Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 101880
REG: 861
101.880
En la ciudad de La Plata, a los 1 días del mes de Octubre del año dos mil veinte, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, integrada por los doctores Daniel Alfredo Carral y Ricardo Borinsky, a fin de resolver el recurso de casación interpuesto en la causa Nº101.880 seguida a NATALIO ANDRÉS STELLA ; practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: CARRAL–BORINSKY .
El Tribunal en lo Criminal N°1 del departamento judicial Dolores dispuso en la causa N°445 (número interno 7128) condenar a Natalio Andrés Stella a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos de corrupción de menores doblemente agravado por ser cometida por el encargado de la guarda y aprovechando la situación de convivencia preexistente en concurso ideal con abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por ser cometido por el encargado de la guarda y contra un menor de dieciocho años aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo.
Contra dicho resolutorio, interpuso recurso de casación el defensor particular, Carlos Felipe Vannoni, a fs. 48/65 del presente legajo.
Efectuadas las vistas correspondientes, y hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
Primera: ¿Es procedente el remedio intentado?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el señor juez doctor Carral dijo:
I. El recurrente esgrime la inobservancia de los arts. 106, 210, 371 y 373 del CPP, la violación a la garantía del debido proceso consagrada en el art. 18 de la Constitución nacional y al art. 171 de la Constitución provincial.
Sostiene que el Tribunal tampoco respetó la garantía del in dubio pro reo (art. 8.2, CADH; II.1, DHDH; 14.2, PIDCP y 18, Const. nac.).
Estima que el a quo incurrió en una valoración absurda, contradictoria, parcial e incompleta de la prueba, circunstancia que, a su entender, acarrea la invalidez del acto jurisdiccional que cuestiona.
Considera que la recepción del relato del niño J.P. R. se efectuó de manera ilegal, irregular y caprichosa en franca violación a lo dispuesto por el art. 102 bis del CPP y a la normativa internacional vigente. Dice que, además, desoyó la recomendación de la perita psicóloga oficial Sachella quien se pronunció acerca de los inconvenientes de someter al joven a nuevos exámenes e interrogatorios.
Señala que el señor Fiscal, disconforme con el relato brindado por el niño en la Cámara Gesell, lo citó y el 16 de febrero de 2018 volvió a interrogarlo, obteniendo una declaración más acorde a su pretensión persecutoria.
Añade que, en el juicio, el Tribunal recibió nuevamente el relato del joven quien agregó otras conductas a las ya referidas en sus anteriores declaraciones.
Esgrime que el sentenciante, al transcribir las testimoniales que consideró corroborantes de los dichos de J. P., no esgrimió mayor argumentación ni valoración.
Plantea que el Tribunal no valoró las piezas probatorias que contrarrestaron el relato del menor, entre las que menciona: las pericias psicológicas incorporadas por lectura y los testimonios de las licenciadas María Paula Sachella y María Laura Salgueiro; la pericia psiquiátrica-psicológica del médico José María Cabana y de la licenciada Patricia Rodríguez; los testimonios de la médica psiquiátrica Inés Fernández y de la perito psicóloga Eugenia Chiodetti y el testimonio de la tía Guadalupe Vera.
Sostiene que resulta de una gravedad incontrastable que el a quo enumere en el fallo, como elemento cargoso, el relato que J. P. brindó en la Cámara Gesell sin efectuar un análisis respecto a la falta de concordancia con los dichos que el niño prestó ante el fiscal en ausencia de las formalidades exigidas por el art. 102 bis del CPP.
Argumenta que el Tribunal hizo una aplicación errónea de la teoría del testigo único en tanto, en el caso, se carece de una validación psicológica del relato del niño que autorice a sostener que sus dichos fueron examinados rigurosamente de modo de calificarlo de claro, consistente, desprovisto de contradicciones e inducciones, sugestiones o manipulaciones conscientes o inconscientes de los adultos referentes.
Postula que las desprolijidades e irregularidades en las que J. P. fue interrogado en varias oportunidades en contextos forzados e inadecuados, permiten afirmar que su relato no reviste la calidad de lo que en doctrina se llama “testigo único”.
Señala que el descargo de su asistido fue respaldado por los informes psicológicos psiquiátricos oficiales y de parte, por lo declarado por la Dra. Inés Fernández y por la licenciada Eugenia Chiodetti.
Añade que J. P. no presentó un relato abusivo espontáneo, sino que devino de un exhaustivo y reiterativo interrogatorio de su madre. En ese sentido, destaca que la Sra. Rodríguez manifestó que, a partir del mes de marzo de 2015, cada semana o un poco más, encontraba a su hijo con su hermano debajo de las sábanas y le preguntaba si alguien lo tocaba, ante lo cual el niño respondía siempre lo mismo, es decir, que “nadie le enseñaba, que nadie le hacía nada”.
