Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 104444
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 104444 caratulada “MASI JUAN PABLO S/ RECURSO DE CASACIÓN”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL – MAIDANA.
I. La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, mediante el pronunciamiento dictado el 18 de febrero de 2020 (causa n.º 31630 de su registro), resolvió no hacer lugar a la recusación promovida por la defensa de Juan Pablo Masi, de la señora jueza a cargo del Juzgado de Garantías Nº 5 departamental, en la IPP nº 06-00-015271-19/00 (fs. 19/23 de este legajo).
II. La defensa interpuso recurso de casación contra el pronunciamiento aludido (fs. 33/44), por entender que resulta arbitrario y afecta garantías constitucionales.
En esa dirección, señala que de acuerdo a los términos del fallo de la Cámara de Apelación, la existencia de las circunstancias en las que se apoyó el planteo de recusación no fue puesta en duda, y sin embargo el Tribunal de Alzada consideró que no dejaban de ser “ condicionamientos superables en la esfera subjetiva de la juzgadora ”, apreciación que el impugnante considera distante de la sana crítica y contraria a la doctrina imperante en la materia, citando jurisprudencia en sostén de su posición.
Como segundo punto de agravio, centra su reclamo en uno de los motivos invocados como fundamento del pedido de apartamiento de la jueza, esto es, la “ relación entre pares ” que se da en el caso entre el acusado y la magistrada.
Critica el criterio de la Cámara de Apelación, que entendió que aquella circunstancia “ por sí sola, no puede erigirse como condicionante de la imparcialidad ”, invocando diversos precedentes jurisdiccionales en los que se habría aplicado el criterio contrario, uno de ellos del mismo departamento judicial.
Como tercer motivo de agravio, cuestiona los fundamentos por los cuales el Tribunal de Alzada descartó la segunda circunstancia invocada para el apartamiento de la señora jueza, esto es, su intervención anterior en uno de los procesos identificados por la fiscalía como parte de la conducta infracconaria atribuida al acusado.
Hace reserva de caso federal.
III. Con la adjudicación por sorteo de los recursos en la Sala, se notificó a las partes (fs. 51/53).
El Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, por lo que se plantean y votan las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso deducido por la defensa?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión, el señor juez, doctor Carral dijo:
I. De los antecedentes reseñados se desprende que la defensa del acusado solicitó el apartamiento de la señora jueza de garantías interviniente en el legajo.
Su pedido se apoya en la garantía del juez imparcial como parte del derecho al debido proceso y defensa en juicio (conf. arts. 18 y 75 inc. 22, Const. Nac.; 26, DADDH.; 14.1, PIDCP.; 8.1, CADH.; 10, DUDH.).
La trascendencia de la garantía invocada ha sido destacada en diversos precedentes del Máximo Tribunal de la Nación. Interesa destacar aquí el siguiente: “(…) 9°) Que la garantía de imparcialidad del juez es uno de los pilares en que se apoya nuestro sistema de enjuiciamiento , ya que es una manifestación directa del principio acusatorio y de las garantías de defensa en juicio y debido proceso, en su vinculación con las pautas de organización judicial del Estado ” (Fallos 328:1491, “Llerena”; también, 329:3034 “Dieser”).
La relevancia institucional de la garantía también ha sido enunciada en el “Proyecto de Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Procedimiento en Material Penal”, denominado “Reglas de Mallorca”, que en su regla cuarta establece: “ 1) El enjuiciamiento y fallo, en material penal, estarán siempre a cargo de jueces independientes sometidos únicamente a la Ley. 2) Los Tribunales deberán ser imparciales. Las legislaciones nacionales establecerán las causas de abstención y recusación. Especialmente, no podrán formar parte del Tribunal quien haya intervenido anteriormente, de cualquier modo, o en otra función o en otra instancia en la misma causa. Tampoco quienes hayan participado en una decisión después anulada por un Tribunal Superior …”.
Y en cuanto al alcance del art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece la obligación de proveer de tribunales imparciales, la CIDH ha dicho: “[…] Si la imparcialidad personal de un tribunal o juez se presume hasta prueba en contrario, la apreciación objetiva consiste en determinar si independientemente de la conducta personal del juez, ciertos hechos que pueden ser verificados autorizan a sospechar sobre su imparcialidad " (conf. Informe 78/02, caso 11.335, Guy Malary vs. Haití, 27/12/02)”.
