Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 94373
C. 94.373
En la ciudad de La Plata, a los días del mes de dos mil veinte, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces que integran la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Víctor Horacio Violini, Ricardo R. Maidana y Fernando Luis María Mancini, con el objeto de resolver en la presente causa n º 94.373 caratulada “VOLATILE Maximiliano s/ Recurso de Casación” . Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: VIOLINI – MAIDANA – MANCINI.
El Tribunal en lo Criminal Nº 3 del Departamento Judicial Mar del Plata, con fecha 2 de octubre de 2018, luego de la celebración del juicio oral, resolvió en la IPP 08-00-018763-17 (registro interno 6852), condenar a Maximiliano Volatile a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas, por juzgarlo coautor responsable penalmente del delito de robo triplemente agravado, por efracción, por el uso de arma y por la utilización de un arma de fuego cuya aptitud funcional no ha sido acreditada, hecho cometido el 16 de septiembre de 2017 en la localidad de Mar del Plata, en perjuicio de Linda Andrea Spoltore y Claudio Damián Silva (fs. 2/8 vta.).
Dicha sentencia fue impugnada por el Defensor Particular Dr. Alejandro Martin Borawski Chanes (fs. 14/21vta).
Cumplidos los trámites de rigor y encontrándose la presente causa en condiciones de ser resuelta, el Tribunal decidió tratar y votar las siguientes:
Primera : ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto por la Defensa?
Segunda : ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Violini, dijo:
I. A) La defensa denunció violación y errónea aplicación de los arts. 1, 3, 106, 202, 203, 210, 211, 257, 371, 373 y ccs. del C.P.P.; 1, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.
B) Atacó el reconocimiento practicado al imputado en la instrucción, y que fuera incorporado por lectura, en violación a los principios de bilateralidad, defensa en juicio y debido proceso.
Manifestó que el reconocimiento fotográfico solo procede cuando la persona a reconocer no estuviese presente o no pudiese ser habida.
Destacó que durante el debate no se exhibieron fotografías ni se efectuó reconocimiento alguno en relación con la persona de su asistido, razón por la cual las manifestaciones novedosas de los damnificados respecto de conocer a su representado, resultan inverosímiles.
Manifiesta que el perjuicio concreto fue el de la no intervención en la producción probatoria del imputado y su Defensa, reclamando en consecuencia la revocación de la decisión y la absolución de su asistido.
C) Asimismo, sostuvo que fue computado el silencio del imputado en su contra y sumado a ello la falta de motivación del fallo.
D) Denuncia violación al principio de “reserva legal” por atribución de conducta no realizada por el imputado, toda vez que se sanciona a Volatile por las acciones de Porto.
E) Por último, manifestó que el Tribunal impuso una sanción más allá de la pretendida, con base en las severizantes de nocturnidad y grado de violencia desplegado, condiciones que no han sido explicadas de qué modo concreto y efectivo incidieron, resultando inmotivada la sentencia en ese tramo, solicitando se oblitere la agravante sustentada en la nocturnidad, considerando las circunstancias atenuantes valoradas y morigerando la sanción punitiva a la pena de 4 años de prisión.
Requirió se haga lugar al recurso interpuesto en su pretensión principal, ora en su accesoria o subsidiaria.
Hace reserva del caso federal.
II. La señora Fiscal Adjunta de Casación, Dra. Alejandra Marcela Moretti, propició el rechazo del recurso, considerando fundada y conforme los parámetros legales la determinación del monto punitivo (fs. 35/40).
III. Más allá de la improcedencia de algunos agravios y de que en mi opinión el Tribunal no puede superar la pena pedida por el Fiscal, el recurso prospera.
En efecto, la valoración jurisdiccional fundante evidencia serios defectos de motivación que la tornan arbitraria e importan un quebrantamiento de las formas esenciales del proceso, en el caso la sentencia; ello en infracción a los arts. 18 C.N.; 171 C.P.B.A., 106, 210, 371 Y 373 del C.P.P.
Durante la sustanciación del debate, el fiscal formuló acusación contra Maximiliano Volatile como coautor del delito de robo cometido con efracción, arma blanca y arma de fuego sin aptitud funcional acreditada, perpetrado en Mar del Plata el 16/09/17 en perjuicio de Linda Andrea Spoltore y familia.
Solicitó que se valoraran como agravantes, la nocturnidad, pluralidad de intervinientes, extensión del daño, por cuanto las victimas debieron mudarse, en primer término, del barrio y luego de la ciudad; la presencia de menores al momento del hecho; intimidaciones posteriores al hecho sufridas por las victimas para que retirara la denuncia y no concurrieran a declarar. Asimismo, peticionó se le aplique la pena de nueve años y seis meses de prisión, con accesorias art 12 C.P. y costas.
