Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 101648
REG: 1165
En la ciudad de La Plata, Sede de la Sala V del Tribunal de Casación Penal, a los 26 días del mes de Noviembre de dos mil veinte, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces que la integran, doctores Ricardo Borinsky y Daniel A. Carral, a fin de dictar sentencia definitiva en la causa número 1789 (Registro de Presidencia número 101.648), caratulada “Barboni, Carlos Alberto s/ recurso de casación” y su acumulada, causa número 30.782 (Registro de Presidencia número 102.983), caratulada “Barboni, Carlos Alberto s/ recurso de queja (art. 433 CPP)” conforme al siguiente orden de votación: BORINSKY – CARRAL .
I. El Tribunal en lo Criminal número cuatro de Mar del Plata condenó a Carlos Alberto Barboni a doce años de prisión, accesorias legales y costas, como autor responsable de los delitos que fueran calificados como “[a]buso sexual agravado por haber sido cometido con acceso carnal en forma continuada y corrupción de menores agravada por engaño, ambos en concurso ideal entre sí” (hecho número 1, cometido en la localidad de Balcarce entre los años 2009 y 2010, en perjuicio de J.P.) y “establecimiento de contacto con un menor de edad con el propósito de cometer un delito contra la integridad sexual y abuso sexual en grado de tentativa, ambos en concurso ideal” (hecho número 2, cometido en mencionada localidad desde fines de septiembre hasta principios de octubre del año 2017, en perjuicio de M.D.L.), en concurso material entre sí, ordenando la inmediata detención de aquél (fs. 77 y vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento vino en casación el defensor particular (fs. 84/109 del presente legajo) denunciando violación a las garantías de la defensa en juicio y el debido proceso, al principio de congruencia, absurda valoración probatoria, error en la calificación legal y arbitrariedad en la fijación de la pena.
Concedido el recurso (fs. 111 y vta.), se radica en Sala con noticia a las partes (fs. 117 y vta.).
El Fiscal Adjunto de Casación dictaminó a fs. 129/138vta. proponiendo el rechazo de la impugnación.
III. Asimismo, en el expediente acumulado número 102.983, la defensa técnica del acusado dedujo recurso de apelación contra la detención ordenada en la decisión antes referida, el que le fue rechazado por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Mar del Plata (fs. 23/25vta. y 26, respectivamente, del legajo que corre por cuerda).
Contra dicho resolutorio, interpuso recurso de casación (fs. 39/46), cuya concesión le fue denegada por la Alzada departamental (fs. 47 y vta.), originando la presentación de la queja ante este Tribunal (fs. 52/55vta.).
En dicha pieza, el defensor afirma que se opuso a la detención ordenada por el tribunal de juicio de su asistido -a pedido de la Fiscalía y del particular damnificado- pues no existían datos objetivos que hagan presumir que Barboni pudiera poner en riesgo los fines del proceso, recordando que siempre estuvo a derecho. Aduce que el criterio adoptado fue arbitrario y absurdo, así como contrario a la normativa vigente. Cita cláusulas constitucionales, convencionales y jurisprudencia que entiende aplicable.
El Fiscal Adjunto de Casación dictaminó a fs. 63/64vta. proponiendo el rechazo del recurso directo traído.
Encontrándose la Sala en condiciones de dictar sentencia definitiva, se tratan y votan las siguientes
Primera: ¿Resulta procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Resulta procedente la queja traída?
Tercera: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A las cuestiones Primera y Segunda, el señor juez, doctor Borinsky, dijo:
Primero . 1.- El tribunal tuvo por acreditado que entre los años 2009 al 2010, en distintas oportunidades, Carlos Alberto Barboni -de 67 años de edad en aquella época- contactó al menor J.P. -quien al momento de los hechos contaba con 14 y 15 años de edad- a través de comunicaciones electrónicas por Internet y utilizando un perfil de usuario con nombre de fantasía ( “Juan Salvador Gaviota” ), con el propósito de ofrecerle dinero a cambio de mantener relaciones sexuales con éste y desplegando maniobras engañosas con la finalidad de doblegar su voluntad.
