Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 101370
REG: 917 C.101.370
En la ciudad de La Plata, a los 8 días del mes de Octubre de dos mil veinte, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces designados para integrar la Sala Quinta de este Tribunal de Casación Penal, doctores Daniel A. Carral y Ricardo Borinsky, a los efectos de resolver la Causa nro. 101.370, caratulada "ZANELLI ALICIA ISABEL S/ RECURSO DE CASACIÓN" , conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - BORINSKY.
El Tribunal en lo Criminal Nº 2 del Departamento Judicial La Plata, con integración unipersonal del Señor Juez Dr. Claudio Bernard, dictó sentencia en el marco de la causa número 5092-0570 y condenó a Alicia Zanelli a la pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional con las condiciones del artículo 27 bis del Código Penal (fijar domicilio y someterse al cuidado del Patronato por el plazo de dos años), con costas, por haberla encontrado autora responsable del delito de estafa en la modalidad de delito continuado (artículo 172 del Código Penal).
Contra dicho pronunciamiento, el Sr. Defensor Particular de la imputada, Dr. Marcelo Peña, interpuso el recurso de casación que luce agregado a fs. 19/22 de este legajo, el cual fue declarado admisible por el Tribunal de grado (cfr. fs. 23/vta.).
El recurrente plantea la “ falta de parámetros de objetividad, imparcialidad y lógica en el desarrollo del íter decisorio por parte del juzgador ”, habiendo sido omitida la ponderación de la prueba de descargo ofrecida por la defensa.
Sostiene que bajo ningún punto de vista se ha configurado en autos el delito de estafa tipificado por el artículo 172 del Código Penal, sino que, a su criterio, lo que existe en discusión es una “ cuestión civil inconclusa que nada tiene que ver con un delito penal ”, habiendo sido utilizado el sistema penal para “mantener activas actuaciones civiles”.
En tal sentido, esgrime una serie de consideraciones a partir de su análisis de la causa tramitada por ante el fuero civil (“Bartolucci, María Zulema c/ Romano, Oscar y Otro/a s/ Rendición de Cuentas. Contestando demanda”; Juzgado Civil y Comercial N° 19 del Departamento Judicial La Plata) que fuera incorporada para su lectura a effectum videndi en el debate oral. Sostiene que allí fueron identificados los haberes y bienes del Señor Romano (concubino de la imputada), mientras que la Señora Bartolucci (ex esposa del nombrado) no siguió adelante con acción alguna, mostrando un claro desinterés en resolver la cuestión, ello hasta que “llamativamente” formuló la denuncia penal en el año 2009.
Alega que, por su parte, la imputada Zanelli ha demostrado su interés para solucionar las cuestiones hereditarias suscitadas una vez fallecido su concubino Romano en el año 2007 ya que, con la intención de salvaguardar y ocuparse de la manutención de los tres hijos que tenía con el nombrado, procedió a abrir el juicio hereditario, a efectos de “ resolver las cuestiones económicas con los otros herederos ”. Considera que este es uno de los indicios que habría soslayado el Tribunal al analizar la intención de Zanelli de provocar una estafa.
Agrega que la enfermedad de Romano requirió, en sus dos últimos años, grandes gastos que habrían sido solventados con el producido del alquiler de la farmacia, su sueldo docente, el de Zanelli y el alquiler de una oficina a Guillén que venció en 2007. Explica que desde 2007 (año a partir del cual, a juicio del sentenciante, comenzó a perfeccionarse el delito), Zanelli sólo siguió percibiendo el alquiler de la farmacia, ello hasta el año 2011 cuando el inquilino empezó a abonar el cánon al administrador.
En este punto, el recurrente refiere que la acusada carecía de otros ingresos más que su sueldo como docente, con el que debía mantener a sus tres hijos (herederos legítimos de Zanelli), carecía de bienes, por lo que resultaba “ necesario alquilar una vivienda y solventar todos los gastos, e intentar permitir que sus hijos estudien ”.