En el mismo sentido ha sido interpretada la garantía por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “ señalándose que en materia de imparcialidad judicial lo decisivo es establecer si, desde el punto de vista de las circunstancias externas (objetivas), existen elementos que autoricen a abrigar dudas con relación a la imparcialidad con que debe desempeñarse el juez, con prescindencia de qué es lo que pensaba en su fuero interno, siguiendo el adagio justice must not only be done: it must also be seen to be done (conf. casos "Delcourt vs. Bélgica", 17/1/1970, serie A, n1 11 párr. 31; 'De Cubber vs. Bélgica', 26/10/1984, serie A, n1 86, párr. 24; del considerando 27) in re 'Quiroga, Edgardo Oscar s/ causa N1 4302', resuelta el 23 de diciembre de 2004) ” (conf. Fallos 329:3034, “Dieser”, dictamen del Procurador General de la Nación).
II. Establecida la trascendencia y el alcance de la garantía que fundamenta el planteo del recurrente, corresponde ingresar en el análisis de las circunstancias que invocó para solicitar el apartamiento de la señora jueza de garantías.
Las constancias del legajo, fundamentalmente el pronunciamiento de la Cámara de Apelación y Garantías departamental (fs. 21/vta.), y el recurso en trato (fs. 40 y 43 vta.), permiten apreciar que han sido dos los motivos invocados: 1) la “ relación entre pares ”; y 2) la intervención anterior de la magistrada en uno de los procesos mencionados en la materialidad infraccionaria atribuida al acusado.
Respecto del primero, la defensa planteó que si bien descartaba tanto la existencia de “amistad íntima” como de “enemistad manifiesta” entre el acusado y la jueza, sí existe “ un inevitable posicionamiento por parte de la jueza garante, colega del aquí encartado, derivado del trato como pares que se han dispensado durante más de 10 años en este Fuero Penal. Es que (continúa el recusante), con independencia de la impronta de ese pre-concepto (que puede ser positivo o negativo, más nunca neutral), la jueza de la causa tiene formada una opinión de la cual difícilmente pueda abstraerse o bien, superarse como obstáculo o condicionamiento intelectual en la formación del proceso de conocimiento del hecho (consciente o inconscientemente), para fallar con la ecuanimidad y neutralidad que demanda la imparcialidad como garantía constitucional ”.
El planteo en este punto no resulta atendible, pues se apoya en una presunción que no se encuentra objetivamente justificada.
En esa dirección, interesa recordar que no es suficiente que “(…) las dudas o sospechas sobre la imparcialidad del juez surjan de la mente de quien la alega, sino que es preciso determinar si las mismas alcanzan una consistencia tal que permita apreciar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas, y en ese proceso corresponde analizar las circunstancias de cada caso concreto …” (conf. CSJN, G. 671. XLIII. RECURSO DE HECHO González, Leonardo Javier s/ homicidio causa 103/04; rta: 16/2/2010).
En el supuesto aquí analizado, el conocimiento entre el acusado y la magistrada, producto del desempeño de la función jurisdiccional por parte de ambos en el mismo departamento jurisdiccional, sin ningún otro aditamento alegado, no aparece como un motivo lo suficientemente consistente como para poner en duda la imparcialidad de la señora jueza.
En tal sentido, se comparte el criterio de la Cámara en cuanto consideró que la sola denuncia de “temor de parcialidad” es insuficiente para apartar a la jueza de la causa, cuando está desprovista de datos objetivos que abastezcan el estándar previsto en el art. 47 inc. 13 del ordenamiento adjetivo, aun cuando se interprete la norma en clave constitucional y como garantía del justiciable (fs. 21/22).
Tampoco resulta atendible el argumento del impugnante, que señala la contradicción que existiría entre el criterio sostenido por la magistrada recusada en este legajo (denegando el pedido de apartamiento), y el que sostuvo en otros pronunciamientos vinculados con la temática en trato.
Esto es así pues ni la “relación entre pares” ni los pronunciamientos invocados, fueron mencionados en el escrito de recusación presentado ante la jueza de garantías (ver fs. 1/4), con lo cual no está justificada la “sorpresa” que expresó el imputado sobre esta cuestión (ver fs. 19vta.), ni tampoco se advierte una contradicción que amerite una respuesta diferente a la que dio el Tribunal de Alzada.