Una vez que logró ver personalmente al menor, Barboni abusó sexualmente de J.P. efectuándole tocamientos en sus partes íntimas, obligándolo a que le practique sexo oral y penetrándolo analmente con su pene además de introducirle los dedos en dicha zona, prácticas que tuvieron lugar en forma continuada en el tiempo, aproximadamente durante siete u ocho meses, teniendo lugar en el vehículo del imputado y en la vivienda de éste, ubicada en la calle 19 número 468 de la localidad de Balcarce, partido del mismo nombre, y que por su duración, naturaleza prematura y perversidad constituyeron una indebida interferencia en el proceso de formación de la sexualidad de la víctima con capacidad de degenerar o depravar sexualmente a ésta (fs. 57vta./58, primera cuestión del veredicto).
Cabe señalar aquí que el tribunal anterior enmarcó, dentro del denominado hecho número 1 -correspondiente a la IPP 1977-17- los sucesos que habían sido presentados por la Fiscalía como hechos 1 y 2, decisión que se adoptó de conformidad a lo peticionado por la defensa particular de Barboni, según se consignó a fs. 57vta., segundo párrafo.
2. Asimismo, el órgano de juicio tuvo por comprobado que, sin poder determinar una fecha cierta, pero desde fines del mes de septiembre hasta comienzos de octubre de 2017, en distintas oportunidades, Carlos Alberto Barboni -quien ahora contaba con 74 años de edad- contactó al menor M.D.L. -quien al momento de los hechos contaba con 14 años de edad- a través de comunicaciones electrónicas por Internet y utilizando un perfil de usuario con nombre de fantasía ( “Joaquín Barbarroja” ), con el propósito de ofrecerle dinero a cambio de mantener relaciones sexuales con éste y desplegando maniobras engañosas con la finalidad de doblegar su voluntad. Una vez que logró ver personalmente al menor, en fecha 6 de octubre de 2017, aproximadamente a las 15:00 horas, en el interior del vehículo que conducía, Barboni intentó efectuarle tocamientos a la víctima en sus partes íntimas, no logrando su cometido por razones ajenas a su voluntad (fs. 63vta./64, primera cuestión del veredicto).
Cabe señalar aquí -nuevamente- que el tribunal anterior enmarcó, dentro del denominado hecho número 2 -correspondiente a la IPP 1920-17- los sucesos que habían sido presentados por la Fiscalía como hechos 3 y 4, decisión que -como vimos antes- se adoptó de conformidad a lo solicitado por la defensa técnica del imputado, según lo asentado a fs. 57vta., segundo párrafo.
Segundo. El recurrente alega, en primer lugar, que se han afectado las garantías del debido proceso y la defensa en juicio al haberse admitido, como elemento de prueba, un informe médico realizado sobre una de las víctimas, en contravención a lo prescripto por el artículo 247 del Código Procesal Penal. Transcribe extractos del decisorio y cita normativa que entiende pertinente (fs. 89/90, acápite recursivo IV.a ).
En segundo término, denuncia que se ha violado el principio de congruencia pues los sentenciantes modificaron sustancialmente la plataforma fáctica objeto de la imputación, vulnerándose las garantías superiores antes mencionadas. Se explaya sobre los alcances del mentado principio, con citas de jurisprudencia que estima aplicables y consigna segmentos de los actos procesales previos a la sentencia que critica (fs. 90/93, acápite recursivo IV.b ).
Como tercer ítem de agravio, afirma que el pronunciamiento que cuestiona ha incurrido en fallas respecto de la valoración probatoria, la que califica de absurda y arbitraria (fs. 93/100, acápite recursivo IV.c ). En especial, critica que no se haya considerado lo afirmado por su defendido en orden a la época del acaecimiento de los hechos, insistiendo en que “los encuentros jamás pudieron haber ocurrido antes del año 2011” (fs. 95vta. y 96, destacado en el original).
