Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II · Causa 102042
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por el Defensor Oficial doctor Andrés López en favor de Ihara Mariana Ibarra, en el marco de la causa 3859 (IPP 15-01-5861-18) del registro del Tribunal en lo Criminal nro. 6 del Departamento Judicial San Martín, con integración unipersonal y en el marco de un juicio abreviado.
II. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto, declarar erróneamente aplicados los 1, 12 y 13 de la ley 26.743 y 106 y concordantes del CPP y REENVIAR los autos a la instancia de origen a fin de que el a quo , tal como se hizo respecto al fallo de fs. 283/288, rectifique los actos procesales cumplidos en la presente causa en los que se hubiera incurrido en la inobservancia de la ley 26.743, conforme los lineamientos expuestos en la presente. Sin costas en esta instancia.
III. Proceder a la corrección del nombre de la caratula del presente legajo tanto en soporte papel como en los registros informáticos.
Artículos 1, 16 y 18 C.N; 1, 12 y 13 de la ley 26.743; 51, 52 y 69 último párrafo del CCCN y 106, 421, 448 inc. 1º, 450, 451, 454 inc. 1º, 464 inc. 2º, 530, 531 y concordantes del C.P.P.
NÚMERO ÚNICO PP 15-01-5861-18
C. 102.042.
En la ciudad de La Plata, sede del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Jueces integrantes de la Sala Segunda, doctor Fernando Luis María Mancini y doctora María Florencia Budiño, para resolver en la presente causa N ° 102.042, para resolver el Recurso de Casación interpuesto en favor de IBARRA IHARA MARIANA. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debe observarse el orden BUDIÑO – MANCINI.
El Tribunal en lo Criminal nro. 6 del Departamento Judicial San Martín, con integración unipersonal y en el marco de un juicio abreviado, en la causa 3859 de ese registro (IPP 15-01-5861-18), en lo que aquí interesa condenó a Ihara Mariana Ibarra a la pena de cinco años de prisión, accesorias legales y costas como coautora penalmente responsable del delito de lesiones graves en concurso real con hurto calamitoso (fs. 8/14).
Contra dicha medida el Defensor Oficial doctor Andrés López interpuso recurso de aclaratoria, solicitando la rectificación de la sentencia a los fines consignar el nombre de la imputada como Ihara Mariana Ibarra Pinedo y su correcto nombre de D.N.I conforme su género autopercibido, como también solicitando se rectifiquen todos los actos procesales a efectos de que en los mismos se haga referencia a la causante utilizado el género femenino autopercibido (fs. 17/18).
Ante ello, el Tribunal en los términos del art. 109 del C.P.P, ordenó rectificar la sentencia en cuanto al nombre de pila que utiliza la condena resulta ser Ihara Mariana Ibarra, dejándose constancia en los términos del art. 12 segunda parte de la Ley 26.743 que en su Documento Nacional de Identidad figura como M.O. Ibarra bajo el Nro. 29.529.263 nacida el día 30 de octubre de 1981 (fs. 19).
Ante ello, el Defensor interpuso nuevo recurso de aclaratoria y reserva de casación en subsidio, por cuanto no se había dado respuesta a la requisitoria que se rectificara “todos los actos procesales de las presentes actuaciones en donde se haya consignado incorrectamente el nombre que figura en el D.N.I de mi asistida y se proceda a consignar el de Ihara Mariana Ibarra Pineda. De la misma manera, solicito que se rectifiquen todos los actos procesales a efectos de que en los mismos se haga referencia la causante utilizando el género femenino autopercibido” (fs. 20) .
El Tribunal por despacho resolvió que el planteo “ debió realizarse ante los Órganos que intervinieron en los actos procesales, y en la oportunidad correspondiente conforme Art. 109 del CPP, resultando entonces extemporáneo” (fs. 21) .
En tal contexto, el Defensor oficial doctor Andrés López interpuso recurso de casación (fs. 28/33).
