
Dice que, en función de dicho principio, la ley 13.634 estableció que las normas del Código procesal se aplicarán en cuanto no resulten modificadas por dicha ley (art. 1).
Argumenta que la resolución 838/15 de la SCJ niega un derecho que los jóvenes tienen al ser habitantes del suelo argentino y de la provincia de Buenos Aires (arts. 118, Cons. nac. y ley 14.543).
Afirma que el juicio por jurados no es un agravamiento procesal sino la realización de una garantía constitucional a la cual los jóvenes tienen derecho.
Solicita que se declare la inconstitucionalidad de la resolución 838/15 de la SCJ y del debate por defecto insalvable en la integración del Tribunal.
En segundo lugar, considera que la prueba fue valorada en forma arbitraria (art. 210, CPP).
Menciona que se secuestró en poder de su asistido un bolso con ropa que no guarda ninguna relación con el hecho investigado.
Asimismo, dice que el estudio de ADN y el antropométrico dieron resultado negativo al igual que el estudio dactiloscópico. Señala que tampoco se efectuó dermotest.
En cuanto al testigo Tuama, sostiene que, en el juicio, explicó que la rueda la integraban dos conocidos a los cuales descartó y que los dos restantes podían ser los autores del hecho.
Critica la valoración que hizo el sentenciante de dicha diligencia en tanto consideró que se trataba de un reconocimiento positivo.
Similares cuestionamientos efectúa en torno a la conclusión a la que arribó el Tribunal respecto de la segunda víctima, Sergio Ramírez. Reseña que, en la diligencia de reconocimiento en rueda de personas, Ramírez dudó entre el número dos y el cuatro. Afirma que, en el debate, luego de que se le exhibiera una fotografía, el testigo señaló al número dos y el Tribunal calificó el reconocimiento como positivo.
Opina que, pese a la claridad del testimonio de Tamara Segovia, el sentenciante construyó una prueba de culpabilidad a partir del sobrenombre de B. aportado por la testigo. Postula que el Tribunal no tuvo en cuenta que en la misma calle vivían los hermanos de S., específicamente S. o B. a quien apodaban “Z.”.
Con respecto a la declaración de Edmundo S., entiende que, en el caso en que su sobrino S. hubiera efectuado alguna manifestación referida a que habría matado a alguien, la misma carece de valor probatorio, máxime si, como dijo S., el imputado no estaba en pleno uso de sus facultades mentales debido a que se encontraba intoxicado (arts. 18, Cons. nac.; 60 y 308, CPP; 36.1 y 2, ley 13.634). Añade que el uso de esa declaración como prueba en contra de su asistido afecta el derecho de defensa.
Estima que lo expuesto lleva a concluir que se han aplicado erróneamente los preceptos legales contenidos en los arts. 1 y 210 del CPP; en función de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, 376 y 40 de la Convención sobre los derechos del niño; 18, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional, 7 y 8 de la CADH.
Solicita que se absuelva al joven S..
II. El señor Defensor Adjunto ante este Tribunal, Daniel Aníbal Sureda, mantiene el recurso de casación deducido y peticiona en idéntico sentido.
III. El señor Fiscal Adjunto de Casación, Fernando Luis Galán, propicia el rechazo del recurso interpuesto.
Con respecto a los agravios de naturaleza federal, entiende que ya fueron resueltos por nuestro máximo Tribunal provincial al establecer que el juicio por jurados no se encuentra contemplado en la legislación vigente para el ámbito de la responsabilidad penal juvenil. Entiende que esta definición legislativa no puede ser suplida por tribunal alguno en tanto excede su potestad reglamentaria.
En cuanto a la atribución de la autoría, considera que la impugnante no aporta ningún argumento de peso para atacar el fallo cuestionado.
Opina que del marco probatorio analizado no surge margen de duda. En consecuencia, propicia el rechazo de los agravios postulados.
IV. Adelanto que el recurso interpuesto no puede prosperar.
En la audiencia celebrada para dar cumplimiento al art. 338 del CPP, la defensa de S. planteó la nulidad de la integración del Tribunal con jueces letrados. En esa oportunidad, para fundar su pedido, alegó que correspondía que el juicio se realizara con jurados.