Afirma, seguidamente, que el menor J.P. ya contaba con 16 años de edad y que los jueces rechazaron, de manera tendenciosa, que éste pudiera dar un consentimiento libre a los encuentros sexuales con Barboni (fs. 96vta.). Critica las conclusiones informadas por el Dr. Peñeñory como “sesgadas” (fs. 98). Culmina el acápite aseverando que la penetración por parte del imputado vía anal al joven J.P. no puedo ser comprobada fehacientemente. Invoca una situación de duda razonable (fs. 100).
En cuarto lugar, critica la calificación asignada a los eventos criminosos, discutiendo que se hayan verificado los extremos exigidos por el artículo 119 del Código Penal. Aduce que, además, si la norma aplicable era la vigente según la ley 25.087 -como el tribunal anterior lo afirma- el segmento de la conducta de Barboni en la que éste introdujo su pene en la boca del joven J.P. no puede considerarse incluido dentro del acceso carnal por cualquier vía a que hacía referencia la norma (fs. 102 y vta.).
Pone en discusión también que se hayan dado los elementos requeridos por la figura del artículo 125 del Código Penal en relación al normal desarrollo de la sexualidad de aquél, negando, asimismo, que se verificara una situación de engaño y de dolo directo por parte del encartado, por lo que requiere la exclusión de dicha figura (fs. 103vta./104vta.).
Denuncia, por otro lado, que los jueces erraron al considerar incurso a Barboni en el tipo penal previsto en el artículo 131 del Código Penal en el hecho que tuvo por víctima al menor M.D.L. y cuestiona que se haya establecido una relación de concurso ideal entre dicha figura y la tentativa de abuso sexual (fs. 104vta./106).
Por último, critica la penalidad impuesta a su asistido por ausencia de fundamentación suficiente (v. fs. 106 y siguientes, acápite recursivo SEXTO AGRAVIO ). Cita y transcribe abundantes extractos jurisprudenciales. Formula reserva del caso federal.
Tercero. El principio de congruencia tiene por finalidad impedir que una persona sea condenada en base a una construcción fáctica diversa de la que fue objeto de imputación o, lo que es lo mismo, el principio aludido exige una correlación entre el objeto de la acusación y el relatado en el veredicto.
De este modo se asegura la garantía de defensa, y se evita que al imputado se lo condene por un hecho que no tuvo en cuenta (cfr. Alfredo Vélez Mariconde “Derecho Procesal Penal”, editorial Marcos Lerner, Buenos Aires, 1982, Tomo II, páginas 236 y siguientes).
Debe evaluarse entonces, si existió para la defensa la posibilidad de colocarse en una posición capaz de resistir la acusación, para lo cual es necesario verificar si la sentencia contuvo alguna precisión que hubiera podido significar una sorpresa para el imputado.
Cuarto. No asiste razón a la defensa en su reclamo.
En efecto, en el caso que nos ocupa, se advierte el respeto a la correspondencia entre la plataforma fáctica en la que se circunscribió la acusación y la que se aloja en la primera cuestión del veredicto, por lo que no se verifica trasgresión alguna a la garantía de la defensa.
Veamos.
Los jueces de grado anterior lo único que hicieron fue aglutinar en dos hechos -denominados, con obviedad, hecho 1 y hecho 2- lo que el representante del Ministerio Público Fiscal había dividido en cuatro eventos (hechos 1, 2, 3 y 4).
La razón de ser de tal agrupamiento estribó, según lo consignado por el propio tribunal, en que se trataba, en rigor, de dos conductas independientes desplegadas por el autor, ambas con finalidades sexuales, y que tenían por víctimas a los menores J.P y M.D.L., respectivamente. Se dejó constancia, en ese tramo del veredicto, que dicho temperamento se adoptaba -tras haber relevado las opiniones de la Fiscalía en su alegato de clausura y del representante del particular damnificado- en coincidencia “con el reclamo defensista” (v. fs. 57vta., párrafos primero y segundo, el destacado me pertenece), por lo que mal puede la parte que lo auspició venir ahora a denunciar menoscabo de sus derechos.