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, el Tribunal decidió plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Es procedente?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la doctora Budiño , dijo:
El recurso satisface los requisitos regulados, en lo pertinente, por los artículos 451 y concordantes del C.P.P, a la vez que el impugnante se encuentra legitimado para recurrir, y enmarcándose la sentencia objeto del recurso dentro de las resoluciones que el Código de rito establece como susceptibles de ser impugnadas por esta vía, debe entonces admitirse el presente recurso de casación. (Arts. 421, 448 inc. 1º, 450, 451, 454 inc. 1º, 464 inc. 2º y concordantes del C.P.P.).
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, la doctora Budiño , dijo:
I. El Defensor reseñó los antecedentes de la causa, destacando que al momento de recepcionarse a su defendida declaración en los términos del art. 308 del C.P.P, se consignó el nombre de su asistida como Mariano Oscar Ibarra, oportunidad en la que ella refirió que su apodo era Mariana y que tenía el cambio de nombre en trámite, siendo claro que desde el inicio se autopercibía e identificaba con el género femenino.
Que al suscribirse el acuerdo abreviado, la fiscalía y la defensa se respetaron su identidad como Ihara Mariana Ibarra.
Al dictar sentencia, el a quo consignó erróneamente su nombre como Mariano Oscar Ibarra, lo que motivó la presentación de recurso de aclaratoria para que se rectifique el nombre de sus asistida en la sentencia y “se proceda también a rectificar todos los actos procesales de las presentes actuaciones en donde se haya consignado incorrectamente el nombre que figura en el D.N.I de mi asistida y se proceda a consignar el de Ihara Mariana Ibarra Pineda. De la misma manera, solicitó que se rectifiquen todos los actos procesales a efectos de que en los mismos se haga referencia a la causante utilizando el género femenino autopercibido”.
El Defensor reseño el contenido de la rectificatoria del Tribunal, el nuevo recurso de aclaratoria y reserva de casación en subdivido y lo resuelto del Tribunal, todo ello conforme fuera sintetizado en los antecedentes de la causa.
Puntualmente, el Defensor denunció la trasgresión del art. 16 C.N, la violación al derecho a la igualdad, a la identidad de género, a no ser discriminada y la inobservancia de los arts. 12 y 13 de la ley 26.743; 1 de la ley 23.592; 1738 del Código Civil y Comercial de la Nación; 1.1 C.A.D.H y 106 del C.P.P.
Se agravió de que la sentencia hace referencia a la imputada con el género masculino, lo que fue enmendado parcialmente por la primigenia rectificatoria del Tribunal, pero no se pronunció en cuanto a la petición de que se rectifiquen todos los actos procesales en donde se haya consignado incorrectamente el nombre de sus asistida y donde se hace referencia a su persona en género masculino.
En cuanto a la respuesta del Tribunal que dicho pedido era extemporáneo y debió hacerse ante los diferentes órganos que los confeccionaron, se agravió señalando que encontrándose radicada la causa en el Tribunal Oral era fácil deducir que era el órgano con competencia para rectificar los errores u omisiones materiales cometidos durante el proceso a fin de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por la ley 26.743, pues lo contrario implicaría menoscabar el derecho a la efectiva entidad de género y violar derechos que han sido reconocido por instrumentos internacionales, considerando que se había transgredido lo normado por los arts. 12 y 13 de la citada ley 26.743.
Se agravió del rechazo del Tribunal a rectificar los antecedentes de la causa por interponer una cuestión meramente procesal a un derecho humano, violándose el art. 106 del C.P.P por resultar un exceso ritual manifestó.
Aclaró que no se pretendía retrotraer las etapas del proceso ya cumplidas, sino que únicamente se pedía que se rectificara el nombre y el género de su defendida para proteger el derecho a la identidad, su derecho a no ser discriminada, la igualdad ante la ley y al derecho de ser tratada conforme su género autopercibido.
Se agravió de que las resoluciones atacadas por resultar violatorias del art. 12 de la ley 26.743 que establece que “Deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas , en especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados.” (el resaltado es del Defensor).
Explicó que siendo la causa penal un legajo labrado en el ámbito público, debían rectificarse todos los actos procesales en que se hubieren consignado erróneamente el nombre de su asistida, destacando que la ley permite incluso rectificar la partida de nacimiento de las personas, por lo cual no habría ningún inconveniente en rectificar el acto administrativo judicial que “menoscaba la integridad psíquica de mi asistida y desprestigia la función judicial en caso de desconocerlo”.