Al resolver, el Tribunal consideró que no correspondía hacer lugar a la nulidad solicitada debido a que, tal como lo había señalado el Ministerio Público Fiscal, se trataba de una cuestión resuelta por la Suprema Corte de Justicia en la AC 838/15. La Defensa formuló protesta de recurrir en casación (v. fs. 886 del principal).
En el inicio del debate, la señora Defensora refirió que ya había formulado protesta de recurrir en casación por la integración del Tribunal “ de conformidad con la Acordada dictada por la Suprema Corte y no por Jurados ” (v. fs. 2 y vta. de este legajo).
Reseñados los antecedentes del planteo, en primer lugar, corresponde señalar que la resolución 838/15 fue dictada por la SCJ debido a las consultas e inquietudes recibidas de parte de los magistrados del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en ejercicio de sus atribuciones, de conformidad a lo establecido por los artículos 164 de la Constitución provincial y 32 inciso “a” de la ley 5827.
Al analizar la cuestión, el máximo Tribunal provincial dijo que:
“la ley de juicio por jurados (N° 14.543 -B.O.P. del 20-XI-2013-, texto según Ley N° 14.589 -B.O.P. 16-V- 2014-) incorporó, entre los órganos de la Administración de Justicia, al "Tribunal de jurados" el que ejercerá su jurisdicción en el territorio de la Provincia con la competencia y los alcances que le atribuye la Ley N° 11.922 y sus modificatorias (arts. 1 inciso 10 y 61 bis de la ley 5827 y sus modificatorias).
Que además la mencionada Ley incorporó al Código Procesal Penal, como órgano de juzgamiento al "Tribunal de jurados" (art. 22 bis y concordantes) sin, por el contrario, haber reformado la Ley especial que rige el enjuiciamiento de jóvenes en conflicto con la ley penal, N° 13.634, según la cual el juicio compete a los jueces y tribunales de responsabilidad penal juvenil (art. 18 y concordantes).
Que asimismo deben tenerse en cuenta las particularidades del fuero, dadas por la especial normativa nacional y supranacional que lo regula.
Que de lo expuesto se desprende que el procedimiento de juicio por jurados no se encuentra contemplado en la legislación vigente para el ámbito de la responsabilidad penal juvenil, definición legislativa que no puede ser suplida por este Tribunal por exceder su potestad reglamentaria”.
Por otra parte, es sabido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado que la declaración de inconstitucionalidad de una norma, es una materia en la que rige un criterio restrictivo por significar la última ratio del orden jurídico (Fallos 331:2799), advirtiendo sobre el riesgo de trastocar el sentido republicano de nuestro sistema de gobierno, recomendando, en consecuencia, asumir suma prudencia a la hora de evaluar la posible inconstitucionalidad de una ley (Fallos 14: 425; 105:22; 112: 63; 182: 317); lo cual implica que deberá prestarse suma cautela en la evaluación respectiva.
Así, cualquier intento tendiente a deslegitimar la validez constitucional de cierta regulación impone a quien lo pretende demostrar claramente de qué manera la ley que se cuestiona -en el presente la resolución 838/15 de la SCJ- contraría la Constitución nacional, exigencia que no se halla cumplida si no se demuestra cuál sería el perjuicio efectivamente irrogado, como ocurre en el caso (Fallos 332:5).
Es cierto que el juicio por jurados en nuestro modelo constitucional tiene una doble imposición no sólo como garantía del imputado sino también como garantía de la participación de la sociedad en los actos de administración de justicia.
Más allá de ello, en el reciente fallo de nuestra Corte Federal en el caso “Canales”, fue expreso el reconocimiento a las provincias para legislar en aquellas materias que no fueron expresamente delegadas a la Nación y dentro de esas competencias locales es válido ingresar lo resuelto por nuestro máximo Tribunal Provincial.
En ese sentido, como se ha visto, el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil decidió la cuestión, suscitada ante la instancia de origen, de conformidad con lo estipulado por la Suprema Corte de Justicia y la recurrente no se ha hecho cargo, además, de que el Código Procesal Penal es aplicable a las causas seguidas respecto a niños en cuanto no sea modificado por la ley 13.634 (art. 1), todo lo cual determina la insuficiencia del reclamo (art. 495, CPP). Así, también lo ha resuelto nuestro máximo Tribunal provincial en la causa P. 126.899 (sent. del 14 de junio de 2017).