Pero, aún más, el tribunal analizó expresamente la cuestión y arribó a la conclusión de que no se producía vulneración alguna a la inviolabilidad de la defensa en juicio, dado que -respetándose la exposición de los hechos- sólo se le adjudicaba una numeración diferente (menos hechos y no más).
Por tanto, la simple variación de la nomenclatura (los hechos 1 y 2 de la requisitoria fiscal de elevación a juicio pasaron a ser simplemente el hecho 1; y los hechos 3 y 4 a conformar el hecho 2) de ninguna manera puede dar sustento al reclamo de una variación sorpresiva y arbitraria de la determinación fáctica, por lo que ningún perjuicio a la defensa del acusado se verifica, ya que éste pudo ofrecer y producir prueba respecto de los eventos así enmarcados. El agravio debe ser rechazado.
Quinto. La misma suerte adversa ha de correr el embate del recurrente en el que cuestiona la incorporación al juicio del informe médico de fs. 55/56 [foliatura de los principales] por contravenir, según alega, lo prescripto en el artículo 247 del Código Procesal Penal.
Ello así pues de los propios escritos adunados por la parte surge que, pese a la oposición formulada en la oportunidad prevista en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la defensa técnica expresó: “Para el supuesto que se haga lugar a la incorporación por lectura del informe médico de fs. 55/56 […] solicito se cite al debate a los fines de ampliar el mismo al Dr. Adolfo PEÑEÑORY, Médico…” (v. fs. 37vta./38).
Y de una simple lectura del acta de juicio (v, especialmente, fs. 53) surge que el mencionado facultativo concurrió a la audiencia y expuso acerca de los puntos sobre los que fue exhaustivamente interrogado por los antagonistas procesales: al respecto, es ilustrativa la extensión del análisis que le dedicó el magistrado que lideró la votación a las preguntas y repreguntas a que se sometió al médico Peñeñory (v. fs. 61 y vta.).
Entonces, resulta claro en mi criterio, que la parte pretende exagerar la importancia del aludido informe como elemento de convicción de los jueces anteriores cuando, en rigor, apenas fue mencionado por éstos.
En cambio, sí se constituyó como un dato medular a la hora de tener por comprobada la materialidad infraccionaria la declaración prestada por el médico, en un contradictorio donde las partes pudieron hacer valer sus derechos y esgrimir sus pretensiones de manera cabal.
Nuevamente, el ítem de impugnación debe ser desechado.
Sexto. Respecto del tercer motivo de agravio debo decir que, contrariamente a las genéricas denuncias sostenidas por la parte, considero que en el decisorio impugnado no se observan lagunas o faltas probatorias sino solventes conclusiones recogidas en el mismo, como fundamentos del veredicto que echan por tierra las invocaciones de la defensa.
En el control de la estructura racional del discurso valorativo, la fundamentación resiste cada uno de los reclamos que trae el recurso, pues el tribunal desarrolla la práctica de la prueba sobre la que asienta su motivada convicción, y esto hace tabla rasa con las denuncias presentadas en la impugnación.
Veamos.
Los jueces expusieron las razones conducentes a la comprobación de los hechos puestos en cabeza de Barboni, para formar convicción respecto de la intervención de éste en la materialidad infraccionaria constatada.
1. En este sentido, se valoró lo emanado de la declaración del damnificado J.P., recibida en la audiencia de debate, quien –según lo consignado por los magistrados anteriores- brindó detalles relativos a la forma en que el imputado comenzó a contactarlo por medios electrónicos, para lo que se valía del usuario con el nombre de fantasía “Juan Salvador Gaviota” , tras lo cual empezó a obsequiarle dinero, el que dejaba escondido en determinados sitios a los que iba guiando al menor para que los encontrara ( “en la plaza Libertad … debajo de una pérgola y en un hueco …”).