Opina que inevitablemente surge un interrogante: cuáles fueron las circunstancias que cambiaron el 24 de septiembre de 2015 para que J. P. respondiera que lo que le hacía a su hermano, era lo que Stella le hacía. Afirma que se trató de una circunstancia que no fue indagada.
Considera que era de vital importancia escuchar en el juicio a la licenciada Tieri, quien elaboró un informe en el cual llamativamente no se hicieron constar las preguntas realizadas al niño.
Sostiene que resulta evidente la parcialidad con la que se pronunció el Tribunal, ya que no sólo interpretó y valoró de manera sesgada ciertos elementos de prueba, sino que ignoró otros, como el testimonio y el informe pericial de la licenciada Salgueiro y de la licenciada Sachella.
Estima que el material informático de fs. 216/217 no puede erigirse como indicio probatorio unívoco. Por un lado, considera que la computadora incautada no reviste las características de la aludida por J. P. y, por otro, afirma que no puede aseverarse con el grado de certeza que la instancia condenatoria requiere que los registros de descarga se correspondan con pornografía infantil ni que los mismos hayan sido efectuados por su asistido en tanto se trató de un equipo utilizado por varias personas, entre ellas, su hijo adolescente.
Solicita que se absuelva a su defendido.
II. La Sra. Fiscal Adjunta ante este Tribunal, Daniela Bersi, propicia el rechazo del recurso interpuesto.
En primer lugar, destaca que los agravios esgrimidos resultan ser una reedición de lo manifestado en el alegato defensista, los que considera fueron debidamente respondidos por el tribunal de la instancia, sin que el recurrente logre demostrar ilogicidad, absurdo o arbitrariedad en la decisión adoptada.
Señala que la protocolización de la declaración testimonial de un niño o niña en un proceso penal fue puesta a fin de evitar la revictimización y la generación de un ambiente ameno que permita a la víctima transmitir lo vivenciado.
Destaca que la declaración de nulidad requiere previa demostración del perjuicio, para lo cual entiende no basta con oponer meras objeciones formales que no hayan trascendido en la afectación concreta de los intereses tutelados por las prescripciones supuestamente infringidas.
Asimismo, menciona que el sistema probatorio consagrado en el art. 210 del CPP no prevé formas determinadas para acreditar un hecho delictivo.
Por otra parte, estima que no debe perderse de vista que resulta aplicable la Convención sobre los Derechos del Niño.
III. Adelanto que el recurso no puede prosperar.
La Defensa sostiene que la estructura probatoria gira en torno a la declaración del menor víctima cuyo contenido, reclama, carece de una validación tanto psicológica como de otros elementos de prueba.
El Tribunal tuvo por acreditado que “ en el período temporal comprendido entre el año 2013 hasta el 24 de septiembre del año 2015, en el interior de la vivienda sita en calle Coronel Spiro Nº1758 entre calles Arcachon y Loria de la localidad de Valeria del Mar, partido de Pinamar, Natalio Andrés Stella, quien se encontraba al cuidado del menor J. P. R., nacido el día 22 de octubre de 2009, y con el que Stella convivía los fines de semana, como así también realizaba paseos y viajes -ello en virtud de ser el hijo de la hermana de su pareja- y era quien el menor desplegaba toda su confianza al punto de reconocerlo como un padre, con la intención deliberada de desviar los instintos sexuales del menor, promovió la corrupción del mismo al exhibirle videos con imágenes pornográficas, acostándose el sujeto activo junto al mismo, como así también instigó al menor, mediante amenazas, para que el mismo tocara a su hermano, Ramiro Velázquez -también menor de edad- en la zona genital, como así también que le chupe el pito a su hermano y que este último se lo chupe a él, ya que si no lo hacía le rompería todos los juguetes.
Que en el contexto antes descripto, el sujeto activo al que se viene haciendo referencia, en el mismo período de tiempo indicado y en el mismo domicilio en el que se encontraba el menor a su cuidado, abusó sexualmente del niño J. P. R. realizándole tocamientos en su pene y en su cola mientras lo bañaba, con claras intenciones de menoscabar su integridad sexual, como así también obligó al menor -en reiteradas oportunidades- a masturbarlo y a practicarle sexo oral, conductas que realizaba mediante amenazas al menor -expresándole que si no hacía lo que pretendía le rompería todos los juguetes- exhibiéndole también videos de pornografía infantil ”.