Por lo demás, en un procedimiento de incipiente instauración en nuestra provincia es probable que a futuro necesite de una regulación especial para incluir la competencia de jóvenes en conflicto con la ley penal en un proceso a terminarse por jurados populares (art.118 C.N.), regulación que debe tener presente los principios de especialidad y las restricciones que se vinculan a la publicidad acotada, trascendencia pública de conductas de menores, entre otros aspectos restrictivos que se imponen desde las reglas transnacionales.
Resta añadir en cuanto a la obligatoriedad de la doctrina emanada de los tribunales superiores que, en reiteradas ocasiones (P46.199; P391.49), la Suprema Corte de Justicia ha señalado que:
“si bien es cierto que sus fallos “deciden” nada más que en el caso concreto sometido a su conocimiento y no obligan legalmente sino en él (elemento diferenciador entre las funciones legislativa y judicial), los jueces de los Tribunales inferiores tienen el deber -sino legal, moral- de conformar sus decisiones a lo que la Corte Suprema ha resuelto en casos análogos.
Tal deber se funda, en primer lugar, en la presunción de verdad y justicia que inviste los fallos del Tribunal que se encuentra en situación de singular prestigio institucional.
Tiene, además, por función quitar virtualidad a futuros trámites recursivos, que atentarían contra la celeridad y la economía procesal.
La univocidad jurisprudencial con la Corte Suprema de Justicia, juez final de todo el derecho argentino, elimina la posibilidad del strepitus foris que de seguro producen los fallos contradictorios, vela por el derecho de defensa de los particulares y hace, en definitiva, a la concreción del principio de seguridad jurídica”.
Por lo expuesto, propicio el rechazo de la inconstitucionalidad planteada.
Con respecto a la autoría que cuestiona la recurrente, considero que el recurso es insuficiente para conmover lo resuelto por los magistrados intervinientes, toda vez que su contenido es una reedición de lo ya expuesto ante el órgano jurisdiccional originario, sin aportar en esta sede argumentos que refuten la oportuna respuesta obtenida en esa instancia.
En clave recursiva, para una impugnación en casación exitosa es necesario abordar críticamente los argumentos esgrimidos por el órgano de juicio, de manera tal que ese objetivo difícilmente se logre cuando –como en este caso- la parte agraviada se desentiende de las razones expuestas en la pieza judicial recurrida.
Además, el panorama para la recurrente se complejiza cuando la respuesta ofrecida por el juzgador se encuentra elaborada de manera lógica, sólida, avalada con elementos probatorios y fundada en el ordenamiento jurídico vigente.
El Tribunal tuvo por acreditado que “ el día 26 de abril de 2018, siendo alrededor de las 5:30 hs (hecho 1) en inmediaciones de la avenida Bartolomé Mitre y Zanella de la localidad de Villa Pineral, partido de Tres de Febrero, la víctima Carlos Fabián Manduca fue abordado por tres sujetos masculinos entre los que se hallaba el menor R. A. S.; en dicha circunstancia comenzó un forcejeo y golpes entre uno de los atacantes con el Sr. Manduca, quien cae al piso junto con el arma de fuego que tenía en su poder.
Así con el objeto de facilitar y consumar el apoderamiento de bienes de valor propiedad de la víctima, el aquí imputado S. se acercó, tomo el arma de fuego que se encontraba tirada en la calle y le efectuó un disparo que impacto en la región frontal derecha, a dos centímetros de la línea media de su cabeza, lo que le produjo una hemorragia cerebral subaracnoidea, con fractura del hueso frontal, herida que ocasionó su fallecimiento.
Luego de ello el grupo agresor desapoderó al Sr. Manduca ilegítimamente del arma de mención, que resulta ser una pistola semiautomática marca Bersa calibre 9 mm Nº de serie E70383 propiedad del mismo, y de un vehículo marca Ford, modelo Ecosport, 1.6, dominio colocado EOW-917, de color gris, propiedad de su concubina la Sra. Olga Burgardt Medina, que se encontraba estacionada en el lugar y a bordo de la cual se dan a la fuga, disponiendo libremente de ellas.