El niño no tardó en identificar a Barboni cuando lo vio pasar por las cercanías en su automóvil puesto que lo conocía de su infancia por ser amigo de sus abuelos. De esta forma, el acusado consiguió -por la abuela de J.P.- el teléfono celular de éste, y desde ese momento comenzó a enviarle mensajes. Cuando el menor le preguntó qué buscaba, Barboni le contestó que pretendía un “…pete o sexo oral…” , a lo que añadió que “…la piel del pene es como una cebollita, te va a encantar…” (v. fs. 59, itálicas en el original).
Ahora bien, en uno de los tramos centrales de su narración, J.P. señaló que cuando contaba con 14 años de edad , dato que “[r]esaltó con seguridad” dando las razones en sostén de ello, se encontró con Barboni en unas calles de Balcarce, subió al vehículo de éste “previo pedirle que no lo tocara y que tuviera las manos en el volante” . Sin embargo, una vez allí, el imputado “sacó su pene, lo tomó de la nuca y le hizo practicar sexo oral” , añadiendo “..ten[ía] miedo que pase algo, me forzaba…” (todas las referencias de la declaración de J.P. puede leerse a fs. 58/60vta.). Tras bajarse del rodado para limpiarse, Barboni lo llevó a su casa y le entregó dinero.
En cuanto a la época de los sucesos, J.P. respondió con seguridad, como se dijo, que había sido a medidos del año 2009, cuando él tenía 14 años, ubicándose temporalmente, además, porque jugaba al rugby en una categoría acorde a esa franja etaria.
Continuando con la narración de los sucesos que lo tuvieron por víctima, J.P. contó que el imputado continuó buscándolo, que “las condiciones [de los encuentros] las imponía Barboni” , los que tenían lugar en caminos rurales o por la ruta 55 y que, si bien al principio se trataba de sexo oral, después comenzó a tocarle el ano e introducirle los dedos en esa zona, para lo cual se colocaba “dedales” de goma y vaselina, aclarando que él no iniciaba los actos sino que era forzado por aquél.
En una oportunidad, en la ruta, mientras le practicaba sexo oral al imputado y éste le introducía los dedos en el ano -a resultas de lo cual sufrió una lesión que le provocó un sangrado-, Barboni lo hizo bajar del auto, le bajo los pantalones y lo penetró vía anal .
Otros episodios de abusos ocurridos en la vivienda del acusado fueron, asimismo, relatados con detalles e incluso recordó que, en determinada ocasión, éste le dijo que “si contaba algo de lo que hacían se iba a pegar un tiro y además él iba a quedar manchado ante la opinión pública” [de Balcarce] (v. fs. 60, los destacados me pertenecen).
Destacó también -y de manera reiterada, según consignaron los jueces anteriores- que esos encuentros sexuales fueron contra su voluntad, habiéndose encontrado sumergido en una relación de la cual no podía salir ni dominar y en la que su corta edad y el dinero que le daba Barboni en algunas ocasiones tuvieron incidencia.
Entre otros datos relevantes, el tribunal consignó que J.P. no había tenido experiencias sexuales previo a conocer a Barboni pese a tener un noviazgo con una joven de su edad; tampoco había tenido relaciones con otros varones. Los encuentros con aquél finalizaron cuando el menor cumplió 15 años (fs. cit.).
En especial, al tratar ese segmento del veredicto, los magistrados asentaron que los dichos del joven J.P. resultaban convincentes , tanto por su credibilidad subjetiva como por el apoyo que encontraban sus referencias en otros elementos probatorios . Particularmente, los jueces consignaron que el examen directo del testigo, sus palabras, comportamientos, reacciones y el quiebre emocional que vivenció en el debate irrumpiendo en llanto pues “los hechos que exponía ante el público eran una ‘mochila’ que cargaba” , sumado a sus respuestas solventes y sin ambigüedades, convencieron al tribunal de la fuerza convictiva de su relato (fs. 60vta./61, el subrayado me pertenece)
2. También fue ponderada por los jueces de grado la declaración de Analía Mabel Iriarte –madre del damnifica
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.