III. Distinta es la situación que se presenta con el segundo de los motivos invocados por la defensa, relacionado con una intervención anterior de la magistrada, que consistió en dictar un pronunciamiento en un legajo mencionado como parte integrante de la materialidad infraccionaria atribuida al acusado.
A efectos de una mayor comprensión del planteo, se han compulsado las actuaciones principales de la causa en la que se planteó la recusación bajo análisis.
De allí surge que la señora fiscal interviniente describió los hechos atribuidos a Juan Pablo Masi (dictamen de fs. 177/182), que calificó como constitutivos del delito de prevaricato (art. 269, párr. primero, Cód. Penal), y que pueden resumirse de la siguiente manera.
El 6 de abril de 2009 se inició la IPP 06-00-010899-9 con intervención del Juzgado de Garantías Nº 5 a cargo de la señora jueza doctora Garmendia, en la que se encontraban imputados Luis Alberto Peluso, su esposa e hija, Carmen Adelardi de Peluso y Belén Peluso, por los delitos de enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública (arts. 265 y 268, Cód. Penal).
El 5 de junio de 2009 se inició otra causa vinculada con la anterior por razones de conexidad objetiva y subjetiva, en tanto se encontraban imputados Luis Alberto Peluso y el ex Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función.
Esta causa iniciada ante la Justicia de Instrucción de la Capital Federal, fue remitida por razones de competencia territorial al departamento judicial de La Plata, recayendo en el Juzgado de Garantías Nº 4 a cargo del señor juez doctor Juan Pablo Masi (IPP. 06-00-023211-09).
En ese expediente, el doctor Masi resolvió en fecha 17 de julio de 2009, ampliar el encuadre legal de los hechos denunciados, incluyendo el delito de asociación ilícita de la que formaría parte Luis Alberto Peluso (art. 210 del Código Penal).
Posteriormente, el 3 de septiembre de 2009, el señor juez doctor Masi se pronunció sobre su competencia para intervenir en la causa, oportunidad en la que entendió que existían razones que imponían que el legajo IPP. 06-00-023211-09 tramitara en forma conjunta con la IPP 06-00-010899-9 del Juzgado Nº 5 a cargo de la doctora Garmendia.
Luego, consideró que aun cuando la causa del Juzgado Nº 5 se había iniciado con anterioridad, correspondía la intervención del Juzgado a su cargo, porque allí se encontraba radicada la denuncia por el hecho de mayor gravedad (asociación ilícita), y porque los sucesos denunciados se habrían cometido con anterioridad.
Por tales motivos, aceptó la declinatoria de competencia de la Justicia de Instrucción en la IPP n.º 06-00-023211-09, y solicitó a la señora jueza del Juzgado de Garantías Nº 5 que se inhiba de seguir interviniendo en la IPP nº 06-00-010899-09, remitiéndola a su tribunal para la acumulación de ambos procesos, pedido que fue aceptado por la magistrada.
Finalmente, el 16 de septiembre de 2009, el señor juez doctor Masi dictó el pronunciamiento por medio del cual dispuso: “(…) SOBRESEEER TOTALMENTE la presente I.P.P. nro. 06-00-023211-09, Carpeta de Causa Nro. 6781 y su acumulada nro. 06-00-010899-09, de trámite por ante este Juzgado por los fundamentos antes expuestos (…), seguida a LUIS ALBERTO PELUSO, por el delito de enriquecimiento ilícito en los términos de los arts. 268 (2) y (3) y 45 del Código Penal, a CARMEN LILIANA ABELARDI DE PELUSSO y BELEN PELUSSO en los términos del art. 268 (3) y 45 del Código Penal y a DANIEL OSVALDO SCIOLI en los términos del art. 248 del Código Penal ”.