Insiste con la falta de intención de Zanelli de perjudicar a los herederos y alega que fue el accionar de la denunciante el que afectó dichos intereses ya que siempre rechazó cualquier tipo de arreglo de división de bienes impulsado por la representación legal de los hijos de aquélla.
Luego, en lo que respecta al argumento vinculado con la falta de pago de las expensas por parte de Zanelli, manifiesta que hasta el año 2004 “ intentó en varias oportunidades pagar expensas de cocheras, pero se debía hacer un convenio y pagar las atrasadas ” lo que conformaba un monto elevado que no estaba en condiciones de afrontar en virtud de la necesidad de mantener a sus hijos.
Finalmente, reitera que Zanelli actuó en una necesidad imperiosa para sostener a sus hijos quienes, no obstante ser herederos, debieron sufrir privaciones, cuando la cuestión se podría haber resuelto con buena voluntad de la otra parte.
Solicita la fijación de audiencia de mejora y la revocación de la sentencia impugnada con la consecuente absolución de su asistida.
Arribadas las actuaciones a esta sede se expidió el Sr. Fiscal Adjunto de Casación, Dr. Fernando Luis Galán, postulando el rechazo del remedio incoado, en el entendimiento de que los argumentos defensistas son una reedición de aquellos esgrimidos en la audiencia de debate y que fueron minuciosamente respondidos por el sentenciante, con razonamientos serios y fundados.
Sostuvo que, a partir de los testimonios rendidos en el debate, puede decirse que la acción desplegada por la imputada reúne los requisitos exigidos por el tipo penal endilgado. En efecto, expresó que se logró acreditar la existencia de una relación (cliente – “propietaria”) y la ausencia de toda documentación respecto de los pagos efectuados por los inquilinos; por lo que – a su entender- la imputada “sacó provecho económico ilegítimo”, recurriendo al engaño y abusando de la confianza de todos los inquilinos.
Cumplimentadas así las vistas correspondientes y, encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se acordó plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es procedente el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor CARRAL , expresó:
Para empezar, en lo que atañe a la solicitud de audiencia de informe oral formulada por el recurrente a fs. 21vta./22, corresponde no hacer lugar a lo peticionado por no encontrarse la misma prevista para el trámite de procedimiento abreviado que resulta aplicable en la presente causa de conformidad con lo previsto por los artículos 464 inc. 3° y 465 inc. 2° del Código Procesal Penal.
Luego, en lo que respecta a los agravios esgrimidos en el recurso de casación interpuesto, adelanto mi opinión en el sentido de que los mismos no habrán de prosperar.
Tuvo por legalmente acreditado mi colega de la instancia, Dr. Bernard que: “… la Sra. Alicia Zanelli a partir del año 2007 y a raíz del fallecimiento de su concubino Oscar Romano, mediante calidad simulada -haciéndose pasar por titular- comprometió en alquiler parte de los bienes que formaban originalmente la masa de la sociedad conyugal indivisa formada por Oscar Romano y María Zulema Bartolucci, apropiándose de las rentas y omitiendo abonar impuestos y expensas en perjuicio de la masa hereditaria hasta por lo menos octubre de 2013 fecha en la cual se designa un administrador judicial. ” (v. fs. 7)
El sentenciante aclaró que se apartó de los términos de la acusación establecidos por la Fiscalía y el Representante del Particular Damnificado que estimaron que el ilícito había comenzado a perfeccionarse en el año 2003, toda vez que -a criterio del Dr. Bernard- ello ocurrió recién a partir de la muerte de Romano (en el año 2007) por cuanto la imputada Zanelli poseía poder otorgado para administrar los bienes de su concubino.
Ingresando en el tratamiento de los agravios, aprecio inicialmente que el déficit en la motivación fundado en el absurdo lógico y la insuficiencia probatoria que alega la defensa no es tal.