Por su parte, la Defensa sostuvo que el Fiscal, no había acreditado con la prueba producida en la audiencia la participación de Volatile en el hecho más allá de toda duda razonable, en consecuencia y por imperio del articulo 1 C.P.P. solicitó la absolución de su asistido. Cuestionó el mérito probatorio de la diligencia de reconocimiento fotográfico efectuado, por cuanto la misma debería haberse realizado sobre personas, pues así había solicitado su cliente, cuestionando de este modo, la entidad de la prueba, no figurando oposición a la incorporación de la misma.
El sentenciante describió que de acuerdo a la información obtenida en la audiencia de debate, era dable representar con grado de certeza suficiente que: “el 16 de septiembre de 2017 siendo aproximadamente las 3:30 horas Uriel Porto y Maximiliano Luciano Volatile forzaron la puerta principal correspondiente a la vivienda sita en calle Bragado 1456 de esta ciudad e ingresaron al inmueble con fines de robar bienes que había en esa morada; el primero llevando un cuchillo tipo “carnicero” y el segundo portando un revólver calibre 32 largo cuya aptitud funcional no se probó. Sorprendieron a Claudio Damián Silva y a Linda Andrea Spoltore, los amenazaron a ellos y a sus hijos menores con las armas ya referenciadas y lograron apoderarse ilegítimamente de una garrafa de 10 kilos y un televisor de 21 pulgadas” (fs.6).
En primer lugar, el sentenciante arribó a las conclusiones incriminatorias a partir de los testimonios de las víctimas Spoltore y Silva, entendiendo que: “…ninguna de las partes denunció circunstancia que lleve a dudar de sus veracidades y no representó otra que no sea el de contribuir con la justicia. No incurrieron en auto ni hétero contradicciones, lo primero porque mantuvieron sus versiones a través del tiempo y de las circunstancias, y lo otro porque sus versiones han resultado concordantes más allá de ciertas contradicciones que apuntó el Abogado Giacomaso al formular su alegación… ”. Ahora bien, es aquí donde se advierte la falta de motivación del fallo, ya que omitió valorar el restante plexo probatorio, haciendo una enunciación meramente descriptiva de la prueba producida en el debate, carente de una evaluación concreta y motivada sobre el mérito o demerito de las piezas probatorias, no cumpliendo con las exigencias legales de los artículos 210 y 373 C.P.P. por falta de “la expresión de la convicción sincera sobre la verdad de los hechos juzgados, con desarrollo escrito de las razones que llevan a aquella convicción”, además de importar un supuesto de falta de fundamentación que infringe los arts. 18 C.N., 168 C.P.B.A. y 106 C.P.P.
En esta senda, debo decir que la circunstancia de que la materialidad ilícita no haya sido discutida por las partes no releva de la obligación de fundamentación sobre la base del análisis de las premisas del juicio y las circunstancias de hecho verificadas. Si bien las partes fijan el objeto del juicio mediante sus pretensiones, es el juez el que determina, en la sentencia, la delimitación fáctica de lo acontecido.
Ahora bien, el sentenciante afirmó, con base en los testimonios de las víctimas que: “dos personas rompieron la puerta de su casa e ingresaron, uno llevaba un cuchillo de grandes dimensiones y el otro portaba arma de fuego” (…) “a ellos los identificaron como Uriel Porto y Maximiliano Volatile (ambos reconocieron a los dos por tratarse de personas del barrio)” (…) “Uriel Porto ‘apuñaló’ a Silva en su mano, que para ello se valió de un tornillo…”.
Se advierte aquí la falta de acreditación de que la puerta de acceso a la finca hubiera sido “fracturada”, pues la sentencia no menciona prueba alguna que así lo acredite, y la sola transcripción del verbo “romper” resulta insuficiente para demostrar que hubo “fractura” y no un simple forzamiento. Lo mismo sucede con las lesiones provocadas en la persona del damnificado, dado que no existe pruebas o argumentos en la sentencia que lo demuestren.
IV. En definitiva, la situación que hoy se verifica en el caso bajo examen no sólo impide realizar un juicio de contralor, en atención a la ausencia de motivación, sino que también obtura el derecho de defensa, pues la crítica que debe formular el recurso se hace imposible.
Por estas razones y en el entendimiento que nos encontramos frente a un supuesto de aquellos contemplados en el artículo 461 del Código Procesal Penal, el agravio identificado como “I” resulta atendible y, en consecuencia, por tratarse de un quebrantamiento de las formas esenciales del proceso, propongo al acuerdo hacer lugar al recurso interpuesto por la Defensa, sin costas; anular la sentencia impugnada y devolver jurisdicción al Tribunal en lo Criminal n° 3 de Mar de Plata para el dictado de un nuevo pronunciamiento conforme a derecho.