En el dictamen de la fiscalía al que se viene haciendo mención, la representante del Ministerio Público Fiscal identificó diversas irregularidades que a su juicio surgirían del pronunciamiento dictado por el juez Masi, las que identificó de la siguiente manera:
“(…) Luego de ello, y con fecha 16 de septiembre de 2009, volviendo sobre sus pasos – en abierta contradicción a lo sostenido en la resolución de fecha 17/9/09- en cuanto a las complejas investigaciones que debían realizarse dado el postulado encuadre de asociación ilícita, con una velocidad inusitada – a tan sólo trece días de haber formulado tales afirmaciones- y sin haber girado ambas IPPs a la Unidad Funcional de Instrucción interviniente para que se lleven adelante las diligencias de investigación correspondientes, omitiendo pronunciarse tanto por la originaria imputación contra Luis Alberto Peluso, su esposa e hija por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública como por la de asociación ilícita introducida por él mismo, y sin siquiera hacer mención a la ampliación de denuncia que Enrique A. Piragini presentara en fecha 28 de julio de 2009 (…), es que el Magistrado en cuestión resolvió, sin más, SOBRESEER TOTALMENTE ….”.
Las referencias al trámite de las causas que constituyen el objeto de investigación, y la parcial transcripción del dictamen fiscal, no abarcan la totalidad de la materialidad infraccionaria descripta por la representante del Ministerio Público Fiscal, pero sí permiten apreciar cuál es la relación que existe entre los hechos atribuido en este legajo a Juan Pablo Masi, y el pronunciamiento anterior de la señora jueza doctora Garmendia dictado en la IPP nº 06-00-010899-09 que tramitó por ante el tribunal a su cargo.
En pocas palabras, el señor juez Masi le solicitó a la magistrada que se inhiba de intervenir en la causa que tramitaba por ante su tribunal (resolución del 3 de septiembre de 2009), pedido que la señora jueza Garmendia aceptó, para luego dictar el sobreseimiento total de los imputados por los hechos denunciados en ambos legajos (resolución del 16 de septiembre de 2009).
IV. Establecido cuál fue el alcance del pronunciamiento anterior de la magistrada, que la defensa invocó como uno de los fundamentos de su pedido de apartamiento, se advierte que en este caso su pretensión se apoya en un dato objetivo relevante, pues está vinculado con el conocimiento y la intervención que le cupo a la señora jueza sobre los hechos que ahora constituyen materia de investigación en este legajo.
En ese orden de ideas, debe dejarse en claro que la actuación de la magistrada no merece crítica alguna, en tanto se ciñó estrictamente a resolver una cuestión de competencia en el marco de las reglas del ordenamiento procesal.
No obstante, la garantía de imparcialidad enfocada desde un punto de vista objetivo, ampara al acusado “ cuando éste pueda temer la parcialidad del juez por hechos objetivos del procedimiento, sin cuestionar la personalidad, la honorabilidad, ni la labor particular del magistrado que se trate ” (Fallos 328:1491, consid. 10).
En ese marco de análisis, el conocimiento que adquirió la señora jueza de garantías de los hechos sobre los que ahora corresponde determinar si constituyeron un delito, ha sido razonablemente invocado por el acusado como generador de sospechas acerca de la imparcialidad de la magistrada.
Cierto es que la situación que se presenta en este legajo no es igual a las examinadas en los precedentes más relevantes del Máximo Tribunal (Fallos 328: 1491; 329:3034 y 329:909), en los que se analizó la garantía de imparcialidad en los casos en que un mismo juez interviene en la instrucción del proceso y en la etapa del juicio.
Sin embargo, entiendo que esa diferencia no constituye un obstáculo para la procedencia del planteo de la defensa, pues en los términos en los que ha sido interpretada la garantía constitucional en juego, no se exige demostrar que la jueza ha sido parcial, sino que alcanza con que haya una “duda razonable” respecto del desempeño parcial del juzgador (“ Llerena”, consid. 13).
En el caso, el temor de parcialidad alegado por la defensa del acusado se encuentra justificado en un hecho objetivo debidamente constatado, esto es, el conocimiento e intervención anterior de la magistrada vinculado a uno de los aspectos relevantes señalados por la fiscalía en la materialidad infraccionaria descripta.
V. En orden a las consideraciones expuestas, propongo al acuerdo: HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la defensa; CASAR el pronunciamiento dictado en esta causa por la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata; y en consecuencia, HACER LUGAR a la recusación de la señora jueza a cargo del Juzgado de Garantías Nº 5, debiendo remitirse las actuaciones a la instancia para la desinsaculación de un nuevo magistrado. Sin costas (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. Nac.; 26, DADDH.; 14.1, PIDCP.; 8.1, CADH.; 10, DUDH.; 47, 50, 448, 450, 454, 459 y 460, CPP.).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A l
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