El veredicto, recreó en extenso las declaraciones testificales que se produjeron durante el curso de la audiencia de debate (v. fs.7vta./10vta,). A esa prolija presentación de la prueba disponible se sumó luego un análisis que con parejo detalle estructuró secuencialmente y a modo de recreación histórica todo lo acontecido.
Asimismo, se desprende de la lectura del veredicto y sentencia emitidos por el Tribunal, así como del recurso casatorio traído, que -como bien lo sostuviera el Dr. Galán- los planteos de la defensa vinculados con la ausencia de una conducta ardidosa por parte de la imputada así como el presunto estado de necesidad económica en que habría llevado a cabo su accionar, resultan ser una reedición de los alegados en la instancia anterior, omitiendo refutar adecuadamente las razones en que se apoyó el tribunal para rechazarlos.
Es decir que el recurrente insiste en exhibir un criterio discrepante con el expuesto por el Tribunal de juicio en la ponderación de las pruebas que le permitieron tener por acreditados los extremos discutidos, sin hacerse cargo de refutar las fundadas apreciaciones probatorias que exhibe el fallo y que explican adecuadamente las razones por las cuales, por un lado, se consideró probada la materialidad ilícita y la autoría de Zanelli respecto de los hechos endilgados y, por el otro, se estableció la significación jurídica de los mismos.
Fueron oídos en el juicio distintos testimonios –incluido la versión de la propia Alicia Zanelli- que resultaron coincidentes en cuanto a la efectiva apropiación por parte de la nombrada de los alquileres de los inmuebles que originalmente habían formado parte de la sociedad conyugal del matrimonio Romano-Bartolucci y que, luego de la muerte de aquél, ingresaron a su acervo hereditario.
También declararon algunos testigos que corroboraron la existencia de una importante deuda dineraria por falta de pago de las expensas de las cocheras ubicadas en la Galería Mayo (“Palacio de Cristal”) a partir del fallecimiento de Romano. Entiendo que no corresponde poner el énfasis sobre esta cuestión, toda vez que habiéndose tenido por demostrada la simulación de la imputada en la calidad de titular de esos bienes, las obligaciones (expensas, impuestos, etc…) originadas por los mismos no resultan exigibles para quien en rigor de verdad no es su propietario (cfr. art. 2048 del Código Civil y Comercial de la Nación).
Pues bien, adentrándonos en la revisión del proceso de apreciación de las pruebas llevado a cabo por el Tribunal dela instancia anterior, surge que, en primer lugar, fue ponderada la declaración testimonial brindada en el juicio por la denunciante de autos y ex esposa del difunto Oscar Romano, Señora María Zulema Bartolucci, quien contó que se casó con el nombrado aproximadamente en el año 1962 habiendo convivido por veinte años, hasta su separación de hecho. La deponente dio cuenta de la compra, durante el matrimonio, de distintos bienes inmuebles: un local en el barrio de Tolosa en el que se había instalado una farmacia, alrededor de cuatro cocheras y cuatro oficinas en el edificio conocido como “El Palacio de Cristal”.
Dijo, por otro lado, que en el año 1985 se solicitó la separación de bienes dado que hacía muchos años que estaban efectivamente separados de hecho y la deponente no tenía ninguno de los referidos bienes. Señaló que esa cuestión tramitó por ante un Juzgado Civil y Comercial pero que, no obstante ello, no había recibido nada.
Añadió que, luego de la muerte de Romano, tomó conocimiento de que la pareja de éste había alquilado las mencionadas cocheras como si fueran propias, por fuera del trámite sucesorio. Asimismo, tras interiorizarse de lo que había acontecido con su ex marido, supo que éste sufría de Alzheimer y padecía problemas motrices que le impedían movilizarse.