Luego de haber ocurrido el suceso relatado, (hecho 2), ese mismo 26 de abril de 2018, siendo las 5:45 horas aproximadamente, mientras se daban a la fuga a bordo de la camioneta sustraída, S. junto a los otros 2 sujetos, abordaron en inmediaciones de las arterias Juan José Paso y Roca de la localidad de Ciudadela, partido de Tres de Febrero de esta Provincia, a la segunda de las víctimas, el Sr. Sergio Esteban Ramírez y mediante intimidación con el arma de fuego apta y lista para el disparo que le habían sustraído al Sr. Manduca, la que utilizaron de manera impropia, propinándole a la víctima Sr. Ramírez, dos golpes en la cabeza, que le causaron un traumatismo contuso en región temporoparietal derecha con herida cortante de 2 cm, le exigieron la entrega de bienes de valor, logrando desapoderarlo ilegítimamente de 2 celulares, uno de llos sin funcionar marca Samsung Trend de color negro con gris y el segundo de ellos marca LG, modelo K8, de color negro, de la empresa “Claro”, de una remera color azul oscuro y pantalón azul claro, zapatos de seguridad negros, una billetera de cuero negra con su D.N.I. y $160 en efectivo, para luego darse a la fuga disponiendo libremente de los objetos sustraídos.
Luego de ocurrido el primer hecho, en las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar, R. A. S. portó sin la debida autorización legal para ello un arma de fuego de guerra, es decir la pistola semiautomática marca Bersa registrada a nombre de Carlos Fabián Manduca, apta y lista para el disparo la cual fue tomada ilegítimamente en el hecho 1 y usada en forma impropia en el hecho 2 contra el cuerpo de Sergio esteban Ramírez ” (sic).
En primer lugar, debo señalar que los agravios de la señora defensora pretenden cuestionar la autoría del imputado en el denominado hecho 1. Al respecto, advierto que el relato de los testigos presenciales sumado a los restantes elementos probatorios, especialmente las filmaciones de las cámaras de seguridad, permitió al sentenciante reconstruir lo ocurrido esa noche.
En ese sentido, el Tribunal estableció que la secuencia en la cual ocurrieron los hechos surgió del acta de llamadas al sistema de emergencias 911; del informe elaborado por el subcomisario Spinache (fs. 8 del principal) donde se dejó constancia del ilícito del cual fue víctima el señor Ramírez, y de las pericias realizadas por la doctora Andrada, en la cual se relevó la herida cortante en el cuero cabelludo que presentaba el nombrado, y por la doctora Domarco, que determinó que la lesión fue producto de un golpe o choque contra un elemento duro, compacto de bordes aristados y/o filosos.
Para atribuir el resultado muerte a la conducta desplegada por el acusado y sus consortes, en primer lugar, el sentenciante tuvo en cuenta el aporte de las imágenes de video reproducidas en el debate. Dijo que, en dichas imágenes, podía observarse a los agresores, entre los cuales, se encontraba S..
También valoró el relato del testigo presencial Roberto Carlos Tuama quien en el juicio manifestó que mientras se dirigía a su trabajo a bordo de una bicicleta, al circular por la calle Mitre y México, vio a un grupo de personas discutir en las calles Zanella y Mitre. Afirmó que la víctima cayó al suelo y uno de los agresores levantó el arma y le pegó un tiro. Explicó que los sujetos salieron corriendo y el declarante comenzó a caminar en sentido contrario al que venía circulando por la calle Mitre. Dijo que se dio vuelta y observó que los atacantes regresaron al lugar del hecho y se subieron a una camioneta que se encontraba en el lugar. Describió al vehículo afirmando que se trataba de una Ecosport, color blanco. Expresó que el sujeto que peleó con la víctima se subió en el lugar del conductor, que el que efectuó el disparo se ubicó en el asiento de atrás del lado del conductor y el que le metió la mano en el bolsillo a la víctima, lo hizo de acompañante. Aclaró que recibió amenazas telefónicas, por whatsapp y que una persona, con quien se tomó a golpes de puño, lo interceptó con un cuchillo en la calle Tres de Febrero. Destacó que esa persona le dijo que se fijara lo que iba a hablar, que “era un buchón de la gorra”.
En cuanto a las diligencias de reconocimiento en rueda de personas de fs. 139/141 y 142/144, al celebrarse la audiencia prevista en el art. 338 del CPP, la defensa se opuso a su incorporación. Fundamentó su postura diciendo que “ deberán acreditarse al tiempo de que dichas personas presten declaración testimonial ” (v. fs. 887 y vta. del principal).
El Tribunal resolvió que la incorporación de la prueba en la que hubiera mediado oposición se llevaría a cabo de acuerdo a lo normado por
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