V. Sin perjuicio de la opinión sustentada en el presente voto y enterado en el Acuerdo en relación al voto de mis colegas, considero que el Tribunal no se encuentra facultado para imponer una pena superior a la solicitada por la acusaciónl, pues el centro de la pretensión penal, cuyo ejercicio exclusivo está en manos de la fiscalía, se encuentra constituido por el pedido de sanción, por lo que no existiría fundamento para que el Tribunal se exceda de dicha pretensión condenando por sobre lo requerido ("ultra petita"), cuando en rigor siquiera puede aplicar de oficio una coerción procesal (cf. artículo 146, primer párrafo, del Código Procesal Penal), por lo que habiendo quedado en en minoría en relación a la propuesta de anular el fallo, propongo que se adecue la pena a la solicitada por la Fiscalía, esto es a nueve años y seis meses de prision, accesorias legales y costas del proceso, en orden a los delitos por los que fuera condenado.
Asimismo propongo diferir la regulación de los honorarios del letrado interviniente, Dr. Alejandro Martín Borawski Chanes T° XI, Folio 296 del C.A.M.D.P., hasta que se fijen en la instancia (arts. 18 y 75 inc. 22º de la Constitución Nacional; 14.3.e) y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 8.2.h) y 8.2.f) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 106, 448, 450, 451, 454 inciso 1°, 456, 459, 460, 461, 530, 531 y 534 del Código Procesal Penal). Así lo voto.
A la primera cuestión planteada , el señor Juez, doctor Maidana, dijo:
Debo disentir respetuosamente con el voto de mi colega Violini. Los motivos invocados en el primer voto no solo que no fueron planteados en el recurso, sino que tampoco tienen el efecto asignado.
Las conclusiones incriminatorias arribadas por el tribunal de grado, obtenidas a partir de la prueba testimonial rendida en el juicio y la incorporada por lectura, han constituido una derivación lógica y razonada del derecho vigente y de las constancias de la causa, sin que la actividad valorativa por él desplegada se haya apartado de las reglas contenidas por los artículos 210 y 373 de la ley del rito para la merituación probatoria.
Los planteos referidos a la nulidad de los reconocimientos fotográficos efectuados son improcedentes, toda vez que resultan una mera reiteración de los articulados en el alegato sin hacerse cargo de las razones desarrolladas por el tribunal para rechazarlos, las cuales se abastecen y han sido referenciadas en el veredicto. (fs. 7).
Asimismo, y como recuerda la Fiscal ante el tribunal, si bien la exhibición de fotografías no puede ser concebida como fuente de prueba; pero pese a ello no puede desestimarse su aporte a la investigación en tal carácter sino como dato tendiente a orientar la pesquisa. Y en tal inteligencia, la ausencia de contralor de dicha diligencia no acarrea nulidad alguna desde que no es exigible su previa notificación.
Entre otras consideraciones que pudieran efectuarse para la desestimación de la nulidad planteada, el recurrente nada dijo en el momento que debía hacerlo, ni realizó oportunamente objeciones a tal diligencia.
La doctrina “de la responsabilidad por los actos propios” es aplicable a la inacción del defensor, exteriorizada en la instancia originaria pues es él y no otro quien debe protestar frente a actos que a su criterio vulneran los derechos de su pupilo.
Finalmente, y más allá de la mención de que la medida de prueba, no fue llevada a cabo, con la aparente intención del imputado de intervenir en una rueda de reconocimiento, es un acto que bien podía ser reproducido en el juico, a pedido de parte. Sin embargo, el acusado asistido por su defensa decidió no estar presente en la sala durante las declaraciones de las víctimas, renunciando así toda posibilidad de realizar la diligencia en la que afirma siempre quiso participar y no fue llevada a cabo.
En las antípodas, la condena encuentra apoyo en un vasto plexo probatorio, que permite acreditar la autoría y materialidad ilícita endilgada al imputado.
Es por ello, que más allá de todo lo expuesto, lo cierto es que en el juicio las victimas (Linda Spoltore y Claudio Silva) prestaron declaración testimonial, y ambos fueron coincidentes en sus relatos, al identificar a Maximiliano Volatile como uno de los dos sujetos que, se apersonó en su vivienda en la madrugada del 16 de septiembre de 2017. Ambos fueron contundentes, ya que conocían a Volatile y a Porto por tratarse de “personas del barrio”. Para ambas víctimas, tanto la de Uriel como la de Maximiliano eran “caras conocidas”. Silva los identificó por nombre y apellido.
En consecuencia, de conformidad a lo establecido por el artículo 205 inciso 1° del Código Procesal Penal el referido planteo de nulidad es extemporáneo y debe decaer (artículos 448, 451, 456 y 459 del mismo Código).
En otro orden, advierto que en ocasión de formular el alegato el Fiscal, solicitó se imponga a Volatile la pena de nueve años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, mientras que el tribunal decidió apartarse de la pretensión punitiva y fijó la sanción en diez años de prisión.