Antes de ingresar al análisis de los agravios esgrimidos por el recurrente, estimo pertinente reproducir lo que he dicho en reiterados pronunciamientos, por ejemplo, en la causa 38508 caratulada “Morinigo, Mariano Alejandro s/ Recurso de Casación”, correspondiente a la Sala III de este Tribunal. Se expresó lo siguiente:
”… que la circunstancia de resultar un único testimonio, por sí sola, no es óbice para sustentar en esa base probatoria y en consonancia con otros elementos, tanto la acreditación material del ilícito como la participación que le cupo al sujeto activo.
En este punto, lo que interesa es que el testimonio exhiba una coherencia que no se contradiga con otros elementos de prueba válidamente recogidos y, en especial, que la valoración efectuada por el sentenciante no exhiba un razonamiento falaz o apoyado en apreciaciones puramente subjetivas; extremos estos que no acontecen en el particular.
El valor probatorio que pueda llegar a obtener una evidencia en la actualidad no se encuentra establecido o tabulado por la ley, sino que debe ser determinado en cada caso por el juzgador, quien debe desarrollar en modo razonado y detallado las distintas inferencias lógicas que lo llevan a decidir de tal o cual manera”.
Así, considero que, si bien es cierto que la plataforma probatoria se erige desde el testimonio de la víctima, esta prueba no aparece desligada de los hechos indicadores de carácter periférico que contribuyen a fortalecer la hipótesis de la acusación.
De cualquier modo, insisto en recordar que la circunstancia relativa a que el plexo de prueba de signo acusatorio se estructure sobre la base de un único elemento de la calidad, clasificada mayoritariamente por la doctrina como “prueba directa”, no merma la capacidad de alcanzar el grado de convicción necesario, en tanto el sistema de valoración probatoria que rige en nuestro ordenamiento (arts. 209 y 210, CPP) permite incluso apoyar la estructura de cargo sobre la base de un testimonio único. Esto no significa que la libertad de valoración, lejos de la prueba sujeta a tasa, esté libre de reglas que la rigen, en tanto la sana crítica exige un razonamiento que ofrezca una explicación plausible, coherente, ausente de contradicciones y en línea con los postulados de la ciencia, la psicología y la experiencia general.
Desde este enfoque se ha sostenido que debe seguirse la comprobación de la concurrencia de las siguientes notas o requisitos: 1) ausencia de incredibilidad subjetiva, derivada de las relaciones acusador/acusado que pudieran conducir a la deducción de la existencia de un móvil de resentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento, interés o de cualquier índole que prive a la declaración de la aptitud necesaria para generar certidumbre; 2) verosimilitud, es decir constatación de la concurrencia de corroboraciones periféricas de carácter objetivo; en definitiva es fundamental la constatación objetiva de la existencia del hecho; 3) persistencia en la incriminación: ésta debe ser prolongada en el tiempo, plural, sin ambigüedades ni contradicciones (Cfr. Doctrina del Superior Tribunal Español STS 1029/1997).
A la directa imputación que surge de la declaración testimonial prestada -esencialmente- en el debate por la víctima de autos, se suman una serie de testimoniales que también fueron rendidas por ante el tribunal de la audiencia y sujetas al control de las partes, las que permitieron ir reconstruyendo parcialmente, desde diferentes enfoques, lo acontecido.
Y desde esa perspectiva los dichos de J. P. R. resultaron convincentes para el órgano juzgador que tuvo la posibilidad de evaluarlos en forma directa.
En este punto del análisis, estimo pertinente efectuar ciertas consideraciones que me permiten dar respuesta a los agravios planteados por el recurrente.
Sabido es que el intercambio fruto de la inmediación y de la oralidad confiere al magistrado la libertad de apreciación de la prueba a través de la libre convicción en mérito a lo visto y lo oído en el debate, dando cuenta de la corroboración periférica que refuerzan su fuerza probatoria.
El art. 366 del ritual establece que las actuaciones de la investigación penal preparatoria no pueden ser usadas durante el juicio para fundamentar una condena y, salvo algunas excepciones, prohíbe su incorporación por lectura.
Sobre el punto cabe indicar que, conforme está diseñado el sistema, lo jueces al resolver las cuestiones planteadas en la audiencia prevista por el art. 338 del CPP, determinan que pruebas son viables para ser introducidas al debate y para el caso de que algunas de las partes se disconforme, están previstas las correspondientes vías para canalizar esa queja (art. 338 “in fine” del C.P.P), disconformidades que -huelga aclarar- no surge se hayan efectuado en el caso conforme se desprende de la lectura del acta de debate y de la cuestión primera del veredicto.