Respecto de la situación del referido local del barrio platense de Tolosa (calles 7 y 527), fue oída en el juicio la declaración testimonial brindada por el inquilino del inmueble, el farmacéutico Alberto Oscar Valero, quien manifestó que alquila el lugar desde el año 1994, habiéndose iniciado el vínculo contractual con Romano como un “acuerdo de leasing” en razón del cual el nombrado se hacía cargo de las reparaciones que necesitaba, lo pondría en funcionamiento y, a cambio de ello, no pagaría alquiler, para luego abonar un precio menor al correspondiente en plaza. De la misma manera, el testigo recordó que, en el primer tiempo del contrato, él pagaba los impuestos del inmueble y entregaba los recibos a Romano para que los imputara al alquiler, pero que posteriormente fue éste quien se hizo cargo de dichos pagos.
Afirmó que le abonaba los alquileres a Romano en su casa, hasta que el estado de salud del nombrado se agravó, a partir de lo cual comenzó a efectuar los pagos a la Sra. Zanelli a quien aquél le había presentado como su esposa. Precisó, sobre este punto, que no tenía la posibilidad que pagarle a la acusada ya que no conocía a otra persona. Añadió que esto fue así hasta aproximadamente el mes de julio de 2014, época en la que se presentó ante él el administrador judicial de la sucesión de los bienes de Romano (entre los que se hallaba el local en cuestión) que tramitaba por ante el Juzgado Civil y Comercial Nro. 19.
Declaró, también, el Señor Diego Ferraris quien alquilaba una de las referidas cocheras del “Palacio de Cristal”. El testigo recordó que, en una oportunidad, se presentó ante él una señora mayor que le refirió ser la propietaria de la cochera y a quien debía abonarle los alquileres, lo que así ocurrió. Afirmó que esta mujer le entregaba recibos por el pago de la locación.
En la continuidad de su relato Ferraris señaló que, poco tiempo después, se apersonó en el lugar otra señora que también dijo ser titular del inmueble y que era ella quien debía cobrar ese alquiler, pero que no podían hacerlo “con papeles” por un “problema legal”. El deponente dijo que esta persona era la Señora Zanelli y que efectivamente no le daba recibos por el pago.
En similares términos depuso en el juicio la Señora Laura Ferraris -hermana de Diego-, quien también alquilaba una de las cocheras en cuestión. Expresó que el contacto para ese alquiler había sido directamente con Alicia Zanelli a quien le abonaba el canon locativo sin que la nombrada le entregara recibo alguno.
Recordó que había decidido no continuar con ese vínculo luego de que una “señora mayor” se presentara en el lugar junto a un escribano aduciendo ser la propietaria de la cochera, al tiempo que le tomaban fotos a ella y a su vehículo.
Otro inquilino de una de las aludidas cocheras fue el Señor Diego Alberto Galliardi, quien también prestó su testimonio en el debate y, al igual que los demás testigos, identificó a Alicia Zanelli como la persona con quien había coordinado los términos del alquiler. Señaló que la nombrada retiraba el dinero del local comercial donde Galliardi trabajaba y no le daba recibo por el pago.
Antonio Guillén, por su parte, declaró que el contrato de alquiler de la oficina del mismo edificio en donde estaban las cocheras, lo había celebrado en ambas oportunidades con la Señora Zanelli a quien le abonaba el valor acordado.
En lo que atañe al deterioro progresivo del estado de salud del Sr. Romano a raíz de la enfermedad de Parkinson que padecía, brindó su testimonio el médico de la Asesoría Pericial departamental Dr. Mariano Luis Samacendi, quien -tras haberle sido exhibido los informes pertinentes- sostuvo que en el año 2006 Romano ya presentaba una incapacidad parcial en virtud de la cierta disminución en sus aptitudes psíquicas, todo lo cual se agravó definitivamente en el año 2007 concluyendo que, por entonces, ya no estaba en condiciones de realizar ningún acto dispositivo
Finalmente, la Señora Alicia Zanelli ejerció su derecho de declarar en el debate. Entre otras cosas, confirmó haber cobrado el alquiler de algunas de las cocheras y de la farmacia, alegando que necesitaba el dinero para abonar el alquiler del departamento en el que vivía y mantener a sus hijos.