Destacó que la ley citada lleva siete años de vigencia y que la consecuencias de la infracción son graves, puesto que lesionaban la dignidad personal y producían un desmedro en la calidad del servicio de justicia, como también violatoria de la ley 23.592, dictada contra los actos discriminatorios, en cuanto establece en su art. 1 que “ Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados”.
Explicó que la petición de esa parte buscaba el cese de un acto discriminatorio contra su asistida, a la cual se nombraba en la causa en género masculino y con un nombre que ella no percibía como el propio.
Por todo ello, solicitó se case la sentencia y sus aclaratorias, se haga lugar a lo solicitado y se ordene “rectificar todos los actos procesales de las presentes actuaciones en donde se haya consignado incorrectamente el nombre que figura en el D.N.I de mi asistida y se proceda a consignar el de Ihara Mariana Ibarra Pineda; como así también se rectifiquen todos los actos procesales a efectos de que en los mismos se haga referencia a la causante utilizando el género femenino autopercibido”.
Finalmente hizo reserva de caso federal.
II. A fojas 42, la Defensora Oficial Adjunta ante esta instancia, doctora Ana Julia Biasotti, mantuvo el recurso, remitiéndose íntegramente a lo expresado en el escrito recursivo.
III. A fojas 43/44 obra la presentación del Fiscal Adjunto ante esta instancia revisora, doctor Jorge Armando Roldán, quien sostuvo que si bien el recurso desde un punto de vista exclusivamente formal era admisible, desde el punto de vista material al no existir un motivo de agravio válido para interponer en esta sede casatoria, puesto que la queja no versaba acerca de la “ Inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal o de la doctrina jurisprudencial” conforme la manda del art. 448 del C.P.P.
Consideró que la Defensa debía canalizar su petición mediante aclaratorias o rectificatoria ante cada uno de los órganos que emitieron las disposiciones o “en todo caso cuenta con las vías legales correspondientes que debe presentar ante las autoridades competentes, ya sean administrativas o judicial” .
Finalmente, refirió que ello era sin “ Perjuicio de coincidir con la defensa en cuanto a que debe respetarse en todo ámbito, ya ser privado o público, el nombre y la identidad que la persona elija de acuerdo a su autopercepción de género, tal como lo reconoce el art. 12 de la ley nacional Nº 26.743 sobre identidad de género, en consonancia con las normas de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (arts. 75 inc. 22 C.N) u la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ('Convención de Belém do Para')."
IV. A mi modo de ver corresponde acoger favorablemente el planteo defensista.
Como surge de la reseña de antecedentes, el a quo ha hecho lugar a la rectificación de su fallo obrante a fs. 283/288 en cuanto al nombre de pila que utiliza la imputada, sin embargo, respecto al planteo de la defensa para que esa rectificación se haga extensiva a todos los actos procesales en los que se había consignado indebidamente el nombre de su asistida como figura en su DNI, el a quo consideró que esa petición “…debió realizarse ante los órganos procesales y en la oportunidad correspondiente conforme Art. 109 del CPP; resultando entonces extemporáneo…”.
No comparto esta última consideración.
En los actos procesales cuya rectificación pretende la defensa, no se ha incurrido en un “error u omisión material” en los términos del art. 109 del CPP, sino que en cada uno de esos actos han sido claras inobservancias de la ley sustantiva que se tradujeron en una evidente afectación al derecho a la identidad de género, de conformidad con lo normado por el Art 1 inc a) y c) 13 de la ley 26743 que a su vez genera un menoscabo a la dignidad de la persona (Arts 51, 52 y 69 último párrafo del CCCN).
Al respecto, señalan el doctor Rivera y la doctora Medina en su comentario al art. 51 del CCCN, que "El derecho supranacional de derechos humanos constitucionalizado (art. 75 inc. 22 CN), establece las bases fundacionales del régimen de los derechos personalísimos, en tanto la dignidad personal como su emanaciones (intimidad, imagen, identidad , honor y derechos sobre el propio cuerpo) son reconocidos de manera explícita en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en otros instrumentos supranacionales. La incorporación de esa regulación integral y sistemática es una manifestación del proceso de constitucionalización del derecho privado. Con ella se satisface una antigua aspiración de la doctrina nacional manifestada en diversas jornadas y congresos, así como en múltiples trabajos sobre la materia" (Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Tomo 1, La Ley, 2014, pág. 201) (el resaltado me pertenece).