En ciertos supuestos, la incorporación por lectura tiene como fundamento la protección de algunos de los derechos que asisten a los testigos, específicamente para resguardar su integridad física y psíquica ante los riesgos que puede causar la exposición durante el proceso. Esto es lo que sucede cuando debe recibirse testimonio a menores de 16 años de edad, víctimas de determinados delitos -previsto en el art. 102 bis del Código Penal- para evitar la necesidad de repetición de la declaración del menor en forma personal. Entonces si bien se trata de una norma que pretende establecer una medida tendiente a proteger los derechos de los NNA en atención a su condición de vulnerabilidad, no impide que se les reciba declaración por las vías tradicionales, como ocurrió en el caso. Es la propia redacción de la norma la que faculta al Fiscal, Juez o Tribunal a solicitar la intervención de un perito psicólogo o profesional para efectuar el interrogatorio mediante el procedimiento de la Cámara Gesell. Si dichos resguardos no resultan necesarios en el caso concreto, la declaración del menor, recibida por fuera de ese marco protectorio, no implica violación a norma legal alguna ni irregularidad.
El inciso 4 del art. 366 prevé un supuesto diferente en tanto admite que puedan utilizarse ciertas pruebas de la investigación para verificar los testimonios rendido en el debate. Es decir, se trata de una herramienta de litigación en el sentido en que permite utilizar esas pruebas, no como una forma de incorporarlas integralmente por lectura a la prueba disponible para su valoración , sino para confrontar las contradicciones u omisiones aludidas por el testigo en la audiencia, teniendo en cuenta que, tal como lo fija la norma en trato, la versión oral no puede suplir la documentada.
En consecuencia, y más allá de la valoración que hizo el tribunal de la instancia de la prueba vertida en la investigación y sobre cuya incorporación la parte que ahora reclama no efectuó protesta alguna, las exigencias constitucionales de oralidad, publicidad e inmediatez del debate no resultaron violentadas en el presente, sino que el imputado y su defensa han visto garantizados sus derechos al contar con la posibilidad de contrainterrogar a los testigos.
En síntesis, no se advierten cuáles fueron los perjuicios ocasionados a la defensa, en tanto, al prestar testimonio en el juicio, el relato del joven fue sometido al control de las partes y ésta ha sido la pieza sustancial en torno a la cual los magistrados de la instancia fundaron su razonamiento
Veamos. J. P. R. relató, durante la audiencia de debate, los abusos sexuales de los que fue víctima. Fue preciso al señalar que Natalio le tocaba su cuerpo, “ el pene y el culo ”. Añadió que “ eso ” pasó varias veces y que tenía cuatro o cinco años, época en la que iba al jardín. Dijo que Natalio le “ ponía películas chanchas ” y que una vez “ se metió al baño con él y hacía como que le lavaba las partes íntimas pero se las tocaba ”. Aclaró que se lo contó a su mamá “ porque le dolía el pito ” debido a que Natalio se lo había tocado. Refirió que a Natalio le tocaba el pene con la mano y con la boca porque lo obligaba, y que con la boca pasó una sola vez. También el joven dijo que, alguna vez, le hizo lo mismo a su hermano, tocándole las partes íntimas y haciendo que se las tocara. Expresó que Natalio lo amenazaba con romper sus juguetes. Explicó que la computadora era una notebook chiquita, de color negro, que sólo la utilizaba Natalio y estaba guardada en un cajón de la mesa de luz al lado de la cama.
Al valorar las manifestaciones del joven, el Tribunal de la instancia consideró que contenían una clara y categórica imputación al acusado. Entendió que sus dichos aportaron datos que resultaban contundentes y que, unidos a los restantes elementos de prueba, alcanzaban para tener por acreditada la autoría de Stella. Destacó que el joven se expresó de manera clara y concisa al ser interrogado sobre diversas circunstancias de su vida como también convincente al momento de responder puntualmente el interrogatorio dirigido a obtener su versión de los hechos. Ante las preguntas de las partes, el juzgador advirtió un relato sincero, verosímil y creíble. En ese sentido, los jueces expusieron que: “ En su declaración J. P. R. fue categórico, su testimonio ha sido lo suficientemente claro en punto a los hechos acaecidos, y se ha explayado con precisión, teniendo en consideración sus características personales, en todos los aspectos vinculados con las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Lo cierto es que se mantuvo firme en sus dichos brindando referencias temporales, espaciales y de modo suficientes como para permitir recrear los eventos, y además, formuló una imputación directa dirigida hacia Natalio Andrés Stella, la que viene sosteniendo de manera conteste en las distintas oportunidades en que se pudo expresar ”.
Tampoco puedo acompañar al recurrente cuando esgrime que J. P. fue interrogado en contextos forzados e inadecuados que restaron espontaneidad a su relato.
La progenitora del menor, María de Los Ángeles Rodríguez, refirió en el juicio que comenzó a observar que su hijo J. P le hacía cosas raras a su hermanito. Dijo que le preguntó a J. P. por qué lo
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