Considero que, con independencia de la clase de procedimiento de que se trate, al momento de fijar pena la jurisdicción tiene un doble limite, ya no sólo el derivado del principio de legalidad, sino a la vez el impuesto por quien esgrime la acusación. Nuestra Constitución Nacional establece un programa liberal que reconoce la autonomía de las personas (art 19 C.N.), consagrando un sistema de garantías protectorio de las injerencias estatales arbitrarias (arts. 14, 14 bis, 15, 16, 17, 18, 19 y 24 C.N.; sobre la noción del jurado como garantía del imputado, v. TCPBA, SALA VI, c. 71.912 “López, Mauro Gabriel s/ Recurso de queja (Art 433 CPP) interpuesto por Agente Fiscal”, reg. 37 del 04/02/2016). Esta idea es nuestro punto de partida.
El modelo acusatorio de enjuiciamiento es que el mejor se compagina con ese ideario constitucional ya que el acusado no representa, como sucede en el procedimiento de corte inquisitivo, un objeto de persecución, sino un sujeto de derechos colocado en una posición de igualdad con el acusador (cfr. MAIER, DPP, t. I cit., ps.. 447 y 445). En efecto la Constitución Nacional optó por un proceso penal abiertamente acusatorio (CSJN, in re “Casal”, considerando 15°) porque ella establece una tajante separación entre las funciones estatales de acusar y juzgar en los juicios de contenido político (cfr. Entre sí los art 53 y 59, por un lado, y 114 inc. 5° y 115, por el otro), y porque prevé el juicio por jurados para causas criminales (24, 75 inc. 12 y 118), institución -dicho sea de paso- incompatible con un modelo inquisitorial ya que implica un juicio necesariamente oral y público (para su comprensión de acuerdo a la ideología histórico-política de la constitución, cfr. MAIER, DPP t. I cit., p. 777). Pero, además, tal forma de entender el diseño constitucional del procedimiento penal, se ve fortalecida con la reforma operada en el año 1994, a partir de la cual se otorgó jerarquía constitucional a ciertos Instrumentos sobre Derechos Humanos (art. 75, inc. 22, CN), y con ello, la receptación constitucional de ciertos principios de neto corte acusatorio -por lo menos en la etapa de debate; en este sentido, CSJN, in re “Amodio”, considerando 11° del voto concurrente de los ministros Lorenzetti y Zaffaroni- como la oralidad, continuidad, publicidad y contradictorio (arts. 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
A mi modo de ver, resulta evidente que la Constitución supedita la realización del poder penal del Estado al desarrollo de un juicio previo en el cual las funciones de acusar y juzgar se hallan asignadas a distintos órganos estatales: ya dijimos que el diseño de los juicios de contenido político es una muestra cabal de ello, como también que resulta consustancial al juicio por jurados en el cual los ciudadanos, mediante su veredicto, deciden acoger o rechazar una acusación específica. De hecho, la propia Constitución ha instaurado un órgano extra-poder con el cometido de promover la actuación de la justicia (art. 120, CN), persiguiendo y requiriendo la aplicación de la ley penal, y en aras de lograr que el proceso albergue un genuino diálogo, en el que las partes tengan amplia posibilidad de justificar sus pretensiones, percibiéndose a la decisión final como la conclusión que refleja el balance de las razones ofrecidas, de suerte que el juez deba mantener una posición equidistante entre aquellos intereses controvertidos (cfr. NINO, Fundamentos de derecho constitucional, 2002, p. 450).
Por lo demás, la Corte Federal -intérprete final de la CN-, al precisar qué debe entenderse por procedimientos judiciales a los efectos del art. 18 de la Constitución Nacional, ha dicho que esa norma exige observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales (CSJN, Fallos: 125:10; 127:36; 189:34; 308:1557; entre otros), dotando así de contenido constitucional al principio de bilateralidad sobre cuya base, en consecuencia, el legislador está sujeto a reglamentar el proceso criminal (CSJN, Fallos: 234:270).
Entonces, si se afirma un modelo acusatorio formal en el sentido que la función investigativa y persecutoria representa una función pública aunque no atribuida al juzgador (v. ARMENTA DEU, Principio Acusatorio y Derecho Penal, 1995, p. 22), que -por lo menos- la etapa de debate es oral y contradictoria, y si resulta una exigencia constitucional el reconocimiento del principio de bilateralidad, es elemental que “el juez no procede de oficio” (ne procedat iudex ex oficio) y que, por tanto, “allí donde no existe actor no existe juez” (nemo iudex sine actore). Es cierto que Tribunal y Fiscalía son escasamente distinguibles porque ambos representan al Estado en su función de control social, no obstante se diferencian formalme
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