Como adelantara, la forma en que el Tribunal arribó a la certeza sobre la ocurrencia de los hechos que, dicho sea de paso, no adolece de ningún vicio de absurdidad o arbitrariedad, no fue cuestionada por el recurrente sino que, antes bien, éste sólo se limitó a negar la existencia del ardid que requiere la figura penal de la estafa y alegar un presunto estado de vulnerabilidad económica de la imputada que la habría empujado a adoptar las conductas reprochadas.
De la materialidad ilícita descripta anteriormente y de los coincidentes testimonios recibidos en la oralidad puede deducirse, en concordancia con el criterio sustentado por el sentenciante, que Alicia Zanelli logró apoderase del dinero fruto de los alquileres de inmuebles que formaban parte originalmente de la masa indivisa de la sociedad conyugal Romano-Bartolucci y luego del acervo hereditario de aquél, engañando a los eventuales locatarios al presentarse como la propietaria de los bienes a fin de que, por error, le abonaran de buena fe a ella los valores acordados sin protocolizar ningún vínculo ni expedir recibo alguno.
El delito de estafa requiere en su aspecto objetivo de la existencia de un perjuicio patrimonial para la víctima (en este caso, la masa hereditaria), en virtud del error en que ella misma o -como en nuestro caso- un tercero incurre por efecto de una maniobra engañosa o ardidosa desplegada por el sujeto activo, esto es, que debe existir un nexo de determinación entre la maniobra de fraude y el error en la persona, del cual deriva la disposición patrimonial vulnerante del bien jurídico propiedad protegido por la norma.
Coincido con mi colega de la instancia en cuanto a que el ardid o engaño al que hace alusión el artículo 172 del Código Penal y que caracteriza al delito de estafa, también puede configurarse a partir del silencio del sujeto activo, cuando existe respecto de éste la obligación jurídica de informar o decir verdad.
Así, llegando debidamente acreditada la existencia de la mecánica ardidosa desarrollada por la imputada, y no habiendo el recurrente hecho ninguna crítica en cuanto a la forma en que se arribó a la certeza de su ocurrencia, sino sólo expuesto, sin sustento probatorio alguno, una hipótesis fáctica distinta a la comprobada en el fallo, los cuestionamientos relativos a la significación jurídica asignada a los hechos no resultan atendibles.
Tampoco habrá de receptarse el planteo reeditado en esta instancia vinculado con el presunto estado de necesidad o de vulnerabilidad económica bajo el que habría actuado Zanelli. Es que la defensa no ha logrado demostrar el padecimiento por parte de la nombrada de una situación económica apremiante que pudiera haber justificado de alguna manera la apropiación de las sumas dinerarias exigidas a los inquilinos.
El estado de necesidad requiere de la existencia de un peligro actual y también que la injerencia en el patrimonio ajeno debe resultar necesaria para salvar el bien amenazado (ver. Hans Heinrich Jescheck. “Derecho Penal Alemán. Parte General.” Bosch. Barcelona. 1978 T.I pág. 488 ), situación que -como bien sostuvo el Dr. Bernard- no fue siquiera mínimamente acreditada por la defensa.
En definitiva, no habiéndose demostrado la configuración de las infracciones legales denunciadas por la defensa, propongo el rechazo del recurso casatorio traído y la confirmación de la sentencia condenatoria impugnada, con costas en esta instancia.
Asimismo, corresponde regular los honorarios del abogado defensor interviniente, Dr. Marcelo Peña (T° XLVIII, Folio 235, C.A.L.P.) , en la suma del veinticinco por ciento (25%) de lo que se regule oportunamente en la instancia de origen con más los aportes de ley, por la labor desarrollada ante este Tribunal.
Artículos 18 y 75 inciso 22° de la Constitución Nacional; 8.2.h de la CADH; 14.5, PIDCP; 172 del Código Penal; 1, 106, 209, 210, 373, 448, 450, 451, 464 inc. 3°, 4
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.