En efecto, la imputada expuso claramente desde su primera intervención personal en la causa (art. 308 del CPP) cuál era su identidad de género adoptada y el nombre de pila con el que se identificaba en función de ello. Pese a eso, distintos órganos Estatales insistieron en identificarla por un nombre distinto, que no respetaba esa identidad de género en franca violación a lo dispuesto por la ley 26.743.
Es obligación del Estado por medio de sus distintas instituciones brindar un trato digno a las personas asegurando –en lo que aquí interesa- el efectivo respeto a su derecho a ser tratadas de acuerdo al género adoptado, conforme las previsiones consagradas en la ley de Identidad de Género n° 26.743; por lo que no resulta razonable ante el incumplimiento de esa obligación Estatal, poner en cabeza de la persona humana soportar la pesada carga de solicitar su cumplimiento a cada una de las instituciones que desconocieron ese derecho , siendo que su voluntad era clara desde un principio y peticionó el cumplimiento de tal norma ante el órgano jurisdicción encargado de resolver su situación procesal mediante una sentencia definitiva.
La norma también establece que cuando la naturaleza de la gestión haga necesario registrar los datos obrantes en el documento nacional de identidad, se utilizará un sistema que combine las iniciales del nombre, el apellido completo, el día y el año de nacimiento y el número de documento, y se agregará el nombre de pila elegido por razones de identidad de género a solicitud del interesado.
Ello no se cumplió en este caso y lo que reclama la defensa es la subsanación de esa inobservancia de la ley sustantiva y, en esos términos, le asiste razón y su reclamo debe ser atendido.
En consecuencia, propongo al acuerdo que se haga lugar al recurso y se reenvíe la presente a la instancia de origen a fin de que, tal como lo se hizo respecto al fallo de fs. 283/288, se rectifiquen los actos procesales cumplidos en la presente causa en los que se hubiera incurrido en la inobservancia de la ley 26.743, conforme los lineamientos expuestos en la presente.
Por último y en atención a los mismos motivos, corresponde se proceda a la corrección del nombre de la caratula del presente Legajo tanto en soporte papel como en los registros informáticos.
Sin costas en la instancia.
Rigen los artículos 1, 16 y 18 C.N; 1, 12 y 13 de la ley 26.743; 51, 52 y 69 último párrafo del CCCN y 106, 421, 448 inc. 1º, 450, 451, 454 inc. 1º, 464 inc. 2º, 530, 531 y concordantes del C.P.P.
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, la Sala II del Tribunal de Casación Penal
I. DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por el Defensor Oficial doctor Andrés López en favor de Ihara Mariana Ibarra, en el marco de la causa 3859 (IPP 15-01-5861-18) del registro del Tribunal en lo Criminal nro. 6 del Departamento Judicial San Martín, con integración unipersonal y en el marco de un juicio abreviado.
II. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto, declarar erróneamente aplicados los 1, 12 y 13 de la ley 26.743 y 106 y concordantes del CPP y REENVIAR los autos a la instancia de origen a fin de que el a quo , tal como se hizo respecto al fallo de fs. 283/288, rectifique los actos procesales cumplidos en la presente causa en los que se hubiera incurrido en la inobservancia de la ley 26.743, conforme los lineamientos expuestos en la presente. Sin costas en esta instancia.
III. Proceder a la corrección del nombre de la caratula del presente legajo tanto en soporte papel como en los registros informáticos.
Artículos 1, 16 y 18 C.N; 1, 12 y 13 de la ley 26.743; 51, 52 y 69 último párrafo del CCCN y 106, 421, 448 inc. 1º, 450, 451, 454 inc. 1º, 464 inc. 2º, 530, 531 y concordantes del C.P.P.
NÚMERO ÚNICO PP 15-01-5861-18
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 29/12/2020 13:37:11 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/12/2020 13:47:49 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/12/2020 13:49:59 - SANTILLÁN ITURRES Gonzalo Rafael - SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Fin de la sentencia